MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ EL INTELECTUAL Y SU TIEMPO

Por Roberto Bardini / Este artículo fue extraído de: www.mov-condor.com.ar

Los antecedentes
Luis de Velasco fue virrey de Perú de 1596 a 1604. Dos años después de su designación le escribe una carta al rey de España:
“Son intolerables el trabajo y vejaciones que padecen los indios en las labores de minas, labranzas, crianzas y trajines de este Reino del Perú y se van acabando porque todo el trabajo se carga sobre los miserables [...]. Muchos mueren y otros huyen abandonando tierras, mujeres e hijuelos. Desde el Cuzco a Potosí están los villorrios despoblados y casi no se ven indios”.
Los historiadores coinciden en que la expedición de Gonzalo Pizarro a Perú, en 1540, le cuesta la vida a 2.500 cargadores quechuas. El lomo de las dóciles llamas de los Andes no soporta el peso de tanto mineral. La carga, entonces, se transporta en las espaldas de los nativos. Un día, un español tiene la idea de utilizar mulas. El mantenimiento del animal resulta un poco más caro que el de un indígena, pero aguanta más y no se le ocurre fugarse o, mucho menos, rebelarse.

La plata nace matando. En Huanchaca (“Puente de las penas”), a fines del siglo XIX trabajan 10.000 quechuas que son propiedad de los dueños de la mina. De 400 niños nacidos anualmente, 360 mueren antes de los tres meses[1].
A lo largo de todo el siglo XX persisten en Bolivia prácticamente las mismas condiciones de trabajo de la época virreinal. Es un país rico con un pueblo pobre.
[…] Para comprender la realidad boliviana […] es preciso tener en cuenta los orígenes de esos pueblos situados entre los 400 y los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, para establecer que este país no conforma una nación integrada, sino un estado multinacional, donde nacionalidades mayoritarias (quechuas y aymaras) y otras minoritarias (guaraníes) carecen del derecho de ser reconocidas como realidades étnicas y culturales. El pueblo quechua comprende algo más del 30 por ciento de la población total de Bolivia y el pueblo aymara más del 20 por ciento. Ambos, pese a tener idiomas propios y cultura milenaria, se ven forzados a aceptar un idioma extraño en el que no pueden expresarse. Estos pueblos conforman principalmente las clases explotadas en Bolivia y están vinculados directamente con la producción tanto en el agro como en la industria[2].
En este país y en estas circunstancias nace, se forma, lucha y muere asesinado el intelectual, periodista, docente universitario y dirigente político Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador –junto con otros camaradas de su generación– del Partido Socialista Uno (PS-1), un hombre que también padeció la cárcel y el exilio. Entre su nacimiento en 1931 y su violenta muerte en 1980, desfilaron por el Palacio Quemado treinta presidentes, juntas de gobierno y dictadores. A dos décadas y media de su desaparición, Bolivia continúa debatiéndose en la misma encrucijada política, económica y social que impidió su despegue como nación en el transcurso del siglo XX.
Lo que sigue es la crónica del tiempo que le tocó vivir a ese hombre.
Los “barones” del estaño
El siglo XX comienza con un hecho decisivo para la economía de Bolivia. En 1900, Simón Patiño descubre la veta de estaño más rica del mundo en la mina La Salvadora, ubicada en Llallagüa, departamento de Potosí, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. El empresario había adquirido el terreno a un precio ínfimo, como pago de una deuda comercial. En la cosmogonía de los aymaras y quechuas de los Andes, Llallagüa o Llallawa es un espíritu benigno que favorece la abundancia en los cultivos de la papa, el alimento básico para su subsistencia. “El campesino boliviano, antes de la usurpación de tierras promovida por la oligarquía a partir de fines del siglo pasado [XIX], estaba asociado sobre la base de lo que se dio en llamar la comunidad indígena y realizaba su trabajo dentro de la propiedad comunitaria de la tierra”[3].
Esa fecha fatídica marca el inicio la “era del estaño”. A principios de 1910, Bolivia ya es la segunda productora de ese metal a nivel mundial. Poco más de diez años después, tres hombres pasan a ser conocidos como los “barones del estaño”: Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild. Este trío, que acumula ganancias fabulosas y exhibe un estilo de vida propio de maharajás de la India, maneja durante décadas los resortes económicos y políticos del país. A cambio sólo le dejan a los bolivianos “socavones en los cerros, enfermedades en los cuerpos y frustraciones en el alma”.
Los tres registran sus compañías fuera del país. La Patiño Mines Enterprices Consolidated Inc. se inscribe en Delaware (Estados Unidos). La Compagnie Aramayo de Mines en Bolivie se constituye en Suiza. SAMI, de Hochschild, lo hace en Argentina y Chile. Pero la barata mano de obra es, desde luego, nativa. Cincuenta mil mineros mal alimentados destrozan sus pulmones en el oscuro interior de las montañas y determinan con su trabajo el valor de todas las exportaciones de Bolivia, mientras casi tres millones de indígenas quedan excluidos de la economía. “Los grandes capitalistas de la minería sostenían que pagaban los salarios más altos de Bolivia, pero eso era muy relativo: efectivamente, eran los más altos en el país de los salarios más bajos del mundo. A la inversa, las utilidades de la Patiño Mines eran en valores absolutos las más altas del mundo. Estas utilidades se fundaban en la desnutrición, la silicosis, la mortalidad infantil, el hacinamiento en chiqueros y cuevas con nombre de viviendas y un salario máximo que no llegaba ni a 20 dólares mensuales”.
Patiño instala en Catavi la mina Siglo XX, la planta concentradora más grande del mundo. Con 700 kilómetros de galería abierta, tiene 80 kilómetros de ferrocarril subterráneo y suministra 30.000 kilovatios de luz, mucho más que toda la electricidad generada en el país.
En diciembre de 1942, los trabajadores de Siglo XX se declaran en huelga. Patiño solicita telefónicamente al presidente militar de turno que le ponga fin como sea, pero rápido. El 21, el ejército ataca a 8.000 mineros que están con sus esposas e hijos. Nunca se supo cuántos hombres, mujeres y niños murieron ese día. Oficialmente se informa que hubo 19 muertos y 40 heridos. Pero días después un oficial relata que cerca de 400 cadáveres fueron enterrados sin identificar las tumbas para que no se pudieran contar las víctimas. Los trabajadores pedían un aumento del cien por ciento. Luego de la masacre, el patrón les concede el 15 por ciento.
De los tres “barones”, sólo uno alcanza el título de “rey del estaño”: Patiño, nacido en Cochabamba en 1860, ex embajador en España y en París.
Se cuenta que cuando el escritor Augusto Céspedes presenta su novela Metal del diablo al concurso convocado por la editorial Reinhardt, de Nueva York, los familiares del “monarca” minero quieren comprar los originales para quemarlos. Céspedes (1904-1997), nativo de Cochabamba y conocido como “El chueco”, es abogado, escritor, periodista y diplomático. Entre sus libros se cuentan Sangre de mestizos, La vida del Rey del Estaño, Un regalo de los incas, El dictador suicida e Imperialismo y desarrollo.
El autor replica con ironía: “Si de verdad están interesados en conocer la novela, mejor se compran toda la edición una vez que esté impresa”. El libro se publica en 1946 y al año siguiente cientos de ejemplares son adquiridos y arrojados al fuego por orden del gobierno de turno, deseoso de satisfacer los deseos de la millonaria familia Patiño. En abril de 1947, bajo el título “Bolivia. Quema de libros”, el semanario Time informa:
“En el campus del exclusivo Colegio Inglés Católico de La Paz, las niñas con uniforme azul marino y largas medias negras cantaron y danzaron alrededor de una fogata. Sus profesores las miraban y aprobaban sonrientes ese acto de fe. Autores en el fuego: Anatole France, Goethe, Maurice Maeterlinck, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Blasco Ibáñez y Augusto Céspedes, autor boliviano de la novela Metal del diablo contra el Barón del Estaño”.
Dos décadas más tarde, el escritor Sergio Almaraz describirá las aberrantes condiciones de vida de los trabajadores subterráneos, que contrastan dramáticamente con el suntuoso estilo de sus patrones:
Hay que conocer un campamento minero en Bolivia para descubrir cuánto puede resistir el hombre. ¡Cómo él y sus criaturas se prenden a la vida! En todas las ciudades del mundo hay barrios pobres, pero la pobreza en las minas tiene su propio cortejo: envuelta en un viento y frío eternos, curiosamente ignora al hombre. No tiene color, la naturaleza se ha vestido de gris. El mineral, contaminando el vientre de la tierra, la ha tornado yerma. A los cuatro o cinco mil metros de altura, donde no crece ni la paja brava, está el campamento minero. La montaña, enconada por el hombre, quiere expulsarlo. De este vientre mineral el agua mana envenenada. En los socavones el goteo constante de un líquido amarillento y maloliente, llamado copajira, quema la ropa de los mineros. A centenares de kilómetros, donde hay ríos y peces, la muerte llega en forma de veneno líquido proveniente de la deyección de los ingenios. Al mineral se lo extrae y limpia, pero la tierra se ensucia. La riqueza se troca en miseria. Y allí, en ese río, buscando protección en el regazo de la montaña, donde ni la cizaña se atreve, están los mineros. Campamentos alineados con la simetría de prisiones, chozas achaparradas, paredes de piedra y barro cubiertas de viejos periódicos, techos de zinc, piso de tierra; el viento de la pampa se cuela por las rendijas y la familia apretujada en camas improvisadas –generalmente bastan unos cueros– si no se enfría, corre el riesgo de asfixiarse. Oculto en estos muros está el pueblo del hambre y de los pulmones enfermos... 
Simón Patiño muere a los 86 años en el Hotel Plaza, uno de los más lujosos de Argentina, el 20 de abril de 1947.
En la última etapa de su vida, para evitar problemas con el numeroso servicio doméstico, se había convertido en un bien cotizado huésped de los mejores hoteles en distintas ciudades del mundo. Cuando en 1940 la Segunda Guerra Mundial lo sorprende en París, se traslada al Waldorf Astoria, de Nueva York. Al terminar el conflicto, se instala en el Plaza, de Buenos Aires. Desde allí ordena la construcción de un castillo francés estilo siglo XVIII en el valle de Tunari, a 160 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, una de las zonas más hermosas de Bolivia. Nunca llega a conocerlo. Regresa por última vez a su país en tren, en un viaje que dura dos días. Va dentro de un lujoso ataúd de maderas preciosas, con incrustaciones de marfil y manijas de plata, elaborado especialmente para su decrépito cuerpo. Cuando los exquisitos artesanos fúnebres presentan la cuenta, no se imaginan que los descendientes del “rey del estaño” los demandarán ante un juzgado argentino por el elevado costo del féretro. Al llegar el cadáver a Bolivia, el presidente Enrique Hertzog ordena que las banderas permanezcan a media asta en señal de duelo nacional. El mandatario había recibido cinco millones de pesos bolivianos de Patiño para su campaña electoral.
Al viejo patriarca lo sucede su hijo Antenor, nacido en Oruro en 1896, un hombrecillo de baja estatura y aspecto indígena, que sufre de ictericia.
El heredero del trono se había casado en 1931 con la duquesa de Dúrcal, María Cristina de Borbón y Bosch-Labrus. Un cronista de sociales de la República Dominicana describió al sucesor a través de viejas fotografías:
“Nunca olvido una foto de Antenor Patiño, indio boliviano chiquito y jipato, bailando con su señora, blanca, rubia y alta, con cara de evidente fastidio, en París. Nunca olvido otra foto de una de sus hijas, casándose con un arruinado vizconde francés, con el tino de desposarse con una multimillonaria latinoamericana, ella en busca de abolengo y él de los millones que justificaran su ejercicio de clase”.
Entre 1957 y 1961, el nuevo rey del estaño ordena edificar en la región de Estoril, en Portugal, un palacio con vista al mar en medio de 40 hectáreas de bosque que provoca sonrisas de mal disimulado fastidio en la aristocracia europea. Lo hace decorar con muebles de lujo, antigüedades, porcelanas, esculturas y pinturas. Pero no descuida los negocios: invierte en el sector turístico de México, sobre todo en los estados de Manzanillo y Jalisco. En el Distrito Federal hace construir en la avenida Reforma el Hotel Sheraton-María Isabel, nombre de una de sus nietas. El magnate asiste a misa y comulga todos los domingos en cualquier ciudad del mundo en la que se encuentre.
Antenor Patiño fallece en Nueva York, en 1982. Como su padre, muere a los 86 años y fuera del país que contribuyó a empobrecer mientras él se enriquecía.
Luego de la nacionalización minera en 1952, Patiño, Aramayo y Hochschild continúan beneficiándose con las astronómicas indemnizaciones recibidas y, además, con la fundición en Europa de los minerales que Bolivia produce en bruto. La división internacional del trabajo le asigna al país la función de simple productor de materias primas, sobre todo de estaño, que es su principal contribución a la economía mundial. Todavía en la década del ‘70, el 86 por ciento de las exportaciones corresponde a minerales y, dentro de ellos, el estaño representa el 77 por ciento.
En torno al estaño ha girado y gira aún la economía nacional. El capitalismo no ha tenido mayor interés en instalar industrias en un país donde es más fácil obtener grandes utilidades con el trabajo de la simple extracción minera, sobre todo cuando se cuenta con una mano de obra de bajo costo.
Pero el estaño no beneficia a los bolivianos. Siendo un país monoproductor […], la economía boliviana depende casi en su totalidad del extranjero. El estaño sólo ha hecho de Bolivia un país miserable, donde el ingreso per capita es de 100 dólares al año, el déficit de calorías y proteínas alcanza el 40 y 53 por ciento respectivamente, la mortalidad infantil el 33 por ciento y el analfabetismo llega al 70 por ciento de la población.
