Extracto del blog de Carlos Soria Galvarro (carlossoriag.wordpress.com)
Febrero de 2015.
Al amanecer del 13 de enero de 1975, hace 40 años, una
“operación comando” del gobierno de Banzer destrozó e incautó cuatro emisoras
mineras: “21 de Diciembre” de Catavi, “La Voz del Minero” de Siglo XX, Radio
“Llallagua” (de la población civil del mismo nombre) y Pio XII (propiedad de la
Iglesia Católica). Además, detuvo y trasladó a La Paz a un grupo de
trabajadores y a religiosos vinculados a la emisora católica.
A esta provocación le siguió un victorioso movimiento
huelguístico de más de quince días. A continuación relato las incidencias de
aquel acontecimiento memorable, apoyado en mis recuerdos y en documentos y
escritos de la época.
La resistencia democrática
Desde el derrocamiento del general Juan José Torres y el
triunfo del golpe de estado encabezado por Hugo Banzer Suárez (21 de agosto de
1971), fueron los mineros los principales protagonistas de la resistencia
democrática. Y en particular los de Siglo XX y Catavi.
Ya en enero de 1972 –cuando en todo el país imperaba una
sañuda persecución– los mineros de Siglo XX derrotaron al llamado Frente
Popular Nacionalista (FPN), un instrumento de la dictadura integrado por la
Falange, el MNR y las Fuerzas Armadas. Sus candidatos perdieron en las
elecciones sindicales ante un frente único de las fuerzas de izquierda
encabezado por Gilberto Bernal.
El directorio elegido en esa ocasión no pudo renovarse hasta
1975, se encontraba debilitado y en crisis, pero los demás instrumentos
democráticos de los trabajadores, como las asambleas seccionales, los consejos
de delegados, las radioemisoras “La Voz del Minero” y “21 de Diciembre”, no
habían dejado de funcionar.
Asimismo, frente a los decretos-ley del 9 de noviembre de
1974 que instauraban el “Nuevo Orden”, poniendo en receso toda actividad
sindical y política, fue en Siglo XX donde surgió el primer comité de bases
como respuesta a la designación de “coordinadores” sindicales nombrados a dedo
desde el Ministerio de Trabajo.
Por todo ello, no era de extrañar la ira gubernamental
desatada contra Siglo XX y Catavi.
En rigor de verdad, sólo con la ocupación militar de los
centros mineros, el 9 de junio de 1976, se cortó transitoriamente la existencia
organizada de los sindicatos y el clima de libertades que los trabajadores
habían logrado mantener en este distrito contra viento y marea, desde 1971.
Pero esta interrupción duró poco tiempo, pues la resistencia continuó a través
de formas diversas hasta que la huelga de hambre de las mujeres mineras, a
fines del 1977, desencadenó la movilización general que terminó arrinconando a
la dictadura. Enero del 75 fue un hito remarcable en ese largo proceso.
Desacato a la dictadura
El gobierno buscaba debilitar la resistencia de los mineros
pues en este distrito no lograba liquidar la organización sindical y mucho
menos imponer a sus “coordinadores”, mientras que en otros sectores y minas
pequeñas lo estaba consiguiendo. Asimismo, el funcionamiento de las emisoras
significaba mantener la libertad de expresión, en momentos en que el país era
transformado en un inmenso cuartel, con miles de perseguidos, presos políticos
y exiliados, entre ellos más de cincuenta periodistas. Los medios de difusión
privados se sometían a la voluntad dictatorial gracias al temor o a la
complicidad de sus dueños dando lugar a la práctica generalizada de la
autocensura.
Las pocas voces discordantes desde noviembre eran: la
posición asumida por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) respondida por el gobierno con la detención de sus principales
dirigentes (Víctor López, Oscar Salas, Irineo Pimentel, Alberto Jara) y la
férrea determinación de los trabajadores de Siglo XX y Catavi de no permitir la
destrucción de sus organizaciones sindicales de base.
Por otra parte, aquellos días el gobierno preparaba un
“paquete” económico antipopular. La acción del 13 de enero venía a ser un
preámbulo a esas medidas. Se adelantaban a reprimir a sabiendas de que en estos
centros mineros hallarían una dura oposición a sus políticas denunciadas como
hambreadoras.
