Por: Carlos Sabino:
"El Fracaso del Intervencionismo: Apertura y Libre Mercado en
América Latina" Ed. Panapo,
Caracas, 1999.
Bolivia ha sido tradicionalmente uno de los países más
pobres de la América Latina. Con una economía minera y agrícola, y un amplio
sector indígena campesino, su ingreso por habitante ha estado siempre entre los
más bajos de toda la región. La historia boliviana, por otra parte, ha mostrado
durante largos períodos una inestabilidad expresada en innumerables golpes de
estado y dictaduras de diferente tipo, en un contexto general en el que las
Fuerzas Armadas intervenían frecuentemente en la política del país y donde un sindicalismo
más o menos revolucionario adquirió un poder desconocido en otras latitudes.
Desde 1982, sin embargo, y luego de varios años
turbulentos, Bolivia posee por primera vez un orden democrático que ha logrado
consolidarse al punto de que ya se han producido cuatro transferencias
pacíficas del poder a partidos o coaliciones que no estaban en el gobierno. La
alternabilidad propia de la democracia se ha complementado de un modo admirable
con el giro radical que emprendió su economía muy poco después de haber
retornado a la democracia.
Las reformas económicas bolivianas comenzaron en 1985,
bastante después que las chilenas pero antes que las del resto de
Latinoamérica, cuando el país vivió una crisis sin precedentes que lo llevó a
soportar una brutal hiperinflación. Para esa época el producto interno bruto
por habitante del país había descendido acusadamente, resultando un 20%
inferior al de 1980 y superando, en la región, sólo al de Haití. [V.
CEPAL, Anuario Estadístico 1993, Op. Cit., pág. 188.] Ya para el
momento, sin embargo, el panorama internacional era bastante diferente al de
mediados de los años setenta. Margaret Thatcher y luego Ronald Reagan habían
emprendido importantes acciones para llevar al Reino Unido y a los Estados
Unidos a una economía más libre y más apegada a los equilibrios de mercado. El
keynesianismo, aceptado hasta entonces casi como artículo de fe, comenzaba a
ser abandonado en la teoría y en la práctica, mientras que el comunismo,
gracias a las incipientes reformas de Gorbachov, iniciaba el tránsito hacia su
decadencia final. Los países latinoamericanos, con pocas excepciones, estaban
sin embargo abrumados por la crisis de la deuda externa que se generalizó en
1982
En 1989, muy poco antes de la caída del Muro de
Berlín, el contraste entre La Paz y el Perú de Alan García, azotado en ese
momento por una inflación descontrolada, era sinceramente impactante. La
economía boliviana mostraba a la vez estabilidad y vitalidad, mientras que su
vida política parecía haber superado definitivamente el estereotipo de una
nación incapaz de gobernarse a sí misma. No dejaba de llamar la atención que,
en tan poco tiempo, Bolivia hubiese podido experimentar un cambio tan profundo
y radical.
Al producirse en democracia el cambio estructural boliviano
contradijo la tesis de quienes sostenían que era imprescindible una dictadura
para lograr imponer las reformas. La idea, sin embargo, quedó flotando todavía
durante algunos años entre muchos observadores latinoamericanos: Bolivia era un
país económicamente pequeño y su proceso de cambio –en muchos sentidos– era
menos espectacular que el de Chile. Pero, en un entorno que ya cambiaba
decididamente hacia la economía de mercado, la experiencia boliviana resultó
una confirmación importante de que podía salirse de la grave crisis de la deuda
mediante vías opuestas a las del populismo y la economía cerrada que se
practicaban hasta entonces.
1 Un Poco de Historia
Para comprender lo que ocurría en
Bolivia antes de las reformas es necesario que nos remontemos bastante hacia
atrás, pues de otro modo no puede percibirse el complejo panorama de fuerzas
que se presentaba al momento de la crisis. Lo haremos, claro está, sintetizando
lo más posible el desarrollo de los acontecimientos, pero tendremos que comenzar
nuestro análisis en una fecha algo lejana aunque muy bien conocida por los
bolivianos: el 9 de abril de 1952.
Ese es el día en que se produce en
Bolivia una revolución popular, encabezada por el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro, que cambiaría por completo la
faz económica y política del país. La revolución "movimientista"
puede ubicarse, sin mayor dificultad, dentro de los lineamientos generales que
definen el populismo latinoamericano, aunque se caracterizó por una intensidad
pocas veces vista en la región. Su contenido era francamente antioligárquico,
opuesto a la concentración del poder económico y político que un sector muy
reducido del país había logrado apoyándose sobre las Fuerzas Armadas, lo que le
daba por lo tanto un tinte también antimilitarista. Contaba con el concurso del
sindicalismo organizado y de su líder, Juan Lechín, quien se convertiría,
andando los años, en un personaje casi legendario de la política boliviana.
Las transformaciones más importantes
que realizó la Revolución del 9 de Abril fueron: a) la nacionalización de la
gran minería del estaño –principal producto de exportación–cuyas minas pasaron
a integrar la COMIBOL, Corporación Minera de Bolivia; b) una reforma agraría
que repartío la tierra entre los campesinos, creando un amplio sector de
pequeños propietarios que sería fiel al MNR por varias décadas; c) la concesión
del voto a los analfabetos, que hasta allí no tenían derechos políticos plenos
y, d) una profunda purga en las Fuerzas Armadas, que fueron prácticamente
reconstituidas en toda su extensión. [V. Cole, Julio Harold, Latin
America Inflation. Theoretical Interpretations and Empirical Results, Praeger
ed., New :York, 1987, pp. 47 y ss. y Gallardo Lozada, Jorge, De Torres a
Banzer: diez meses de emergencia en Bolivia, Ed. Periferia, Buenos Aires, 1972.
]
Paz Estenssoro, que gobernó de 1952
a 1956, implantó en el país el tipo de política económica caracterizado por el
proteccionismo, los subsidios, el intervencionismo y los gastos descontrolados
del estado que describimos en capítulos anteriores. El resultado fue un enorme
desequilibrio fiscal que, a su vez, produjo una inflación que llegó a ser la
más alta de América Latina para ese entonces y que obligó al segundo mandatario
del MNR, Hernán Siles Zuazo, a aplicar ciertas medidas severas de control
fiscal. [V. Cole, íd.] Siles gobernó hasta 1960, cuando
lo sucedió otra vez Paz Estenssoro, pero la continuidad del régimen de la
revolución se quebró cuatro años más tarde: El Gral. René Barrientos, quien era
entonces vicepresidente, retornó a la práctica de los golpes de estado tan
habitual en la anterior política boliviana y asumió directamente el poder con
el apoyo de las fuerzas armadas.