Casi se puede afirmar que los bolivianos comen estaño. La minería boliviana en su conjunto, pese a su gravitación económica no ocupa más de 40 mil obreros. En efecto, la población mayoritaria boliviana es campesina (65 por ciento) y está distribuida en tres zonas de características geográficas y climatológicas totalmente diferentes.
La guerra del Chaco
La guerra del Pacífico (1879-1883) enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. La guerra del Chaco Boreal (1932-1935) desangró a Paraguay y Bolivia. Como resultado de las dos contiendas, Bolivia perdió sus costas oceánicas al oeste y tres cuartas partes del territorio chaqueño. La cesión del Acre amazónico, después de que Brasil la invadiera en 1904, completó el desmembramiento del país.
La llegada del abogado Daniel Salamanca al gobierno, en 1931 –el año en que Marcelo Quiroga Santa Cruz nace en Cochabamba– marca a hierro y fuego el destino de Bolivia. Ministro de Hacienda en 1904, fundador en 1915 de la Unión Republicana –que congregó a los principales movimientos liberales– y también creador del Partido Republicano Genuino en 1921, Salamanca cree que el país debe redimirse en el Chaco. Después, con el aval del Parlamento, el mandatario convoca al general alemán Hans Kundt, veterano del frente ruso en la Primera Guerra Mundial, y lo nombra comandante en jefe del ejército. El militar, de formación prusiana, a partir de 1911 había estado varias veces en Bolivia con la misión de modernizar a las Fuerzas Armadas.
La disputas por el Chaco Boreal, una región árida y despoblada, se remontaba a 1879. El origen del diferendo era netamente geográfico, porque nunca se habían establecido los límites correspondientes. Pero cuando la empresa Standard Oil, de Nueva Jersey, descubre petróleo en Bolivia y la holandesa Royal Dutch Shell lo encuentra en Paraguay, surge un nuevo y decisivo componente bélico que hasta entonces no existía: los intereses energéticos de las compañías transnacionales. La guerra del Chaco adquiere una connotación aún más dramática: la Standard Oil apoya a Bolivia y la Dutch Shell a Paraguay, dos repúblicas cuyos pueblos no tenían fuertes rivalidades y que, además, eran las más pobres de América del Sur.
La guerra tiene su antecedente en la pugna interimperialista anglo-norteamericana que se manifiesta por la disputa del petróleo chaqueño por parte de la Standard Oil y la Royal Dutch Shell, pero es la Gran Depresión de 1929 lo que lleva a una situación insostenible para la economía boliviana, por la caída del estaño, la que empujará a los gobernantes hacia el conflicto armado.
[…] Buscando una salida al típico estilo reaccionario, Daniel Salamanca lanzó la consigna de “pisar fuerte en el Chaco” y pese a estar exhausto el erario fiscal, al colmo de pagarse con bonos a los funcionarios por la carencia de circulante, se propuso llevar a cabo una ambiciosa y costosa campaña de penetración militar en el Chaco, como jamás había sido vislumbrada por un presidente boliviano.
Fue Salamanca quien deliberadamente llevó a la nación boliviana a la guerra, contra la opinión adversa de su propio Alto Mando y a pesar de la falta de iniciativa de los paraguayos.
El conflicto estalla en junio de 1932. Los enfrentamientos se desarrollan en un territorio yermo y con altas temperaturas, a cuyas duras condiciones no se aclimatan los indígenas quechuas y aymaras del frío altiplano boliviano reclutados como carne de cañón. La calurosa región, con matorrales secos y espinosos, se conoce como el “infierno verde”. Hay pantanos, que son caldo de cultivo de enfermedades, pero faltan ríos. Para encontrar agua potable es necesario cavar profundos pozos en la tierra reseca. Además, desde la retaguardia resulta difícil enviar provisiones. Mientras las grandes potencias se disputan el petróleo de la zona, los indígenas mueren de sed.
Los militares bolivianos habían tenido instructores alemanes y los paraguayos recibieron entrenamiento de franceses. También se da la curiosa circunstancia de que alrededor de 50 oficiales chilenos, emigrados de su país por las convulsiones políticas de principios de la década del ‘30, se ponen a las órdenes de Bolivia. Algunos analistas militares ven el conflicto armado del Chaco Boreal como una reedición suramericana de los enfrentamientos en las trincheras europeas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
El general Kundt es eficiente como instructor dentro de los férreos moldes germanos y, como comandante, muchas veces encabeza los ataques. Además, a diferencia de la mayoría de sus pares suramericanos, se preocupa por el bienestar de los soldados. Pero como estratega resulta un desastre. Por empezar, no toma en cuenta que en el Chaco casi no existen caminos: cuando dirige el avance, las tropas bolivianas deben abandonar sus camiones y marchar a pie. Después, acostumbrado a una guerra de posiciones, no sabe enfrentar las tácticas de guerrilla paraguayas. Además, insiste en ataques frontales contra puestos bien resguardados, lo que casi siempre concluye con devastadoras pérdidas en sus propias filas. Cuando logra arrebatarle un reducto al enemigo, se aferra al terreno sin tomar en cuenta que sus agotadas fuerzas no podrán recibir víveres ni municiones. Una calle de La Paz lleva el nombre de Kundt. Hay quienes bromean que debería existir una avenida con su apellido en Asunción.
Entre agosto y diciembre de 1933, el general paraguayo José Félix Estigarribia contraataca y causa a Bolivia los peores estragos de la guerra. En una ocasión, dos divisiones bolivianas completas –7.500 hombres– son derrotadas. Apenas logran salvarse 3.000 soldados al mando del general Enrique Peñaranda. Las tropas del país andino retroceden casi 500 kilómetrosdetrás de las líneas desde donde habían iniciado la campaña. El presidente Salamanca remueve al general Kundt y, presionado por los oficiales del frente de guerra, lo  sustituye por Peñaranda.
El 27 de noviembre de 1934, Salamanca viaja a Villamontes, donde está el cuartel general de retaguardia. Allí es arrestado en los primeros días de diciembre y destituido por los desmoralizados jefes militares. Bolivia queda acéfala mientras avanzan las tropas paraguayas. El vicepresidente José Luis Tejada asume la presidencia en enero de 1935 y enjuicia a la Standard Oil por vender clandestinamente petróleo a Paraguay. Mientras tanto, las fuerzas de Paraguay sitian Villamontes. Una comisión internacional integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos comienza a intermediar en el conflicto.
Cuando el 14 de junio de 1935 se decide el alto al fuego, los adversarios salen de sus trincheras y corren a abrazarse en la tierra de nadie. Los cadáveres de 100.000 hermanos han quedado en los campos de batalla, en cuyo subsuelo se cree que está el petróleo que ambicionan los hombres de negocios de Nueva Jersey y Amsterdam.
El enfrentamiento con Paraguay representa para Bolivia una enorme pérdida en vidas y dinero. El país gasta casi 50 millones de dólares en tres años y, con menos de tres millones de habitantes, tiene 65.000 muertos. Del lado paraguayo, pierden la vida 35.000 hombres. Los soldados de uno y otro bando han combatido en una guerra que no era suya y dieron grandes muestras de valor. Muchas veces los debilitados prisioneros bolivianos fueron aplaudidos a su paso por las calles de Asunción. Tres años después del armisticio, un tratado de paz otorga a Paraguay la mayoría del territorio disputado, con excepción de las áreas que podrían contener grandes reservas de petróleo, lo que no es el caso. El pacto se firma el 21 de julio de 1938, en Buenos Aires. Bolivia logra retener los campos petrolíferos ya en explotación, pero no se comprueba la existencia de petróleo en otros puntos de la región. Así queda aún más en evidencia la inutilidad de la carnicería entre dos pueblos hermanos.
Esta amarga experiencia, considerada un desastre nacional por la población boliviana, aumenta la animosidad contra el tradicional régimen excluyente que ejercen los grandes terratenientes rurales y los dueños del estaño mediante un grupo de políticos, administradores y abogados en calidad de representantes. Esta estructura de poder ultraconservadora es conocida popularmente como la Rosca. La derrota militar despierta una nueva conciencia política en Bolivia. En el frente de guerra, muchos percibieron dentro de sus propias filas las históricas diferencias étnicas y sociales. Integrantes de la clase media combatieron hombro con hombro junto a una mayoría quechua y aymara, reclutada a la fuerza, que ignoraba por qué y por quién luchaban.
La hija predilecta del Libertador [Simón Bolívar], aquella república fundada por Sucre, que había perdido todas las guerras, sin salida al mar, raquítica y miserable, vejada y saqueada por españoles, criollos, norteamericanos e ingleses durante cinco siglos, era una demostración viva del horrendo drama de América Latina. La pequeña burguesía empobrecida, con nombres ilustres en la historia del Altiplano, esos hijos de presidentes, generales, escritores, diputados y profesores, vivía hambrienta y rabiosa. […] Los oficiales jóvenes sobrevivientes de esa gran náusea político-militar que fue la guerra del Chaco también estaban hartos: la venalidad de las clases dirigentes no tenía secretos para ellos.
La década del ‘30, además, marca la llegada al continente americano de corrientes de pensamiento antagónicas desde Europa, como el marxismo, el nazismo alemán, el fascismo italiano y el falangismo español. Las juventudes universitarias, intelectuales, militares y muchos líderes obreros y campesinos no son indiferentes a esa influencia.
El “socialismo militar”
El 17 de mayo de 1936, a casi un año de terminada la guerra, el presidente José Luis Tejada es derrocado por militares dirigidos por el coronel David Toro, quien asume la presidencia de la República.
Con el respaldo de oficiales jóvenes que proponen cambios en el país, Toro impulsa reformas sociales y la redacción de una nueva Constitución. Al igual que en la Alemania nacionalsocialista, crea un ministerio de Propaganda para mejorar la imagen del país en el exterior. Establece los ministerios de Trabajo, de Previsión Social y de Minas y Petróleo. El ministro designado en Trabajo es Waldo Álvarez España (1901-1986), fundador en 1932 del Sindicato Gráfico de La Paz y secretario general de la Federación Obrera de Trabajadores (FOT), un caso inédito hasta entonces.
El nuevo régimen instaura la jornada laboral de ocho horas y declara obligatoria la sindicalización obrera. Durante su gestión, además, nace el Banco Minero. Y lo más importante: expulsa de Bolivia a la Standard Oil, funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y nacionaliza ese recurso natural. Es la primera nacionalización que se realiza en América Latina.
En esa época, Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene cinco años y asiste a la escuela primaria en Cochabamba.
El régimen corporativista de David Toro se conoce como “socialismo militar”. Aunque su gestión tiene ciertos componentes fascistas, algunos socialistas lo acompañan en su esfuerzo. Uno de ellos es el abogado, escritor y dramaturgo Enrique Baldivieso. Pero a pesar de las medidas impulsadas, el militar no logra apoyo popular. En julio de 1937 es derrocado por el general Germán Busch Becerra, originario de Santa Cruz de la Sierra y héroe de la Guerra del Chaco, quien tiene apenas 33 años de edad.
Busch mantiene la orientación de Toro, aunque aplasta un levantamiento en apoyo a su antecesor y ordena fusilar a uno de los sublevados.
El 17 de mayo de 1936, funda el ministerio de Trabajo, Comercio y Previsión Social bajo la responsabilidad de Waldo Álvarez. El obrero gráfico firma un decreto que reconoce los derechos civiles de la mujer para ejercer cargos en la industria y ocupar empleos donde no se requiere más que “idoneidad”. Intelectuales de la talla de Enrique Baldivieso y Augusto Céspedes manifiestan su apoyo al “socialismo militar” de Busch. Al poco tiempo, el general se declara “dictador” para no quedar con las manos maniatadas por un sistema demoliberal capitalista burgués que sólo ha servido a la Rosca. Ordena redactar un nuevo Código del Trabajo, nacionaliza el Banco Central y el 24 de septiembre de 1938 crea el departamento de Pando, una extensión de 63.827 kilómetros cuadrados al norte del país, limítrofe con Brasil y Perú.
En octubre de ese año, Busch promulga una nueva Constitución de tendencia socialista.
En 1920, el pensador alemán Oswald Spengler (1880-1936) había publicado su ensayo Prusianismo y socialismo, que 15 años después será traducido al español en Chile, país que como Bolivia había recibido una fuerte influencia militar germana. El estudio de Spengler afirma que “el viejo espíritu prusiano y la convicción socialista, que hoy se odian con el odio de hermanos, son uno y lo mismo”. Su planteamiento, distante del marxismo, es que prácticamente todos los ciudadanos –profesionales, obreros, campesinos, soldados– deben ser una especie de empleados del Estado, el que determinará sus salarios. La sociedad, de estructura vertical y al mando de un caudillo, se basa en la doctrina militar prusiana. No hay partidos, ni parlamento, ni políticos profesionales, ni elecciones. Es posible que el ensayo de Spengler se haya conocido en algunos círculos del ejército boliviano y haya ejercido alguna influencia en David Toro y Germán Busch Becerra.
Las medidas del “dictador”, radicales y polémicas, terminan con su vida. El 23 de agosto de 1939, Busch es hallado muerto de un balazo, en lo que aparentemente es un suicidio. Las circunstancias en que muere nunca son aclaradas.
A continuación, asume la presidencia el general Carlos Quintanilla, cuya única decisión importante es convocar a elecciones presidenciales. El general Enrique Peñaranda, también héroe de la Guerra del Chaco, resulta vencedor y toma posesión el 15 de abril de 1940. A diferencia de Toro y Busch, el nuevo presidente se alinea con Estados Unidos. Una de sus primeras medidas es compensar a la Standard Oil por su nacionalización. En 1941 –luego del ataque japonés a Pearl Harbor– opta por los aliados. Al año siguiente, rompe relaciones diplomáticas con el eje Berlín-Roma-Tokio y el 7 de abril de 1943 le declara la guerra. Además, permite que le impongan bajos precios al estaño en un momento en que Bolivia es el único productor mundial importante, ya que Malasia está bajo el dominio militar de Japón.