Analizando los resultados, podría decirse que los cálculos
de la dictadura resultaron fallidos. Entusiasmada con sus aparentes éxitos
iniciales no contó con la firme, unida y combativa resistencia minera, mucho
menos que ésta provocaría reacciones en cadena en otros sectores laborales y
estudiantiles.
Comienza la batalla
Al amanecer de ese 13 de enero, como era habitual mientras
se preparaban para ingresar al trabajo, los mineros encendieron sus receptores
de radio y se encontraron con un silencio absoluto. Ninguna emisora respondía.
Todas habían sido acalladas pocas horas antes.
De inmediato estalló la protesta, nadie ingresó a trabajar.
En el campamento de Siglo XX sonó la sirena del sindicato, se formaron
asambleas espontáneas en las calles y en las cercanías de la bocamina. Luego
los trabajadores se agruparon y bajaron hacia Catavi en una enorme columna de
protesta.
Desde esos instantes me sentí irresistiblemente arrastrado a
involucrarme en tales acontecimientos que, como es de imaginar, marcaron
profundamente mi iniciación en el oficio periodístico.
En Catavi se realizó la primera asamblea conjunta. Los
asalariados de la Empresa Minera Catavi, entonces aproximadamente 5.000,
estaban agrupados en dos organizaciones laborales: los sindicatos de Catavi y
de Siglo XX.
La agitada reunión aprobó un paro de protesta de 96 horas
(cuatro días), no obstante que muchos eran partidarios de ingresar directamente
a una huelga general indefinida. Tal era la bronca multitudinaria por el
atentado a las emisoras.
Algunos dirigentes reflexionaron sobre el riesgo de ingresar
a una situación sin salida, donde se juegan de una sola vez todas las cartas,
por el todo o por el nada. Argumentaron que era mejor calcular el probable
desarrollo de los acontecimientos, buscar aliados, reforzar la unidad y
mantener una movilización permanente.
Según mis recuerdos, en esas primeras 96 horas podía notarse
cierta debilidad en la participación de las bases, aunque sí tenían lugar
reuniones informales permanentes de los delegados de las diferentes secciones.
También la ausencia de una conducción compacta y algo de confusión pues
estaban, por una parte, las comisiones de base tanto de Catavi como de Siglo
XX, la dirección sindical legítima de Catavi elegida poco antes y lo que
quedaba de la cuestionada y prorrogada dirección de Siglo XX. Por otra parte,
la llamada Comisión Política cuya representación y atribuciones no estaban
claras y que algunos partidos querían legitimar a toda costa a tono con el
Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA) que habían organizado sin éxito
los bolivianos exiliados en Chile.
Al día siguiente se aprobó una enérgica carta abierta al
presidente Banzer que me tocó redactar, a pedido de los dirigentes. Allí se
planteaban las razones del conflicto y las bases para solucionarlo: devolución
y reparación de las emisoras, libertad de los detenidos y respeto a la
organización sindical de los trabajadores. La difusión de este documento se
confió a la Iglesia Católica, pero sin resultados. Quizá los obispos la
entregaron sólo al destinatario y no la dieron a conocer a la opinión pública. ¿O
intentaron hacerlo y no lo lograron dada la autocensura reinante?
Otro hecho de alguna importancia en esos primeros momentos
fue la conexión radial con el gerente general de la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL), general Jesús Vía Soliz. Este “general gerente”, preocupado
por la paralización de la producción quería auspiciar conversaciones entre la
dirigentes mineros y el gobierno para lo cual ofrecía garantías para que una
delegación viaje a La Paz. Daba la impresión que Vía Soliz expresaba una de las
posiciones en el seno del gobierno, proclive a dialogar con los trabajadores,
en contraposición a los más duros que sólo querían arremeter, representados por
el ministro de Trabajo, Mario Vargas Salinas y otros militares.
La iniciativa de Vía Soliz no prosperó, primero por la
natural desconfianza de los dirigentes y luego porque muy luego el proponente
se endureció pretendiendo el levantamiento de la huelga como condición para
dialogar, algo que se rechazó de manera unánime.