De allí en adelante, y
especialmente después de su muerte en el cargo, se abrió un período de
inestabilidad donde se sucedieron rápidamente conspiraciones, golpes y toda
clase de regímenes políticos, incluyendo el del General Juan José Torres, que
tenía una clara orientación socialista y llegó a gobernar durante diez meses,
entre 1970 y 1971, cuando también estaban en el poder Allende en Chile y
Velasco Alvarado en el Perú. [Cf. Gallardo, J., Op. Cit.] A
Torres lo derrocó el Cnel. Hugo Bánzer Suárez, quien implantó un régimen
dictatorial, redujo en algo el papel del estado en la economía y logró
resultados bastante positivos en cuanto a crecimiento e inflación. En efecto,
Bolivia creció a tasas superiores al 5% anual durante ese período y logró
mantener la escalada de precios dentro de límites bastante aceptables (v. infra,
cuadro 7-1).
Pero a la dictadura de Banzer, a
pesar de algunos aciertos en política económica, le faltaba la base de
sustentación que logró mantener a Pinochet en el poder. No había ni una
justificación política sólida ni un audaz programa fundacional de reformas que
pudiera hacer aceptable ante la opinión pública la permanencia de su régimen.
"Después de catorce años de gobiernos ‘extra-constitucionales’ el clamor
popular por la democracia se hizo indetenible, y un movimiento de resistencia
civil apoyado por la Iglesia Católica forzó eventualmente a Banzer a convocar a
elecciones. (Debería mencionarse que las presiones internacionales también
contribuyeron a la ‘democratización’)." [Cole, J., Op. Cit., pág.
48. V. también supra, 3.3.] Una oleada de huelgas de hambre que se
extendió por todo el país pesó decisivamente para que se llegara a este
resultado.
Lo que siguió fue otro de esos
típicos períodos de inestabilidad que tanto han contribuido a crear la imagen
que tuvo Bolivia como el país de los golpes de estado. Las elecciones de julio
de 1978 fueron cuestionadas y el propio candidato supuestamente triunfante dio
un golpe incruento. A éste le siguió otro golpe en noviembre, nuevas elecciones
al año siguiente, un presidente interino elegido por el congreso, otro golpe de
estado, otro presidente designado por el congreso, nuevas elecciones y dos
golpes de estado más, hasta que finalmente el Gral. Vildoso, a la sazón en el
poder, convocó nuevamente al Congreso de la República para que, según la ley
boliviana, designase al Presidente de la República, ya que ningún candidato
había logrado mayoría absoluta en las elecciones de 1980. El congreso eligió a
quien había obtenido la mayor votación en esa ocasión: se trataba nuevamente de
Hernán Siles Zuazo quien, habiendo abandonado el MNR hacía ya largo tiempo,
encabezaba entonces la Unidad Democrática Popular, una coalición de izquierda.
En total se habían sucedido siete presidentes militares y tres civiles en apenas
cuatro años. [V. íd., pp. 49–50.]
Cuando Siles asumió la presidencia
en octubre de 1982 la situación política estaba muy lejos de haberse
consolidado y la economía, por su parte, manifestaba ya signos preocupantes de
deterioro. Las presiones de la izquierda y el sindicalismo, fortalecidos tras
los últimos años de lucha, se sumaban a la presencia de una institución militar
acostumbrada a intervenir desembozadamente en la vida política del país, todo
lo cual conformaba un cuadro de debilidad institucional a la que no poco
contribuía la carencia casi absoluta de una verdadera tradición democrática.
La economía, por otra parte,
conducida por gobiernos débiles y transitorios que poco hacían para mejorarla,
presentaba ya los signos característicos de la crisis final del modelo de
crecimiento hacia adentro. "Durante el período [de] 1976 a 1981, el
déficit del sector fiscal no financiero promediaba alrededor del 9,5% del
PIB", [Cariaga, Juan L., Estabilización y Desarrollo.
Importantes Lecciones del Programa del Programa Económico de Bolivia, Ed.
FCE/Los Amigos del Libro, La Paz, 1996, pág. 29.] lo cual inducía ya una
elevada inflación y un progresivo endeudamiento. La situación financiera del
país era grave: los ingresos fiscales disminuían en términos reales y del mismo
modo descendía la capacidad de pago frente a los acreedores externos. Hacia
mediados de 1981 se había llegado prácticamente a una cesación de pagos con el
extranjero y el gobierno militar había apelado a un control de cambios para
evitar el descenso de las reservas. La economía, en conjunto, se precipitaba
hacia una severa crisis. [V. Cole, Op. Cit., pp. 50 y 52, y Cariaga, Op.
Cit., pp. 61 y 64.]
Deuda Pública Externa e Inflación en Bolivia,
1971-1982
2 La Hiperinflación
En estas delicadas condiciones
llegó Hernán Siles Zuazo nuevamente a la presidencia de Bolivia. Bajo la
amenaza latente del retorno de los militares a sus prácticas golpitas, y ante
un sindicalismo poderoso que reclamaba un rápido restablecimiento de su nivel
de vida y estaba dispuesto a todo por conseguirlo, Siles escogió la
consolidación de la democracia como su meta principal. Ello parecía
comprensible pues la situación, como se ha observado, se caracterizaba por
"un sistema político con alto grado de inestabilidad, un estado débil y
reducidos márgenes de gobernabilidad", [Equipo Técnico de UDAPE (Juan
Carlos Requena et al.), El Caso Boliviano. Ajuste Estructural y
Crecimiento Económico: Evaluación y Perspectivas del Caso Boliviano, Ed.
KAS/CIEDLA, Buenos Aires, 1993), pág. 8.] y una población a la
expectativa que depositaba muchas esperanzas en el nuevo gobierno civil.
Siles, lamentablemente, defraudó en
buena medida tales expectativas: si bien logró que la democracia se
consolidara, su política económica resultó en definitiva desastrosa, ahondando
la crisis del país hasta un punto realmente inconcebible. La gran paradoja de
su actuación como gobernante es que, habiendo sido capaz de controlar la
inflación provocada por Paz Estenssoro en su primer gobierno, allá por los años
cincuenta, Siles ahora acudió a una receta totalmente inconveniente para
enfrentar la crisis, llevando así a Bolivia a una hiperinflación que sólo puede
compararse con la que, en tiempos de guerra o de inmediata postguerra, tuvieron
Alemania, Austria, Hungría o Polonia.
En dos aspectos fundamentales
pueden resumirse las equivocaciones del nuevo gobierno: en su manejo de las
cuentas fiscales y en la política cambiaria que adoptó como parte del paquete
de medidas económicas establecido en noviembre de 1982. Ambas líneas de acción
resultaron a la postre decisivas para que toda la situación económica del país
escapase de sus manos.
