Por Roberto Bardini / Este artículo fue extraído de:
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Los antecedentes
Luis de Velasco fue virrey de Perú de 1596 a 1604.
Dos años después de su designación le escribe una carta al rey de España:
“Son intolerables el trabajo y vejaciones que padecen los
indios en las labores de minas, labranzas, crianzas y trajines de este Reino
del Perú y se van acabando porque todo el trabajo se carga sobre los miserables
[...]. Muchos mueren y otros huyen abandonando tierras, mujeres e hijuelos.
Desde el Cuzco a Potosí están los villorrios despoblados y casi no se ven
indios”.
Los historiadores coinciden en que la expedición de Gonzalo
Pizarro a Perú, en 1540, le cuesta la vida a 2.500 cargadores quechuas. El lomo
de las dóciles llamas de los Andes no soporta el peso de tanto mineral. La
carga, entonces, se transporta en las espaldas de los nativos. Un día, un
español tiene la idea de utilizar mulas. El mantenimiento del animal resulta un
poco más caro que el de un indígena, pero aguanta más y no se le ocurre fugarse
o, mucho menos, rebelarse.
La plata nace matando. En Huanchaca (“Puente de las penas”),
a fines del siglo XIX trabajan 10.000 quechuas que son propiedad de los dueños
de la mina. De 400 niños nacidos anualmente, 360 mueren antes de los tres meses[1].
A lo largo de todo el siglo XX persisten en Bolivia
prácticamente las mismas condiciones de trabajo de la época virreinal. Es un
país rico con un pueblo pobre.
[…] Para comprender la realidad boliviana […] es preciso
tener en cuenta los orígenes de esos pueblos situados entre los 400 y
los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, para establecer
que este país no conforma una nación integrada, sino un estado multinacional,
donde nacionalidades mayoritarias (quechuas y aymaras) y otras minoritarias
(guaraníes) carecen del derecho de ser reconocidas como realidades étnicas y
culturales. El pueblo quechua comprende algo más del 30 por ciento de la
población total de Bolivia y el pueblo aymara más del 20 por ciento. Ambos,
pese a tener idiomas propios y cultura milenaria, se ven forzados a aceptar un
idioma extraño en el que no pueden expresarse. Estos pueblos conforman
principalmente las clases explotadas en Bolivia y están vinculados directamente
con la producción tanto en el agro como en la industria[2].
En este país y en estas circunstancias nace, se forma, lucha
y muere asesinado el intelectual, periodista, docente universitario y dirigente
político Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador –junto con otros camaradas de su
generación– del Partido Socialista Uno (PS-1), un hombre que también padeció la
cárcel y el exilio. Entre su nacimiento en 1931 y su violenta muerte en 1980,
desfilaron por el Palacio Quemado treinta presidentes, juntas de gobierno y
dictadores. A dos décadas y media de su desaparición, Bolivia continúa
debatiéndose en la misma encrucijada política, económica y social que impidió
su despegue como nación en el transcurso del siglo XX.
Lo que sigue es la crónica del tiempo que le tocó vivir a
ese hombre.
Los “barones” del estaño
El siglo XX comienza con un hecho decisivo para la economía
de Bolivia. En 1900, Simón Patiño descubre la veta de estaño más rica del mundo
en la mina La Salvadora, ubicada en Llallagüa, departamento de Potosí, a más
de 4.600 metros sobre el nivel del mar. El empresario había adquirido
el terreno a un precio ínfimo, como pago de una deuda comercial. En la
cosmogonía de los aymaras y quechuas de los Andes, Llallagüa o Llallawa es un
espíritu benigno que favorece la abundancia en los cultivos de la papa, el alimento
básico para su subsistencia. “El campesino boliviano, antes de la
usurpación de tierras promovida por la oligarquía a partir de fines del siglo
pasado [XIX], estaba asociado sobre la base de lo que se dio en llamar
la comunidad indígena y realizaba su trabajo dentro de la propiedad
comunitaria de la tierra”[3].
Esa fecha fatídica marca el inicio la “era del estaño”. A
principios de 1910, Bolivia ya es la segunda productora de ese metal a nivel
mundial. Poco más de diez años después, tres hombres pasan a ser conocidos como
los “barones del estaño”: Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio
Hochschild. Este trío, que acumula ganancias fabulosas y exhibe un estilo de
vida propio de maharajás de la India, maneja durante décadas los resortes
económicos y políticos del país. A cambio sólo le dejan a los bolivianos
“socavones en los cerros, enfermedades en los cuerpos y frustraciones en el
alma”.
Los tres registran sus compañías fuera del país. La Patiño Mines
Enterprices Consolidated Inc. se inscribe en Delaware (Estados Unidos). La
Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie se constituye en Suiza. SAMI, de
Hochschild, lo hace en Argentina y Chile. Pero la barata mano de obra es,
desde luego, nativa. Cincuenta mil mineros mal alimentados destrozan sus
pulmones en el oscuro interior de las montañas y determinan con su trabajo el
valor de todas las exportaciones de Bolivia, mientras casi tres millones de
indígenas quedan excluidos de la economía. “Los grandes capitalistas de la
minería sostenían que pagaban los salarios más altos de Bolivia, pero eso era
muy relativo: efectivamente, eran los más altos en el país de los salarios más
bajos del mundo. A la inversa, las utilidades de la Patiño Mines eran en
valores absolutos las más altas del mundo. Estas utilidades se fundaban en la
desnutrición, la silicosis, la mortalidad infantil, el hacinamiento en
chiqueros y cuevas con nombre de viviendas y un salario máximo que no llegaba
ni a 20 dólares mensuales”.
Patiño instala en Catavi la mina Siglo XX, la planta
concentradora más grande del mundo. Con 700 kilómetros de galería
abierta, tiene 80 kilómetros de ferrocarril subterráneo y suministra
30.000 kilovatios de luz, mucho más que toda la electricidad generada en el país.
En diciembre de 1942, los trabajadores de Siglo XX se
declaran en huelga. Patiño solicita telefónicamente al presidente militar de
turno que le ponga fin como sea, pero rápido. El 21, el ejército ataca a 8.000
mineros que están con sus esposas e hijos. Nunca se supo cuántos hombres,
mujeres y niños murieron ese día. Oficialmente se informa que hubo 19 muertos y
40 heridos. Pero días después un oficial relata que cerca de 400 cadáveres
fueron enterrados sin identificar las tumbas para que no se pudieran contar las
víctimas. Los trabajadores pedían un aumento del cien por ciento. Luego de la
masacre, el patrón les concede el 15 por ciento.
De los tres “barones”, sólo uno alcanza el título de “rey
del estaño”: Patiño, nacido en Cochabamba en 1860, ex embajador en España y en
París.
Se cuenta que cuando el escritor Augusto Céspedes presenta
su novela Metal del diablo al concurso convocado por la editorial
Reinhardt, de Nueva York, los familiares del “monarca” minero quieren comprar
los originales para quemarlos. Céspedes (1904-1997), nativo de Cochabamba y
conocido como “El chueco”, es abogado, escritor, periodista y
diplomático. Entre sus libros se cuentan Sangre de mestizos, La
vida del Rey del Estaño, Un regalo de los incas, El dictador
suicida e Imperialismo y desarrollo.
El autor replica con ironía: “Si de verdad están interesados
en conocer la novela, mejor se compran toda la edición una vez que esté
impresa”. El libro se publica en 1946 y al año siguiente cientos de ejemplares
son adquiridos y arrojados al fuego por orden del gobierno de turno, deseoso de
satisfacer los deseos de la millonaria familia Patiño. En abril de 1947,
bajo el título “Bolivia. Quema de libros”, el semanario Time informa:
“En el campus del exclusivo Colegio Inglés Católico de La
Paz, las niñas con uniforme azul marino y largas medias negras cantaron y
danzaron alrededor de una fogata. Sus profesores las miraban y aprobaban
sonrientes ese acto de fe. Autores en el fuego: Anatole France, Goethe, Maurice
Maeterlinck, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Blasco Ibáñez y Augusto Céspedes,
autor boliviano de la novela Metal del diablo contra el Barón del
Estaño”.
Dos décadas más tarde, el escritor Sergio Almaraz describirá
las aberrantes condiciones de vida de los trabajadores subterráneos, que
contrastan dramáticamente con el suntuoso estilo de sus patrones:
Hay que conocer un campamento minero en Bolivia para
descubrir cuánto puede resistir el hombre. ¡Cómo él y sus criaturas se prenden
a la vida! En todas las ciudades del mundo hay barrios pobres, pero la pobreza
en las minas tiene su propio cortejo: envuelta en un viento y frío eternos,
curiosamente ignora al hombre. No tiene color, la naturaleza se ha vestido de
gris. El mineral, contaminando el vientre de la tierra, la ha tornado yerma. A
los cuatro o cinco mil metros de altura, donde no crece ni la paja brava, está
el campamento minero. La montaña, enconada por el hombre, quiere expulsarlo. De
este vientre mineral el agua mana envenenada. En los socavones el goteo
constante de un líquido amarillento y maloliente, llamado copajira, quema
la ropa de los mineros. A centenares de kilómetros, donde hay ríos y peces, la
muerte llega en forma de veneno líquido proveniente de la deyección de los
ingenios. Al mineral se lo extrae y limpia, pero la tierra se ensucia. La riqueza
se troca en miseria. Y allí, en ese río, buscando protección en el regazo de la
montaña, donde ni la cizaña se atreve, están los mineros. Campamentos alineados
con la simetría de prisiones, chozas achaparradas, paredes de piedra y barro
cubiertas de viejos periódicos, techos de zinc, piso de tierra; el viento de la
pampa se cuela por las rendijas y la familia apretujada en camas improvisadas
–generalmente bastan unos cueros– si no se enfría, corre el riesgo de
asfixiarse. Oculto en estos muros está el pueblo del hambre y de los pulmones
enfermos...
Simón Patiño muere a los 86 años en el Hotel Plaza, uno de
los más lujosos de Argentina, el 20 de abril de 1947.
En la última etapa de su vida, para evitar problemas con el
numeroso servicio doméstico, se había convertido en un bien cotizado huésped de
los mejores hoteles en distintas ciudades del mundo. Cuando en 1940 la Segunda
Guerra Mundial lo sorprende en París, se traslada al Waldorf Astoria, de Nueva
York. Al terminar el conflicto, se instala en el Plaza, de Buenos Aires. Desde
allí ordena la construcción de un castillo francés estilo siglo XVIII en el
valle de Tunari, a 160 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, una de
las zonas más hermosas de Bolivia. Nunca llega a conocerlo. Regresa por última
vez a su país en tren, en un viaje que dura dos días. Va dentro de un lujoso
ataúd de maderas preciosas, con incrustaciones de marfil y manijas de plata,
elaborado especialmente para su decrépito cuerpo. Cuando los exquisitos
artesanos fúnebres presentan la cuenta, no se imaginan que los descendientes
del “rey del estaño” los demandarán ante un juzgado argentino por el elevado
costo del féretro. Al llegar el cadáver a Bolivia, el presidente Enrique
Hertzog ordena que las banderas permanezcan a media asta en señal de duelo
nacional. El mandatario había recibido cinco millones de pesos bolivianos de
Patiño para su campaña electoral.
Al viejo patriarca lo sucede su hijo Antenor, nacido en
Oruro en 1896, un hombrecillo de baja estatura y aspecto indígena, que sufre de
ictericia.
El heredero del trono se había casado en 1931 con la duquesa
de Dúrcal, María Cristina de Borbón y Bosch-Labrus. Un cronista de
sociales de la República Dominicana describió al sucesor a través de viejas
fotografías:
“Nunca olvido una foto de Antenor Patiño, indio boliviano
chiquito y jipato, bailando con su señora, blanca, rubia y alta, con cara de
evidente fastidio, en París. Nunca olvido otra foto de una de sus hijas,
casándose con un arruinado vizconde francés, con el tino de desposarse con una
multimillonaria latinoamericana, ella en busca de abolengo y él de los millones
que justificaran su ejercicio de clase”.
Entre 1957 y 1961, el nuevo rey del estaño ordena edificar
en la región de Estoril, en Portugal, un palacio con vista al mar en medio
de 40 hectáreas de bosque que provoca sonrisas de mal disimulado
fastidio en la aristocracia europea. Lo hace decorar con muebles de lujo,
antigüedades, porcelanas, esculturas y pinturas. Pero no descuida los negocios:
invierte en el sector turístico de México, sobre todo en los estados de
Manzanillo y Jalisco. En el Distrito Federal hace construir en la avenida
Reforma el Hotel Sheraton-María Isabel, nombre de una de sus nietas. El magnate
asiste a misa y comulga todos los domingos en cualquier ciudad del mundo en la
que se encuentre.
Antenor Patiño fallece en Nueva York, en 1982. Como su
padre, muere a los 86 años y fuera del país que contribuyó a empobrecer
mientras él se enriquecía.
Luego de la nacionalización minera en 1952, Patiño,
Aramayo y Hochschild continúan beneficiándose con las astronómicas
indemnizaciones recibidas y, además, con la fundición en Europa de los
minerales que Bolivia produce en bruto. La división internacional del trabajo
le asigna al país la función de simple productor de materias primas, sobre todo
de estaño, que es su principal contribución a la economía mundial. Todavía en
la década del ‘70, el 86 por ciento de las exportaciones corresponde a
minerales y, dentro de ellos, el estaño representa el 77 por ciento.
En torno al estaño ha girado y gira aún la economía
nacional. El capitalismo no ha tenido mayor interés en instalar industrias en
un país donde es más fácil obtener grandes utilidades con el trabajo de la
simple extracción minera, sobre todo cuando se cuenta con una mano de obra de
bajo costo.
Pero el estaño no beneficia a los bolivianos. Siendo un país
monoproductor […], la economía boliviana depende casi en su totalidad del
extranjero. El estaño sólo ha hecho de Bolivia un país miserable, donde el
ingreso per capita es de 100 dólares al año, el déficit de calorías y
proteínas alcanza el 40 y 53 por ciento respectivamente, la mortalidad infantil
el 33 por ciento y el analfabetismo llega al 70 por ciento de la población.
Casi se puede afirmar que los bolivianos comen estaño. La
minería boliviana en su conjunto, pese a su gravitación económica no ocupa más
de 40 mil obreros. En efecto, la población mayoritaria boliviana es campesina
(65 por ciento) y está distribuida en tres zonas de características geográficas
y climatológicas totalmente diferentes.
La guerra del Chaco
La guerra del Pacífico (1879-1883) enfrentó a Chile contra
Bolivia y Perú. La guerra del Chaco Boreal (1932-1935) desangró a Paraguay y
Bolivia. Como resultado de las dos contiendas, Bolivia perdió sus costas
oceánicas al oeste y tres cuartas partes del territorio chaqueño. La cesión del
Acre amazónico, después de que Brasil la invadiera en 1904, completó el
desmembramiento del país.
La llegada del abogado Daniel Salamanca al gobierno, en 1931
–el año en que Marcelo Quiroga Santa Cruz nace en Cochabamba– marca a hierro y
fuego el destino de Bolivia. Ministro de Hacienda en 1904, fundador en 1915 de
la Unión Republicana –que congregó a los principales movimientos liberales– y
también creador del Partido Republicano Genuino en 1921, Salamanca cree que el
país debe redimirse en el Chaco. Después, con el aval del Parlamento, el
mandatario convoca al general alemán Hans Kundt, veterano del frente
ruso en la Primera Guerra Mundial, y lo nombra comandante en jefe del
ejército. El militar, de formación prusiana, a partir de 1911 había estado
varias veces en Bolivia con la misión de modernizar a las Fuerzas Armadas.
La disputas por el Chaco Boreal, una región árida y
despoblada, se remontaba a 1879. El origen del diferendo era netamente geográfico,
porque nunca se habían establecido los límites correspondientes. Pero cuando la
empresa Standard Oil, de Nueva Jersey, descubre petróleo en Bolivia y la
holandesa Royal Dutch Shell lo encuentra en Paraguay, surge un nuevo y decisivo
componente bélico que hasta entonces no existía: los intereses energéticos de
las compañías transnacionales. La guerra del Chaco adquiere una
connotación aún más dramática: la Standard Oil apoya a Bolivia
y la Dutch Shell a Paraguay, dos repúblicas cuyos pueblos no tenían
fuertes rivalidades y que, además, eran las más pobres de América del Sur.
La guerra tiene su antecedente en la pugna interimperialista
anglo-norteamericana que se manifiesta por la disputa del petróleo chaqueño por
parte de la Standard Oil y la Royal Dutch Shell, pero es la Gran Depresión de
1929 lo que lleva a una situación insostenible para la economía boliviana, por
la caída del estaño, la que empujará a los gobernantes hacia el conflicto
armado.