Villarroel, el presidente linchado
En el periodo 1935-1941 surgen en Bolivia los partidos que sustituirán la tradicional división entre liberales y republicanos.
En 1935, se crea el Partido Obrero Revolucionario (POR), de orientación trotkista. Le sigue en 1937 la Falange Socialista Boliviana (FSB), inspirada en el fascismo italiano y el falangismo español. En 1940, aparece el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR). En 1942, nace el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), posiblemente la organización política con más influencia durante el siglo XX. Antes de concluir la centuria, sin embargo, el MNR sufrirá los letales efectos de una lenta descomposición ideológica y política.
Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), fundador del MNR, es un abogado y economista originario de Tarija. Pertenece a una familia acomodada que por parte del padre es de ascendencia argentina. Tiene 25 años y trabaja en la Contraloría General de la República cuando, en julio de 1932, estalla la guerra con Paraguay. Responde al llamado a filas y es destinado a tareas logísticas en la retaguardia. Dos años después pide ser enviado al frente como combatiente. En 1938, al concluir el conflicto, su carrera política arranca a los 31 años de edad, cuando es elegido diputado por Tarija en las elecciones a una asamblea constituyente convocadas por el entonces dictador, general Germán Busch Becerra.
Para 1941, Paz Estenssoro ya ha pulido un proyecto político que plantea una reforma política, económica y social a fondo. Con el respaldo de universitarios, intelectuales y algunos diputados socialistas e independientes, todos integrantes de la llamada “generación del Chaco”, el abogado publica el 10 de mayo de ese año un manifiesto contra el régimen conservador y pro estadounidense del general Enrique Peñaranda Castillo, vencedor en las elecciones del año anterior como candidato de los partidos tradicionales, el Liberal y el Republicano. Un año después, el 7 de junio de 1942, Paz Estenssoro proclama la fundación del Movimiento Nacionalista Revolucionario. La nueva fuerza política se vincula con la logia militar Razón de Patria (RADEPA), dirigida por el mayor Gualberto Villarroel.
El 20 de diciembre de 1943, el MNR es copartícipe del incruento golpe cívico-militar derroca al general Enrique Peñaranda e instaura una Junta de Gobierno presidida por Villarroel.
El gobierno provisional está integrado por oficiales nacionalistas partidarios de la neutralidad en la guerra mundial y disconformes por la represión a los mineros en Catavi. Desde Argentina y en secreto, los militares reciben apoyo del gobierno del general Pedro Pablo Ramírez y, en especial, de la logia militar Grupo de Oficiales Unidos (GOU), en la que se destaca el entonces coronel Juan Domingo Perón.
Paz Estenssoro y otros dos miembros de su partido son designados ministros del gabinete provisional. Como titular de Economía, el tarijeño impulsa medidas para terminar con la explotación agraria de herencia colonial, poner límites al poder de los grandes terratenientes y empresarios mineros, y reconocer los derechos indígenas. En mayo de 1945 se organiza un Congreso Nacional Indígena y se crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), con el dirigente trotskista Juan Lechín Oquendo como secretario general.
Aislado internacionalmente y con una poderosa oposición interna impulsada por los grupos conservadores, Villarroel elimina de su gabinete a Paz Estenssoro y otros miembros del MNR, a quienes Estados Unidos considera “pro nazis”. “La alianza entre militares y nacionalistas se realizó en plena guerra imperialista [1939-1945]. Fueron inmediatamente acusados de nazis. La propia izquierda boliviana no era menos cipaya y extranjerizante que en el resto de América Latina”.