El gasto fiscal aumentó bruscamente
desde los mismos inicios de la nueva administración, mientras los ingresos,
paralelamente, acusaban un fuerte deterioro. Si descontamos los efectos de la
inflación, ya bastante elevada para el momento, y medimos las mágnitudes en
términos reales, en pesos de 1975 por ejemplo, encontramos que el gobierno
elevó los gastos de 1.442 a 9.056 millones de pesos bolivianos entre el tercer
y el cuarto trimestre de 1982, en tanto que sus ingresos, durante el mismo
periodo, aumentaban apenas de 582 a 743 millones. [V. Cole, Op. Cit.,
pág. 53, autor a quien seguimos en buena parte de nuestra exposición en este
punto.] Semejante desequilibrio, que se mantuvo en los siguientes años de
su gobierno, resultaba totalmente inmanejable y sometía a la economía en su
conjunto a una tensión que ésta era incapaz de soportar.
Los motivos de este acelerado
aumento del gasto público deben buscarse, como es obvio, en la esfera de lo
político. La administración, queriendo respetar los compromisos con los
partidos de izquierda y los sindicatos, impuso aumentos generales de sueldos
por decreto, implantó la indexación salarial, congeló precios, aumentó el
número de empleados del estado –que llegaron a constituir el 26% del total de
la fuerza de trabajo–y amplió los gastos de personal de las principales
empresas públicas, especialmente YPFB y la COMIBOL. Esta última llegó a tener,
al año siguiente, un déficit global equivalente al 1,6% del PIB de todo el
país, algo bien grave si tomamos en cuenta que, supuestamente, la COMIBOL era
la principal fuente de ingresos de Bolivia. Uno de los puntos que incluía el
paquete de medidas de noviembre agravó considerablemente estos problemas: era
el que disponía la cogestión, con participación obrera, en los directorios de
las dos empresas arriba mencionadas. [V. Cariaga, Op. Cit., pp. 29, 40, 41
y 49, a quien también seguimos en buena parte de lo que sigue.]
El primer plan de
"ajuste" del gobierno de Siles, además, estableció un rígido control
de cambios que abarcaba todos los tipos de transacciones en moneda extranjera,
una paridad fija para la moneda, aumentos en los precios de los derivados del
petróleo –que vendía YPFB, la industria estatizada del sector–, nuevos precios
máximos para todos los bienes regulados y un aumento general del 30% en el
salario mínimo, con incrementos menores para las restantes categorías de
asalariados. Según el decreto todo el comercio exterior quedaba canalizado a
través del Banco Central. [Id., pág. 48.] Una de las medidas más
negativas fue la que pretendía "desdolarizar" la economía,
convirtiendo a pesos bolivianos todos los contratos previamente existentes en
dólares, u otras monedas, que se hubiesen pactado entre particulares o con el
sector público.
Con este conjunto de acciones el
gobierno buscaba tanto restablecer el nivel de vida de la población, ya
erosionado por la inflación, como aumentar el caudal de divisas disponible, que
había descendido mucho y resultaba insuficiente para cumplir los compromisos
existentes con el exterior. El resultado, en cambio, fue la aparición de un
mercado paralelo de divisas, el aumento del déficit fiscal –que llegó al 14,2%
del PIB en 1982– y, en definitiva, la emergencia de una incontrolable
inflación.
Como la venta de divisas del Banco
Central era prácticamente nula, y muy escasos los bienes que autorizaba
importar, se generaron desabastecimientos puntuales que afectaron en importante
medida al aparato productivo nacional. La escasez de divisas, por otra parte,
hizo que la cotización del dólar en el mercado paralelo fuese aumentando sin
pausa, pues las personas ya no podían recurrir a contratos privados en dólares
y tampoco se avenían a depositar sus recursos en el sistema bancario nacional,
que pagaba tasas muy por debajo de la inflación. En síntesis, la presión por
adquirir billetes norteamericanos se fue extendiendo a sectores cada vez más
amplios de la población, al punto que gradualmente todos deseaban poseer
dólares para protegerse de la inflación y la demanda de la divisa aumentaba sin
control. La progresión del precio del dólar, durante esta época, es fiel
reflejo de lo que venimos exponiendo: éste se cotizaba, en el mercado libre, a
256 pesos bolivianos en septiembre de 1982, antes de la asunción del nuevo
gobierno, pero a fines de ese año había llegado ya a la cifra de 283 pesos;
nueve meses después alcanzaba un valor de 761 pesos, muy superior al de la
cotización oficial, que todavía se mantenía en 200 pesos. Las cifras, a partir
de allí, siguieron la progresión siguiente:
Bolivia: Cotización del Dólar Norteamericano,
1982-1985
Año
|
Mes
|
$ Oficial
|
$ Paralelo
|
1982
|
Diciembre
|
200
|
283
|
1983
|
Diciembre
|
500
|
1,244
|
1984
|
Junio
|
2,000
|
3,250
|
Diciembre
|
9,000
|
22,100
|
|
1985
|
Enero
|
9,000
|
60,100
|
Febrero
|
50,000
|
120,000
|
|
Marzo
|
50,000
|
121,000
|
|
Abril
|
50,000
|
156,600
|
|
Mayo
|
75,000
|
248,500
|
|
Junio
|
75,000
|
448,000
|
|
Julio
|
75,000
|
801,000
|
|
Agosto
|
75,000
|
1,050,000
|
La respuesta del gobierno a esta escalada fue más bien
defensiva: se actuó siempre con retraso, implementando uno tras otro varios
"planes económicos" que sólo consistían en elevar los precios de
algunos artículos, devaluar la moneda y, casi siempre, fijar nuevas
restricciones que sólo agravaban la situación. Las devaluaciones sólo servían
para ajustar con retardo unos precios que ya, en el mercado abierto, habían
alcanzado valores muchas veces mayores, por lo que no servían siquiera para
paliar la crisis. La brecha que mantenía el dólar oficial, por otra parte,
contribuía a agravar una situación donde el gobierno no poseía ya divisas, por
lo que no podía cumplir entonces ni con sus compromisos internacionales ni con
el abastecimiento del mercado local.
Tuvo que declararse, por ello, una
moratoria sobre los pagos de la deuda externa ya en 1982, al no poder cumplirse
con la reprogramación que se había acordado el año anterior. A ésta siguieron
otras moratorias parciales mientras se proclamaba, en 1984, que el país no
pagaría al exterior más que una cifra equivalente al 25% de sus ingresos por
exportaciones. Si bien esta medida nunca llegó a ejecutarse cabalmente –incluso
porque era tanto el desorden causado por las continuas devaluaciones que
resultaba imposible calcular exactamente esas magnitudes– la banca
internacional y los organismos multilaterales suspendieron por completo el
otorgamiento de nuevos préstamos a Bolivia. [Id., pp. 64 y ss.]