[…] Buscando una salida al típico estilo reaccionario,
Daniel Salamanca lanzó la consigna de “pisar fuerte en el Chaco” y pese a estar
exhausto el erario fiscal, al colmo de pagarse con bonos a los funcionarios por
la carencia de circulante, se propuso llevar a cabo una ambiciosa y costosa
campaña de penetración militar en el Chaco, como jamás había sido vislumbrada
por un presidente boliviano.
Fue Salamanca quien deliberadamente llevó a la nación
boliviana a la guerra, contra la opinión adversa de su propio Alto Mando y a
pesar de la falta de iniciativa de los paraguayos.
El conflicto estalla en junio de 1932. Los enfrentamientos
se desarrollan en un territorio yermo y con altas temperaturas, a cuyas duras
condiciones no se aclimatan los indígenas quechuas y aymaras del frío altiplano
boliviano reclutados como carne de cañón. La calurosa región, con matorrales
secos y espinosos, se conoce como el “infierno verde”. Hay pantanos, que son
caldo de cultivo de enfermedades, pero faltan ríos. Para encontrar agua potable
es necesario cavar profundos pozos en la tierra reseca. Además, desde la
retaguardia resulta difícil enviar provisiones. Mientras las grandes potencias
se disputan el petróleo de la zona, los indígenas mueren de sed.
Los militares bolivianos habían tenido instructores alemanes
y los paraguayos recibieron entrenamiento de franceses. También se da la
curiosa circunstancia de que alrededor de 50 oficiales chilenos, emigrados de
su país por las convulsiones políticas de principios de la década del ‘30, se
ponen a las órdenes de Bolivia. Algunos analistas militares ven el conflicto
armado del Chaco Boreal como una reedición suramericana de los enfrentamientos
en las trincheras europeas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
El general Kundt es eficiente como instructor dentro de los
férreos moldes germanos y, como comandante, muchas veces encabeza los ataques.
Además, a diferencia de la mayoría de sus pares suramericanos, se preocupa por
el bienestar de los soldados. Pero como estratega resulta un desastre. Por
empezar, no toma en cuenta que en el Chaco casi no existen caminos: cuando
dirige el avance, las tropas bolivianas deben abandonar sus camiones y marchar
a pie. Después, acostumbrado a una guerra de posiciones, no sabe enfrentar las
tácticas de guerrilla paraguayas. Además, insiste en ataques frontales contra
puestos bien resguardados, lo que casi siempre concluye con devastadoras
pérdidas en sus propias filas. Cuando logra arrebatarle un reducto al enemigo,
se aferra al terreno sin tomar en cuenta que sus agotadas fuerzas no podrán
recibir víveres ni municiones. Una calle de La Paz lleva el nombre de Kundt.
Hay quienes bromean que debería existir una avenida con su apellido en
Asunción.
Entre agosto y diciembre de 1933, el general paraguayo José
Félix Estigarribia contraataca y causa a Bolivia los peores estragos de la
guerra. En una ocasión, dos divisiones bolivianas completas –7.500 hombres– son
derrotadas. Apenas logran salvarse 3.000 soldados al mando del general Enrique
Peñaranda. Las tropas del país andino retroceden casi 500 kilómetrosdetrás
de las líneas desde donde habían iniciado la campaña. El presidente Salamanca
remueve al general Kundt y, presionado por los oficiales del frente de guerra,
lo sustituye por Peñaranda.
El 27 de noviembre de 1934, Salamanca viaja a Villamontes,
donde está el cuartel general de retaguardia. Allí es arrestado en los primeros
días de diciembre y destituido por los desmoralizados jefes militares. Bolivia
queda acéfala mientras avanzan las tropas paraguayas. El vicepresidente José
Luis Tejada asume la presidencia en enero de 1935 y enjuicia a la Standard Oil
por vender clandestinamente petróleo a Paraguay. Mientras tanto, las fuerzas de
Paraguay sitian Villamontes. Una comisión internacional integrada por
representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos
comienza a intermediar en el conflicto.
Cuando el 14 de junio de 1935 se decide el alto al fuego,
los adversarios salen de sus trincheras y corren a abrazarse en la tierra de
nadie. Los cadáveres de 100.000 hermanos han quedado en los campos de batalla,
en cuyo subsuelo se cree que está el petróleo que ambicionan los hombres de
negocios de Nueva Jersey y Amsterdam.
El enfrentamiento con Paraguay representa para Bolivia una
enorme pérdida en vidas y dinero. El país gasta casi 50 millones de dólares en
tres años y, con menos de tres millones de habitantes, tiene 65.000 muertos.
Del lado paraguayo, pierden la vida 35.000 hombres. Los soldados de uno y otro
bando han combatido en una guerra que no era suya y dieron grandes muestras de
valor. Muchas veces los debilitados prisioneros bolivianos fueron aplaudidos a
su paso por las calles de Asunción. Tres años después del armisticio, un
tratado de paz otorga a Paraguay la mayoría del territorio disputado, con
excepción de las áreas que podrían contener grandes reservas de petróleo, lo
que no es el caso. El pacto se firma el 21 de julio de 1938, en Buenos
Aires. Bolivia logra retener los campos petrolíferos ya en explotación, pero no
se comprueba la existencia de petróleo en otros puntos de la región. Así queda
aún más en evidencia la inutilidad de la carnicería entre dos pueblos hermanos.
Esta amarga experiencia, considerada un desastre nacional
por la población boliviana, aumenta la animosidad contra el tradicional régimen
excluyente que ejercen los grandes terratenientes rurales y los dueños del
estaño mediante un grupo de políticos, administradores y abogados en calidad de
representantes. Esta estructura de poder ultraconservadora es conocida
popularmente como la Rosca. La derrota militar despierta una nueva
conciencia política en Bolivia. En el frente de guerra, muchos percibieron
dentro de sus propias filas las históricas diferencias étnicas y sociales.
Integrantes de la clase media combatieron hombro con hombro junto a una mayoría
quechua y aymara, reclutada a la fuerza, que ignoraba por qué y por quién
luchaban.
La hija predilecta del Libertador [Simón Bolívar], aquella
república fundada por Sucre, que había perdido todas las guerras, sin salida al
mar, raquítica y miserable, vejada y saqueada por españoles, criollos,
norteamericanos e ingleses durante cinco siglos, era una demostración viva del
horrendo drama de América Latina. La pequeña burguesía empobrecida, con nombres
ilustres en la historia del Altiplano, esos hijos de presidentes, generales,
escritores, diputados y profesores, vivía hambrienta y rabiosa. […] Los
oficiales jóvenes sobrevivientes de esa gran náusea político-militar que fue la
guerra del Chaco también estaban hartos: la venalidad de las clases dirigentes
no tenía secretos para ellos.
La década del ‘30, además, marca la llegada al continente
americano de corrientes de pensamiento antagónicas desde Europa, como el
marxismo, el nazismo alemán, el fascismo italiano y el falangismo español. Las
juventudes universitarias, intelectuales, militares y muchos líderes obreros y
campesinos no son indiferentes a esa influencia.
El “socialismo militar”
El 17 de mayo de 1936, a casi un año de terminada
la guerra, el presidente José Luis Tejada es derrocado por militares dirigidos
por el coronel David Toro, quien asume la presidencia de la República.
Con el respaldo de oficiales jóvenes que proponen cambios en
el país, Toro impulsa reformas sociales y la redacción de una nueva
Constitución. Al igual que en la Alemania nacionalsocialista, crea un
ministerio de Propaganda para mejorar la imagen del país en el exterior. Establece
los ministerios de Trabajo, de Previsión Social y de Minas y Petróleo. El
ministro designado en Trabajo es Waldo Álvarez España (1901-1986),
fundador en 1932 del Sindicato Gráfico de La Paz y secretario general de
la Federación Obrera de Trabajadores (FOT), un caso inédito hasta
entonces.
El nuevo régimen instaura la jornada laboral de ocho horas y
declara obligatoria la sindicalización obrera. Durante su gestión, además, nace
el Banco Minero. Y lo más importante: expulsa de Bolivia a la Standard Oil, funda
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y nacionaliza ese recurso
natural. Es la primera nacionalización que se realiza en América Latina.
En esa época, Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene cinco años y
asiste a la escuela primaria en Cochabamba.
El régimen corporativista de David Toro se conoce como
“socialismo militar”. Aunque su gestión tiene ciertos componentes fascistas,
algunos socialistas lo acompañan en su esfuerzo. Uno de ellos es el
abogado, escritor y dramaturgo Enrique Baldivieso. Pero a pesar de las
medidas impulsadas, el militar no logra apoyo popular. En julio de 1937 es
derrocado por el general Germán Busch Becerra, originario de Santa Cruz de la
Sierra y héroe de la Guerra del Chaco, quien tiene apenas 33 años de edad.
Busch mantiene la orientación de Toro, aunque aplasta un
levantamiento en apoyo a su antecesor y ordena fusilar a uno de los sublevados.
El 17 de mayo de 1936, funda el ministerio de Trabajo,
Comercio y Previsión Social bajo la responsabilidad de Waldo Álvarez. El obrero
gráfico firma un decreto que reconoce los derechos civiles de la mujer para
ejercer cargos en la industria y ocupar empleos donde no se requiere más que
“idoneidad”. Intelectuales de la talla de Enrique Baldivieso y Augusto Céspedes
manifiestan su apoyo al “socialismo militar” de Busch. Al poco tiempo, el
general se declara “dictador” para no quedar con las manos maniatadas por un
sistema demoliberal capitalista burgués que sólo ha servido a la Rosca.
Ordena redactar un nuevo Código del Trabajo, nacionaliza el Banco Central y el
24 de septiembre de 1938 crea el departamento de Pando, una extensión
de 63.827 kilómetros cuadrados al norte del país, limítrofe con
Brasil y Perú.
En octubre de ese año, Busch promulga una nueva
Constitución de tendencia socialista.
En 1920, el pensador alemán Oswald Spengler (1880-1936)
había publicado su ensayo Prusianismo y socialismo, que 15 años después
será traducido al español en Chile, país que como Bolivia había recibido una
fuerte influencia militar germana. El estudio de Spengler afirma que “el viejo
espíritu prusiano y la convicción socialista, que hoy se odian con el odio de
hermanos, son uno y lo mismo”. Su planteamiento, distante del marxismo, es que
prácticamente todos los ciudadanos –profesionales, obreros, campesinos,
soldados– deben ser una especie de empleados del Estado, el que determinará sus
salarios. La sociedad, de estructura vertical y al mando de un caudillo, se
basa en la doctrina militar prusiana. No hay partidos, ni parlamento, ni políticos
profesionales, ni elecciones. Es posible que el ensayo de Spengler se haya
conocido en algunos círculos del ejército boliviano y haya ejercido alguna
influencia en David Toro y Germán Busch Becerra.
Las medidas del “dictador”, radicales y polémicas, terminan
con su vida. El 23 de agosto de 1939, Busch es hallado muerto de un balazo, en
lo que aparentemente es un suicidio. Las circunstancias en que muere nunca son
aclaradas.
A continuación, asume la presidencia el general Carlos
Quintanilla, cuya única decisión importante es convocar a elecciones
presidenciales. El general Enrique Peñaranda, también héroe de la Guerra del
Chaco, resulta vencedor y toma posesión el 15 de abril de 1940.
A diferencia de Toro y Busch, el nuevo presidente se alinea con Estados
Unidos. Una de sus primeras medidas es compensar a la Standard Oil por su
nacionalización. En 1941 –luego del ataque japonés a Pearl Harbor– opta por los
aliados. Al año siguiente, rompe relaciones diplomáticas con el eje
Berlín-Roma-Tokio y el 7 de abril de 1943 le declara la
guerra. Además, permite que le impongan bajos precios al estaño en un
momento en que Bolivia es el único productor mundial importante, ya que Malasia
está bajo el dominio militar de Japón.
Villarroel, el presidente linchado
En el periodo 1935-1941 surgen en Bolivia los partidos que
sustituirán la tradicional división entre liberales y republicanos.
En 1935, se crea el Partido Obrero Revolucionario (POR), de
orientación trotkista. Le sigue en 1937 la Falange Socialista Boliviana (FSB),
inspirada en el fascismo italiano y el falangismo español. En 1940, aparece el
Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR). En 1942, nace el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), posiblemente la organización política con
más influencia durante el siglo XX. Antes de concluir la centuria, sin embargo,
el MNR sufrirá los letales efectos de una lenta descomposición ideológica y
política.
Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), fundador del MNR, es un
abogado y economista originario de Tarija. Pertenece a una familia acomodada
que por parte del padre es de ascendencia argentina. Tiene 25 años y trabaja en
la Contraloría General de la República cuando, en julio de 1932, estalla la
guerra con Paraguay. Responde al llamado a filas y es destinado a tareas
logísticas en la retaguardia. Dos años después pide ser enviado al frente como
combatiente. En 1938, al concluir el conflicto, su carrera política arranca a
los 31 años de edad, cuando es elegido diputado por Tarija en las elecciones a
una asamblea constituyente convocadas por el entonces dictador, general Germán
Busch Becerra.
Para 1941, Paz Estenssoro ya ha pulido un proyecto político
que plantea una reforma política, económica y social a fondo. Con el respaldo
de universitarios, intelectuales y algunos diputados socialistas e
independientes, todos integrantes de la llamada “generación del Chaco”, el
abogado publica el 10 de mayo de ese año un manifiesto contra el régimen conservador
y pro estadounidense del general Enrique Peñaranda Castillo, vencedor en las
elecciones del año anterior como candidato de los partidos tradicionales, el
Liberal y el Republicano. Un año después, el 7 de junio de 1942, Paz Estenssoro
proclama la fundación del Movimiento Nacionalista Revolucionario. La nueva
fuerza política se vincula con la logia militar Razón de Patria (RADEPA),
dirigida por el mayor Gualberto Villarroel.
El 20 de diciembre de 1943, el MNR es copartícipe del
incruento golpe cívico-militar derroca al general Enrique Peñaranda e instaura
una Junta de Gobierno presidida por Villarroel.
El gobierno provisional está integrado por oficiales
nacionalistas partidarios de la neutralidad en la guerra mundial y disconformes
por la represión a los mineros en Catavi. Desde Argentina y en secreto, los
militares reciben apoyo del gobierno del general Pedro Pablo Ramírez y, en
especial, de la logia militar Grupo de Oficiales Unidos (GOU), en la que se
destaca el entonces coronel Juan Domingo Perón.
Paz Estenssoro y otros dos miembros de su partido son
designados ministros del gabinete provisional. Como titular de Economía, el
tarijeño impulsa medidas para terminar con la explotación agraria de herencia
colonial, poner límites al poder de los grandes terratenientes y empresarios
mineros, y reconocer los derechos indígenas. En mayo de 1945 se organiza un
Congreso Nacional Indígena y se crea la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB), con el dirigente trotskista Juan Lechín Oquendo
como secretario general.
Aislado internacionalmente y con una poderosa oposición
interna impulsada por los grupos conservadores, Villarroel elimina de su
gabinete a Paz Estenssoro y otros miembros del MNR, a quienes Estados Unidos
considera “pro nazis”. “La alianza entre militares y nacionalistas se realizó
en plena guerra imperialista [1939-1945]. Fueron inmediatamente acusados
de nazis. La propia izquierda boliviana no era menos cipaya y
extranjerizante que en el resto de América Latina”.
No obstante, el MNR vence por gran mayoría en las elecciones
legislativas de junio de 1944 y restablece sus vínculos con RADEPA. El 6 de
agosto, Villarroel es designado presidente constitucional y, en enero de 1945,
Paz Estenssoro se reintegra formalmente al gabinete. Sin embargo, Villarroel no
logra mejorar las condiciones de vida de la población, ni acabar con la
servidumbre campesina. Además, adopta medidas autoritarias que lo distancian de
las clases medias urbanas. Nuevamente surgen diferencias entre el presidente y
el MNR. Las poderosas fuerzas conservadoras, mientras tanto, impulsan una
peculiar alianza con el Partido de Izquierda Revolucionaria y se encargan de
echar más leña al fuego. Finalmente, el 20 de julio de 1946, Gualberto
Villarroel es derrocado y linchado, acusado de “fascista”. Su cadáver termina
colgado de un farol, en la Plaza Murillo. Cuatro meses antes, Marcelo Quiroga
Santa Cruz ha cumplido 15 años.
Según Jorge Abelardo Ramos, Villarroel iba por el camino
correcto, pero “el poder conjunto de la Rosca y de la prensa
imperialista lo doblegó y anonadó”:
Sus grandes crímenes fueron organizar por primera vez en la
historia de Bolivia una Federación de Trabajadores Mineros y reunir, desde los
tiempos de Belzu, un congreso de campesinos indígenas.