Mientras tanto, en el plano nacional el día 14 de enero por
la noche el gobierno lanzó sus medidas económicas: congelación de salarios y
precios, rebaja de aranceles de importación de algunos artículos como
automóviles, heladeras, lavadoras y otros. Según se supo después, sobre el tema
hubo profundas discrepancias en el equipo gubernamental y finalmente se
lanzaron medidas paliativas que no afectaban bruscamente la economía popular
como fue la devaluación monetaria de 1972. Para los mineros significaba que el
descongelamiento de los salarios pasaba a ser un objetivo más de la lucha y que
ésta atravesaría un periodo más o menos prolongado de avances y retrocesos. Sin
embargo, algunas mentes exaltadas del movimiento huelguístico, creían que había
llegado la hora de lanzarse a una batalla frontal “hasta las últimas
consecuencias”.
Más fuerzas en la lucha
Fue también en esas 96 horas iniciales que comenzaron a
surgir las primeras acciones de solidaridad. Hubo paros en la mina Unificada de
Potosí y en la Empresa Minera Quechisla (donde los mineros se agrupaban en el
Consejo Central Sud). Junto al apoyo a Siglo XX y Catavi los trabajadores de
esas minas rechazaban a los coordinadores y estructuraban Comités de Base. Los
universitarios de La Paz declararon un paro de 48 horas el 14 por la noche. El
día 15 los trabajadores de la fábrica Manaco en Cochabamba entraron en huelga
por la detención de sus dirigentes y en solidaridad con los mineros.
Ese mismo día 15 se plegaron al movimiento los trabajadores
irregulares o “informales” de la localidad: locatarios, veneristas y lameros.
Un total de aproximadamente otras 5000 personas.
Aunque faltaban puntos importantes como Huanuni y los
fabriles de La Paz, Siglo XX y Catavi ya no estaban solos, contaban con
poderosos factores de aliento.
Al interior del movimiento volvieron a surgir los debates
¿sólo han mejorado las posiciones para conseguir los objetivos iniciales? O, al
contrario, ¿estamos en vísperas de de la “batalla final” contra el gobierno
dictatorial?
Radicalismo al filo de la masacre
La segunda asamblea general fue el día 16 por la tarde. El
gobierno respondía con avisos pagados en la prensa y por Canal 7 (único medio
televisivo en esa época). Al parecer sólo hacía maniobras dilatorias para
rendir a los mineros por cansancio.
Algunos dirigentes manejaron la idea de proponer a la
asamblea que el paro se prolongase por otras 96 horas. Pero los ánimos de la
gente eran distintos, lo que ya pude apreciar en la reunión de delegados
realizada en la mañana. Casi sin oposición, por abrumadora mayoría, los
trabajadores declararon la huelga general indefinida. Al calor de ese tono
radicalizado nadie discutió las formulaciones contenidas en el documento
aprobado. Ideas como estas:
“…llamamos al país a iniciar desde este momento la huelga nacional
indefinida”
“… enarbolamos en alto no sólo nuestros objetivos inmediatos
de mejora económicas y sociales, sino también, al mismo tiempo, nuestro
objetivo histórico de la toma del poder por la clase obrera”.
Los objetivos iniciales de restitución de las emisoras
acalladas y la libertad de los detenidos, prácticamente desaparecían en el
horizonte de ese documento. Esto después fue muy criticado y calificado de pura
fraseología, pues a partir de una lucha aislada y limitada que se propone
defender las libertades democráticas (libertad de expresión, libertad de los
presos políticos) y que sobre la marcha se plantea la lucha contra el
congelamiento de los salarios, se da el salto y se llama a la huelga nacional
“para conquistar los objetivos históricos de la clase obrera”.
Además, tras ese objetivo, en el punto segundo se dice:
“funcionamiento, desde este momento, de un comando nacional dirigido por los
sindicatos de Siglo XX y Catavi”.