La política gradualista, de hacer
pequeños ajustes en los precios pero sin atacar el déficit fiscal ni satisfacer
las demandas del exterior, llevó al gobierno a una paulatina pérdida de control
sobre la situación económica y política del país. El dólar seguía subiendo, y
con éste la inflación, lo que provocaba un malestar social que se extendía de
un modo generalizado y preocupante. Los precios aumentaban a una velocidad
vertiginosa, como puede apreciarse en las cifras que transcribimos en el cuadro
7-2.
La Central Obrera Boliviana (COB),
controlada por la izquierdista federación minera que dirigía Juan Lechín, pasó
del apoyo al gobierno a oponerse frontalmente a la gestión de Siles, mientras
algo semejante iba ocurriendo con los partidos políticos que constituían su
base política de sustentación. Los paros, huelgas, manifestaciones y tomas se
producían cada vez con mayor frecuencia e intensidad. El país llegó a estar
completamente paralizado en abril y en noviembre de 1984, y nuevamente en abril
de 1985, por paros generales lanzados por la COB.[V. Cole, Op. Cit., pág
59.]
Pero el descontento, por cierto, no
era exclusivo de los trabajadores ni de los campesinos. Movimientos de base
regional adquirían cada vez más agresividad en sus reclamos y protestas,
tratando de lograr una mayor autonomía frente al poder central. [V. Equipo
Técnico de UDAPE, Op. Cit., pág. 31.] Todo el país reclamaba
soluciones mientras la economía se hundía: el PIB, entre 1980 y 1986 –años que
de algún modo enmarcan la crisis– experimentó un descenso del 10%, en tanto que
la disminución del PIB per cápita fue, naturalmente, mucho mayor,
alcanzando al 22%. El sector informal crecía velozmente, llegando a superar el
50% de la ocupación total, y el descenso en los ingresos y la inseguridad en
que se vivía modificó los valores mismos de la población. No tenían ya ningún
sentido ni el ahorro ni los proyectos a mediano plazo. Se vivía con
sobresaltos, sin saber si el sueldo podía alcanzar, sin tener idea de cuanto
podían valer las cosas mañana. Una fracción significativa de la población
abandonó entonces por completo la legalidad y se pasó a "la informalidad
delictiva", [Cariaga, Op. Cit., pág. 56.] en buena parte
vinculada al tráfico de drogas.
La Hiperinflación en Bolivia: Aumentos mensuales
y anuales en el IPC, en %
Año
|
Mes
|
Inflación
|
|
Mensual
|
Acumulada
|
||
1982
|
296.5
|
||
1983
|
328.5
|
||
1984
|
Enero
|
9.6
|
9.6
|
Febrero
|
23.0
|
34.8
|
|
Marzo
|
21.1
|
63.3
|
|
Abril
|
63.0
|
166.1
|
|
Mayo
|
47.0
|
291.2
|
|
Junio
|
4.1
|
307.1
|
|
Julio
|
5.2
|
328.2
|
|
Agosto
|
15.0
|
392.4
|
|
Septiembre
|
37.3
|
576.1
|
|
Octubre
|
59.1
|
975.9
|
|
Noviembre
|
31.6
|
1,315.4
|
|
Diciembre
|
60.9
|
2,177.2
|
|
1985
|
Enero
|
68.8
|
68.8
|
Febrero
|
282.7
|
377.2
|
|
Marzo
|
124.9
|
496.2
|
|
Abril
|
111.8
|
566.5
|
|
Mayo
|
135.7
|
804.2
|
|
Junio
|
178.5
|
1,513.7
|
|
Julio
|
166.3
|
2,583.6
|
|
Agosto
|
166.5
|
4,367.1
|
|
Septiembre
|
156.5
|
6,891.4
|
|
Octubre
|
98.1
|
6,761.1
|
|
Noviembre
|
3.2
|
6,980.7
|
|
Diciembre
|
16.8
|
8,170.5
|
|
Siles, sin apoyo y sin una política coherente ante la
crisis, intentó al final tomar algunas medidas parciales para sanear la
situación, como la eliminación del control de precios en el mercado de bienes,
pero ya era tarde para la rectificación: sólo otro gobierno, con un nuevo acuerdo
político que lo respaldase, podía intentar la tarea de detener la
hiperinflación y encarrilar nuevamente al país. Tratando de proteger al menos
la reciente democratización de Bolivia, Siles, con hidalguía, optó por convocar
a elecciones anticipadas mucho antes de que concluyera su mandato. El
triunfador, por esas ironías de la historia, no fue otro que el viejo líder del
MNR, el revolucionario populista de 1952, Víctor Paz Estenssoro.
3 La Segunda Revolución de Paz Estenssoro
El 7 de junio de 1985 se realizaron
los comicios mencionados, arrojando el siguiente resultado: en primer lugar se
situó Hugo Bánzer, el dictador de otros tiempos, que con su partido Acción
Democrática Nacionalista, ADN, obtuvo el 28,57% de los votos; en segundo lugar
se colocó, muy cerca, Paz Estenssoro, con un 26,42% y, en un tercer puesto muy
distante, con 8,86%, el líder del MIR Jaime Paz Zamora, quien apoyara
inicialmente la gestión de Siles pero que luego se había distanciado del
gobierno y también de las posiciones de izquierda radical para adoptar una
postura más cercana a la socialdemocracia. Como ninguno de los candidatos había
logrado mayoría absoluta le cupo al Congreso Boliviano escoger al presidente
entre los tres candidatos más votados. El MNR logró los sufragios del MIR y Paz
Estenssoro fue proclamado presidente, asumiendo el 6 de agosto de ese año.
Demás está decir que Paz Estenssoro
afrontaba una situación difícil, que bordeaba el caos, y que todo el país
esperaba ansiosamente las medidas que habría de tomar. No sólo la
hiperinflación afectaba de un modo terrible la vida cotidiana de la gente sino
que además el país no tenía casi reservas internacionales, todos los créditos
del extranjero estaban congelados, "el sistema tributario estaba
totalmente erosionado, pues las recaudaciones tributarias apenas alcanzaban
alrededor del 1,65% del PIB" y las empresas públicas estaban totalmente
fuera de control. El PIB había descendido de un modo notable, lo mismo que los
ingresos reales de los trabajadores, y "ningún organismo bilateral o
multilateral quería hablar seriamente con el gobierno de Bolivia": sus
planes de estabilización eran incluso descartados en reuniones con el FMI y
otros organismos internacionales. "El país se enfrentaba a la difícil
tarea de salir adelante con sus propios esfuerzos". [Id., pág. 166.]
El veterano líder aceptó el desafío
y, apenas tres semanas después, el 29 de agosto de 1985, promulgó el Decreto
Supremo No. 21.060 que contenía radicales disposiciones para modificar todas
las áreas importantes de la economía. La iniciativa, conocida como la Nueva
Política Económica (NPE), cambió por completo el curso que venía siguiendo
Bolivia.