[…] Al no atreverse a nacionalizar las minas y a entregar la
tierra a los campesinos, el gobierno de Villarroel no supo dónde encontrar
aliados. El imperialismo yanqui y los insignificantes partidos oligárquicos
lograron arrastrar a la pequeña burguesía paceña […], sometida siempre al
terrorismo psicológico de los abogados liberales […].
Dentro de Bolivia, participaron en el motín los jeeps de la
embajada yanqui, y también los liberales, los universitarios a la búsqueda de
nuevos “Maestros de la Juventud”, los stalinistas del PIR, algunos seudo
trotkistas del POR, la izquierda, el centro y la derecha. ¡Desdichada América
Latina, siempre mezclados los tontos con los pillos! […] El sátrapa minero
Mauricio Hochschild declaró: “Yo pronostiqué que Villarroel caería
pronto”.
El Partido Comunista de la Argentina enviaba un cable
firmado por el burócrata Vittorio Codovilla felicitando roncamente a los
miembros de la nueva Junta de Gobierno. Toda la prensa norteamericana y sus
ecos latinoamericanos aplaudían la “revolución” del 21 de julio. […] La
hinchada araña de Simón Patiño sonrió con bondad y envió una donación de 20 mil
dólares para “los mártires de la libertad”.
Paz Estenssoro busca refugio en Buenos Aires, donde el
presidente Juan Domingo Perón también soporta acusaciones de
“nazi-nipo-falanjo-fascista” por parte de Estados Unidos.
El embajador norteamericano en Argentina, Spruille Braden,
había presentado sus cartas credenciales en mayo de 1945 e inmediatamente
“descubrió” estas tendencias de Perón. Heredero de cuantiosos intereses en
la compañía minera Braden Copper –fundada por su padre en Chile– y ex embajador
en Colombia y Cuba, el diplomático impulsó durante la guerra del Chaco la
política petrolera de la Standard Oil. Diez años antes, había
sido delegado de Estados Unidos en la Conferencia de Paz, en Buenos Aires.
Algunos autores consideran que obstaculizó la pacificación de Bolivia y
Paraguay con el fin de convertir a la región chaqueña en un “estado libre”,
bajo la custodia de agentes del poder financiero internacional.
Esas tentativas de entorpecimiento de la paz determinaron
que Braden fuese acusado en la prensa periódica de Buenos Aires como agente de
la Standard Oil. La publicación titulada “Óleos”, en su edición correspondiente
a abril-mayo de 1938, lanzó la revelación escrita que faltaba. Dijo lo
siguiente esa revista: “Circunstancias inesperadas como la guerra del Chaco y
las gestiones de su pacificación han vuelto a relacionar el nombre del antiguo
personero de la Standard Oil of New Jersey, Mr. Spruille Braden, con las
riquezas petrolíferas del Chaco”.
En Argentina, Braden se inmiscuyó en cuestiones internas y
dirigió a los conservadores, liberales, comunistas y socialistas agrupados en
la Unión Democrática, una coalición antiperonista de “tontos y pillos” similar
a la que derrocó a Villarroel. Trasladado al Departamento de Estado, el
funcionario continuó desde Washington su campaña a favor de la Unión
Democrática. Lo único que logró fue una reacción nacionalista que dirigió su
preferencia hacia el naciente peronismo. En las elecciones de febrero de 1946,
Perón alcanzó más del 51 por ciento de los votos mientras que la Unión
Democrática no llegó al 22 por ciento.
Entre 1946 y 1952 se producen en Bolivia los últimos
intentos para reinstaurar el caduco sistema tradicional de gobierno en favor de
los grandes terratenientes y los “barones” del estaño. Se instala una junta
civil presidida por Néstor Guillén, quien dura 27 días, y luego por Tomás
Monje, los dos integrantes de la Corte de Justicia. La junta convoca a
elecciones que gana por muy poco margen Enrique Hertzog, del Partido de la
Unión Republicana Socialista (PURS). Hertzog asume en 1947 pero no logra
coordinar la alianza conservadora que lo lleva al gobierno y en poco más de dos
años improvisa siete cambios de gabinete.
El 27 de agosto de 1949, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario se subleva en todo el país y consigue organizar un gobierno en
Santa Cruz de la Sierra. El gobierno de Hertzogreacciona con
violencia y ordena bombardear por aire Santa Cruz y Cochabamba. Se demora 20
días en restablecer el orden, pero no declara ilegal al MNR y anuncia
elecciones para 1951. Finalmente, Hertzog renuncia “por razones de salud” en
octubre de 1949 y lo sucede el vicepresidente Mamerto Urriolagoitia, también
del PURS, considerado como un simple representante de la Rosca.
La candidatura presidencial de Víctor Paz Estenssoro, quien
está exiliado en la Argentina, y de Hernán Siles Zuazo como vicepresidente,
obtiene el triunfo por mayoría relativa frente a Gabriel Gosálvez. Pero
Urriolagoitia no acepta que el Parlamento se reúna para elegir presidente.
Organiza un autogolpe y entrega el mando a las Fuerzas Armadas, que colocan en
la presidencia al general Hugo Ballivián.
Fue el último manotazo de ahogado antes del torrente social
que se venía.
La revolución nacionalista de 1952
Hernán Siles Suazo (1913-1996), nacido en La Paz, es hijo
del ex presidente Hernando Siles Reyes. En 1932 participa en la guerra con
Paraguay, resulta herido y es dado de baja. Retoma sus estudios de Derecho, se
transforma en dirigente estudiantil y se distingue por sus dotes para la
oratoria. Al inicio de la del ‘40, trabaja con Víctor Paz Estenssoro
y Augusto Céspedes en la creación del MNR.
Ballivián convoca a elecciones, pero nunca se realizan. Una
conspiración entre el ministro de gobierno Antonio Seleme y el MNR, con Siles
Suazo a la cabeza, convierte un golpe de Estado en una insurrección popular.
Entre el 9 y 11 de abril de 1952 se combate en las calles de La Paz y Oruro. El
pueblo, los mineros de Milluni y carabineros de la policía que se unen a la
rebelión y derrotan al ejército. El enfrentamiento causa 490 muertos y casi mil
heridos.
Marcelo Quiroga Santa Cruz acaba de cumplir 21 años. Su
vocación es el teatro, el cine, la literatura y la filosofía. Quizá aún no lo
sabe, pero a la larga le ganará una pasión: la política.
El nuevo gobierno revolucionario del MNR instala a Paz
Estenssoro y Siles Suazo. Las ideas gestadas en los años 30 y 40 comienzan a
hacerse realidad. El primer paso, en abril de 1952, es la creación de la
Central Obrera Boliviana (COB) y la formación de milicias mineras y campesinas
que suplantan al ejército. Se clausura el Colegio Militar y se da de baja a más
de 500 oficiales; la academia, sin embargo, se reabre dos años después por
presiones de Estados Unidos.
El segundo paso, el 21 de julio de 1952, es el decreto del
voto universal. Esta medida rompe la democracia excluyente y calificada del
pasado. Otorga el voto a la mujer y a los analfabetos, y convierte en elegible
a cualquier ciudadano mayor de edad. De sólo 130.000 electores que había en
1951, se pasa a 960.000 en 1956.
El tercer objetivo es el control total de la economía. Se
considera que sólo un Estado fuerte, dueño de sus recursos naturales y sus
empresas de producción, puede desarrollar el país. El 31 de octubre de 1952,
Paz Estenssoro firma el decreto de nacionalización de las minas, con lo que el
80 por ciento de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo
pasan a poder del Estado. Acto seguido, se crea la empresa
estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y se establece el control
obrero con derecho a veto.
Otro de los objetivos básicos de la Revolución Nacional es
la diversificación económica. Se inaugura la carretera Cochabamba-Santa Cruz
(la primera ruta asfaltada del país), que permite un acceso a la región
oriental del país. Se construye un ingenio azucarero y se impulsa la producción
de petróleo hasta lograr exportarlo con el oleoducto a Arica. La medida más
trascendental del gobierno revolucionario se toma en agosto de 1953: la reforma
agraria, que devuelve la tierra a los campesinos. Así, se incorpora a casi dos
millones de bolivianos a la economía, como antes el voto los había admitido en
la política.
En 1955 se dicta un nuevo código educativo. La educación
universal y obligatoria, junto con instalación de núcleos escolares rurales para
los campesinos, instaura un derecho esencial que había estado restringido y
planteado discriminatoriamente a partir de la idea de una educación especial
para los indígenas.
El costo de la revolución, sin embargo, es alto. En los
cuatro años de gobierno de Paz Estenssoro, la hiperinflación devalúa la moneda
nacional en un 900 por ciento.
Pero lo peor de la gestión de Paz Estenssoro fue
la aprobación, el 26 de octubre de 1955, del Código del Petróleo. El estatuto
–también llamado “código Davenport”– favorece a inversionistas extranjeros,
especialmente a la Bolivian Gulf Oil Company. Había sido redactado por la
firma jurídica estadounidense Shuster & Davenport por encargo de la Misión
de Operaciones de los Estados Unidos en Bolivia y fue calificado por The
New York Times como “el más liberal del mundo”.
Como consecuencia de los beneficios que el Código del
Petróleo otorga a las compañías transnacionales, ingresan rápidamente al país
14 firmas norteamericanas, entre las que se encuentra la Gulf Oil Company, que
se apropian de casi 13 millones y medio de hectáreas. Esta empresa se instala
el 23 de mayo de 1956, un año después de promulgado el código, mediante
contratos de financiación de oleoductos que desvalijan rápidamente a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). La firma posee más de tres
millones y medio de hectáreas para explorar y explotar el petróleo.
Paralelamente, los intentos de conspiración de la Falange
Socialista Boliviana (FSB) y sectores internos del propio MNR, obligan al gobierno
a tomar medidas represivas sin precedentes. Se abren campos de concentración en
las minas y el altiplano, donde se tortura a centenares de presos.
La Falange Socialista Boliviana se había creado en
1937. Su fundador fue Oscar Unzaga de la Vega, un periodista de Cochabamba. El
grupo se inspira en el fascismo italiano y en la doctrina falangista del
español José Antonio Primo de Rivera. Así como en Italia existían los “camisas
negras”, en España los “camisas azules” y en Alemania los “camisas pardas”, en
Bolivia se llaman “camisas blancas”. Su lema es Dios, Patria y Hogar. La
FSB exalta la tradición, el honor, la lealtad y el valor personal, junto con un
estilo de vida austero, casi espartano. Se opone al marxismo y a la lucha de
clases, pero también a lo que llaman “la derecha explotadora, vendida a las
transnacionales”. La FSB es fuerte en Cochabamba y en las universidades.
El gobierno de Siles Suazo
En 1956 se realizan las primeras elecciones con voto
universal y Hernán Siles Zuazo logra una abrumadora mayoría: 82 por ciento.
Lo acompaña como vicepresidente Núflo Chávez Ortiz
(1923-1996), nativo de Santa Cruz. Catedrático universitario y poeta, Chávez
Ortiz fue responsable de la reforma agraria y posteriormente se desempeñará
como asesor del gobierno de Fidel Castro en la reforma del campo cubano. Años
más tarde, será embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas
(ONU). Es autor de Bajo el signo del estaño y Cinco ensayos y un
anhelo, que sirvió como anteproyecto de programa político, aprobado en la
convención del MNR en 1952, e incluye un estudio sobre el problema de la
tierra.
El nuevo gobierno implanta un programa de estabilización
monetaria –diseñado por el asesor norteamericano Jackson Eder– para superar la
crisis económica, pero la medida lo enfrenta a la izquierda del MNR. Para
lograr su objetivo, Siles Suazo inicia una huelga de hambre que provoca la
renuncia del vicepresidente Chávez Ortiz. El plan tiene éxito y estabiliza la
moneda, que mantiene el tipo de cambio a 12 pesos por dólar hasta 1972.
En 1959 hay un intento de levantamiento militar de la
Falange Socialista Boliviana y mueren 18 de sus dirigentes en cuarteles de La
Paz y Santa Cruz. En abril de ese año, la extraña muerte de Oscar Unzaga de la
Vega, fundador de la FSB, compromete al gobierno de Siles
Suazo. Algunos afirman que el líder se suicidó en la capital, en una
casa donde se hallaba oculto; otros, sostienen que fue asesinado.
En 1960 se convoca a elecciones. El Movimiento Nacionalista
Revolucionario nomina como candidato a Walter Guevara Arze, quien había
sido ministro de Relaciones Exteriores en 1952-1955. Sin embargo, las
discrepancias entre los sectores de derecha e izquierda dentro del MNR, deciden
a Víctor Paz Estenssoro a presentar su propia candidatura como “factor de
unidad”. Guevara Arze se va del movimiento y crea el Partido
Revolucionario Auténtico. Paz Estenssoro triunfa por amplio margen y llega por
segunda vez a la presidencia.
La entidad realizadora de la Revolución Nacional excedió en
complejidad y magnitud a un partido. Fue todo un movimiento. Formas residuales
del nacionalsocialismo; incipientes y tímidas adaptaciones del marxismo a la
realidad indoamericana; nostálgicas y literarias versiones bolivianas del
indigenismo y una fuerte intuición del nacionalismo revolucionario convivieron
ilusoriamente unidos durante algún tiempo, aceptaron un pacto de no agresión
después y terminaron divorciándose conscientemente poco tiempo antes de su
deceso. La presencia de un intracuerpo de clara conciencia socialista, agresivo
y algo utópico, no pudo impedir, a pesar de constituir una suerte de alegre
secta depositaria de una ortodoxia más emotiva que racional, el que los
sectores proclives al adormecimiento burgués terminaran por enervar el espíritu
revolucionario de todo el movimiento. Los falsos monederos de la Revolución,
por su parte, pusieron en circulación un valor adulterado: la anarquía en lugar
del orden revolucionario.
Paz Estenssoro y la defunción del MNR
El abogado tarijeño decide que después de los grandes
cambios ha llegado la hora de institucionalizar la revolución. Para algunos
dirigentes del MNR el ejemplo a seguir es el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), de México. La primera medida del mandatario es la
redacción de una nueva Constitución en 1961. El documento reafirma el voto
universal, considera las minas nacionalizadas como patrimonio del Estado y
reconoce las milicias populares. Pero, a diferencia del modelo mexicano,
establece la reelección.
A tono con la época, Paz Estenssoro cree en el desarrollismo
con planificación estatal. En la vecina Argentina, el presidente
Arturo Frondizi (1958-1962) ha intentado aplicar esa doctrina
económica hasta que resulta derrocado por los militares. La crisis de COMIBOL,
que padece atraso tecnológico, grandes pérdidas y altos costos de producción
por su excesiva burocracia, conduce a un intento de reestructuración con la
participación del Estado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
gobierno alemán. En 1962 se anuncia el Plan Decenal, el primer programa
económico que plantea el desarrollo del país en el largo plazo y establece el
concepto de “lucha contra la pobreza”.
En los últimos doce años la asistencia económica de Estados
Unidos es decisiva y, a la larga, fatal. Comienza en 1953 como “donaciones” y
en la década de los ‘60 ya son créditos. Bolivia se hace totalmente
dependiente. Se da el caso, por ejemplo, que el gobierno recurra a esos
préstamos para pagar los sueldos de los empleados públicos.
El personalismo de Paz Estenssoro es su ruina. Convencido de
que es el único que puede conducir el Plan Decenal, en 1964 se plantea la
reelección. Hernán Siles Suazo y el líder minero Juan Lechín Oquendo, apoyados
por Walter Guevara Arze, expresan su desacuerdo y el MNR se divide nuevamente.
A pesar de todo, Paz gana los comicios con el general René
Barrientos Ortuño como candidato a vicepresidente. Pero demasiados años de
gobierno, el abandono de muchas de las banderas nacionales y populares del
movimiento, algunos casos de corrupción oficial y cierto alejamiento de los
mineros, acaban con su gobierno a los tres meses. El 4 de noviembre es
destituido por Barrientos y el general Alfredo Ovando Candia, quienes cuentan con
el respaldo de las Fuerzas Armadas, la oposición interna del MNR y sectores de
la clase media.