No obstante, el MNR vence por gran mayoría en las elecciones legislativas de junio de 1944 y restablece sus vínculos con RADEPA. El 6 de agosto, Villarroel es designado presidente constitucional y, en enero de 1945, Paz Estenssoro se reintegra formalmente al gabinete. Sin embargo, Villarroel no logra mejorar las condiciones de vida de la población, ni acabar con la servidumbre campesina. Además, adopta medidas autoritarias que lo distancian de las clases medias urbanas. Nuevamente surgen diferencias entre el presidente y el MNR. Las poderosas fuerzas conservadoras, mientras tanto, impulsan una peculiar alianza con el Partido de Izquierda Revolucionaria y se encargan de echar más leña al fuego. Finalmente, el 20 de julio de 1946, Gualberto Villarroel es derrocado y linchado, acusado de “fascista”. Su cadáver termina colgado de un farol, en la Plaza Murillo. Cuatro meses antes, Marcelo Quiroga Santa Cruz ha cumplido 15 años.
Según Jorge Abelardo Ramos, Villarroel iba por el camino correcto, pero “el poder conjunto de la Rosca y de la prensa imperialista lo doblegó y anonadó”:
Sus grandes crímenes fueron organizar por primera vez en la historia de Bolivia una Federación de Trabajadores Mineros y reunir, desde los tiempos de Belzu, un congreso de campesinos indígenas.
[…] Al no atreverse a nacionalizar las minas y a entregar la tierra a los campesinos, el gobierno de Villarroel no supo dónde encontrar aliados. El imperialismo yanqui y los insignificantes partidos oligárquicos lograron arrastrar a la pequeña burguesía paceña […], sometida siempre al terrorismo psicológico de los abogados liberales […].
Dentro de Bolivia, participaron en el motín los jeeps de la embajada yanqui, y también los liberales, los universitarios a la búsqueda de nuevos “Maestros de la Juventud”, los stalinistas del PIR, algunos seudo trotkistas del POR, la izquierda, el centro y la derecha. ¡Desdichada América Latina, siempre mezclados los tontos con los pillos! […] El sátrapa minero Mauricio Hochschild declaró: “Yo pronostiqué que Villarroel caería pronto”.
El Partido Comunista de la Argentina enviaba un cable firmado por el burócrata Vittorio Codovilla felicitando roncamente a los miembros de la nueva Junta de Gobierno. Toda la prensa norteamericana y sus ecos latinoamericanos aplaudían la “revolución” del 21 de julio. […] La hinchada araña de Simón Patiño sonrió con bondad y envió una donación de 20 mil dólares para “los mártires de la libertad”.
Paz Estenssoro busca refugio en Buenos Aires, donde el presidente Juan Domingo Perón también soporta acusaciones de “nazi-nipo-falanjo-fascista” por parte de Estados Unidos.
El embajador norteamericano en Argentina, Spruille Braden, había presentado sus cartas credenciales en mayo de 1945 e inmediatamente “descubrió” estas tendencias de Perón. Heredero de cuantiosos intereses en la compañía minera Braden Copper –fundada por su padre en Chile– y ex embajador en Colombia y Cuba, el diplomático impulsó durante la guerra del Chaco la política petrolera de la Standard Oil. Diez años antes, había sido delegado de Estados Unidos en la Conferencia de Paz, en Buenos Aires. Algunos autores consideran que obstaculizó la pacificación de Bolivia y Paraguay con el fin de convertir a la región chaqueña en un “estado libre”, bajo la custodia de agentes del poder financiero internacional.
Esas tentativas de entorpecimiento de la paz determinaron que Braden fuese acusado en la prensa periódica de Buenos Aires como agente de la Standard Oil. La publicación titulada “Óleos”, en su edición correspondiente a abril-mayo de 1938, lanzó la revelación escrita que faltaba. Dijo lo siguiente esa revista: “Circunstancias inesperadas como la guerra del Chaco y las gestiones de su pacificación han vuelto a relacionar el nombre del antiguo personero de la Standard Oil of New Jersey, Mr. Spruille Braden, con las riquezas petrolíferas del Chaco”.