El decreto fue preparado en tan
breve lapso gracias a la voluntad política que manifestó el presidente y a la
labor que, de inmediato, emprendió el coordinador de su programa económico,
Gonzalo Sánchez de Lozada. Se creó un equipo de trabajo integrado por
destacadas figuras –de dentro y de fuera del MNR– que se abocó a trabajar
coordinadamente, estudiando y proponiendo soluciones para cada área de la
politica económica. Las opiniones, por cierto, no eran por completo
coincidentes: diversas posiciones teóricas y prácticas se enfrentaban a veces
con pasión, como lo relata uno de sus protagonistas, [V. Id., pp. 95 a
101.] debatiendo incansablemente muchas de las delicadas y complejas
medidas que debían tomarse. El punto crucial llegó cuando el equipo tuvo que
decidir si se adoptaría una estrategia gradualista, como la que había seguido
el anterior gobierno, o una de shock. "Las discusiones fueron
largas (relata Cariaga) hasta que en un momento determinado primó el criterio
político de uno de los integrantes del grupo: el doctor Bedregal" quien
"convenció a los miembros que favorecían las medidas gradualistas, que el tratamiento
shock era la única salida real, creíble y definitiva para eliminar las
expectativas de la hiperinflación. A partir de ese momento las cosas avanzaron
casi milagrosamente". [Id. págs. 26–7. No es cierto que Jeffrey
Sachs haya participado en la elaboración de este programa. Si bien el
prestigioso economista estuvo en contacto con Banzer en la época previa a las
elecciones, luego, durante el gobierno de Paz Estenssoro, ocupó más bien una
posición de "auditor externo", en contacto frecuente con Sánchez de
Lozada, haciendo aportes y convenciendo a los políticos en momentos en que el
gobierno tenía todavía muy poca credibilidad. Según la misma fuente, pp. 104 y
91.]
Adoptada esta decisión fundamental
fue tomando forma el decreto que, pocos días después, y sin que se filtraran a
la prensa su contenido, impactaría de un modo tan fundamental sobre la crisis.
En todo este proceso, y en los díficiles meses que siguieron, la "voluntad
férrea y la capacidad política que demostró [Paz Estenssoro] para llevarlo
adelante hasta sus últimas consecuencias, fue lo que convirtió este proyecto en
un programa exitoso y fundamental para el país. Sin su imagen histórica, sus dotes
de estadista, su profundo conocimiento de la realidad y, sobre todo, sin su
gran astucia política, el conjunto de medidas que formaron parte de su programa
económico jamás se habría podido implantar de una manera creíble". [Id.,
p. 103.]
Las medidas contendidas en el Decreto Supremo 21.060
pueden resumirse como sigue: [Tomado en parte de Cole, Op. Cit.,
Cariaga, Op. Cit., Equipo Técnico de UDAPE, Op. Cit., pp. 41 y ss., y
González Rubí, Rafael, "Bolivia. Razones y saldos de la revuelta
liberal", en Comercio Exterior, septiembre de 1991, pp. 853 a 856. El
Decreto contiene un total de seis títulos y 170 artículos, donde se tratan
algunas materias que no podremos mencionar, o señalaremos sólo al pasar.]
Se estableció un régimen de cambio único y flexible,
implementado por el Banco Central de Bolivia a través de un sistema de
subastas, haciendo que la paridad con la divisa norteamericana quedara fijada
por el mercado, aunque "administrada" por el BCB dentro de lo que se
denomina una flotación "sucia".
Se autorizó a todo el sistema bancario a operar con
moneda extranjera, permitiéndose la apertura de cuentas en cualquier divisa.
Se liberaron los intereses.
Se abolieron las restricciones al comercio exterior,
eliminándose prohibiciones y cuotas, y se fijó un arancel único del 20% para
todas las importaciones, aunque esta medida luego fue modificada parcialmente.
Se eliminó la inamovilidad laboral y se dispuso la
liberación de los salarios del sector privado –que de allí en adelante no
estarían sujetos a fijación gubernamental– decretándose el fín de la indexación
que existía y del salario mínimo (aunque éste luego fue restablecido, pero a un
nivel muy bajo).
En el sector público se congelaron los salarios hasta
diciembre de 1985, se unificaron gran cantidad de bonos compensatorios que
existían y se congelaron los cargos.
Se mantuvo la liberación general de precios ya
establecida, meses atrás, por el gobierno de Siles Zuazo.
Se elevaron los precios de los derivados del petróleo,
llevándolos al nivel internacional, así como los de otros bienes y servicios
provistos por las empresas públicas. El precio de la gasolina pasó de 4 a 30
centavos de dolar por litro.
Se adoptaron diversas disposiciones para controlar
efectivamente los flujos financieros, los salarios y las contrataciones de
personal de las empresas públicas.
Se disolvió la Corporación Boliviana de Fomento y la
Empresa Nacional de Transporte Automotor, pasándose sus bienes a departamentos
y municipios, y se abolieron todos los monopolios excepto los que favorecían al
estado en el campo de los hidrocarburos, telecomunicaciones y algunos otros
sectores más. Se eliminaron los subsidios que recibía la COMIBOL.
A diferencia de lo ocurrido con los
"paquetes" anteriores de ajuste, el Decreto 21.060 no promulgó ningún
aumento general de salarios por decreto.
La reacción inicial a las medidas
fue a la vez de asombro, alivio y rechazo. Casi todos se asombraron por la
profundidad y rigor de las acciones del gobierno, pero una buena parte de la
población sintió también satisfacción, pues se admitía que sólo de un modo
drástico y con políticas coherentes y simultáneas se podía salir de la
angustiosa situación existente. El apoyo, por lo tanto, no tardó en llegar.
Aceptaron el decreto las personas que confiaron en que se mantendrían sus
políticas, los que fueron trayendo poco a poco sus capitales del exterior o,
simplemente, reintegrándolos al sistema bancario, y una fuerza política
fundamental: la ADN de Hugo Bánzer que propició, muy poco tiempo después, la
firma de un "Pacto por la Democracia" para hacer políticamente
viables las medidas que se habían tomado.
Pero así como llegaron apoyos no
previstos hubo también reacciones virulentamente opuestas. Las reducción en el
empleo público fue drástica y se eliminaron rápidamente más de 40.000 cargos
del sector público, afectándose especialmente la COMIBOL, donde se produjeron
más de 20.000 despidos. La COB manifestó su desagrado por las medidas y fue
elevando el tono de su crítica hasta que, en noviembre de 1985, declaró un paro
general por tiempo indeterminado. El paro llevó al gobierno a decretar el
estado de sitio y a reprimir las manifestaciones que se produjeron, pero en
ningún caso la protesta contó con el apoyo de la mayoría de la población. Esta,
antes que salir a reivindicar el viejo sistema que de modo tan brutal había
naufragado, prefirió en cambio aceptar la Nueva Política Económica y confiar en
el rumbo trazado.