Como esto podría significar un desconocimiento de hecho a
las direcciones naturales del movimiento sindical como eran las perseguidas
FSTMB y COB, los redactores del documento explicaron después que desde la
clandestinidad un miembro del Comité Ejecutivo de la COB había instruido un
paro nacional de 24 horas, del que nadie se enteró siquiera y “encomendó” a los
sindicatos de Catavi y Siglo XX que dirigieran la lucha. Como es de imaginar,
no existían las más mínimas condiciones para ejecutar esas decisiones…
Sólo al día siguiente, 17 de enero, se organizó el Comité
Huelga con la representación de las cinco organizaciones sindicales que
participaban en el movimiento. A esas alturas estaba claro que ya se habían
conseguido dos cosas importantes: perforar el esquema del 9 de noviembre y
despertar la solidaridad de varios distritos mineros, de sectores fabriles y
universitarios y de sectores de la Iglesia Católica. También ese día el
gobierno acusó falsamente a los mineros de haber declarado “territorios libres”
a sus distritos con la finalidad obvia de crear las condiciones para desencadenar
una masacre. Temor que se corrobora al día siguiente 18, con el cierre total
del cerco sobre la región (durante casi 10 días todas las vías de acceso a
Llallagua y Uncía estuvieron bloqueadas, suspendido todo tráfico de vehículos y
personas).
El grueso de las fuerzas del ejército y la policía se
concentraba en Uncía, según se supo más de 2600 efectivos. A la vez, la tensión
aumentaba por la circulación de rumores alarmistas, agravados por la ausencia
de información radial. Se esperaba una toma violenta de los campamentos en
cualquier momento, la huelga continuaba con firmeza, pero había preocupación e
incertidumbre sobre lo que podría ocurrir.
En tal situación quedó claro para mí, y seguramente para
muchas personas, que no estábamos en las vísperas del “asalto final” a la
fortaleza del fascismo y que era urgente encontrar una salida que por lo menos
significara un triunfo parcial del movimiento. Pude apreciar sobre el terreno
que los que días antes hablaban de “desempolvar los fusiles” comenzaron a decir
que había que plantear solamente que no haya despidos de trabajadores. Los que
hablaban de “conquistar los objetivos históricos” se lavaban las manos con el
argumento de que “sólo el que hace algo puede equivocarse”. Otros decían
incluso que había que “renunciar a las familias” y de pronto simplemente
desaparecieron para ponerse a buen recaudo…
El Comité de Huelga se ocupaba de mantener la movilización,
evitar los signos de decaimiento, seguir buscando apoyos y solidaridad y, al
mismo tiempo, procuraba la mediación de la Iglesia Católica para abrir
negociaciones y obtener, por lo menos, los puntos principales que habían sido
señalados al iniciarse el conflicto. Esto es: resarcimiento del daño a las
emisoras, garantías para su puesta en funcionamiento y libertad de los
detenidos. Con pocas variantes esos fueron los carriles por los que se
desenvolvieron las cosas hasta el final.
Culminación triunfal
En los siguientes días los sucesos importantes fueron:
Guardias permanentes en los locales sindicales en forma rotativa a cargo de las
diferentes secciones de trabajadores y amas de casa. Llegada de una misión
gubernamental el día 22, las negociaciones el día 23 y la posterior ruptura el
24. Los comisionados pidieron hablar con las bases con la intención de rebasar
al Comité de Huelga. Se convocó a una asamblea en el teatro de Catavi, donde
quedó en evidencia la cohesión de los trabajadores y la firmeza con que
defendían sus reclamos. Recuerdo que un trabajador les dijo muy airado a los
delegados del gobierno que su familia apagaba el Canal 7 debido a las mentiras
que propalaba y sólo lo encendían para ver la telenovela. Los emisarios
salieron asustados y con las cajas destempladas por la puerta trasera del
teatro.
Se conocieron nuevos apoyos de los distritos mineros de
Siete Suyos y Colquiri, también de los universitarios de La Paz (el gobierno
clausuró la UMSA por ese motivo).
El día 24 personeros del gobierno lanzaron acusaciones de
una supuesta presencia de “extranjeros” que estarían dirigiendo la huelga. El
periódico “El Diario” el día 25 anuncia una “reunión de alto nivel de las
esferas del gobierno para adoptar medidas enérgicas”. “Presencia” titula su
edición de ese mismo día con el anuncio de que “no habrá ocupación militar en
las minas”. Pareciera que ambos periódicos expresaban sus propios deseos.