En Argentina, Braden se inmiscuyó en cuestiones internas y dirigió a los conservadores, liberales, comunistas y socialistas agrupados en la Unión Democrática, una coalición antiperonista de “tontos y pillos” similar a la que derrocó a Villarroel. Trasladado al Departamento de Estado, el funcionario continuó desde Washington su campaña a favor de la Unión Democrática. Lo único que logró fue una reacción nacionalista que dirigió su preferencia hacia el naciente peronismo. En las elecciones de febrero de 1946, Perón alcanzó más del 51 por ciento de los votos mientras que la Unión Democrática no llegó al 22 por ciento.

Entre 1946 y 1952 se producen en Bolivia los últimos intentos para reinstaurar el caduco sistema tradicional de gobierno en favor de los grandes terratenientes y los “barones” del estaño. Se instala una junta civil presidida por Néstor Guillén, quien dura 27 días, y luego por Tomás Monje, los dos integrantes de la Corte de Justicia. La junta convoca a elecciones que gana por muy poco margen Enrique Hertzog, del Partido de la Unión Republicana Socialista (PURS). Hertzog asume en 1947 pero no logra coordinar la alianza conservadora que lo lleva al gobierno y en poco más de dos años improvisa siete cambios de gabinete.

El 27 de agosto de 1949, el Movimiento Nacionalista Revolucionario se subleva en todo el país y consigue organizar un gobierno en Santa Cruz de la Sierra. El gobierno de Hertzogreacciona con violencia y ordena bombardear por aire Santa Cruz y Cochabamba. Se demora 20 días en restablecer el orden, pero no declara ilegal al MNR y anuncia elecciones para 1951. Finalmente, Hertzog renuncia “por razones de salud” en octubre de 1949 y lo sucede el vicepresidente Mamerto Urriolagoitia, también del PURS, considerado como un simple representante de la Rosca.

La candidatura presidencial de Víctor Paz Estenssoro, quien está exiliado en la Argentina, y de Hernán Siles Zuazo como vicepresidente, obtiene el triunfo por mayoría relativa frente a Gabriel Gosálvez. Pero Urriolagoitia no acepta que el Parlamento se reúna para elegir presidente. Organiza un autogolpe y entrega el mando a las Fuerzas Armadas, que colocan en la presidencia al general Hugo Ballivián.

Fue el último manotazo de ahogado antes del torrente social que se venía.

La revolución nacionalista de 1952

Hernán Siles Suazo (1913-1996), nacido en La Paz, es hijo del ex presidente Hernando Siles Reyes. En 1932 participa en la guerra con Paraguay, resulta herido y es dado de baja. Retoma sus estudios de Derecho, se transforma en dirigente estudiantil y se distingue por sus dotes para la oratoria. Al inicio de la  del ‘40, trabaja con Víctor Paz Estenssoro y Augusto Céspedes en la creación del MNR.

Ballivián convoca a elecciones, pero nunca se realizan. Una conspiración entre el ministro de gobierno Antonio Seleme y el MNR, con Siles Suazo a la cabeza, convierte un golpe de Estado en una insurrección popular. Entre el 9 y 11 de abril de 1952 se combate en las calles de La Paz y Oruro. El pueblo, los mineros de Milluni y carabineros de la policía que se unen a la rebelión y derrotan al ejército. El enfrentamiento causa 490 muertos y casi mil heridos.

Marcelo Quiroga Santa Cruz acaba de cumplir 21 años. Su vocación es el teatro, el cine, la literatura y la filosofía. Quizá aún no lo sabe, pero a la larga le ganará una pasión: la política.

El nuevo gobierno revolucionario del MNR instala a Paz Estenssoro y Siles Suazo. Las ideas gestadas en los años 30 y 40 comienzan a hacerse realidad. El primer paso, en abril de 1952, es la creación de la Central Obrera Boliviana (COB) y la formación de milicias mineras y campesinas que suplantan al ejército. Se clausura el Colegio Militar y se da de baja a más de 500 oficiales; la academia, sin embargo, se reabre dos años después por presiones de Estados Unidos.

El segundo paso, el 21 de julio de 1952, es el decreto del voto universal. Esta medida rompe la democracia excluyente y calificada del pasado. Otorga el voto a la mujer y a los analfabetos, y convierte en elegible a cualquier ciudadano mayor de edad. De sólo 130.000 electores que había en 1951, se pasa a 960.000 en 1956.

El tercer objetivo es el control total de la economía. Se considera que sólo un Estado fuerte, dueño de sus recursos naturales y sus empresas de producción, puede desarrollar el país. El 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firma el decreto de nacionalización de las minas, con lo que el 80 por ciento de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasan a poder del Estado. Acto seguido, se crea la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y se establece el control obrero con derecho a veto.

Otro de los objetivos básicos de la Revolución Nacional es la diversificación económica. Se inaugura la carretera Cochabamba-Santa Cruz (la primera ruta asfaltada del país), que permite un acceso a la región oriental del país. Se construye un ingenio azucarero y se impulsa la producción de petróleo hasta lograr exportarlo con el oleoducto a Arica. La medida más trascendental del gobierno revolucionario se toma en agosto de 1953: la reforma agraria, que devuelve la tierra a los campesinos. Así, se incorpora a casi dos millones de bolivianos a la economía, como antes el voto los había admitido en la política.

En 1955 se dicta un nuevo código educativo. La educación universal y obligatoria, junto con instalación de núcleos escolares rurales para los campesinos, instaura un derecho esencial que había estado restringido y planteado discriminatoriamente a partir de la idea de una educación especial para los indígenas.

El costo de la revolución, sin embargo, es alto. En los cuatro años de gobierno de Paz Estenssoro, la hiperinflación devalúa la moneda nacional en un 900 por ciento.

Pero lo peor de la gestión de Paz Estenssoro fue la aprobación, el 26 de octubre de 1955, del Código del Petróleo. El estatuto –también llamado “código Davenport”– favorece a inversionistas extranjeros, especialmente a la Bolivian Gulf Oil Company. Había sido redactado por la firma jurídica estadounidense Shuster & Davenport por encargo de la Misión de Operaciones de los Estados Unidos en Bolivia y fue calificado por The New York Times como “el más liberal del mundo”.

Como consecuencia de los beneficios que el Código del Petróleo otorga a las compañías transnacionales, ingresan rápidamente al país 14 firmas norteamericanas, entre las que se encuentra la Gulf Oil Company, que se apropian de casi 13 millones y medio de hectáreas. Esta empresa se instala el 23 de mayo de 1956, un año después de promulgado el código, mediante contratos de financiación de oleoductos que desvalijan rápidamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). La firma posee más de tres millones y medio de hectáreas para explorar y explotar el petróleo.

Paralelamente, los intentos de conspiración de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y sectores internos del propio MNR, obligan al gobierno a tomar medidas represivas sin precedentes. Se abren campos de concentración en las minas y el altiplano, donde se tortura a centenares de presos.

La Falange Socialista Boliviana se había creado en 1937. Su fundador fue Oscar Unzaga de la Vega, un periodista de Cochabamba. El grupo se inspira en el fascismo italiano y en la doctrina falangista del español José Antonio Primo de Rivera. Así como en Italia existían los “camisas negras”, en España los “camisas azules” y en Alemania los “camisas pardas”, en Bolivia se llaman “camisas blancas”. Su lema es Dios, Patria y Hogar. La FSB exalta la tradición, el honor, la lealtad y el valor personal, junto con un estilo de vida austero, casi espartano. Se opone al marxismo y a la lucha de clases, pero también a lo que llaman “la derecha explotadora, vendida a las transnacionales”. La FSB es fuerte en Cochabamba y en las universidades.

El gobierno de Siles Suazo

En 1956 se realizan las primeras elecciones con voto universal y Hernán Siles Zuazo logra una abrumadora mayoría: 82 por ciento.

Lo acompaña como vicepresidente Núflo Chávez Ortiz (1923-1996), nativo de Santa Cruz. Catedrático universitario y poeta, Chávez Ortiz fue responsable de la reforma agraria y posteriormente se desempeñará como asesor del gobierno de Fidel Castro en la reforma del campo cubano. Años más tarde, será embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es autor de Bajo el signo del estaño y Cinco ensayos y un anhelo, que sirvió como anteproyecto de programa político, aprobado en la convención del MNR en 1952, e incluye un estudio sobre el problema de la tierra.

El nuevo gobierno implanta un programa de estabilización monetaria –diseñado por el asesor norteamericano Jackson Eder– para superar la crisis económica, pero la medida lo enfrenta a la izquierda del MNR. Para lograr su objetivo, Siles Suazo inicia una huelga de hambre que provoca la renuncia del vicepresidente Chávez Ortiz. El plan tiene éxito y estabiliza la moneda, que mantiene el tipo de cambio a 12 pesos por dólar hasta 1972.