Contribuyó a esto último la
eficacia que, desde un primer momento, mostraron las medidas. Al eliminar la
dualidad del tipo de cambio y dejar que éste flotara libremente, en un entorno
en que se tomaban drásticas acciones para reducir el déficit fiscal y se
controlaba la emisión monetaria, el gobierno logró que la inflación, semana a
semana, disminuyera de modo perceptible. Lo hizo con rapidez: de una tasa semanal del
36,8% se bajó inmediatamente al 4,6% y al 0,8% en las dos sucesivas semanas. [V.
Cariaga, Op. Cit., pág. 169. Las tasas semanales mencionadas representan
un 250%, un 20% y un 3,2% mensual respectivamente.]
Los resultados de las medidas, en
general, fueron no sólo positivos sino hasta cierto punto espectaculares. Las
cifras del cuadro 7-3 muestran en parte esta evolución, aunque no de un modo
tan claro como podría esperarse por la aparición de un factor que vino a
complicar grandemente el éxito del programa: en 1986 se produjeron descensos
pronunciados en el precio de los hidrocarburos en el mercado mundial y el valor
del estaño, hasta allí el principal producto de exportación de Bolivia,
continuó muy por debajo del de años anteriores. Si en 1984 las ventas de estaño
habían representado un total de 554 millones de dólares, en 1986, en pleno
desarrollo de las reformas, este valor se situó apenas en 252 millones, descendiendo
aún a 220 millones en el año siguiente. Esta circunstancia, y los efectos
graduales de la liberación de la economía, han hecho que la composición de las
exportaciones bolivianas cambie significativamente, desplazándose –como en
Chile– hacia productos no tradicionales, que ya en 1990 representaban el 32% de
las exportaciones totales contra apenas un 5% en 1985.
Bolivia, habiendo detenido la
inflación y estando en proceso de sanear sus cuentas fiscales, se dedicó
entonces a resolver el problema de la deuda pública. El FMI, que no había
apoyado el ajuste de 1985, volvió a entablar conversaciones con el gobierno y,
antes de un año, en junio de 1986, otorgó un acuerdo de tipo stand by para
fortalecer la economía. [V. íd., pág. 180 y ss.] Lentamente,
a través de diversas iniciativas, se fue reestructurando y reduciendo el
endeudamiento que el país tenía con el exterior, hasta que, algunos años
después, Bolivia regresó al mercado voluntario de préstamos con la banca
privada.
En 1986 se realizó la reforma
tributaria que el Decreto Supremo del año anterior había dejado pendiente. Como
todo lo relativo a los impuestos debía ser aprobado por el Congreso de la
República se prefirió, al inicio del ajuste, lograr mayores ingresos
preferentemente por la vía del alza de los combustibles y otros bienes que
vendía el estado. Gracias al apoyo político a las reformas, sin embargo, se
logró luego modificar la arcaica y complicada estructura tributaria del país,
en la que se contaban 450 impuestos diferentes que se habían ido acumulando con
el tiempo, por una mucho más sencilla y razonable, basada exclusivamente en
sólo ocho impuestos fáciles de cobrar y administrar. Es verdad que algunos de
ellos pueden considerarse como muy poco recomendables, como el impuesto a las
transacciones y el que grava la renta presunta de las empresas y las
propiedades, pero en todo caso la reforma significó un aumento y estabilización
de la recaudación fiscal y una normativa clara para los actores económicos. [V. íd., pp.
155 y ss., así como UDAPE, Op. Cit., pág. 50.]
Hacia 1987, preocupado ante la
falta de crecimiento económico y del ingreso real de la población, el gobierno
tomó dos iniciativas disímiles que merecen comentarse. La primera fue intentar
reactivar la economía apelando en parte, nuevamente, a los estímulos estatales
y la manipulación de ciertas variables macroeconómicas. El decreto No. 21660,
de julio de ese año, se propuso la "Reactivación Económica" del país,
pero sus resultados fueron magros y hasta más bien contraproducentes. Volvió a
aumentar el déficit, la inflación repuntó con posterioridad y el crecimiento
alcanzado fue en el mejor de los casos bastante escaso. Prudentemente fueron
abandonadas estas medidas que podrían haber significado un retroceso hacia el
tipo de política keynesiana desarrollada en décadas anteriores.
La otra iniciativa, que tuvo un
resultado más feliz, fue la creación del FES, el Fondo de Emergencia Social. [V.
UDAPE, Op. Cit., pág. 92.] En vez de proceder a otorgar
subsidios directos a la población –como se hizo en otros países– el gobierno
decidió organizar un plan de obras de infraestructura, dirigido especialmente a
los sectores de menores recursos y a las zonas más apartadas, con el
financiamiento de las entidades internacionales y las organizaciones no
gubernamentales que decidieran colaborar. Con estos recursos el FES realizó
"proyectos intensivos en mano de obra, tales como mejoramiento urbano,
construcción y equipamiento educacional, construcciones para salud, obras
rurales y proyectos habitacionales y [...] proyectos de asistencia social,
tales como sanidad básica, alimentación, medicina preventiva, capacitación y
educación especial." [Cariaga, Op. Cit., pág. 199.] El FES, que
había sido concebido como un mecanismo temporal, se mantuvo hasta 1990, cuando
fue reemplazado por el Fondo de Inversión Social (FIS), de características
bastante similares.
Para apreciar globalmente el
desarrollo de esta primera etapa de las reformas presentemos ordenadamente, a
continuación, algunos indicadores básicos de la situación boliviana.
Principales Indicadores Económicos y Sociales de
Bolivia, 1985-1997
1985
|
1986
|
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996*
|
1997*
|
|
Crecimiento del PIB
|
-1.0
|
-2.5
|
2.6
|
2.8
|
2.7
|
4.7
|
5.3
|
3.4
|
4.2
|
4.8
|
3.7
|
3.9
|
4.2
|
Déficit Fiscal (1)
|
-8.1
|
-2.3
|
-6.7
|
-5.7
|
-4.5
|
-5.8
|
-4.9
|
-6.8
|
-6.0
|
-3.2
|
-1.9
|
-2.0
|
-2.8
|
Inflación en %
|
8,170.5
|
66.0
|
10.7
|
21.5
|
16.6
|
18.0
|
14.5
|
10.5
|
9.3
|
8.5
|
12.6
|
8.0
|
6.7
|
Desempleo (2)
|
5.8
|
7.0
|
7.2
|
11.6
|
10.2
|
9.5
|
7.3
|
5.4
|
5.8
|
3.1
|
3.6
|
3.5
|
-
|
Salarios Reales (3)
|
77.5
|
72.1
|
94.7
|
119.9
|
126.2
|
129.7
|
126.6
|
132.7
|
134.4
|
145.0
|
147.2
|
174.2
|
-
|
(1) Del Sector Público no Financiero
|
|||||||||||||
(2) Según estimaciones oficiales y de CEPAL
|
|||||||||||||
(3) Base enero de 1985 = 100, promedios anuales. La
metodología varía ligeramente a partir de 1993.
