Por: Ricardo Aguilar Agramont / Publicado en el
periódico La Razón de La Paz el 3 de junio de 2012.
Mientras el pleno aprueba la Resolución 426 con un total de
25 votos a favor y ni uno solo en contra, a modo de repudio, el diplomático
chileno y presidente de la delegación de ese país, Pedro Daza Valenzuela,
abandona con signos de indignación el salón del viejo hotel Sheraton de La Paz
en el que se realiza la sesión de la duodécima plenaria de la IX Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es el 31 de octubre de
1979, año en que se recuerdan los 100 años de despojo de la costa nacional por
parte de los chilenos y Bolivia es la sede del encuentro.
Esta declaración del organismo internacional es el mayor
logro diplomático del país en el tema marítimo, pues, señala que el conflicto
sobre el mar entre Bolivia y Chile “es de interés hemisférico”. Además, indica
que se inicien negociaciones “encaminadas a dar a Bolivia una conexión
territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Por último, plantea la
inclusión de una zona portuaria sin que Bolivia tenga que dar una compensación
territorial a Chile, país que nunca reconoció esta resolución.
Ya se preparaban celebraciones por la victoria diplomática
para el día siguiente; sin embargo, la madrugada del 1 de noviembre,
Alberto Natusch Busch desplegaba sus tropas leales para un golpe de
Estado contra el presidente Wálter Guevara Arce. Las delegaciones de los países
visitantes debieron ser evacuadas hacia el Perú en un operativo de emergencia.
Por supuesto, el representante de la misión chilena no
desaprovechó las circunstancias. “Ya en Lima señaló que ‘eso (el golpe de
Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido’. Se aprueba la
resolución y se derriba el proceso democrático, el hecho disminuyó la
credibilidad del país”, cuenta el excanciller boliviano Armando Loayza.
Aunque bien podría haberse replicado que no se trataba sino
de “un burro hablando de orejas”, pues, en Chile se vivía la antítesis del
orden democrático con una de las dictaduras más brutales de Latinoamérica.
Es muy probable que con o sin el inicio del régimen
totalitario de Natusch Busch, Chile censurara de igual forma la resolución, sin
embargo, nunca se había obtenido un apoyo orgánico de las naciones miembros de
la OEA y el éxito quedó degradado.
Según un artículo de Juan Lanchipa, titular de la Dirección
Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), publicado el 15 de abril en
Animal Político y titulado La verdad sobre el Tratado de 1904, la firma de
dicho pacto, desfavorable para el país, fue realizada por la influencia de un
“barón del estaño”, Félix Avelino Aramayo, la complicidad de ciertos políticos
bolivianos y capitales extranjeros, quienes estaban más interesados en un
ferrocarril que en un puerto para el país.
Tal como ocurriera en 1904, una vez más, serían bolivianos
ligados al poder quienes se encargarían de boicotear las aspiraciones
nacionales de una salida al mar tras la victoria diplomática. Se dice que quien
instigó la acción de facto de Natusch Busch fue Víctor Paz Estenssoro, del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a causa de que el presidente de
ese entonces, Wálter Guevara Arce, manifestó que necesitaba quedarse un año en
la presidencia antes de llamar a elecciones, tiempo que Paz Estenssoro no
estaba dispuesto a esperar. Sin embargo, no es necesario hacer caso de
“rumores” cuando el nombramiento del hombre fuerte del MNR institucional,
Guillermo Bedregal, como canciller del dictador, evidencia a “gritos” quién
promovió las balaceras.
La inestabilidad política, aprovechada por Chile, sin duda
disminuyó irremediablemente el impacto que habría podido tener la Resolución
426, que quedó como la mayor victoria de papel del país respecto de la causa
marítima.
“Chile sostiene que las resoluciones de la OEA no tienen el
carácter vinculante de un tratado, y ésa es verdad de alguna manera; sin
embargo, la Asamblea General es el órgano supremo de la OEA y todas sus
manifestaciones tienen un elevado nivel político-diplomático”, dice Loayza.
No obstante, según Lanchipa, negar la obligatoriedad de las
resoluciones de este organismo en el caso marítimo boliviano “es sostener, por
contraparte, que la Resolución 765 del caso Malvinas es igualmente inexigible e
inoperante o que las demás resoluciones de la organización carecen de vigor y
son simples mensajes a la conciencia de los gobernantes”.
Lanchipa expresó el martes al diario La Razón que con la
Resolución 426 la OEA entendió que el enclaustramiento forzoso de Bolivia no es
sólo un problema boliviano ni tampoco únicamente chileno. “El organismo tomó la
cuestión como suya y resolvió que su solución “es de interés hemisférico
permanente”. Esto no significa otra cosa que la expresión libre, espontánea y
categórica de la voluntad de todo el continente para que Bolivia recupere, lo
antes posible, un acceso soberano al océano. Postergar esta solución significa
una afrenta al pueblo boliviano, una agresión que por conciencia de la OEA,
representa un ataque a todo el hemisferio”, asegura.
Según dice, la importancia de las resoluciones radica en “la
obligatoriedad jurídica y política de su cumplimiento por los países que las
aprobaron y ratificaron (como sucedió con Chile en las resoluciones de 1980,
1981 y 1983)”. Añade que ser miembro de la OEA significa ser titular de un
conjunto de derechos y obligaciones, cumplir sus resoluciones es uno de los
deberes de quienes forman parte de la institución interamericana.