Lo evidente es que, a esas alturas, la huelga minera captaba
la atención de todo el país, podía expandirse a otros centros mineros y en el
seno de las Fuerzas Armadas no había acuerdo sobre la manera de enfrentarla. El
conflicto, según se dijo, ya había ocasionado a COMIBOL la pérdida de más de
dos millones de dólares.
En el panorama nacional pesaba también la detención esos
días del ex presidente Hernán Siles Zuazo ligado a esfuerzos clandestinos de
conformar un frente único contra el fascismo. Además, viendo las cosas a
posteriori, puede apreciarse que a Banzer le urgía la solución del conflicto,
necesitaba tener las manos libres para ir a abrazar en Charaña a su compinche
Pinochet (el famoso encuentro entre los dos dictadores fue el 8 de febrero).
Posiblemente por esas razones, sin descartar los
preparativos para una incursión sangrienta, el gobierno volvió al diálogo y no
tuvo más remedio que hacer concesiones. La nueva comisión se presentó el sábado
25 y suscribió un borrador de acuerdo un día después. Una nueva asamblea
discutió ese borrador el día 26, había desconfianza en el cumplimiento de
algunos puntos, se hicieron varias sugerencias incluidas en un aditamento y
finalmente se votó la suspensión de la huelga. Mucho antes de que los delegados
firmaran el documento, el abogado de apellido España, asesor del Ministerio del
Interior, informó a La Paz el fin del paro. Eso mostraba el gran apuro que
tenían por acabar el conflicto que ellos mismos habían torpemente provocado.
El lunes 27 se realizó una nueva asamblea donde todavía
había una fuerte resistencia a volver al trabajo, existía malestar por el mal
estado de los aparatos de radio devueltos por el gobierno esa madrugada y por
la tardanza en la llegada de los presos. Al final luego de extensas
consideraciones se reiteró la votación de retorno al trabajo. De hecho las
actividades productivas se normalizan sólo al día siguiente, 28 de enero.
Lecciones aprendidas
En resumen, la huelga de enero de 1975 protagonizada por los
trabajadores mineros de Siglo XX y Catavi, como respuesta a la depredación
policíaca de sus radioemisoras (entre las que ya figuraba con todo derecho
radio “Pío XII”), fue una primera experiencia de rechazo organizado, unitario y
combativo frente a la dictadura que el 9 de noviembre del año anterior había
reforzado su estructura autoritaria mediante los decretos del “Nuevo Orden”.
La acción contó con la solidaridad de los mineros de Potosí,
Consejo Central Sud, Colquiri y Matilde; los fabriles de Manaco y Flex en
Cochabamba; los universitarios de San Andrés y la simpatía de todo el pueblo,
amordazado pero no vencido.
Fue un punto alto de la acumulación democrática que desgastó
seriamente a la dictadura. Un antecedente auspicioso para las acciones que a
fines del año 77 y comienzos del 78 desarticularon el esquema dictatorial.
Como resultados concretos e inmediatos: liberaron a los que
habían sido detenidos el 13 de enero, devolvieron los aparatos radiales robados
y firmaron un compromiso de resarcimiento de los daños y reposición de los
equipos destruidos. Mal que mal cumplieron este último aspecto en los meses
siguientes, a cuenta de los recursos de la COMIBOL.
Tres a cuatro meses después las radios sindicales reanudaron
sus emisiones y algunas lograron incluso obtener su documentación legal. Radio
Pío XII demoró varios meses más, volvió al aire tras difíciles negociaciones de
la Iglesia Católica con el gobierno.
Intensas jornadas de lucha que me dejaron recuerdos
imborrables, dignos de compartir.
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El libro “Con a revolución en las venas: Los mineros de
Siglo XX en la resistencia antifascista” (La Paz, mayo de 1980), recoge
vivencias y observaciones de mi permanencia en Catavi y Siglo XX, de 1974 a
1976. Un capítulo de este que es mi primer libro está referido al tema aquí
relatado . El diseño de la tapa es de Jaime Sevillano. Salió poco antes del
golpe del 17 de julio de 1980 y un tercio de la edición se vendió en el
Congreso Minero de Telamayu. La mayor parte del resto fue decomisada e
incinerada por la dictadura).
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