|
|||||||||||||
(*) Datos preliminares
|
|||||||||||||
Las cifras permiten apreciar, antes que nada, la
penosa situación en que se encontraba Bolivia antes de las reformas. Sólo uno
de los indicadores del año 1985 presenta un comportamiento favorable, el
desempleo, pero en realidad dicho porcentaje es bajo sólo porque los gobiernos
anteriores habían aumentado las contrataciones del sector público sin tener en
cuenta los requerimientos de la economía, sino atendiendo de preferencia a
consideraciones políticas o clientelistas. El desempleo sube después bastante
durante la gestión de Paz Estenssoro, reflejando la necesidad de poner orden en
las cuentas públicas y en parte también por la recesión que acarrean
inevitablemente las medidas de ajuste y, en este caso, el coyuntural descenso
en los precios del estaño.
Esto último se percibe también en
los datos relativos al crecimiento del PIB. Este baja al comienzo, continuando
la tendencia que tuvo durante la crisis, pero lo hace ahora porque el estado ha
dejado de estimular la economía mediante un gasto público descontrolado. Lo que
ocurre de 1987 en adelante, sin embargo, no puede ser explicado por este
motivo, en especial porque el decreto sobre reactivación económica había
tratado justamente de evitar dicho fenómeno. Esta es la razón, por otra parte,
de los déficits fiscales que observamos en el cuadro.
Entre las causas capaces de
explicar este lento crecimiento de la economía boliviana, que como puede ver el
lector se prolonga –aunque atenuado– hasta los noventa, hay dos que son
fundamentales: la falta de apertura en sectores claves, como la minería y los
hidrocarburos, que siempre han sido los más atractivos para la inversión
extranjera y que pudieran haber dinamizado grandemente la economia, y la
ausencia de una política de privatizaciones en el paquete de reformas. Paz
Estenssoro temió que la venta de activos del estado llevara a prácticas
corruptas, sopesó los costos políticos de las posibles privatizaciones y
finalmente se decidió por no innovar. El hecho de que el ajuste inicial hubiese
tenido, entre otros fines, el de "devolver la hegemonía del estado sobre
las empresas públicas", [Id., pág. 220. Para la discusión acerca de
la falta de crecimiento v. también íd., pp. 154 y ss.] y las
ganancias que varias de éstas comenzaron a arrojar al poco tiempo explican
también en buena parte la decisión tomada. De todos modos el gobierno de Paz
Estenssoro se preocupó por hacer aprobar, al final de su mandato, una ley de
privatizaciones que abriría las puertas para el inicio posterior de ese
proceso.
El lento crecimiento de la
economía, que ha preocupado desde entonces a casi todos los analistas, pues se
considera que "tasas de crecimiento del 4% o 5% anual no son suficientes
para superar la pobreza en el país en plazos razonables" [UDAPE, Op.
Cit., pág. 106. V. también Cariaga, Op. Cit., p. 214.] , puede
atribuirse también en parte a la ausencia de un marco legal consolidado y a las
debilidades que exhibe el Poder Judicial en el país. Pero, en todo caso, la
evolución de las reformas acusó un resultado favorable. No sólo por la
reducción de la inflación a tasas que estaban muy por debajo de las que
experimentara antes Bolivia sino porque además, y en gran medida debido a ello,
los salarios lograron recuperarse de una manera bastante rápida y realmente muy
significativa.
4 La Consolidación
No pudo el MNR continuar en el
gobierno después de las elecciones generales de mayo de 1989. Si bien alcanzó
un buen resultado estuvo lejos de obtener la mayoría de los votos, por lo que
la elección del presidente recayó, otra vez, en manos del congreso. La ADN de
Banzer pactó entonces con el tercer candidato más votado, Jaime Paz Zamora, del
MIR, y éste finalmente se impuso en la votación.
Paz Zamora, que provenía de las
filas de la izquierda y había mantenido un discurso contrario a las reformas
durante su campaña, despertó inicialmente algún recelo entre quienes defendían
el cambio producido. Se temía el regreso, más o menos abierto, a las políticas
populistas que tanto daño habían hecho al país en el pasado. Pero, a pesar de
la desconfianza y de los malos augurios, el nuevo gobernante no consideró
prudente provocar un vuelco en la política económica: eso le hubiera podido
enajenar el apoyo de ADN y el de una buena parte del electorado, y hubiese
arriesgado la estabilidad económica del país, con los costos políticos
consiguientes.
Durante su mandato, en realidad, se
consolidaron las reformas realizadas aunque poco se avanzó en su
profundización. En septiembre de 1990 el congreso aprobó una ley que daba un
marco apropiado para la nueva economía del país, recogiendo casi toda la
normativa del Decreto Supremo 21.060 (v. supra). La nueva ley
"garantizó la propiedad, la libertad cambiaria, la libre transferencia de
capitales, intereses, dividendos y regalías al exterior, [así como] la libre
convertibilidad" de la moneda, ayudando a definir con mayor precisión las
funciones del estado en el ámbito económico. [Id., pág. 60.] Al
año siguiente el congreso aprobó además la normativa legal que permitía la
inversión privada en los importantes sectores de la minería y el petróleo, con
lo que se daba un sustantivo avance hacia la mayor apertura económica y el
ingreso de inversiones extranjeras.
Se dieron también los pasos para
iniciar el ya demorado proceso de privatización, aprobándose una ley que
autorizaba al estado a vender sus empresas o buscar otras formas de
participación del capital privado. En el período de Paz Zamora llegaron a
privatizarse 21 empresas públicas y se liquidaron otras 7, pero el proceso, en
general, no mostró mayor vigor, pues no se tocaron los gigantes que todavía
poseía el sector público. [V. íd., pág. 64 y Cariaga, Op. Cit., pp.
214 a 224, passim. ] También durante este período se reorganizó el Banco
Central y se cerraron varios bancos estatales. La inversión extranjera fue
llegando a Bolivia en cantidades cada vez más apreciables.
El período de Paz Zamora, por lo
tanto, puede considerarse como el de la consolidación de las reformas y la
estabilidad macroeconómica, tal como la lectura del cuadro 7-3 (v. supra) permite
comprobar con facilidad. Más importante aún, es la época en que los partidos
populistas y de izquierda van abandonando su programa y su fraseología
anteriores, aceptando poco a poco el modelo de libre mercado y reconociendo a
éste "como el factor que alienta mayores grados de competitividad y
alienta el crecimiento económico". [UDAPE, Op. Cit., pág. 97.] De
allí en adelante ya pocos en Bolivia siguen defendiendo el sistema cerrado que
imperara anteriormente, el poder desmesurado de los sindicatos, los
desequilibrios fiscales y el papel rector del estado en la economía.