Para el excanciller Javier Murillo de la Rocha, la
Resolución de 1979 es la más importante que se logró, pues Bolivia recibió el
apoyo más contundente que haya obtenido sobre la causa marítima.
“Lamentablemente se quedó en el papel y no se reflejó en acciones concretas ni
de la organización, ni tampoco de los interesados directos, porque Chile
siempre ha evadido los compromisos bilaterales y multilaterales que pudieran
estar encaminados a resolver el enclaustramiento boliviano, ésa es la razón por
la que esta resolución y las otras diez no tuvieron mayor proyección”, analiza.
Coincidente con el embajador, el canciller David
Choquehuanca dijo en Animal Político del domingo 27 de mayo que no habrá mejor
Resolución de 1979 referida al diferendo. Queda considerar si es pertinente
acusar a Chile de incumplir una declaración que nunca aceptó; sin embargo,
puede resultar coherente una recriminación moral a Chile por contravenir
también la Resolución de 1983, considerando que ese país participó en la
redacción y promoción del escrito.
Loayza dice comprender que el Gobierno quiera aprovechar la
reunión de Cochabamba y hacer una fuerte crítica a la postura chilena. Este
país “no ha querido una negociación desde hace 30 años (negociaciones de
Charaña)”. Se puede hablar de las 11 resoluciones que tocan el tema marítimo,
pero más allá de los términos de éstas, la voluntad Chilena ha sido nula,
critica Murillo. “La actitud del organismo interamericano es muy débil, lo que
hace que los esfuerzos sean totalmente infructuosos”.
“El desafío es sacar del papel estos documentos para
transferirlos a acciones concretas, cosa que es difícil, porque los organismos
son lo que los países que los conforman quieren que sean, si no se le da a la
OEA el apoyo político de sus estados miembros, entonces va a tener muy poca
eficacia en el manejo de estos problemas. El no cumplimiento de estas resoluciones
muestra un debilitamiento de la OEA”, añade Murillo.
Sin embargo, complementa, la debilidad no es culpa de la
misma organización, sino de los estados que son parte de ella al no haber
querido darle la fortaleza necesaria para que cumpla una función más destacada
y decisiva en una serie de conflictos de distinto orden que se han venido
produciendo desde que la OEA nació en 1948 con la Carta de Bogotá.
‘No habrá mejor resolución que la del 79’: David
Choquehuanca, canciller
No habrá otra mejor resolución que ésta. La resolución dice
que nosotros debemos tener acceso soberano y útil al océano Pacífico sin
compensación territorial. No es necesario ratificarla, pues está vigente.
Nosotros tenemos una Constitución Política del Estado y no es necesario hacer lobby
en el Congreso para que se ratifique; ésta es una resolución de la OEA.
‘Cien años tardó una respuesta de América’: Juan Lanchipa,
director de Diremar
Pasaron 100 años para que la respuesta internacional sea
categórica y contundente. Se necesitó un siglo para que América, a través de la
Resolución de 1979, exprese su preocupación y solidaridad absoluta porque se
haga justicia al reclamo boliviano. La resolución hizo que los estados de la
OEA entiendan de manera unánime que el problema de la ocupación del Litoral
boliviano no se ha resuelto.
‘Se trata de la falta de voluntad chilena’: Javier Murillo
de la Rocha, excanciller
El asunto no va por las resoluciones, sino por la falta de
voluntad política de Chile, siempre ausente desde hace 133 años. No hay que
cifrar esperanzas en éstas, aunque son muy importantes para mantener viva la
demanda en la conciencia continental. Las soluciones serán posibles cuando
Chile muestre voluntad real para terminar con el enclaustramiento boliviano.
‘Es un patrimonio jurídico diplomático’: Armando Loayza,
excanciller
Es un patrimonio jurídico diplomático muy importante, es
gravitante, pero, a diferencia de la Resolución 686 de 1983, no es una que sea
aceptada por Chile. Diría que todas las resoluciones de la OEA son significativas
porque representan la demostración de que la comunidad interamericana ha
aceptado esta temática (el conflicto) y le ha dado un gran relieve.
‘Las resoluciones sólo dan obligación moral’: Ramiro
Prudencio, historiador y diplomático
Las resoluciones sólo tienen obligatoriedad moral, no, sin
embargo, jurídica; por lo tanto, tienen el valor de promover un movimiento a
favor del reconocimiento del problema que tratan, no obligan a ninguna de las
partes involucradas; sólo una sentencia de la Corte de La Haya es obligatoria.
Lo importante de la Resolución de 1979 es que fue la primera, aunque Chile la
rechazó.
Resolución 426 de la Asamblea de la OEA de 1979
La Asamblea General declara:
Que es de interés hemisférico permanente encontrar una
solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y
útil al Océano Pacífico.
Considerando:
Que es necesario conseguir, con espíritu de fraternidad e
integración americana, el objetivo señalado en el punto anterior y consolidar
una paz estable, que estimule el progreso económico y social en el área de
América directamente afectada por las consecuencias del enclaustramiento de
Bolivia.
Resuelve:
1. Recomendar a los Estados a los que este problema
concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia
una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico. Tales
negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las Partes
involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una
zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en
cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.
2. Continuar la consideración del tema “informe sobre el
problema marítimo de Bolivia” en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea
General.
(Resolución aprobada en la duodécima sesión plenaria del 31
de octubre de 1979).
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