En 1959 hay un intento de levantamiento militar de la Falange Socialista Boliviana y mueren 18 de sus dirigentes en cuarteles de La Paz y Santa Cruz. En abril de ese año, la extraña muerte de Oscar Unzaga de la Vega, fundador de la FSB, compromete al gobierno de Siles Suazo. Algunos afirman que el líder se suicidó en la capital, en una casa donde se hallaba oculto; otros, sostienen que fue asesinado.

En 1960 se convoca a elecciones. El Movimiento Nacionalista Revolucionario nomina como candidato a Walter Guevara Arze, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores en 1952-1955. Sin embargo, las discrepancias entre los sectores de derecha e izquierda dentro del MNR, deciden a Víctor Paz Estenssoro a presentar su propia candidatura como “factor de unidad”. Guevara Arze se va del movimiento y crea el Partido Revolucionario Auténtico. Paz Estenssoro triunfa por amplio margen y llega por segunda vez a la presidencia.

La entidad realizadora de la Revolución Nacional excedió en complejidad y magnitud a un partido. Fue todo un movimiento. Formas residuales del nacionalsocialismo; incipientes y tímidas adaptaciones del marxismo a la realidad indoamericana; nostálgicas y literarias versiones bolivianas del indigenismo y una fuerte intuición del nacionalismo revolucionario convivieron ilusoriamente unidos durante algún tiempo, aceptaron un pacto de no agresión después y terminaron divorciándose conscientemente poco tiempo antes de su deceso. La presencia de un intracuerpo de clara conciencia socialista, agresivo y algo utópico, no pudo impedir, a pesar de constituir una suerte de alegre secta depositaria de una ortodoxia más emotiva que racional, el que los sectores proclives al adormecimiento burgués terminaran por enervar el espíritu revolucionario de todo el movimiento. Los falsos monederos de la Revolución, por su parte, pusieron en circulación un valor adulterado: la anarquía en lugar del orden revolucionario.

Paz Estenssoro y la defunción del MNR

El abogado tarijeño decide que después de los grandes cambios ha llegado la hora de institucionalizar la revolución. Para algunos dirigentes del MNR el ejemplo a seguir es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de México. La primera medida del mandatario es la redacción de una nueva Constitución en 1961. El documento reafirma el voto universal, considera las minas nacionalizadas como patrimonio del Estado y reconoce las milicias populares. Pero, a diferencia del modelo mexicano, establece la reelección.

A tono con la época, Paz Estenssoro cree en el desarrollismo con planificación estatal. En la vecina Argentina, el presidente Arturo Frondizi (1958-1962) ha intentado aplicar esa doctrina económica hasta que resulta derrocado por los militares. La crisis de COMIBOL, que padece atraso tecnológico, grandes pérdidas y altos costos de producción por su excesiva burocracia, conduce a un intento de reestructuración con la participación del Estado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno alemán. En 1962 se anuncia el Plan Decenal, el primer programa económico que plantea el desarrollo del país en el largo plazo y establece el concepto de “lucha contra la pobreza”.
En los últimos doce años la asistencia económica de Estados Unidos es decisiva y, a la larga, fatal. Comienza en 1953 como “donaciones” y en la década de los ‘60 ya son créditos. Bolivia se hace totalmente dependiente. Se da el caso, por ejemplo, que el gobierno recurra a esos préstamos para pagar los sueldos de los empleados públicos.

El personalismo de Paz Estenssoro es su ruina. Convencido de que es el único que puede conducir el Plan Decenal, en 1964 se plantea la reelección. Hernán Siles Suazo y el líder minero Juan Lechín Oquendo, apoyados por Walter Guevara Arze, expresan su desacuerdo y el MNR se divide nuevamente.

A pesar de todo, Paz gana los comicios con el general René Barrientos Ortuño como candidato a vicepresidente. Pero demasiados años de gobierno, el abandono de muchas de las banderas nacionales y populares del movimiento, algunos casos de corrupción oficial y cierto alejamiento de los mineros, acaban con su gobierno a los tres meses. El 4 de noviembre es destituido por Barrientos y el general Alfredo Ovando Candia, quienes cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la oposición interna del MNR y sectores de la clase media.

En Bolivia todo gobierno vive constantemente la víspera de su derrocamiento […]. Entre el 9 de abril de 1952 y el 4 de noviembre de 1964 se opera un proceso que es común a todos los países neocoloniales: el rápido aburguesamiento de los partidos populares en el ejercicio del poder. […] Los gobiernos del MNR, en su tránsito de la Revolución a la contrarrevolución, fueron segregando, capa a capa, una oposición formada por la izquierda expulsada de su seno. Ésta, en su éxodo, se llevó consigo la causa de la Revolución, lejos de las manos heréticas más ocupadas en aferrarse al aparato administrativo que en sostener la empresa revolucionaria
¿Y la oposición de derecha? Una parte de ella, la conservadora, opuesta al MNR por lo que de revolucionario hubo en él, terminó asociándose con los saldos de ese partido en ejercicio precario de un poder que, bajo el pretexto de institucionalizar el proceso revolucionario, había concluido por suplantarlo subrepticiamente por un orden político de derecha
[…] Por una ley natural de la política los grupos en ejercicio del gobierno sufren un desgaste progresivo e inevitable a cuyas expensas se fortalecen uno o varios grupos de oposición. Legiones de hombres que periódicamente abandonan al partido desertor de su causa para alistarse en otro y librar una nueva batalla. Si el MNR del año 1952 fue una enorme fuerza popular y concluyó siendo impopular el año 1964, tenemos que preguntarnos por el partido o partidos que crecieron en la medida que él decreció. Claro está que ninguno acusó un grado de fortalecimiento proporcional al debilitamiento del MNR […].
 ¿Dónde se fueron los que un día estuvieron en ese partido? ¿Dónde se han albergado esas multitudes otrora exultantes y hoy silenciosamente desencantadas? […] ¿A qué partido confiaron la conducción del proceso revolucionario desvirtuado por su propio partido? A ninguno. La gran masa revolucionaria aguarda a la intemperie política […].
Esta es la causa eficiente de ese gran vacío político resultante del deceso del MNR. Sin embargo, de esta certidumbre me asiste otra sin la que resultaría inexplicable la calidad de ese vacío: el fracaso de ese partido es, también, el fracaso de la nación. Si el MNR fue grande es porque el pueblo que lo potenció con su confianza se agigantó en uno de esos súbitos crecimientos de vitalidad política en que la historia es avara. La causa de la Revolución fue causa de la nación; la derrota del MNR es, también, una derrota nacional.

El modelo que Paz Estenssoro quería instaurar en Bolivia en 1964, a imagen y semejanza del Partido Revolucionario Institucional mexicano, fue como intentar el trasplante de un páncreas en el cuerpo de un paciente que necesita con urgencia un pulmón. El PRI, luego de ir abandonando paulatinamente la orientación nacional, popular y revolucionaria del general Lázaro Cárdenas y antes de su hecatombre en julio de 2000, ejerció el poder durante más de 70 años: superó en permanencia al Partido Comunista de la Unión Soviética, lo cual es un récord mundial. Paz Estenssoro gobernó apenas 90 días. Su caída en 1964 representó la defunción del MNR aunque sus estertores se prolongaron hasta 1985-1989.

El general de aviación René Barrientos Ortuño asume el gobierno apoyado por una coalición de inclasificable signo político.

Los partidos de la ultraderecha, liberales, republicanos, falangistas, socialdemócratas y elementos del MNR adictos a Hernán Siles Zuazo, Walter Guevara Arze y Juan Lechín Oquendo se vieron envueltos en una “santa alianza”. El inefable PIR salió de la tumba [...]. Ese apoyo se registró en el “comité revolucionario del pueblo”, una especie de contubernio de derechistas y aventureros “de izquierda” unidos en la tarea de imponer la dictadura más sanguinaria y rapaz.
El besuqueo y los halagos entre los ilusionados políticos y los militares no durarían mucho. Los militares dejaron claro que no llamarían a elecciones ni entregarían el poder a los civiles. A los seis meses del golpe la verdadera imagen del gorila se hizo presente: en mayo de 1965, Barrientos Ortuño se presenta en el Palacio Quemado cubierto con una boina verde.
La brutalidad de la figura, la “boina verde”, era peor que si el mismo embajador [Douglas] Henderson en persona estuviese dando órdenes.