En Bolivia todo gobierno vive constantemente la víspera de
su derrocamiento […]. Entre el 9 de abril de 1952 y el 4 de noviembre de 1964
se opera un proceso que es común a todos los países neocoloniales: el rápido
aburguesamiento de los partidos populares en el ejercicio del poder. […] Los
gobiernos del MNR, en su tránsito de la Revolución a la contrarrevolución,
fueron segregando, capa a capa, una oposición formada por la izquierda
expulsada de su seno. Ésta, en su éxodo, se llevó consigo la causa de la
Revolución, lejos de las manos heréticas más ocupadas en aferrarse al aparato
administrativo que en sostener la empresa revolucionaria
¿Y la oposición de derecha? Una parte de ella, la
conservadora, opuesta al MNR por lo que de revolucionario hubo en él, terminó
asociándose con los saldos de ese partido en ejercicio precario de un poder
que, bajo el pretexto de institucionalizar el proceso revolucionario, había concluido
por suplantarlo subrepticiamente por un orden político de derecha
[…] Por una ley natural de la política los grupos en
ejercicio del gobierno sufren un desgaste progresivo e inevitable a cuyas
expensas se fortalecen uno o varios grupos de oposición. Legiones de hombres
que periódicamente abandonan al partido desertor de su causa para alistarse en
otro y librar una nueva batalla. Si el MNR del año 1952 fue una enorme fuerza
popular y concluyó siendo impopular el año 1964, tenemos que preguntarnos por
el partido o partidos que crecieron en la medida que él decreció. Claro está
que ninguno acusó un grado de fortalecimiento proporcional al debilitamiento
del MNR […].
¿Dónde se fueron los que un día estuvieron en ese
partido? ¿Dónde se han albergado esas multitudes otrora exultantes y hoy
silenciosamente desencantadas? […] ¿A qué partido confiaron la conducción del
proceso revolucionario desvirtuado por su propio partido? A ninguno. La gran
masa revolucionaria aguarda a la intemperie política […].
Esta es la causa eficiente de ese gran vacío político
resultante del deceso del MNR. Sin embargo, de esta certidumbre me asiste otra
sin la que resultaría inexplicable la calidad de ese vacío: el fracaso de ese
partido es, también, el fracaso de la nación. Si el MNR fue grande es porque el
pueblo que lo potenció con su confianza se agigantó en uno de esos súbitos
crecimientos de vitalidad política en que la historia es avara. La causa de la
Revolución fue causa de la nación; la derrota del MNR es, también, una derrota
nacional.
El modelo que Paz Estenssoro quería instaurar en Bolivia
en 1964, a imagen y semejanza del Partido Revolucionario
Institucional mexicano, fue como intentar el trasplante de un páncreas en el
cuerpo de un paciente que necesita con urgencia un pulmón. El PRI, luego de ir
abandonando paulatinamente la orientación nacional, popular y revolucionaria
del general Lázaro Cárdenas y antes de su hecatombre en julio de 2000, ejerció
el poder durante más de 70 años: superó en permanencia al Partido Comunista de
la Unión Soviética, lo cual es un récord mundial. Paz Estenssoro gobernó apenas
90 días. Su caída en 1964 representó la defunción del MNR aunque sus estertores
se prolongaron hasta 1985-1989.
El general de aviación René Barrientos Ortuño asume el
gobierno apoyado por una coalición de inclasificable signo político.
Los partidos de la ultraderecha, liberales, republicanos,
falangistas, socialdemócratas y elementos del MNR adictos a Hernán Siles Zuazo,
Walter Guevara Arze y Juan Lechín Oquendo se vieron envueltos en una “santa
alianza”. El inefable PIR salió de la tumba [...]. Ese apoyo se registró en el
“comité revolucionario del pueblo”, una especie de contubernio de derechistas y
aventureros “de izquierda” unidos en la tarea de imponer la dictadura más
sanguinaria y rapaz.
El besuqueo y los halagos entre los ilusionados políticos y
los militares no durarían mucho. Los militares dejaron claro que no llamarían a
elecciones ni entregarían el poder a los civiles. A los seis meses del golpe la
verdadera imagen del gorila se hizo presente: en mayo de 1965, Barrientos
Ortuño se presenta en el Palacio Quemado cubierto con una boina verde.
La brutalidad de la figura, la “boina verde”, era peor que
si el mismo embajador [Douglas] Henderson en persona estuviese dando órdenes.
Barrientos, centinela del Palacio Quemado
René Barrientos, general de bajo vuelo originario del
pequeño valle de Tarata (Cochabamba), egresado como piloto en Estados Unidos en
1945, es pro norteamericano declarado y líder indiscutido dentro de las Fuerzas
Armadas.
En la revolución de 1949, el oficial participó a favor del
MNR, por lo que fue dado de baja. Se reincorporó con el grado de capitán en
1952. Cinco años después, cuando se crea la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), era
general y fue nombrado comandante en jefe de la aviación militar.
Aunque quizá resulte contradictorio para quienes no han
seguido de cerca la historia boliviana, los campesinos también son la base de
apoyo social de Barrientos, quien habla a la perfección el quechua y es un gran
bebedor de chicha, una bebida alcohólica fermentada que ya se consumía en
la era prehispánica. Pero mientras se abraza con los campesinos, en 1967
masacra a los mineros. Los propios generales, coroneles y teniente
coroneles hacen de él un líder, porque encuentran un instrumento fácil para
cristalizar sus aspiraciones de clase media frustrada y constituirse en los
intermediarios de la metrópoli dominante, sustituyendo a la burguesía en el
ejercicio del poder:
Las Fuerzas Armadas se vieron dentro del Palacio de Gobierno
en el papel de un centinela que cuida una casa deshabitada en la que todos
quisieran entrar sin que a sus ojos nadie pudiera exhibir un título de
propiedad saneado. A falta de un vigoroso partido político o de una fuerte
conjunción de partidos que llenaran, aunque fuese precariamente, el vacío
producido por el deceso del MNR, algunos personeros de la institución armada
pensaron de su deber ocupar temporalmente el puesto de los partidos y otros
juzgaron llegada la oportunidad de suplantarlos indefinidamente. Unos, en lo
que creían el cumplimiento de un deber institucional, ingrato y riesgoso; otros
con menos estoicismo que placer, en lo que juzgaban el oportuno aprovechamiento
de una circunstancia propicia, lo cierto es que las Fuerzas Armadas aparecieron
institucionalmente interesadas en llenar el gran hueco cívico-político.
Los militares saben que no deben permanecer indefinidamente
en el poder, pero no quieren traspasar el gobierno a ningún partido o frente
político que altere sus privilegios. Entonces juegan, como en el billar, a dos
bandas para hacer una carambola indirecta. Por un lado, simulan un retroceso
gradual; por otro, consolidan las posiciones conquistadas. La persona más
adecuada para representarlos es Barrientos:
¿Acaso su reciente militancia en el MNR no había desteñido
en él dejándole una vaga y engañosa coloración revolucionaria que, unida a su
condición de miembro de la institución protagónica de la subversión, le
permitiría presentarse simbolizando la rectificación revolucionaria con el
propósito de mimetizar la contrarrevolución? No hay duda: era el hombre
adecuado.
[…] Esta habilidad para propiciar y utilizar la fuerza
resultante de la fricción entre dos tendencias contrapuestas, había dado
sorprendentes pruebas a lo largo de su carrera política y militar. En efecto,
su condición de militante del MNR le permitió culminar una carrera meteórica
dentro de las Fuerzas Armadas, en ese entonces sometidas al partido de
gobierno; y su condición de militar, en la hora agónica de ese partido, cuando
ya no podía permitirse el lujo de desairar a la institución de la que dependía
su estabilidad, le permitió la candidatura vicepresidencial. Un tiempo después,
cuando de vicepresidente constitucional se convirtió en presidente “de facto”,
continuó usando este juego ambidextro. Usó de su carácter de miembro prominente
de la institución armada posesionada del poder, para imponer su candidatura al
civilismo, y utilizó también su condición de político conductor del
sindicalismo campesino armado que su militancia en el partido al que derrocó le
permitió, para imponer su candidatura dentro de su propia institución.
Barrientos tiene un afán desmedido por acumular poder,
propiedades urbanas, fincas, vehículos, dinero, acciones y hasta mujeres.
Inventa historias para reforzar su anticomunismo. A su regreso de un viaje a
Estados Unidos, por ejemplo, relata en conferencia de prensa que “al sobrevolar
la isla de Cuba, pudo comprobar la mala calidad de las carreteras cubanas y lo
rudimentario de sus sembradíos”. Funcionarios de gobierno, periodistas y simples
ciudadanos ocultan sus sonrisas. Es obvio que por la ventanilla de un avión, a
miles de metros de altura, es imposible comprobar esos detalles. Cuando
enfrenta alguna crisis en el gabinete, afirma encogiéndose de hombros: “Yo
puedo gobernar sin gabinete”.
El militar es brazo ejecutor de la estrategia norteamericana
en Bolivia a través de concesiones, inversiones y negociados. El Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
aumentan su control sobre la economía del país. Las principales casas
financieras de Estados Unidos, como el Bank of America y el First National City
Bank, abren sucursales. La Gulf Oil Company se apropia del gas boliviano,
participa en los planes de exploración de nuevas zonas petrolíferas en el
altiplano y se integra al proyecto de gasoducto hacia Argentina. La compañía
estadounidense Phillips Brothers recibe la concesión de la mina Matilde, la
segunda reserva de zinc más grande del continente.
El general aviador crea su propio y bien armado cuerpo
represivo: las Fuerzas Unidas de Reordenamientos Móviles para Preservar el
Orden y el Desarrollo (FURMOD), integrado por Fuerzas Especiales que dependen
directamente de la Presidencia.
Antonio Arguedas, ex ministro del Interior de Barrientos y
ex militante comunista, denunciará posteriormente que los servicios de
seguridad del estado estaban controlados por la Agencia Central de Inteligencia
(CIA). Oficiales estadounidenses participan en interrogatorios, asesinatos y
desapariciones de dirigentes sindicales. La representación militar de Estados
Unidos instala una base cerca del aeropuerto internacional de El Alto de La
Paz, bautizada popularmente como “Guantanamito”, en referencia a Guantánamo, la
base norteamericana en territorio cubano.
Los “voluntarios” norteamericanos del Cuerpo de Paz
suministran anticonceptivos a las mujeres nativas como si fueran golosinas e,
incluso, practican intervenciones quirúrgicas de esterilización. Este es el
tema central de la película boliviana Yawar Mallku (“Cóndor
sangrante”), de Jorge Sanjinés, premiada en el Festival de Venecia en
1969.
En febrero de 1967 se aprueba una nueva Constitución que
elimina las milicias populares y la reelección. El hecho más trágico de esta
etapa es la matanza en la mina Siglo XX durante la madrugada de San Juan, el 24
de junio de ese año.
La masacre de la Noche de San Juan
El 3 de junio de 1967, los sindicatos mineros de Siglo XX y
Catavi deciden un paro de 24 horas y una manifestación pacífica hacia Oruro.
Piden la derogación de un código que los condena a 16 horas de trabajo
diario por 80 dólares mensuales y se plantean dos objetivos: por un lado,
aspiran a que el régimen militar los reconozca como gremio; por otro, quieren
crear una organización de trabajadores que asuma en parte las funciones de la
Central Obrera Boliviana, cuyos dirigentes están en la cárcel o prófugos.
Pero la empresa de Catavi, que conserva la tradición
patronal instaurada por Simón Patiño y continuada por Antenor, sabotea la
manifestación. Ordena que todos los camiones de la firma salgan del distrito
para impedir que sean utilizados en la marcha. Además, contrata automotores
pesados de particulares y también los manda fuera. Los comerciantes del lugar,
temerosos, ocultan algunas piezas de sus vehículos para evitar que sean
decomisados por los obreros.
Los mineros, ejército sin armas, quedan a pie. Entonces
se dirigen a la estación de ferrocarril y ponen en marcha un tren. Ignoran que
están bajo la vigilancia encubierta de los militares. Cuando el convoy está
cerca de la localidad de Huanuni, el maquinista descubre que las vías han sido
cortadas y se ve obligado a frenar bruscamente para no descarrilar. Los
trabajadores bajan del tren, caminan en orden hasta la próxima estación,
realizan una acalorada asamblea y declaran “territorios libres” a los distritos
de Catavi, Siglo XX y Huanuni. En determinado momento proponen el apoyo minero
a la guerrilla de Ernesto Che Guevara en la selva de Ñancahuazú. (El
guerrillero argentino-cubano había llegado clandestinamente a Bolivia en 1966
para organizar un foco rural que se expandiera en todo el sur del continente.
Se estableció en Santa Cruz, cerca del Río Grande. El contingente es de 52
hombres, la mayoría cubanos. Entre marzo y julio de 1967 los insurgentes causan
varias bajas al ejército, que pasa a ser entrenado por oficiales de
los boinas verdes norteamericanos y crea la unidad especializada de
los rangers).
Los mineros deciden realizar una asamblea ampliada los días
25 y 26 de junio en el sindicato de Siglo XX. Pero la dictadura se les
adelanta:
La noche del 24 de junio es la más fría del año. […] El
viento gélido de la montaña hace gemir a la paja brava. La helada cae sobre la
hierba, la lame, estruja y quema. Decir “el frío quema” es más que una simple
figura literaria. […]
Nadie en una noche como esa se atrevería a salir descubierto
y mal arropado. El frío de la noche invernal, el 24 de junio, parte la piedra
(khalajasaya). Esa noche todos se dan a la tarea de combatir el frío. El pueblo
enciende fogatas, quema los trastos viejos, prende ofrendas a los hados, “ve el
futuro en cera o estaño derretido” […]. Pero a veces se presenta el signo de la
muerte amenazante, estremecedor. Mientras se quema afuera también “se enciende
adentro”, y la gente busca el calor del alcohol. Entre saltar fogatas, disparar
cohetes y camaretas o beber ponches se permanece hasta altas horas.
En ese pasar despreocupado en que se encontraban los
trabajadores y sus familias, no se notó la presencia de extraños que nada grato
anunciaban. Las tropas iniciarían los primeros movimientos para descolgarse
sobre el campamento minero. Sigilosamente tomaron posición de los lugares
estratégicos y bajaron en estado de apronte con el dedo en el gatillo.
[…] En pocos instantes el campamento estaría convertido en
un infierno. Se disparó a quemarropa contra personas indefensas, mujeres,
niños, enfermos. La población que dormía confundió los disparos de fusil con
los cohetes y camaretas de la Noche de San Juan.
Nadie estuvo prevenido ni pudo dar la alarma; tampoco hubo
resistencia: el desconcierto fue total. Se mató a mansalva, despiadadamente.
Cada casita con techo de calamina se convirtió en objetivo militar, cada sombra
en enemigo. […] Mujeres en estado de gravidez volaron a morterazos Enfermos que
no podían abandonar la cama sintieron la muerte venir mientras se iban
desangrando sin auxilio.
El objetivo del ejército es llegar al local del sindicato y
va arrasando todo a su paso. La empresa, avisada del plan militar, ordena
cortar la electricidad a las 5:10 de la mañana. La sirena de alarma queda en
silencio. La radioemisora de los mineros tampoco puede dar aviso. A las 5:15,
soldados y guardias nacionales toman por asalto la sede de los trabajadores.
Piensan hacer una gran redada, pero casi todos los dirigentes han logrado
escapar. Sólo hallan al periodista Julio Rentería, director de la radio La Voz
del Minero, quien les dice que es un reportero que se encuentra de paso, y al
sindicalista Rosendo García, que los enfrenta a balazos, mata a un oficial y
hiere a tres soldados antes de caer herido. Más tarde lo fusilan dentro del
local.
El resultado del operativo es de 27 muertos y más de 80
heridos. Entre los asesinados hay un niño de ocho años y otro de once, una
madre de familia, dos jóvenes campesinos indígenas, una muchacha de dieciocho
años, un vigilante nocturno de la empresa, un minero con silicosis muerto en la
cama...
La masacre provoca una ola de indignación popular. Los
responsables de la matanza divulgan versiones contradictorias. El jefe del
operativo, general Amado Prudencio, comandante de la división acantonada en
Oruro, sostiene en un comunicado que el ejército fue atacado “por elementos
ebrios con armas de fuego y dinamita, y tuvo que reaccionar en defensa propia”.
Antonio Arguedas, ministro del Interior, emite otro comunicado: “Los mineros,
en estado embriaguez, asaltaron el local de la Policía Minera. Ante esta
situación la Guardia Nacional pidió la colaboración del ejército”. El general
Alfredo Ovando Candia, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, desmiente a
Prudencio y Arguedas: afirma que los trabajadores atacaron el cuartel de
Lagunillas y fueron repelidos. Pero el coronel Alfonso Villalpando,
participante de la masacre, declara que el ataque fue por sorpresa y tira abajo
todas las versiones anteriores. Finalmente, todos se ponen de acuerdo para dar
la misma versión: los obreros se estaban organizando para apoyar a la guerrilla
del “Che” Guevara.
Después del entierro de las víctimas, 21 trabajadores son
apresados y enviados al campo de concentración de Alto Madidi, una inhóspita
región en la selva amazónica, cercana a la frontera con Perú.
