Por: Luis Oporto Ordóñez - historiador, docente titular de
la UMSA, jefe de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa
Plurinacional / La Razón de La Paz 2 de julio de 2017.
Hace 50 años, exactamente, el gobierno del general René
Barrientos Ortuño, junto con su grupo asesor, ordenó una de las masacres más
sangrientas en la historia del centro minero de Siglo XX. La acción militar
provocó un número indeterminado de muertos y más de 80 heridos. Tropas de élite
fueron transportadas en un convoy de la muerte, en vagones de tren de carga
desde Machacamarca hasta Uncía, un Caballo de Troya que en lugar de materiales
de trabajo acarreó tropas militares de la Segunda División (comandada por Amado
Prudencio), regimiento Rangers (al mando del teniente coronel Alfonso
Villalpando y el mayor Pérez), regimiento Camacho de Oruro y regimiento 13 de
Infantería.
La planificación de la masacre contó con una tercera fuerza,
de la Policía Nacional (dirigida por Alberto Zamorano) y el comandante de los
detectives de Llallagua. La masacre fue financiada por la Corporación Minera de
Bolivia y la Empresa Minera Catavi, que pagaron gastos del transporte,
pertrechos de guerra y alimentación de la tropa en los días del conflicto.
Estados Unidos y la revolución boliviana. La
desclasificación de archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos
permite ratificar las denuncias sobre la injerencia de ese país en la política
boliviana y comprender mejor nuestra historia.
A partir de 1952, Estados Unidos siguió con recelo el curso
de la revolución boliviana para evitar que el triunfo de aquel 9 de abril
—gracias a milicias armadas de mineros y campesinos que destruyeron al Ejército
y arrinconaron a la clase política conservadora— tomara la opción socialista.
Con una labor de Inteligencia controló a la dirigencia movimientista, diseñando
una estrategia de modernización y desarrollo, con un ariete político para
neutralizar y liquidar el sindicalismo revolucionario y erradicar el comunismo
de las minas de estaño. La punta de lanza fue el Plan Triangular, que inició el
proceso privatizador de la gran minería. Los documentos desclasificados
—analizados por Thomas C. Field en su obra Minas, balas y gringos. Bolivia y la
Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2016)— demuestran que la Alianza
para el Progreso fue diseñada con un “barniz ideológico formulado en un entorno
estratégico de tinte anticomunista, lo que justificó el crecimiento de un
gobierno represivo y llevó a la rápida militarización de la sociedad
boliviana”. Estados Unidos jugó a dos bandas: por un lado apoyó los planes
desarrollistas de Paz Estenssoro y por otro sustentó los planes
desestabilizadores de René Barrientos Ortuño, quien conspiró desde el día de su
posesión para derrocar al presidente. El fatídico 4 de noviembre de 1964 Paz
Estenssoro denunció que fueron “las contradicciones de la política exterior de
Estados Unidos las que desestabilizaron su gobierno y lo condujeron a su
caída”. Washington tomó control pleno de las instituciones políticas del país,
a tal extremo que el jefe de la CIA en Bolivia, Sternfield, “se vanagloriaba de
que hasta la muerte de Barrientos, en 1969, nada pasaba en Bolivia sin su
intervención”.
“San Juan”: la masacre más planificada contra el movimiento
obrero. Como parte de la estrategia, Barrientos suscribió el pacto
militar-campesino para neutralizar el poder minero. En mayo de 1965 puso en
marcha el “sistema de mayo” en los centros mineros, consistente en la rebaja de
sueldos y salarios de los trabajadores, declaración de “zonas militares”,
persecución, destierro, apresamiento y despido selectivo de dirigentes y
proscripción de los sindicatos. La dirigencia sindical dispuso la resistencia
desde las bases y desde el núcleo obrero de Siglo XX surge el Partido Comunista
Marxista-Leninista, que propugnaba la resistencia armada. El Gobierno respondió
con el uso de la fuerza militar provocando la masacre del 20 de septiembre de
1965. La incursión de la guerrilla del Che Guevara en Ñancahuazú cambió el
curso de la historia. Estados Unidos envió con urgencia asesores expertos en
contrainsurgencia guerrillera y agentes de Inteligencia para aplastar al
movimiento guerrillero y evitar el apoyo minero. El 19 de abril, el sindicato
de Catavi resolvió enviar alimentos y medicinas, y plegarse a las guerrillas;
el 6 de junio, Huanuni expresó su solidaridad con la lucha guerrillera, y la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia convocó al ampliado
nacional del 24 de junio en Siglo XX para plantear la reposición de sueldos y
salarios, la vigencia de las organizaciones sindicales, la reincorporación de
los despedidos y el apoyo material a la guerrilla.
El 7 de junio, Barrientos declaró el estado de sitio
instruyendo el inicio del cerco militar, con el apoyo de la Corporación Minera
de Bolivia y la Empresa Minera Catavi. Los mineros responden con la huelga en
cuatro distritos, el 9 de junio, pero un curioso incidente registrado en la
ciudad de La Paz, el 14 de junio, tensionó la situación política, al estallar
un artefacto de dinamita en las oficinas de la Comibol, acción atribuida por el
Gobierno a los mineros, ordenando la prohibición de transmisiones de las radios
mineras a tiempo de convocar a un diálogo, clara medida distraccionista para
dar tiempo a preparar la incursión militar.
A la declaratoria de “zonas militares”, el sindicato de
Huanuni respondió con la declaratoria de “territorio libre”, el 16 de junio.
Barrientos ordenó reforzar la guarnición militar de Playa Verde, próxima a
Huanuni.
El 18 de junio la FSTMB decide no asistir a la reunión
convocada por Barrientos, “mientras se mantenga el estado de sitio, mientras
los líderes mineros permanecían en las cárceles y en los campos de
confinamiento, y mientras se pretenda callar con la fuerza bruta las emisoras
mineras y mientras el Ejército amenace a los distritos mineros”.
Finalmente, Barrientos autorizó la incursión militar, la
madrugada del 24 de junio, cuando las familias mineras celebraban la
tradicional fiesta de San Juan, con fogatas en las calles de los campamentos
mineros. Comandos militares se desplazaron desde Cancañiri, otra por el
Calvario y una tercera fuerza de la Policía Nacional y los detectives de
Llallagua, operan desde el pueblo. El temible capitán Zacarías Plaza, jefe de
las milicias campesinas y hombre de confianza de Barrientos, fue el director
político de la operación militar. El capitán Plaza realizó una acción de
rastrillaje en los campamentos, casa por casa. Se apresó a los trabajadores y
se requisaron viejos fusiles máuser de la Guerra del Chaco y miles de cartuchos
de dinamita fueron tirados a los cenizales de Llallagua. Una nómina parcial
reportó 22 asesinados y 24 heridos. Medios argentinos mencionaron la cifra de
87 muertos. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuántos cayeron asesinados esa
noche.
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