Barrientos, centinela del Palacio Quemado
René Barrientos, general de bajo vuelo originario del pequeño valle de Tarata (Cochabamba), egresado como piloto en Estados Unidos en 1945, es pro norteamericano declarado y líder indiscutido dentro de las Fuerzas Armadas.
En la revolución de 1949, el oficial participó a favor del MNR, por lo que fue dado de baja. Se reincorporó con el grado de capitán en 1952. Cinco años después, cuando se crea la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), era general y fue nombrado comandante en jefe de la aviación militar.
Aunque quizá resulte contradictorio para quienes no han seguido de cerca la historia boliviana, los campesinos también son la base de apoyo social de Barrientos, quien habla a la perfección el quechua y es un gran bebedor de chicha, una bebida alcohólica fermentada que ya se consumía en la era prehispánica. Pero mientras se abraza con los campesinos, en 1967 masacra a los mineros. Los propios generales, coroneles y teniente coroneles hacen de él un líder, porque encuentran un instrumento fácil para cristalizar sus aspiraciones de clase media frustrada y constituirse en los intermediarios de la metrópoli dominante, sustituyendo a la burguesía en el ejercicio del poder:
Las Fuerzas Armadas se vieron dentro del Palacio de Gobierno en el papel de un centinela que cuida una casa deshabitada en la que todos quisieran entrar sin que a sus ojos nadie pudiera exhibir un título de propiedad saneado. A falta de un vigoroso partido político o de una fuerte conjunción de partidos que llenaran, aunque fuese precariamente, el vacío producido por el deceso del MNR, algunos personeros de la institución armada pensaron de su deber ocupar temporalmente el puesto de los partidos y otros juzgaron llegada la oportunidad de suplantarlos indefinidamente. Unos, en lo que creían el cumplimiento de un deber institucional, ingrato y riesgoso; otros con menos estoicismo que placer, en lo que juzgaban el oportuno aprovechamiento de una circunstancia propicia, lo cierto es que las Fuerzas Armadas aparecieron institucionalmente interesadas en llenar el gran hueco cívico-político.
Los militares saben que no deben permanecer indefinidamente en el poder, pero no quieren traspasar el gobierno a ningún partido o frente político que altere sus privilegios. Entonces juegan, como en el billar, a dos bandas para hacer una carambola indirecta. Por un lado, simulan un retroceso gradual; por otro, consolidan las posiciones conquistadas. La persona más adecuada para representarlos es Barrientos:

¿Acaso su reciente militancia en el MNR no había desteñido en él dejándole una vaga y engañosa coloración revolucionaria que, unida a su condición de miembro de la institución protagónica de la subversión, le permitiría presentarse simbolizando la rectificación revolucionaria con el propósito de mimetizar la contrarrevolución? No hay duda: era el hombre adecuado.
[…] Esta habilidad para propiciar y utilizar la fuerza resultante de la fricción entre dos tendencias contrapuestas, había dado sorprendentes pruebas a lo largo de su carrera política y militar. En efecto, su condición de militante del MNR le permitió culminar una carrera meteórica dentro de las Fuerzas Armadas, en ese entonces sometidas al partido de gobierno; y su condición de militar, en la hora agónica de ese partido, cuando ya no podía permitirse el lujo de desairar a la institución de la que dependía su estabilidad, le permitió la candidatura vicepresidencial. Un tiempo después, cuando de vicepresidente constitucional se convirtió en presidente “de facto”, continuó usando este juego ambidextro. Usó de su carácter de miembro prominente de la institución armada posesionada del poder, para imponer su candidatura al civilismo, y utilizó también su condición de político conductor del sindicalismo campesino armado que su militancia en el partido al que derrocó le permitió, para imponer su candidatura dentro de su propia institución.

Barrientos tiene un afán desmedido por acumular poder, propiedades urbanas, fincas, vehículos, dinero, acciones y hasta mujeres. Inventa historias para reforzar su anticomunismo. A su regreso de un viaje a Estados Unidos, por ejemplo, relata en conferencia de prensa que “al sobrevolar la isla de Cuba, pudo comprobar la mala calidad de las carreteras cubanas y lo rudimentario de sus sembradíos”. Funcionarios de gobierno, periodistas y simples ciudadanos ocultan sus sonrisas. Es obvio que por la ventanilla de un avión, a miles de metros de altura, es imposible comprobar esos detalles. Cuando enfrenta alguna crisis en el gabinete, afirma encogiéndose de hombros: “Yo puedo gobernar sin gabinete”.

El militar es brazo ejecutor de la estrategia norteamericana en Bolivia a través de concesiones, inversiones y negociados. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo aumentan su control sobre la economía del país. Las principales casas financieras de Estados Unidos, como el Bank of America y el First National City Bank, abren sucursales. La Gulf Oil Company se apropia del gas boliviano, participa en los planes de exploración de nuevas zonas petrolíferas en el altiplano y se integra al proyecto de gasoducto hacia Argentina. La compañía estadounidense Phillips Brothers recibe la concesión de la mina Matilde, la segunda reserva de zinc más grande del continente.
El general aviador crea su propio y bien armado cuerpo represivo: las Fuerzas Unidas de Reordenamientos Móviles para Preservar el Orden y el Desarrollo (FURMOD), integrado por Fuerzas Especiales que dependen directamente de la Presidencia.
Antonio Arguedas, ex ministro del Interior de Barrientos y ex militante comunista, denunciará posteriormente que los servicios de seguridad del estado estaban controlados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Oficiales estadounidenses participan en interrogatorios, asesinatos y desapariciones de dirigentes sindicales. La representación militar de Estados Unidos instala una base cerca del aeropuerto internacional de El Alto de La Paz, bautizada popularmente como “Guantanamito”, en referencia a Guantánamo, la base norteamericana en territorio cubano.
Los “voluntarios” norteamericanos del Cuerpo de Paz suministran anticonceptivos a las mujeres nativas como si fueran golosinas e, incluso, practican intervenciones quirúrgicas de esterilización. Este es el tema central de la película boliviana Yawar Mallku (“Cóndor sangrante”), de Jorge Sanjinés, premiada en el Festival de Venecia en 1969.
En febrero de 1967 se aprueba una nueva Constitución que elimina las milicias populares y la reelección. El hecho más trágico de esta etapa es la matanza en la mina Siglo XX durante la madrugada de San Juan, el 24 de junio de ese año.

La masacre de la Noche de San Juan

El 3 de junio de 1967, los sindicatos mineros de Siglo XX y Catavi deciden un paro de 24 horas y una manifestación pacífica hacia Oruro. Piden la derogación de un código que los condena a 16 horas de trabajo diario por 80 dólares mensuales y se plantean dos objetivos: por un lado, aspiran a que el régimen militar los reconozca como gremio; por otro, quieren crear una organización de trabajadores que asuma en parte las funciones de la Central Obrera Boliviana, cuyos dirigentes están en la cárcel o prófugos.

Pero la empresa de Catavi, que conserva la tradición patronal instaurada por Simón Patiño y continuada por Antenor, sabotea la manifestación. Ordena que todos los camiones de la firma salgan del distrito para impedir que sean utilizados en la marcha. Además, contrata automotores pesados de particulares y también los manda fuera. Los comerciantes del lugar, temerosos, ocultan algunas piezas de sus vehículos para evitar que sean decomisados por los obreros.

Los mineros, ejército sin armas, quedan a pie. Entonces se dirigen a la estación de ferrocarril y ponen en marcha un tren. Ignoran que están bajo la vigilancia encubierta de los militares. Cuando el convoy está cerca de la localidad de Huanuni, el maquinista descubre que las vías han sido cortadas y se ve obligado a frenar bruscamente para no descarrilar. Los trabajadores bajan del tren, caminan en orden hasta la próxima estación, realizan una acalorada asamblea y declaran “territorios libres” a los distritos de Catavi, Siglo XX y Huanuni. En determinado momento proponen el apoyo minero a la guerrilla de Ernesto Che Guevara en la selva de Ñancahuazú. (El guerrillero argentino-cubano había llegado clandestinamente a Bolivia en 1966 para organizar un foco rural que se expandiera en todo el sur del continente. Se estableció en Santa Cruz, cerca del Río Grande. El contingente es de 52 hombres, la mayoría cubanos. Entre marzo y julio de 1967 los insurgentes causan varias bajas al ejército, que pasa a ser entrenado por oficiales de los boinas verdes norteamericanos y crea la unidad especializada de los rangers).