En julio una emboscada militar extermina a una de las dos
columnas insurgentes del “Che” y en septiembre el cerco deja aislado al
comandante guerrillero. El 8 de octubre, los rangershieren y capturan
a Guevara en Ñancahuazú. Al día siguiente, es asesinado por un
suboficial por orden del presidente Barrientos. El intento del “foco” rural es
aniquilado.
El 27 de abril de 1969, en una de las visitas semanales de
Barrientos a Cochabamba, el helicóptero que lo transporta choca contra cables de
alta tensión y se precipita a tierra. Lo sucede el vicepresidente, Luis Adolfo
Siles Salinas, medio hermano del ex presidente Hernán Siles Suazo. El nuevo
mandatario sólo durará cinco meses en el gobierno.
Un año antes de la muerte de Barrientos, Marcelo Quiroga
Santa Cruz ha elaborado el siguiente “escenario” político a futuro:
1. El gobierno del general Barrientos ha sufrido un
deterioro político que induce a pensar, razonablemente, en que su estabilidad
está comprometida (nótese que evito mencionar el grado de deterioro e
inestabilidad, aspecto cuantitativo que se presta a la discrepancia, y me
limito a consignar la insolvencia y desprestigio políticos en su significación
cualitativa).
2. Si ello es cierto, debe pensarse en la probabilidad de
que su periodo [presidencial] sea interrumpido.
3. Pero como estas interrupciones exigen el concurso de una
entidad extraña al gobierno mismo, aunque sólo fuese en el carácter de
involuntaria reemplazante, tenemos que mencionar a las dos únicas previsibles:
las fuerzas armadas y el pueblo.
4. Como, al parecer, no están dadas las condiciones
objetivas para una insurrección popular, podemos conjeturar que a pesar del
desgaste político sufrido por las Fuerzas Armadas, éstas desempeñarán por algún
tiempo más el papel protagónico de la política.
5. Si el próximo gobierno fuese “de facto” y militar, la
transitoria permanencia de las Fuerzas Armadas en el poder, dada la experiencia
adquirida, sería, probablemente, más breve que la anterior. Al terminar este
breve interregno, convocarían a elecciones generales.
6. De las elecciones convocadas por una Junta Militar
surgiría triunfante (esto es previsible y por razones obvias), un miembro de
las Fuerzas Armadas al que rodearía un grupo político civil […].
Salvo la muerte de Barrientos que, obviamente, Quiroga Santa
Cruz no podía prever en 1968, su diagnóstico fue premonitorio.
2. Petróleo, política y poder
Luis Adolfo Siles Salinas es jefe del Partido Social
Demócrata, integrado por alrededor de 50 personas. Se comenta, con sorna, que
son tan pocos que “todos caben en un taxi”. Son “saldos de partidos, dirigentes
que ya nada tenían que dirigir, magníficos y terribles exponentes del proceso
de jibarización cívica y cultural que todo lo reduce en nuestra nación a
miniaturas en las que parece concentrarse, inútilmente nostálgico, el espíritu
de un organismo muerto”.
Sin embargo, los miembros del PSD, conocido como “el partido
de los abogados”, tienen gran injerencia en la economía boliviana por sus nexos
con empresas nacionales y extranjeras. Son accionistas, asesores legales o
jefes de relaciones públicas de bancos y compañías estadounidenses dedicadas a
la explotación del petróleo y la minería. Muchos están vinculados al Banco
Industrial (fundado con capital norteamericano), la Gulf Oil Company y el Banco
Minero de Bolivia. También tienen alguna relación con los ex “barones del
estaño” Patiño, Hochschild y Aramayo. El mandatario “por accidente” carece
de poder real y se mantiene bajo la influencia del general Alfredo Ovando
Candia, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Respeta la Constitución,
disuelve el FURMOD e integra a Bolivia al Pacto Andino.
Siles Salinas tiene intenciones, sin embargo, de retornar a
los viejos tiempos: un gobierno civil, con un falso barniz democrático, al
servicio de la Rosca. Pero no es la persona indicada, ni el momento
adecuado. En esos años, la mortalidad infantil alcanza el 99 por mil. La
expectativa de vida es de 40 años. El 68 por ciento de la población mayor de 15
años no sabe leer ni escribir. El ingreso anual per cápita es 160 dólares, el
más bajo de América Latina.
El Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas
Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de
1969, Ovando toma el poder. Siles Salinas es destituido sin violencia
y, poco después, parte al exilio en Chile. El general Juan José Torres, jefe
del Estado Mayor y compañero de promoción de Ovando en el Colegio Militar,
secunda al nuevo presidente de facto. Ambos coinciden en que es necesario
retomar las banderas abandonadas por el cada vez más fragmentado MNR.
El documento base de los golpistas renovadores se
titula Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación. Plantea
un proyecto nacionalista, popular y democrático. Señala que los militares “se
ponen al servicio de la Revolución y comprometen su concurso en la lucha por la
justicia social, por la grandeza de la Patria y por la auténtica independencia
nacional, hoy en riesgo de zozobrar por el sojuzgamiento extranjero”. Aunque
indirecta, la referencia a Estados Unidos es obvia. Las Fuerzas Armadas se
proponen luchar contra la anarquía interna y la dependencia externa. Afirman
que es necesaria “una rápida y profunda transformación de las estructuras
económicas, sociales, políticas y culturales, para enfrentar la dependencia, la
pobreza, la desorientación y la vietnamización de Bolivia y de una nueva y
estéril inmolación fratricida”. Se declaran a favor de una economía con
propiedad privada, estatal, mixta, cooperativa y comunitaria. En un párrafo
significativo, el pronunciamiento expresa que la oficialidad encomienda al
general Alfredo Ovando Candia la organización de un gobierno revolucionario
civil-militar y la integración de los trabajadores, campesinos, intelectuales y
soldados, en la gran línea del nacionalismo económico, la justicia social y el
desarrollo liberador”.
Palabras más, palabras menos, este último párrafo recuerda a
las tres consignas del peronismo en Argentina: justicia social, independencia
económica y soberanía política. El documento pasa a ser conocido simplemente
como “El mandato”.
Más atrás se mencionó la influencia que quizá ejerció en
cierta oficialidad boliviana el ensayo Prusianismo y socialismo, de Oswald
Spengler, sobre todo en los partidarios del “socialismo militar” de la década
del ‘30. Tres décadas después, algunos analistas comenzaron a mencionar la
“histórica unidad cívico-militar”. Una revista argentina afirmó: “En Bolivia,
el ejército ha estado unido siempre al pueblo y hasta los civiles intelectuales
estudian en el Instituto de las Fuerzas Armadas, desde que éste se fundara con
Vicente Rojo”[25].
El general español Vicente Rojo Lluch fue profesor en la
Academia Militar de Bolivia de 1943 a 1956. Es decir, enseñó durante
trece años, desde el gobierno de Gualberto Villarroel hasta la primera
presidencia de Hernán Siles Suazo. Algunos de sus biógrafos lo definen como
“conservador”, otros como “demócrata moderado” y otros más como “apolítico”. En
todo caso, era un profesional altamente calificado y veterano de guerra. El
militar exiliado, quien había combatido del lado republicano durante la Guerra
Civil de España (1936-1939), reivindicaba “mi honor de soldado, mi calidad de
español y mi fe de creyente”[26].
Rojo Lluch se graduó de subteniente en 1914 y obtuvo el
cuarto lugar en una promoción de 390 cadetes. En 1922, con el grado de capitán,
fue uno de los redactores de los planes de estudio de las asignaturas de
Táctica, Armamento y Tiro para la Academia Militar de Zaragoza. Al año
siguiente, fue destinado a la Academia de Infantería como profesor de Táctica,
función que ejerció hasta 1932, cuando ingresó a la Escuela Superior de Guerra
para realizar el curso de Estado Mayor. Ascendió a mayor en febrero de 1936.
Cuando en julio estalló la guerra civil, se mantuvo fiel a la República a pesar
que la mayoría de sus camaradas se habían unido al levantamiento del general
Francisco Franco. Desde entonces y en pleno enfrentamiento, fue ganando puestos
en el escalafón. En octubre le otorgaron el grado de teniente coronel y al mes
siguiente, durante la ofensiva franquista contra Madrid, fue nombrado jefe del
Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, bajo el mando del general José Miaja.
Rojo preparó un eficaz plan de protección de la ciudad, que evitó su caída. A
partir de entonces aumentó su fama como estratega y se transformó en uno de los
héroes militares de la defensa de la capital. En marzo de 1937 ascendió a
coronel y en mayo fue nombrado Jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas
Armadas y jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. En octubre ya era
general.
En febrero de 1939, cuando cayó Cataluña, el militar se
exilió en Francia y luego en Argentina, donde vivió hasta 1943. Ese año aceptó
el ofrecimiento del gobierno de Bolivia –que le reconocía su grado de general–
para organizar y dirigir la cátedra de Historia Militar y Arte de la Guerra en
la Escuela de Estado Mayor.
Vicente Rojo, que residía en Cochabamba, regresó a España en
1958, donde falleció ocho años después. El diario El Alcázar, órgano de
los ex combatientes nacionalistas, destacó el prestigio que conservaba entre
los militares por su capacidad profesional. Una delegación de la Falange
asistió al sepelio, como un acto de reconocimiento al antiguo adversario. El
estratega escribió tres libros: ¡Alerta los
pueblos! (1939), ¡España heroica! (1961) y Así fue la
defensa de Madrid (1967).
Un gabinete cívico-militar
Con el incruento golpe de Estado del general Alfredo Ovando
Candia en septiembre de 1969, la revolución “congelada” de 1952 parece tomar un
nuevo impulso. Luego de conocerse “El mandato”, algún entusiasmado sector de la
izquierda llega a considerar a las Fuerzas Armadas como “vanguardia
revolucionaria del proletariado en la lucha por la liberación nacional y
social” [27].
Rápidamente, Ovando organiza un gabinete mixto con
militares y jóvenes intelectuales provenientes de la Democracia Cristiana, el
socialcristianismo y el MNR “de izquierda”, entre los que se destacan Alberto
Bailey Gutiérrez, José Ortíz Mercado, Mariano Baptista Gumucio y
Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El general Juan José Torres es designado comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas. Aunque en su juventud ha sido simpatizante de la
Falange Socialista Boliviana y más tarde participó en la campaña militar contra
la guerrilla del “Che” Guevara, el oficial es partidario de una apertura
democrática en la que participen los mineros y los campesinos. Dos reconocidos
generales latinoamericanos que en 1968 tomaron el poder en sus respectivos
países han pasado por experiencias semejantes: el peruano Juan Velasco Alvarado
(1910-1977) y el panameño Omar Torrijos (1929-1981), tuvieron participación
contrainsurgente.
El filósofo, literato y periodista Bailey Gutiérrez es
nombrado ministro de Información. Se ha destacado por la defensa de los
recursos naturales de Bolivia y las críticas contra Barrientos desde su columna
en el diario católico Presencia, de la Paz.
Ortíz Mercado, originario de Santa Cruz de la Sierra y de
sólo 29 años, dirige el ministerio de Planificación. Es un politólogo con una
rigurosa formación económica, que durante los tres años anteriores ha sido
diputado nacional por el departamento de Oruro, con la mínima edad legal para
el cargo electivo. Será el autor de la Estrategia Socio-Económica del
Desarrollo Nacional 1971-1991, que aún hoy muchos consideran el documento más
importante de planificación económica en la historia de Bolivia. A diferencia
de todos los estudios anteriores –y muchos posteriores– que sostienen que
el país sólo podrá avanzar a través de la ayuda externa, el plan de Ortíz
Mercado afirma que el esfuerzo interno es el principal motor para salir de la
miseria.
El periodista e historiador Baptista Gumucio, nacido en
Cochabamba, de 36 años y apodado “el mago”, queda al frente de Educación y
Cultura. Considera que “la historia contemporánea de Bolivia arranca
en 1930” y desde muy joven ha ocupado diversos puestos: secretario
privado de Paz Estenssoro (1953-1956), ministro consejero de las embajadas de
Bolivia en el Vaticano y Gran Bretaña (1957-1959), candidato a vicepresidente
por el MNR en las elecciones de 1966. Ha publicado dos libros en
1965: La guerra final y El mundo desde Potosí. Su
ensayo Los días que vendrán. América Latina, año 2000 ganó el
concurso cochabambino de Literatura y Ciencias en 1967.
Quiroga Santa Cruz, de 38 años, es el nuevo ministro de
Minas y Petróleo.
Cabeza fría, corazón caliente
Quiroga ha nacido el 13 de marzo de 1931 en Cochabamba,
capital del departamento del mismo nombre y tercera ciudad en importancia
económica de Bolivia. El nombre viene del
dialecto quechua: cucha (lago)
y pampa (planicie). Cochabamba está ubicado en el centro
geográfico del país, a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar.
En esa región atravesada por la Cordillera de los Andes se combinan el frío
extremo del altiplano y el calor ardiente de la llanura. Esta característica
climática es adecuada como metáfora para describir al joven ministro: la “cabeza
fría” del altiplano, intelectualmente brillante, y el “corazón caliente” de la
llanura, que lo impulsa hacia la lucha social.
El nuevo titular de Minas y Petróleo pertenece a una familia
de clase alta y buena situación económica. Su padre, José Antonio
Quiroga, ha sido ministro del presidente Daniel Salamanca. El joven se
forma en Bolivia y en Chile. Estudia Derecho y Filosofía y Letras. Se interesa
por el teatro y el cine documental. No concluye ninguna carrera, pero no por
inconstancia sino por una avidez de conocimientos que lo lleva de una
disciplina a otra. Como autodidacta, logra una solidez intelectual que asombra
a quienes entablan relación con él.
En 1957, cuando tiene 26 años, publica su novela Los
deshabitados. Es una obra que describe una sociedad rural, todavía feudal, y
clerical. El trasfondo es la revolución nacionalista instaurada en Bolivia en
abril de 1952, mientras el protagonista se debate entre la religión y el
anarquismo. Algunos críticos comparan su estilo con el de Albert Camus y,
posteriormente, la narración es considerada “una temprana premonición de su
vida y muerte”. En 1962, Los Deshabitados recibe el Premio a la Novela
Iberoamericana que otorga la Fundación William Faulkner. Con su primera obra,
Quiroga es el único escritor boliviano galardonado con ese premio, que comparte
nada menos que con el brasileño Graciliano Ramos, el guatemalteco Miguel Ángel
Asturias, el paraguayo Raúl Roa Bastos, el peruano José María Arguedas y el
uruguayo Juan Carlos Onetti, todos autores ya reconocidos.
Marcelo Quiroga fue director del diario El Sol, de La
Paz (1964-1965). En la época de la guerrilla del “Che” Guevara, se desplaza
hacia una ubicación cercana al socialismo. Es así como resulta electo diputado
nacional.
En su etapa de legislador durante el régimen de René
Barrientos, escribe: “La mayoría oficialista nos lleva a la convicción casi
cotidianamente de que el Parlamento es, hoy día, una especie de institución
residual demoliberal absolutamente ineficaz e indigna de la representación
popular. Con frecuencia los parlamentarios que hemos tomado con más buena
voluntad que acierto la defensa de los intereses populares y nacionales,
salimos con amargura y honda decepción de sesiones que terminan al amanecer y
de las que la prensa da escasa cuenta a la opinión pública” [28].
En 1965 publica el ensayo El Sistema de Mayo, una
denuncia contra Barrientos por permitir la apertura ilimitada a la inversión
extranjera que le facilitó a la Gulf Oil adueñarse de más 90 por ciento de las
reservas energéticas. En octubre del año siguiente, interpela al ministro de
Minas y Petróleo durante más de nueve horas a causa del elevado costo de
construcción del oleoducto Sica Sica-Arica, para transportar petróleo hacia
Chile. Después impulsa un juicio contra el dictador por tolerar que agentes de
la CIA intervinieran en la persecución y el asesinato del “Che” Guevara. Como consecuencia
de esa iniciativa, es expulsado del Parlamento y confinado en un campo de
concentración en Alto Madidi, húmeda región amazónica cercana a la frontera con
Perú. Su padre, a quien le informan que Marcelo ha sido asesinado, muere en
Cochabamba de un infarto.
El joven Quiroga ha recibido la fuerte influencia de un
coterráneo: el abogado y escritor Sergio Almaraz Paz, nacido en Cochabamba
en 1928, hijo de un profesor de química.