En 1993, después de ganar las
elecciones aunque sin obtener mayoría absuluta, Gonzalo Sánchez de Lozada, el
principal arquitecto de los ajustes de 1985, fue elegido por el congreso para
ocupar la primera magistratura de Bolivia. Un hombre claramente comprometido a
favor del libre mercado, Goni, como se lo llama popularmente, decidió realizar
algunas de las reformas estructurales pendientes aún en el país del Altiplano.
Entre sus realizaciones destacan el otorgamiento de completa autonomía al Banco
Central en 1995 y un amplio programa de privatizaciones que afectó, ahora sí, a
las más importantes empresas del país: YPFB (petróleo), el Lloyd Aéreo
Boliviano, los teléfonos, la energía eléctrica, los ferrocarriles, etc. [V.
Talvi, Ernesto, "Una visión positiva del futuro del Uruguay: Los próximos
diez años de reformas", exposición realizada durante el evento
"Horizontes 97" del CERES (Centro de Estudios de la Realidad
Económica y Social), Montevideo, 12/11/1997, pág. 23.]
La venta de los activos estatales
se ha realizado generalmente bajo una figura bastante original, denominada capitalización, que
opera del siguiente modo: el comprador, generalmente una empresa o grupo
internacional, se compromete a capitalizar la empresa y realizar inversiones
directas a cambio de un 50% del paquete accionario. El 50% restante no queda en
manos del gobierno sino que pasa a un fondo de capitalización, que pertenece en
principio a todos los bolivianos, y que constituirá el eje del sistema de
fondos privados de pensiones que está comenzando a funcionar en el país. [V. íd.,
pág. 12, y Cariaga, Op. Cit, pp. 223–4.] La iniciativa es
original y, en principio, parece muy favorable para el país desde todo punto de
vista, aunque su evaluación concreta aún no puede realizarse porque recién está
comenzando a funcionar.
Para concluir nuestro recuento
histórico sólo resta agregar que Hugo Bánzer Suárez, el líder de ADN que tanto
apoyara las reformas en su etapa inicial, ha sido escogido presidente de
Bolivia en 1997 con el amplio respaldo de una coalición que abarca
prácticamente a todos los partidos políticos salvo el MNR. Se mantiene así la
continuidad política y la alternabilidad democrática desde 1982, un largo
período, sin duda, para el país latinoamericano que más célebre fuera por sus
constantes golpes de estado.
En el balance general del proceso
de cambios, tremendamente positivo para la nación boliviana, merecen destacarse
algunos puntos de interés. El primero se refiere a que estas reformas fueron
realizadas, a diferencia de las chilenas, dentro del marco estricto de la
democracia y sin la presión ni el apoyo de los organismos internacionales que,
como el FMI, suelen vincularse de modo tan directo a los procesos de ajuste.
Quedaron así completamente desvirtuados los mitos que hablaban de la necesidad
de un gobierno militar para enfrentar el "costo social" de la
transformación del viejo modelo o que hacían de esta transformación apenas una
"receta" del mencionado organismo internacional. Lo que sí fue
necesaria fue la profunda convicción y la férrea voluntad que se tuvo al
momento de lanzar el shock económico, la capacidad política para
negociar y buscar acuerdos en apoyo del programa y la coherencia y profundidad
de las medidas tomadas. [V. Cariaga, Op. Cit., pp. 171 a 174.] Sin
estos factores, por supuesto, el intento hecho durante el gobierno de Paz
Estenssoro hubiese fracasado lastimosamente, como luego veremos ha sucedido en
otros países de la región.
El segundo punto a considerar es
que Bolivia no tuvo que pagar un costo social tan alto por los cambios, al
menos no tal alto como lo pagó por la hiperinflación, el intervencionismo
estatal y el dominio sin cortapisas de los sindicatos en la vida del país. Los
indicadores sociales más importantes muestran a las claras la forma en que ha
mejorado una situación social que, si bien todavía está muy alejada de lo que
anhelan los bolivianos, permite alentar fundadas esperanzas de superación:
El primer elemento a destacar es el incremento en los
salarios reales, que hoy son más que el doble de lo que fueran en el peor
momento de la crisis. (v. supra, cuadro 7-3)
En educación se ha avanzado también en forma notable.
Si en 1976 un 35% de la población se ubicaba en la categoría "sin
instrucción", la cifra de 1992 es mucho menor, apenas un 15%. Del mismo
modo ha aumentado el porcentaje de quienes tienen educación primaria, subiendo
del 53% al 60%, educación secundaria, del 10% al 19%, y superior, del 2% al 5%. [Datos
de UDAPE, Op. Cit., p. 79.] El analfabetismo, que era de un 27,5% en
1985, se había reducido a un 22,5% en 1990, según estimaciones de la UNESCO.
El porcentaje de hogares que disponen de agua
corriente ha crecido, para el mismo período, de un 39% a un 54%. La
electricidad llegaba en 1992 a un 56% de los hogares, contra un 34% en 1976. [Id., pp.
82 y 83.]
La esperanza de vida al nacer ha aumentado, pasando de
53,7 años en el período 1980-85 a 59,3 años –un avance significativo– para el
lapso 1990-95.
La mortalidad infantil se ha ido reduciendo
apreciablemente, aunque todavía está muy lejos de los valores de otras naciones
de la región. Ha pasado de 109,2 por mil a 75,1 por mil entre 1980-85 y
1990-95, según datos de la CEPAL.
La cantidad de hogares bajo la llamada "línea de
pobreza" también ha disminuido, pasando de un 74% en 1976 a un valor que
oscila, según las diversas estimaciones consultadas, entre un 50 y un 60%
para finales de los ochenta.
En suma, parecería que el
"costo social" del ajuste ha estado más en la imaginación de algunos
comentaristas que en la realidad concreta que viven los bolivianos, al menos si
tomamos un período lo suficientemente amplio como para hacer una comparación
bien fundada.
La transformación realizada por
Bolivia está, como toda transición, aún sin completarse del todo. Faltan
realizar reformas en el ámbito laboral, en materia de vivienda, en aspectos que
tienen que ver con la descentralización del poder y con la administración de
justicia. Nadie sostiene que los bolivianos han llegado al paraíso o que en el
país existe una irrestricta economía de mercado. Pero es importante recordar
que el proceso de cambios realizado ha permitido que Bolivia saliese del caos,
la ha situado nuevamente en la vía del desarrollo económico, ha contribuido
decisivamente a consolidar su democracia y ha aportado mayor bienestar para
todos sus habitantes.
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