Almaraz, uno de los más lúcidos pensadores bolivianos, había
sido miembro del Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR). En 1950,
considera que el PIR se distancia cada vez más de los sectores populares y
crea, junto con otros jóvenes, el Partido Comunista de Bolivia (PCB). Seis años
más tarde, rompe también con este partido en desacuerdo con la subordinación a
la política internacional de la Unión Soviética. El alejamiento del PCB le
permite aproximarse al nacionalismo revolucionario y dedicarse al estudio de
cuestiones estratégicas como el petróleo y el estaño. En esa etapa, publica dos
libros: Petróleo en Bolivia (1958) y El poder y la caída. El
estaño en la historia de Bolivia (Premio Municipal de Literatura y
Ciencias, Cochabamba, 1966), posiblemente su mejor trabajo.
El escritor encabeza a una serie de jóvenes intelectuales
que en la década de los ‘60 toma como bandera de lucha la defensa los recursos
naturales del país. Entre ellos se cuentan Marcelo Quiroga Santa Cruz, José
Ortíz Mercado y el sociólogo René Zavaleta Mercado, a quienes, a su vez,
Almaraz admira por sus talentos. Casi todos ellos participan en el Foro
Nacional sobre el Petróleo y Gas, realizado en noviembre de 1967 en
la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. En ese encuentro, Almaraz
sostiene que Bolivia es un país más gasífero que petrolero y propone crear una
industria petroquímica. La planta, en una primera etapa, debería encaminarse a
la producción de fertilizantes y explosivos. Ese mismo año, el escritor ha
fundado la Coordinación de la Resistencia Nacionalista, última organización
política a la que pertenece, que se opone a la dictadura de Barrientos e
impulsa la nacionalización de los recursos naturales bolivianos.
Sergio Almaraz fallece en 1968, a los 39 años.
En el Foro Nacional sobre el Petróleo y Gas, en noviembre de
1967, Quiroga fustiga al gobierno de Barrientos por la inexistencia de una
política energética nacional. El intelectual desmenuza el Código del Petróleo
de octubre de 1955, redactado por el despacho Shuster & Davenport, que sólo
había favorecido a inversionistas extranjeros, especialmente a la Bolivian Gulf
Oil Company.
Como consecuencia de los beneficios que el “código
Davenport” otorgaba a las compañías transnacionales, ingresaron rápidamente a
Bolivia catorce firmas norteamericanas que se apropiaron de casi trece millones
y medio de hectáreas, entre las que se encontraba la Gulf Oil. Esta empresa se
instaló el 23 de mayo de 1956, un año después de promulgado el código, mediante
contratos de financiación de oleoductos que desvalijaron rápidamente a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Poseía más de tres millones y
medio de hectáreas para explorar y explotar el petróleo. El monopolio se
benefició con una reserva de 180 millones de barriles de crudo que, a los
precios de 1967, representaban 540 millones de dólares. También disponía de dos
mil millones de pies cúbicos de gas, valuados en 400 millones de dólares. Para
un país como Bolivia, estas cifras eran astronómicas.
Cuando se desarrolla el Foro Nacional sobre el Petróleo y
Gas, hace más de un mes que el “Che” Guevara ha sido capturado por el ejército
y asesinado en la pequeña población de Higueras, en Santa Cruz de la Sierra. El
régimen de Barrientos, sin embargo, continúa agitando el fantasma de la
guerrilla “castrocomunista”. En su conferencia, Quiroga también se refiere a
este tema:
Hace un tiempo han concluido las guerrillas, hay cinco
sobrevivientes perdidos en la selva; y la consecuencia práctica de la
conclusión del fenómeno guerrillero es que Bolivia, su pueblo –después de seis
u ocho meses en que ha sido embriagado con la anécdota guerrillera, durante
seis u ocho meses en que el gobierno y ciertos voceros han utilizado el
problema guerrillero como un distractivo nacional y aglutinante emocional en
torno del gobierno– ha de volver otra vez los ojos a nuestra pequeña y
dramática realidad doméstica. Como en esos espectáculos de feria en que el
provinciano abre los ojos desmesuradamente ante la mujer de dos cabezas, el
pueblo ha estado también pasmado, y como al hombre de la feria, alguien le
vacía los bolsillos. A nuestro país también le han vaciado sus riquezas
naturales […].
Hay en esa tendencia a la dicotomía en los hombres de
gobierno una necesidad casi compulsiva de dividir al pueblo de Bolivia en dos
grandes grupos humanos. Ellos están, naturalmente, en el mejor de los dos, en
el único digno de vivir en este país: el de los hombres prácticos, el de los
hombres que prefieren la negociación. A nosotros nos sitúan en el conjunto de
los ilusos, de los líricos, de los ellos suelen llamar los “tontos útiles”.
Nosotros aceptamos complacidos esta última definición y retribuimos con otra
que expresa también una verdad: ellos están en el grupo de los “tontos
inútiles”, inútiles al interés del país. Y en esos dos conjuntos humanos, ellos
ven, porque ya es una obsesión, o a los guerrilleros o a aquellos –que para
expresar una metáfora de mal gusto, impropia de un alto dignatario de estado,
aunque naturalmente explicable por ejemplo en labios de la presidenta de una
institución de beneficencia social– de la cruz o de la hoz y el martillo. Ellos
creen que en este país no hay sino, o los guerrilleros o aquellos que combaten
a las guerrillas haciendo Rummy canasta o pintando las paredes con pintura
verde. Y la verdad es que entre los barbudos guerrilleros del sudeste y los
lampiños funcionarios que pululan en la administración pública hay un pueblo a
medio afeitarse. Por ahora esto es resultado de la miseria, pero en unos años
más, de seguir la conducta del gobierno como hasta ahora, será un distintivo de
una posición política [29].
La nacionalización de la Gulf Oil
A sólo 21 días de tomar el poder, la primera decisión del
general Alfredo Ovando es derogar el Código del Petróleo promulgado por Víctor
Paz Estenssoro en 1955.
La medida tiene repercusiones en Argentina. En 1967, bajo el
régimen de Barrientos, habían comenzado las negociaciones para que Bolivia le
vendiera gas al país vecino. Pero la Gulf Oil alegó derechos de propiedad,
frustró el acuerdo y negoció directamente con Buenos Aires. El proceso
desnacionalizador de Barrientos continuó cuando el 28 de abril de 1969 le
otorgó a la compañía estadounidense Williams Brothers la construcción del
gasoducto hacia Argentina. Veinticuatro horas más tarde, el helicóptero del dictador
se estrellaba en Cochabamba.
Poco después de la asunción de Ovando, la dictadura
argentina del general Juan Carlos Onganía envía al capitán de fragata
(retirado) Francisco Manrique a La Paz como inicio de una serie de presiones
económicas y diplomáticas que intentan torcer el rumbo del nuevo gobierno
boliviano. Manrique, un oficial de marina que ha participado del derrocamiento
del general Perón en 1955, promete a Ovando el respaldo de su país a “cambio de
no hacer locuras” con la Gulf Oil. Posteriormente, un semanario de Buenos Aires
suministra a sus lectores una elegante versión de los hechos: “La Argentina
reemplazó solidariamente la garantía de la Gulf ante el Banco Mundial, y adoptó
frente a las dificultades del país hermano una actitud comprensiva dictada por
sentimientos obvios pero también por sus propios intereses: nada de lo que
ocurre en la casa del vecino nos es extraño, y sus problemas pueden afectarnos”[30].
Inmediatamente después de la derogación del Código del
Petróleo, Quiroga comienza a presionar dentro del gobierno para que dé el
siguiente paso: la nacionalización de la Gulf Oil. Es una confrontación con
características dramáticas.
Dentro del gobierno se libraba, desde el principio, una
lucha tenaz, a veces sórdida. […] Es preciso reconocer el mérito de algunos de
los que conformaron el equipo civil del gabinete de Ovando y que se tradujo en
esa lucha cotidiana, ese enfrentarse a un monstruo de las proporciones de Gulf
dentro de un gobierno supeditado al control militar que le impedía romper sus
lazos con el imperialismo. Los representantes de la Gulf en Bolivia lanzaron de
inmediato, a través de sus voceros periodísticos (El Diario de La Paz
y Los Tiempos de Cochabamba), una campaña de desprestigio contra el
ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta campaña oscilaba
entre la calumnia amenazante y la ridiculización cobarde. Pero, obviamente, no
bastaba una campaña periodística. La Gulf sabía que aún era posible evitar la
nacionalización y ejerció toda suerte de presiones dentro del gobierno y,
principalmente, en las Fuerzas Armadas. Primero, ofreció elevar la
participación del Estado en las utilidades de la empresa y luego ofreció
precios más favorables por el crudo que exportaba.
Las maniobras urdidas por Bolivian Gulf Oil Company muestran
hasta qué punto este tipo de empresas se convierten en superestados dentro de
los países a los que explotan y cómo son capaces de movilizar recursos y
comprar conciencias. Por doquier surgieron los simpatizantes de la empresa
norteamericana que recordaban a los militares que un país pobre como Bolivia no
podría acometer la explotación de los hidrocarburos, pues no había el
financiamiento interno necesario. Además –y ésta era una actitud amenazante– se
prevenía sobre la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos,
influido por Gulf, ejercitara una especie de bloqueo económico sobre Bolivia,
aplicando la nefasta enmienda Hickenlooper. La más vil de las tareas realizadas
por los personeros y corifeos de la Gulf, en los momentos previos a la
nacionalización, consistió en dividir a los bolivianos fomentando el
regionalismo y tratando de movilizar a los departamentos que –como Santa Cruz
de la Sierra– producían la riqueza petrolera con el ofrecimiento a esas
regiones de un incremento de regalías, a cambio de que expresaran su oposición
a la expulsión del consorcio petrolero[31].
En 1962, el Congreso de Estados Unidos había aprobado una propuesta
del senador Bourke Hickenlooper, republicano de Iowa, que planteaba suspender
la ayuda económica a los países que nacionalizaran o incautaran sin
indemnización propiedades de capital norteamericano. La llamada Enmienda
Hickenlooper condicionaba la asistencia económica al pago de compensaciones
“rápidas, adecuadas y efectivas”. Sin embargo, esto no impidió en 1968 la
nacionalización de International Petroleum Corporation, filial de Jersey
Standard en Perú, que promovió el nacimiento de Petroperú luego de una
negociación iniciada tres años antes, con el presidente Fernando Belaúnde Terry
(1963-1968). La cuestión terminó con la expropiación, sin indemnizaciones,
decidida por el general Juan Velasco Alvarado, quien llegó al poder el 3
octubre de 1968 luego de un golpe de Estado que instauró un gobierno
nacionalista.
Los militares del gabinete se oponen a la nacionalización de
la Gulf Oil alegando que provocará, como represalia, la aplicación de la
Enmienda Hickenlooper. El general Ovando, hombre introvertido y contradictorio,
escucha los razonamientos de sus ministros pero no expresa ninguna opinión. Uno
de los momentos decisivos de esta pugna se da cuando una parte del pueblo se
lanza a las calles exigiendo la nacionalización. La “primavera” política de
1969 había permitido la reorganización de la Central Obrera Boliviana y el
retorno de varios dirigentes exiliados.
Quiroga Santa Cruz aprovecha el respaldo popular y pasa al
contraataque. Decide jugar su carta más fuerte y, en una acalorada discusión,
jura que si no se aprueba la ley presentará su renuncia. Es lo que menos le conviene
al recién formado gobierno, que aún no ha cumplido un mes en el poder.
El momento era propicio. Ovando había roto las negociaciones
con Gulf y ambicionaba pasar a la historia. […] Al fin, se decidió redactar el
Decreto de Nacionalización que fue firmado por todos los ministros y guardado
bajo llave por el presidente Ovando con el juramento de no revelar el secreto
“hasta el momento oportuno”.
La batalla no estaba aún ganada. Las presiones de Gulf
fueron cada vez más fuertes y Ovando se mostraba cada vez menos decidido a
publicar el decreto. Nuevas discusiones, nuevas argumentaciones, hasta que en
la reunión de gabinete del 16 de octubre de 1969 se decidió abrir el cajón
donde estaba el documento ya firmado y difundir el explosivo decreto.
[…] Todo un mecanismo fue preparado para cumplir con el
Decreto de Nacionalización. Ovando instruyó al entonces comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas, general Juan José Torres, que dispusiera la ocupación
militar de los campos de explotación de la Gulf y las oficinas administrativas
de la empresa. El mecanismo debía echar a andar a las 6 de la madrugada del 17
de octubre y a las 3 de la tarde darse a conocer la medida durante una solemne
ceremonia a realizarse en el Palacio Quemado.
La empresa norteamericana aún jugaba sus últimas cartas,
aunque ignoraba la inminencia del momento histórico. Los ministros civiles,
especialmente aquellos que habían sostenido la lucha tenaz porque fuese dictada
la trascendental medida, decidieron adoptar un plan de seguridad, ya que tenían
informaciones en el sentido de que si la Gulf desbarataba el plan, corrían el
peligro de ser apresados. Esos ministros pasaron prácticamente en vela toda la
noche del 16 de octubre y descansaron en domicilios de amigos en espera de los
acontecimientos y del cumplimiento de la promesa de Ovando [32].
A pesar del poco tiempo para la ejecución, todo sale como ha
sido planeado. A las seis de la mañana, el ejército ingresa a los campos de
explotación de la Gulf Oil en Santa Cruz de la Sierra. A las dos de la tarde,
el propio general Torres ocupa las oficinas centrales de compañía
norteamericana en La Paz. A las tres, las radios bolivianas anuncian la
nacionalización. Una multitud entusiasta sale a las calles y aclama la medida.
Poco más tarde, los miembros del gabinete firman nuevamente, de manera simbólica,
el decreto de expropiación. Por primera vez en mucho tiempo, dirigentes
obreros, universitarios y políticos de oposición, entran a la casa de gobierno
a manifestar su respaldo a la decisión oficial.
Quiroga Santa Cruz es el artífice indiscutido de la nacionalización
de los bienes de la Gulf Oil el 17 de octubre de 1969, que reintegra al Estado
los campos gasíferos.
Los beneficios son enormes para la economía nacional.
Bolivia deja de comprar petróleo a una empresa extranjera y recupera el 90 por
ciento de las reservas de gas que estaban en manos de la Gulf Oil. A pesar de
que ofrece pagar 80 millones de dólares de indemnización, el país gana reservas
gasíferas y petrolíferas por valor de cinco mil millones de dólares, además de
restablecer el mercado argentino para YPFB.
El joven ministro declara a la prensa: “A Bolivian Gulf no
se le pagará ni un centavo de indemnización por el gas ni por el petróleo,
porque ambas riquezas son del pueblo boliviano. Tampoco se pagará indemnización
alguna por las inversiones que la compañía hubiera efectuado en el país, ya que
no nos interesan los gastos en que hubiera incurrido. El problema se reduce a
cancelar el monto relativo al activo fijo que la empresa petrolera deja en
Bolivia, vale decir, indemnizarla por la maquinaria y vehículos que se quedarán
en el país, por sus bienes inmuebles, bombas y plantas de reinyección”[33].
La reacción de los intereses petroleros afectados es
inmediata y en cadena.
El imperio contraataca
La Gulf Oil se resigna a perder las concesiones pero quiere
controlar a toda costa la comercialización de hidrocarburos y, reclama, además,
una indemnización mayor. Por presión de la empresa, se cierran los mercados de
petróleo para las exportaciones bolivianas. Como consecuencia, el campo de Río
Grande debe suspender temporalmente sus operaciones y disminuye la producción
total del país. Se paraliza la venta del crudo en Arica. Se interrumpe la
exportación de gas hacia Argentina y se retienen los materiales para el tendido
del gasoducto Yacuiba, en Tarija, en la frontera con ese país. Por presión de
la Gulf a través de sus socios de la Banca Morgan, el Banco Mundial deja sin
efecto el crédito para la construcción del gasoducto. Poco después de la
nacionalización, una corrida bancaria obliga al gobierno a imponer un tímido
control de las divisas.
Los grandes medios de prensa locales se unen a esta campaña
antinacional. Aumentan las críticas hacia Marcelo Quiroga Santa Cruz, se genera
un ambiente de incertidumbre en la población y se afirma que en poco tiempo
“los bolivianos deberán comer petróleo, pues la ruina será total”[34].
El gobierno de Ovando borra con el codo lo que ha escrito
con la mano. A contrapelo del decreto de nacionalización, el 29 de diciembre de
1969 firma un contrato con la empresa francesa Gopetrole para evaluar las
inversiones de la ex Bolivian Gulf Oil y determinar la indemnización. La firma
establece que la reparación económica es de 101 millones 98.961 dólares.
En febrero de 1970, Quiroga envía una carta al Banco
Mundial. Explica que desde el 17 de octubre de 1969, cuando se dictó el decreto
que recuperaba para el Estado todas las concesiones otorgadas a la Gulf Oil y
se nacionalizaban todos sus bienes, personeros de la empresa se entrevistaron
con él sólo dos veces. En ninguna de esas ocasiones, agrega Quiroga, se
discutió acerca de la cantidad que Bolivia debía pagar como indemnización. Hubo
un primera visita el 13 de noviembre de 1969, mientras él cumplía una misión
oficial en Argentina. Los delegados de la Gulf Oil aprovecharon la ausencia del
ministro y propusieron derogar el decreto de nacionalización, lo que fue
rechazado. Poco más de un mes después, el 17 de diciembre de 1969, Quiroga
recibió a una nueva delegación. Los enviados manifestaron que no eran
portadores de ninguna propuesta y que esperaban recibir una oferta formal del
gobierno.
En respuesta a esta explicación dije a los representantes de
Gulf que el gobierno de Bolivia no tenía nada que proponer y que reiteraba la
decisión adoptada el 17 de octubre de ese año, en todos los términos
consignados en el decreto de esa fecha. Aproveché la circunstancia para
proponer la adquisición de las instalaciones destinadas al procesamiento del
gas […], compra que no podía ser pagada por el gobierno de Bolivia en otra
forma que mediante la entrega de petróleo en el puerto de Arica y por un valor
equivalente. Los personeros de Gulf reconocieron que la proposición era viable
y prometieron una respuesta oficial en el término de “unos pocos días”. Desde
entonces han transcurrido cincuenta y cinco días sin que Gulf hubiera cumplido
el compromiso contraído […]. En la primera quincena de enero y pocos días
después de haber solicitado audiencia en este ministerio para una nueva
delegación que debió llegar a La Paz, hicieron saber a los funcionarios del
Ministerio de Minas y Petróleo que el viaje de esta nueva comisión había sido
suspendido.
[…] Con excepción de las dos únicas y breves audiencias
concedidas en las oficinas del Ministerio de Minas y Petróleo, en las fechas
que se mencionan, nunca tuve relación de ningún género con los emisarios de esa
empresa [35].
Los esfuerzos de Quiroga por mantener el decreto de nacionalización
son estériles. Su suerte ya está echada.
La Gulf Oil logra que, desde Estados Unidos, el presidente
republicano Richard Nixon también presione al gobierno boliviano. En marzo de
1970 llega a La Paz, en visita de “cortesía”, un enviado de Washington: Charles
Meyer, secretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de
Estado. Meyer se entrevista con el general Ovando para negociar un acuerdo
“honorable”. Una de las condiciones del funcionario norteamericano es la salida
del ministro de Minas y Petróleo del gabinete.
También en marzo arriba a Bolivia el comandante en jefe del
ejército argentino, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, acompañado de
Luis María de Pablo Pardo, asesor de la cancillería. Ambos se reúnen con el
nuevo comandante en jefe boliviano, el general Rogelio Miranda, un producto
bastante silvestre de la guerra fría que reemplaza a Juan José
Torres, desplazado del cargo por su incómodo perfil nacionalista
revolucionario. Miranda, un oficial de escasa inteligencia, pro estadounidense
y anticomunista, es el “hombre” de la dictadura argentina en Bolivia.
Abandonado por el presidente, confrontado con los militares,
atacado por la burguesía, cuestionado por la prensa y boicoteado por la
burocracia administrativa del propio gobierno, Quiroga renuncia el 20 de mayo
de 1970.
A Torres y Quiroga les sigue Alberto Bailey, ministro de
Información, quien es criticado por los propietarios de los grandes medios y la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Jorge Carrasco Villalobos, dueño
de El Diario, de la capital, ha prohibido a sus reporteros que mencionen
al funcionario en las noticias; su apellido jamás aparece en las páginas del
periódico. Cuando en agosto de 1970 el gobierno clausura el semanario Prensa,
que salía los lunes, editado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de
La Paz (STPLP), el ministro renuncia a través una valiente carta pública.
Pero los esfuerzos de Ovando por satisfacer al gran poder
internacional del dinero son inútiles. Un testigo de la época recordará 35 años
después:
En 1970, se enfrentaron en Bolivia dos proyectos de país. El
primero, encabezado por el general Alfredo Ovando Candia, Marcelo Quiroga Santa
Cruz y José Ortíz Mercado, que nacionalizó el petróleo, instaló los primeros
hornos estatales de fundición de estaño y elaboró la Estrategia para el
Desarrollo Nacional. El segundo, es el que nos agobia hasta ahora. […]
La experiencia demostró que el desarrollo nacional no puede
ser encabezado por empresarios nativos, siempre sumisos al capital foráneo,
sino por un movimiento patriótico decidido a industrializar el país y lograr la
justicia social, mediante el fortalecimiento del Estado nacional. […]
Lo anterior explica la urgencia de Washington por aplastar
la rebeldía nacional. Inmediatamente después de la nacionalización de la Gulf,
la CIA conspiró para detenerla. Los regímenes militares de Brasil y Argentina
secundaron esos aprestos. La embrionaria oligarquía cruceña articuló sus planes
golpistas con los empresarios mineros. En este crucial enfrentamiento, la
izquierda foránea se equivocó al combatir a Ovando. El Ejército de Liberación
Nacional (ELN) abrió un foco guerrillero que al plantear la destrucción de las
Fuerzas Armadas, hizo que la mayoría de los militares cambiara de bando. El
Partido Comunista «pekinés» asaltó tierras y moteles, invocando, para esta
última medida, la revolución moral de Mao Tse Tung. El Partido Comunista
«moscovita» asumió posiciones dubitativas y contradictorias. El trotskismo de
Guillermo Lora convocó a la Asamblea Popular, lo que empujó a las capas medias
a los brazos del imperio” [36].
En realidad, Ovando ya había abandonado el proyecto
nacionalista revolucionario inicial de su gobierno desde mucho antes. Su suerte
también está echada. Aunque desde mediados de 1970 había intentado
reconciliarse con la derecha, dos infiltrados conspiraban para derrocarlo: el
general Rogelio Miranda y el coronel Juan Ayoroa, ministro del Interior.
Golpe y contragolpe
El 7 de agosto de 1970, Día de las Fuerzas Armadas, el
obtuso comandante en jefe Rogelio Miranda lee un discurso y expresa la
desaprobación de las tres armas al gobierno de Alfredo Ovando Candia. Afirma
que la institución castrense “no está ni en la izquierda, ni en la derecha”.
Implícitamente, este oficial cerril que con mucha dificultad puede deletrear la
palabra “constitucionalidad”, da por terminado el Mandato de las Fuerzas
Armadas aprobado dos años antes.
Además de la situación interior y la presión exterior, hay
un tercer factor externo que conspira contra Ovando: el régimen militar
argentino.
El teniente general Lanusse prepara en Buenos Aires el
terreno para dar un golpe “institucional” que lo lleve al poder. En junio había
desplazado al teniente general Juan Carlos Onganía de la Casa Rosada y colocado
en su lugar al general Roberto Marcelo Levingston, ex agregado militar en
Washington. El comandante necesita la alianza con un país vecino en la sórdida
contienda geopolítica con Brasil para mantener la hegemonía en el Cono Sur. La
inestable Bolivia le calza como anillo al dedo.
Detrás del militar argentino se mueve la Banca Morgan,
asociada a la Gulf Oil. La empresa norteamericana ve en la mancuerna
Lanusse-Miranda la mejor oportunidad, si no para recuperar sus concesiones, al
menos para retomar el control de la comercialización de los hidrocarburos
bolivianos y garantizar su participación en la construcción del gasoducto.
Mientras los agentes de Lanusse desarrollan una ardua labor en La Paz, Miranda
visita continuamente los cuarteles más importantes augurando una rápida
comercialización del petróleo nacionalizado. El coronel Juan Ayoroa, ministro
del Interior, se encarga de contener el desarrollo político de la oposición de
izquierda reprimiendo manifestaciones y encarcelando a dirigentes[37].
El 4 de octubre, mientras Ovando se encuentra en Santa Cruz,
se publica en la prensa una “Proclama subversiva de jefes y oficiales” que
exige la renuncia del mandatario, acusándolo de “comunista”. Los golpistas son
alrededor de 200. A las seis de la mañana del 6 de octubre, mientras
Ovando dimite sin pena ni gloria, las guarniciones militares se dividen. La
oficialidad delibera en todo el país. La Central Obrera Boliviana y los
estudiantes universitarios anuncian movilizaciones. El Alto Mando decide
nombrar un triunvirato militar que sólo llega a gobernar seis horas.
En esos 360 minutos, los acontecimientos se suceden a un
ritmo vertiginoso. El general Juan José Torres se dirige a la Base Aérea de El
Alto, en La Paz, y el grupo Aéreo lo proclama presidente. Inmediatamente el
oficial comienza a recibir el respaldo de diversas unidades militares. Tropas
de elite del Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE), grupo de
paracaidistas creado en 1963 en Cochabamba, toman el Palacio Quemado,
reconocen a Torres como jefe de Estado y se disponen a recibirlo. A esta
reacción contra el golpe de Miranda, se agrega la movilización de trabajadores
y estudiantes.
Por el momento, los planes de las fuerzas conservadoras
locales, la Gulf Oil y Lanusse se frenan.
Torres y la “primavera” pueblo-ejército
El nuevo gobierno cívico-militar impulsa las tareas
nacionalistas revolucionarias que habían quedado pendientes durante el gobierno
de Ovando.
Torres mantiene en el gabinete a José Ortíz Mercado,
quien luego de ocupar el ministerio de Planeamiento con el régimen anterior, se
convierte en coordinador del Consejo de Ministros. Por primera vez en
muchas décadas, el pueblo ve cómo las Fuerzas Armadas recuperan los aspectos
más positivos de las gestiones de David Toro, Germán Busch Becerra, Gualberto
Villarroel y el MNR de 1952. A los regímenes militares de algunos
países vecinos se les ponen los pelos de punta cuando se forma un Comando Político
integrado por dirigentes de la COB, políticos de izquierda y universitarios.
Este cuerpo de gobierno, a su vez, crea una Asamblea Popular compuesta
por mineros, obreros de las ciudades, campesinos y estudiantes. La
finalidad es sustituir al Parlamento, clausurado desde 1969. A partir
de ahí, Torres comienza un programa de cambios sociales.
Para comenzar, el general se aparta de la Doctrina de
Seguridad Nacional elaborada en el Pentágono y exportada a Iberoamérica. En el
nuevo concepto de defensa nacional, incluye la preservación de los recursos
naturales del país, el combate a la pobreza y la superación del retraso
económico. En medio de una constante agitación política, inaugura la
fundición de estaño de Vinto, revierte el contrato de mina Matilde y crea corporaciones
de desarrollo. El gobierno expulsa al Cuerpo de Paz y libera al intelectual
francés Regis Debray, condenado a 30 años de prisión por su vinculación
con la guerrilla del “Che” Guevara.
En el aspecto internacional el nuevo gobierno considera que
la contradicción no se da entre Este-Oeste, potencias capitalistas y comunistas
(Estados Unidos versus el bloque soviético), sino entre Norte-Sur, naciones
desarrolladas y países dependientes. Bolivia se integra al Movimiento de No
Alineados (NOAL), creado en 1961 por iniciativa del egipcio Gamal Abdel, el
indio Jawaharlal Nehru y el yugoslavo Josip Broz Tito. La
intención de Torres es crear un Estado nacional e independiente, no realizar
una revolución socialista que considera inviable.
Sin embargo, la reacción no tarda en llegar. El sector más
duro de las Fuerzas Armadas, los empresarios y la clase media urbana temerosa
por “la instauración del comunismo” encaminan sus pasos hacia la embajada de
Estados Unidos, que observa alarmada el proceso nacionalista revolucionario y
decide frenarlo a toda costa. La embrionaria oligarquía de Santa Cruz de la
Sierra, los grandes terratenientes y los empresarios mineros son partidarios de
un contragolpe. En enero de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez intenta un
cuartelazo, fracasa y se asila en la embajada de Argentina.
La izquierda tradicional y la ultraizquierda, en lugar de
apoyar al gobierno popular, asumen posturas contradictorias o directamente de
confrontación. El dirigente maoísta Oscar Zamora Medinaceli ocupa
haciendas en Santa Cruz de la Sierra (dos décadas después, en 1989, Zamora será
candidato vicepresidencial de Banzer y, más tarde, embajador en China).Muchos
dirigentes de organizaciones populares, en lugar de cerrar filas alrededor del
primer general que no los reprime en mucho tiempo, le exigen la
instauración del socialismo. No entienden que Torres es un militar que sólo
aspira a reconstruir un país independiente.
Banzer organiza a su alrededor a la Falange Socialista
Boliviana y al MNR de Paz Estenssoro, del que se ha escindido el MNR de
Izquierda de Siles Zuazo. Los regímenes militares de Argentina y Brasil
secundan las maniobras conspirativas. El 19 de agosto de 1971, el oficial
encabeza otro golpe de Estado que culmina 48 horas después, con enfrentamientos
armados en La Paz y Santa Cruz. El resultado es alrededor de 100 muertos y 500
heridos. El nuevo régimen declara ilegales a los partidos de izquierda,
disuelve la COB y cierra las universidades.
Cientos de opositores marchan al exilio, entre ellos Marcelo
Quiroga Santa Cruz, quien se dirige a Chile y luego a Argentina.
3. Exilio, regreso y muerte
Banzer Suárez (1926-2002), originario de Santa Cruz de la
Sierra y descendiente de alemanes, hizo una carrera meteórica en el ejército.
Ingresó al Colegio Militar a los 14 años, por recomendación
del coronel Germán Busch Becerra. Ya egresado, tomó clases en la Escuela de
Aplicación de Armas, la Escuela de Comando y Estado Mayor, y la Escuela de
Altos Estudios Militares. Fue seleccionado para tomar cursos en institutos
militares de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Se especializó en lucha
contrainsurgente en la Escuela de Las Américas, en la Zona del Canal de Panamá,
donde se distinguió como uno de los mejores alumnos. Entre 1967 y 1969 fue
agregado militar de la embajada en Buenos Aires.
El régimen cívico-militar de Banzer se beneficia con el
precio internacional del petróleo y los minerales, además de la llegada de
créditos del exterior. Impone leyes que benefician la inversión extranjera. En
1972, la venta de gas a la Argentina representa un importante ingreso para la
economía nacional. Bajo su mandato se construyen la autopista La Paz-El Alto y
la refinería de Palmasola, aumenta la construcción pública y privada, se
instalan nuevos sistemas de telecomunicaciones y se adquieren aviones para el
Lloyd Aéreo Boliviano.
Pero la doctrina desarrollista con fuerte control estatal
tiene su contrapeso. Con una visión errónea del crecimiento de la producción
petrolera, Banzer se lanza a un proyecto de aumento de las exportaciones que
debe dar marcha atrás por la demanda de consumo interno. La devaluación de la
moneda, por primera vez en 16 años, causa un estremecimiento social. El
endeudamiento externo fue el más alto del siglo XX, al multiplicar la deuda en
casi seis veces.
Banzer retoma el fuerte componente anticomunista de
la guerra fría, inculcado sistemáticamente por Estados Unidos a los
ejércitos de América Latina.
Santiago-Buenos Aires-México
Refugiado en Chile, Marcelo Quiroga Santa Cruz combina el
periodismo con clases en la Universidad. Dos meses antes del golpe del general
Augusto Pinochet, que el 11 de septiembre de 1973 derroca al presidente
Salvador Allende, el exiliado se traslada a Argentina. El año anterior, ha
publicado en este país El saqueo de Bolivia, que se agota rápidamente.
Desde Buenos Aires, Quiroga le solicita a Banzer garantías
mínimas para regresar a La Paz y permanecer sólo el tiempo necesario para
demostrar, en forma documentada, las desventajas para Bolivia en la negociación
de venta de gas a Brasil. El dictador ignora el pedido, pero el dirigente
socialista insiste a través de otro recurso: en mayo de 1974, remite a la
prensa de su país un texto de 24 páginas titulado “Acta de capitulación
nacional”. Ningún periódico lo publica, ni siquiera sintetizado o comentado bajo
la forma de un artículo.
Quiroga escribe en el diario Noticias, que responde a
la llamada “tendencia revolucionaria” del peronismo. También da cátedra en la
Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA), que dirige el intelectual Rodolfo
Puiggrós, un ex comunista que en 1946 optó por el peronismo. El pensador
nacional es autor de más de 30 libros, entre los que se cuentan De la
colonia a la revolución (1940), Historia económica del Río de la
Plata (1945), Historia crítica de los partidos políticos argentinos (1956), La
España que conquistó al nuevo mundo (1961), El
Yrigoyenismo (1965) y Las izquierdas y el problema
nacional (1966).
En Buenos Aires, Quiroga conoce al periodista brasileño
Neiva Moreira, ex diputado del Partido Democrático Trabalhista, también
exiliado y editor de la revista mensual Tercer mundo. Tenaz, el ex
ministro de Petróleo y Minas publica en esa revista el “Acta de
capitulación nacional” con el título de “Bolivia: sin gas ni patria”, que
será el punto de partida del libro Oleocracia o patria, terminado en
1977. Tercer mundo sólo logra sacar seis números antes de ser
clausurada.
Poco después, Quiroga sufre un atentado de la Alianza
Anticomunista Argentina. Se reencontrará con Puiggrós y Neiva Moreira
a 10.000 kilómetros de distancia, los tres exiliados en México.
En 1975, Quiroga llega al Distrito Federal, donde vive tres
años y comparte el destierro con su amigo René Zavaleta Mercado. Igual que en
Chile y en Argentina combina la enseñanza con el periodismo. Da clases en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y publica una columna semanal en
el diario El Día, fundado en 1962 y dirigido por Enrique Ramírez y
Ramírez, ex diputado del “ala izquierda” del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
En la década del ‘70, El Día tiene la mejor
sección de información y análisis internacional en México. El periódico dedica
varias páginas a lo que sucede en el mundo, con un fuerte énfasis en América
Latina. Es fuente de consulta de periodistas nacionales, corresponsales extranjeros,
políticos, académicos y diplomáticos.
Además de Quiroga, Zavaleta Mercado y Puiggrós –cofundador
del diario en un exilio anterior– en El Día trabajan otros exiliados
suramericanos: el argentino Gregorio Selser, autor de Sandino,
general de hombres libres y varios libros sobre la relación Estados
Unidos-América Latina; los uruguayos Daniel Waksman Schinca y Niko Schwarz; los
brasileños Ruy Mauro Marini y Francisco Julião, creador de las Ligas
Campesinas en su país; la chilena Frida Modak, ex jefa de prensa del presidente
Salvador Allende; los panameños Jorge Turner y Nils Castro, que tiempo después
serán colaboradores del general Omar Torrijos. Por la sección internacional
pasan más tarde varios guatemaltecos y salvadoreños, y
el narrador, poeta y periodista boliviano René Bascopé Aspiazu,
fundador de la revista Trasluz y el semanario Aquí, nacido en
1951 y muerto en un accidente de armas en 1984.
Alguien definió en los ‘70 a El Día como “una
constelación del destierro iberoamericano”. El más veterano de los exiliados
que escriben en El Día es el político, periodista y economista
español Antonio Pérez García, quien ha llegado a México en 1956 –luego de
permanecer 15 años preso en el tristemente célebre presidio de Burgos– y que
firma con el seudónimo de “Mario Zapata”. Pérez García, vinculado a editoriales
de prestigio internacional, como el Fondo de Cultura Económica, ha sido
asesor de Ernesto Guevara en el Banco Nacional de Cuba, en 1960.
Son años de intensa actividad política. En 1976, Marcelo
Quiroga Santa Cruz es miembro fundador del Instituto de Economistas del Tercer
Mundo, del Seminario Permanente para América Latina (SEPLA) y la Federación
Latinoamericana de Periodistas (FELAP), una iniciativa del peruano Genaro
Carnero Checa, también asilado en México. Este veterano hombre de prensa fue
creador en 1950 de la Federación de Periodistas del
Perú, amigo del poeta chileno Pablo Neruda y autor de más de 20
libros, entre los que se cuenta La acción escrita: José Carlos Mariátegui,
periodista (Imprenta Torres Aguirre, Lima, 1964). En la sede de la FELAP,
se presenta en febrero de 1977 la revista de Neiva Moreira,
rebautizada Cuadernos del tercer mundo.
Carnero Checa, Puiggrós y Pérez García mueren en 1980,
el mismo día. Al autor de estas líneas –en ese entonces editor de la sección
internacional de El Día– le toca redactar las semblanzas biográficas de
cada uno para Cuadernos del tercer mundo, que comienzan con la siguiente
introducción: “Por dolorosa coincidencia, el 12 de noviembre fallecían tres
veteranos luchadores en el exilio: el peruano Genaro Carnero Checa, el
argentino Rodolfo Puiggrós y el español Mario Zapata. Sus desapariciones dejan
un vacío en México, país al que amaron sin titubeos, y afectan a toda América
Latina, esa Patria Grande por la que pelearon desde sus particulares
trincheras”[38].
El destierro fecundo: Oleocracia o patria
La residencia obligada de Marcelo Santa Cruz fuera de
Bolivia es muy productiva. El “Acta de capitulación nacional”, aquel texto de
24 páginas que en mayo de 1974 no se atrevió a publicar ningún medio de
comunicación de su país, y que finalmente apareció en la revista Tercer
mundo con el título de “Bolivia: sin gas ni patria”, tiene un mejor
destino en el exterior. En 1977 se transforma en Oleocracia o patria,
un documentado alegato de 248 páginas en forma de libro que publicará en 1982
la editorial Siglo XXI, de México.
Desde la introducción, Quiroga va al grano: “Los recursos
naturales no renovables son el pan de hoy y el hambre de mañana”. Esta doble
característica, agrega, “que los pueblos coloniales y las naciones dependientes
conocen y sufren inmemoriablemente, han comenzado a entenderla también, aunque
muy a pesar suyo, los que siempre se beneficiaron de sus efectos”[39].
Durante la primera mitad del siglo XIX los p
aíses industriales consumieron más recursos naturales no
renovables que en el resto de la historia de la humanidad, se lee
en Oleocracia o patria. Para 1975, es decir 25 años después de ese
periodo, las potencias capitalistas habían superado ese peligroso límite. Para
sustentar estas afirmaciones, Quiroga cita un informe del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), elaborado para el Club de Roma en abril de 1977:
“El consumo de recursos minerales en el mundo aumenta a un
ritmo de 6% anual; […] una gran parte de las reservas minerales más importantes
se agotarán antes del año 2050. Algunos ejemplos: carbón, en 111 años; hierro,
en 93 años; petróleo, en 20 años; oro, en nueve años. Y en plazos no mayores a
los 25 años, el aluminio, cromo, cobalto, plata, platino, mercurio y estaño”[40].
Quiroga describe cómo, al inicio del siglo XIX, las
compañías norteamericanas se lanzan hacia el Tercer Mundo a la búsqueda de
petróleo:
[…] La producción petrolera mundial se concentraba, casi
exclusivamente, en el territorio de los Estados Unidos. Pero veinte años
después las primeras grandes empresas petroleras de este país comienzan a
olfatear el crudo medioriental y latinoamericano y a perforar en ambas
regiones. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la participación
norteamericana en la producción mundial desciende al 65%, en tanto que la de
América Latina sube al 13% y la del Golfo Pérsico alcanza al 9%. En 1960 la
producción norteamericana desciende al 37%, la de América Latina sube al 17% y
la de los países árabes sobrepasa el 28%. Diez años después, en 1970, la
participación de los Estados Unidos disminuye al 25%, la de América Latina baja
al 11%, la de medio Oriente sube al 34% y la del norte de África llega al 15%.
Que la producción norteamericana descienda del 88% al 25%,
en tanto que las de Asia, América Latina y África sumadas, asciendan desde el
3% al 60% en el transcurso de medio siglo, no indica que el crudo se traslade
subterráneamente desde el territorio de la metrópoli al de los países
coloniales o neocolonizados, sino que los capitales norteamericanos se van allí
donde la explotación de ese hidrocarburo les asegura un margen mayor de
utilidades. ¿Para qué agotar los yacimientos propios, pudiendo echar mano del
crudo ultramarino?
Entre los altos costos de producción determinados por el
privilegiado nivel de vida de las satisfechas masas consumidoras
norteamericanas, y el costo irrisorio en esos pueblos que sólo aspiran a
subsistir; […] entre los exhaustos yacimientos del oeste americano y las
rebosantes napas del Golfo Pérsico, del noroeste africano y del Caribe, ¿cómo
no olvidarse de esas fatigadas bombas de succión que cabecean en Texas, con un
rendimiento decreciente, cómo no correr en busca de ese nuevo maná ascendente
para el que los pueblos sojuzgados no tienen manos hábiles, y llevarlo hasta la
Bolsa de Valores de Nueva York? ¿Qué destino mejor ni más justo podría tener
ese crudo que trasladarse a la metrópoli para retornar al suelo oriundo
transformado en poco más o menos todo lo que necesitan los árabes, los
africanos, los latinoamericanos, desde las exóticas ropas que visten hasta los
preservativos que se les enseña a usar para evitar que sigan naciendo aquéllos
a los que ya no podrían vestir ni alimentar?[41].
“Un devorador de energía que acusa los primeros síntomas de
una grave anemia”: así define Quiroga premonitoriamente a Estados Unidos en
1977. No llegará a enterarse de la guerra del Golfo Pérsico en 1991 (Operación
Tormenta del Desierto), ni la invasión a Afganistán en 2001 (Operación Libertad
Duradera), ni la ocupación de Irak en 2003 (Operación Libertad).
Lo de “premonitorio” no es exagerado. En Oleocracia o
patria se reproducen sugestivas frases del secretario de Estado Henry
Kissinger y los presidentes Gerald Ford y James Carter, quienes en cierto modo
preanuncian la decisión de George W. Bush de instalarse militarmente en
Afganistán e Irak.
El 2 de enero de 1975, Kissinger declara al semanario
neoyorkino Bussiness Week: “La única posibilidad de hacer bajar
inmediatamente los precios del petróleo sería una guerra política masiva contra
países como Arabia Saudita e Irán, de modo de hacer que su estabilidad
política, y tal vez su seguridad, estén en peligro si no cooperan”. El
secretario de Estado afirmó abiertamente que cuando no hay dinero suficiente
para comprar gobiernos sólo resta el camino de la ocupación armada: “No
digo que no existan circunstancias en que no usaríamos la fuerza; pero una cosa
es usarla en caso de una disputa por precios, y otra cuando existe un verdadero
estrangulamiento del mundo industrializado”.
Tres meses antes, Ford había anunciado poco menos que la
llegada del Leviatán, al inaugurar en Detroit la Novena Conferencia Energética.
“Nadie está en condiciones de calcular la amplitud de los daños ni estimar las
consecuencias desastrosas de la negativa de las naciones a destinar los dones
de la naturaleza en beneficio de la humanidad”, sostiene el mandatario
republicano el 23 de septiembre de 1974, ante representantes de 69 países. Y
agrega:
“Como los recursos terrestres han sido equitativamente
distribuidos, los países están obligados a escoger entre el conflicto y la
cooperación. Cuando las naciones empuñan las materias primas como arma
política, el resultado no puede ser otro que el sufrimiento de todos.
Históricamente, las naciones han combatido sólo para obtener el agua y la alimentación,
o estratégicos pasajes terrestres o marítimos, pero en la era atómica los
riesgos para la humanidad entera se hacen inevitables cuando cada conflicto
local puede convertirse en una catástrofe global. Es difícil debatir el
problema energético sin caer en palabras apocalípticas”.
Cuando Ford alude a “destinar los dones de la naturaleza en
beneficio de la humanidad”, seguramente no se refería a Somalia, Ruanda,
Indonesia o Haití. Es posible que utilizara la palabra “humanidad” como
sinónimo de Estados Unidos.
El 18 de abril de 1977, Carter retoma el tema: “El petróleo,
que interviene en el 75% de la energía que consumimos, se está agotando”, dice
el presidente demócrata en un discurso.
“La producción nacional disminuye constantemente, a razón del
6% anual. En los últimos cinco años, las importaciones se han duplicado. […] Si
no actuamos sobrevendrá una crisis económica, social y política que amenazará a
nuestras instituciones libres. Con excepción de evitar la guerra, éste es el
mayor desafío que nuestro país enfrentará durante nuestras vidas. La crisis
energética aún no nos ha abrumado, pero lo hará si no actuamos rápidamente”.
Es prácticamente el mismo discurso de George W. Bush casi 30
años más tarde. Con un agregado: a la defensa de las “instituciones libres” y
la “democracia”, Bush agrega la “lucha contra el terrorismo”. Pero lo que yace
en el fondo de la cuestión es lo que Quiroga define como “oleofagia”:
Estados Unidos, con una población que no sobrepasa el 6% del
total mundial, consume la tercera parte de la energía que se gasta en el mundo
entero. […] Porque la fuerza energética fundamental en los Estados Unidos no
es, desde luego, la hidroeléctrica, ni siquiera el carbón, sino el petróleo
[…].
Naturalmente que esta insaciable oleofagia no podía terminar
de otro modo que en el agotamiento de sus propias reservas. Hasta el inicio de
la segunda posguerra, los Estados Unidos fueron una nación autosuficiente. En
las tres décadas transcurridas se ha convertido, tanto por la magnitud de sus
requerimientos globales de crudo, como por la singular utilización mayoritaria
que hace de él (gasolina para automotores) en el primer importador de petróleo[42].
Estados Unidos, escribe Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1977,
es “el país energéticamente más dependiente del mundo”.
Bolivia blindada
A partir de agosto de 1971, Hugo Banzer se alinea con el
tirano paraguayo Alfredo Stroessner, luego con el general brasilero Ernesto
Geisel y, más tarde, con las dictaduras del chileno Augusto Pinochet y los
sucesivos generales de Argentina y Uruguay.
En noviembre de 1974, el militar excluye del gobierno a los
partidos que lo llevaron al poder y se apoya únicamente en las Fuerzas Armadas.
Ese año, su reacción frente a las protestas por la devaluación de la moneda y
otras medidas económicas son las masacres de Tolata, Epizana, Mizque y
Suticollo, que dejan 80 muertos y cientos de heridos. Se le considera el autor
intelectual de las muertes de dos miembros del ejército: el coronel Andrés
Selich, su brutal ex ministro del Interior muerto a golpes por antiguos
subordinados en 1973, y el ex presidente José Luis Torres, asesinado en Buenos
Aires en 1976.
Bolivia se une a la Operación Cóndor con las dictaduras de
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en el exterminio de
opositores. Durante su régimen, cerca de 35.000 bolivianos, entre
arrestados y exiliados, sufren las represalias del poder. Alrededor de 500 son
asesinados o “desaparecidos”.
Pero el dictador tiene el mismo destino que muchos de sus
antecesores. En 1977, ante la presión interna y externa, convoca a elecciones.
A través de un fraude escandaloso impone a su candidato, el general Juan Pereda
Asbún, por encima de la Unidad Democrática y Popular (UDP), una coalición de
centro-izquierda liderada por Hernán Siles Zuazo. Los comicios son anulados, pero
en julio de 1978 Pereda reacciona derrocando a Banzer, quien termina alejado de
la política como embajador en Argentina.
La etapa 1978-1982 es la más inestable de toda la historia
de Bolivia. Nueve presidentes se alternan en cuatro años y medio. De ellos, siete
son de facto y sólo dos constitucionales. La efímera secuencia presidencial es:
general Juan Pereda (1978), general David Padilla (1978-1979), Walter Guevara
(1979), coronel Alberto Natusch Busch (1979), Lidia Gueiler (1979-1980),
general Luis García Meza (1980-1981), junta militar (1981), general Celso
Torrelio (1981-1982) y general Guido Vildoso (1982).
En las elecciones de junio de 1980 triunfó la Unión UDP,
pero Hernán Siles Zuazo no alcanza a asumir a causa de un nuevo golpe de Estado
perpetrado por el general Luis García Meza, secundado por el coronel Luis Arce
Gómez. Ambos instauran lo que el periodista Gregorio Selser denominará “la
narcodictadura de los cocadólares”.
Ese trágico 17 de julio de 1980, Quiroga Santa Cruz debía
estar en Cochabamba, en el programa “Momento Político”, de Canal 11 de
Televisión Universitaria, pero suspende el viaje y decide enfrentar, altivo
como siempre, la asonada militar. Instala su puesto de lucha en el Consejo
Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), ubicado en el edificio de la
Central Obrera Boliviana, en el Paseo del Prado. En el lugar sólo hay cinco o
seis personas, entre ellas el viejo dirigente obrero Juan Lechín. La
instalación es asaltada por paramilitares que lo hieren a Marcelo de un tiro en
el pecho. Lo llevan a la sede del Estado Mayor de Ejército y lo torturan hasta
que muere. Después, queman el cadáver. Una versión sostiene que hacen en una
instalación militar; otra, que lo incineran en los hornos de
fundición de Vinto, 240 kilómetros al sur de La Paz, en el
distrito de Oruro. De cualquier forma, una comisión militar le entrega más
tarde a la hermana un trozo del cuerpo.
Marcelo Quiroga Santa Cruz tenía 49 años cuando fue
asesinado.
El 31 de octubre de 2007, el Senado boliviano aprobó la
creación de la universidad que lleva su nombre en la ciudad de Montero, en el
departamento de Santa Cruz de la Sierra.
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