Los mineros deciden realizar una asamblea ampliada los días 25 y 26 de junio en el sindicato de Siglo XX. Pero la dictadura se les adelanta:
La noche del 24 de junio es la más fría del año. […] El viento gélido de la montaña hace gemir a la paja brava. La helada cae sobre la hierba, la lame, estruja y quema. Decir “el frío quema” es más que una simple figura literaria. […]
Nadie en una noche como esa se atrevería a salir descubierto y mal arropado. El frío de la noche invernal, el 24 de junio, parte la piedra (khalajasaya). Esa noche todos se dan a la tarea de combatir el frío. El pueblo enciende fogatas, quema los trastos viejos, prende ofrendas a los hados, “ve el futuro en cera o estaño derretido” […]. Pero a veces se presenta el signo de la muerte amenazante, estremecedor. Mientras se quema afuera también “se enciende adentro”, y la gente busca el calor del alcohol. Entre saltar fogatas, disparar cohetes y camaretas o beber ponches se permanece hasta altas horas.
En ese pasar despreocupado en que se encontraban los trabajadores y sus familias, no se notó la presencia de extraños que nada grato anunciaban. Las tropas iniciarían los primeros movimientos para descolgarse sobre el campamento minero. Sigilosamente tomaron posición de los lugares estratégicos y bajaron en estado de apronte con el dedo en el gatillo.
[…] En pocos instantes el campamento estaría convertido en un infierno. Se disparó a quemarropa contra personas indefensas, mujeres, niños, enfermos. La población que dormía confundió los disparos de fusil con los cohetes y camaretas de la Noche de San Juan.
Nadie estuvo prevenido ni pudo dar la alarma; tampoco hubo resistencia: el desconcierto fue total. Se mató a mansalva, despiadadamente. Cada casita con techo de calamina se convirtió en objetivo militar, cada sombra en enemigo. […] Mujeres en estado de gravidez volaron a morterazos Enfermos que no podían abandonar la cama sintieron la muerte venir mientras se iban desangrando sin auxilio.
El objetivo del ejército es llegar al local del sindicato y va arrasando todo a su paso. La empresa, avisada del plan militar, ordena cortar la electricidad a las 5:10 de la mañana. La sirena de alarma queda en silencio. La radioemisora de los mineros tampoco puede dar aviso. A las 5:15, soldados y guardias nacionales toman por asalto la sede de los trabajadores. Piensan hacer una gran redada, pero casi todos los dirigentes han logrado escapar. Sólo hallan al periodista Julio Rentería, director de la radio La Voz del Minero, quien les dice que es un reportero que se encuentra de paso, y al sindicalista Rosendo García, que los enfrenta a balazos, mata a un oficial y hiere a tres soldados antes de caer herido. Más tarde lo fusilan dentro del local.

El resultado del operativo es de 27 muertos y más de 80 heridos. Entre los asesinados hay un niño de ocho años y otro de once, una madre de familia, dos jóvenes campesinos indígenas, una muchacha de dieciocho años, un vigilante nocturno de la empresa, un minero con silicosis muerto en la cama...

La masacre provoca una ola de indignación popular. Los responsables de la matanza divulgan versiones contradictorias. El jefe del operativo, general Amado Prudencio, comandante de la división acantonada en Oruro, sostiene en un comunicado que el ejército fue atacado “por elementos ebrios con armas de fuego y dinamita, y tuvo que reaccionar en defensa propia”. Antonio Arguedas, ministro del Interior, emite otro comunicado: “Los mineros, en estado embriaguez, asaltaron el local de la Policía Minera. Ante esta situación la Guardia Nacional pidió la colaboración del ejército”. El general Alfredo Ovando Candia, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, desmiente a Prudencio y Arguedas: afirma que los trabajadores atacaron el cuartel de Lagunillas y fueron repelidos. Pero el coronel Alfonso Villalpando, participante de la masacre, declara que el ataque fue por sorpresa y tira abajo todas las versiones anteriores. Finalmente, todos se ponen de acuerdo para dar la misma versión: los obreros se estaban organizando para apoyar a la guerrilla del “Che” Guevara.

Después del entierro de las víctimas, 21 trabajadores son apresados y enviados al campo de concentración de Alto Madidi, una inhóspita región en la selva amazónica, cercana a la frontera con Perú.
En julio una emboscada militar extermina a una de las dos columnas insurgentes del “Che” y en septiembre el cerco deja aislado al comandante guerrillero. El 8 de octubre, los rangershieren y capturan a  Guevara en Ñancahuazú. Al día siguiente, es asesinado por un suboficial por orden del presidente Barrientos. El intento del “foco” rural es aniquilado.
El 27 de abril de 1969, en una de las visitas semanales de Barrientos a Cochabamba, el helicóptero que lo transporta choca contra cables de alta tensión y se precipita a tierra. Lo sucede el vicepresidente, Luis Adolfo Siles Salinas, medio hermano del ex presidente Hernán Siles Suazo. El nuevo mandatario sólo durará cinco meses en el gobierno.
Un año antes de la muerte de Barrientos, Marcelo Quiroga Santa Cruz ha elaborado el siguiente “escenario” político a futuro:
1. El gobierno del general Barrientos ha sufrido un deterioro político que induce a pensar, razonablemente, en que su estabilidad está comprometida (nótese que evito mencionar el grado de deterioro e inestabilidad, aspecto cuantitativo que se presta a la discrepancia, y me limito a consignar la insolvencia y desprestigio políticos en su significación cualitativa).
2. Si ello es cierto, debe pensarse en la probabilidad de que su periodo [presidencial] sea interrumpido.
3. Pero como estas interrupciones exigen el concurso de una entidad extraña al gobierno mismo, aunque sólo fuese en el carácter de involuntaria reemplazante, tenemos que mencionar a las dos únicas previsibles: las fuerzas armadas y el pueblo.
4. Como, al parecer, no están dadas las condiciones objetivas para una insurrección popular, podemos conjeturar que a pesar del desgaste político sufrido por las Fuerzas Armadas, éstas desempeñarán por algún tiempo más el papel protagónico de la política.
5. Si el próximo gobierno fuese “de facto” y militar, la transitoria permanencia de las Fuerzas Armadas en el poder, dada la experiencia adquirida, sería, probablemente, más breve que la anterior. Al terminar este breve interregno, convocarían a elecciones generales.
6. De las elecciones convocadas por una Junta Militar surgiría triunfante (esto es previsible y por razones obvias), un miembro de las Fuerzas Armadas al que rodearía un grupo político civil […].

Salvo la muerte de Barrientos que, obviamente, Quiroga Santa Cruz no podía prever en 1968, su diagnóstico fue premonitorio.

2. Petróleo, política y poder

Luis Adolfo Siles Salinas es jefe del Partido Social Demócrata, integrado por alrededor de 50 personas. Se comenta, con sorna, que son tan pocos que “todos caben en un taxi”. Son “saldos de partidos, dirigentes que ya nada tenían que dirigir, magníficos y terribles exponentes del proceso de jibarización cívica y cultural que todo lo reduce en nuestra nación a miniaturas en las que parece concentrarse, inútilmente nostálgico, el espíritu de un organismo muerto”.

Sin embargo, los miembros del PSD, conocido como “el partido de los abogados”, tienen gran injerencia en la economía boliviana por sus nexos con empresas nacionales y extranjeras. Son accionistas, asesores legales o jefes de relaciones públicas de bancos y compañías estadounidenses dedicadas a la explotación del petróleo y la minería. Muchos están vinculados al Banco Industrial (fundado con capital norteamericano), la Gulf Oil Company y el Banco Minero de Bolivia. También tienen alguna relación con los ex “barones del estaño” Patiño, Hochschild y Aramayo. El mandatario “por accidente” carece de poder real y se mantiene bajo la influencia del general Alfredo Ovando Candia, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Respeta la Constitución, disuelve el FURMOD e integra a Bolivia al Pacto Andino.

Siles Salinas tiene intenciones, sin embargo, de retornar a los viejos tiempos: un gobierno civil, con un falso barniz democrático, al servicio de la Rosca. Pero no es la persona indicada, ni el momento adecuado. En esos años, la mortalidad infantil alcanza el 99 por mil. La expectativa de vida es de 40 años. El 68 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. El ingreso anual per cápita es 160 dólares, el más bajo de América Latina.

El Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas

Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 1969, Ovando toma el poder. Siles Salinas es destituido sin violencia y, poco después, parte al exilio en Chile. El general Juan José Torres, jefe del Estado Mayor y compañero de promoción de Ovando en el Colegio Militar, secunda al nuevo presidente de facto. Ambos coinciden en que es necesario retomar las banderas abandonadas por el cada vez más fragmentado MNR.

El documento base de los golpistas renovadores se titula Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación. Plantea un proyecto nacionalista, popular y democrático. Señala que los militares “se ponen al servicio de la Revolución y comprometen su concurso en la lucha por la justicia social, por la grandeza de la Patria y por la auténtica independencia nacional, hoy en riesgo de zozobrar por el sojuzgamiento extranjero”. Aunque indirecta, la referencia a Estados Unidos es obvia. Las Fuerzas Armadas se proponen luchar contra la anarquía interna y la dependencia externa. Afirman que es necesaria “una rápida y profunda transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, para enfrentar la dependencia, la pobreza, la desorientación y la vietnamización de Bolivia y de una nueva y estéril inmolación fratricida”. Se declaran a favor de una economía con propiedad privada, estatal, mixta, cooperativa y comunitaria. En un párrafo significativo, el pronunciamiento expresa que la oficialidad encomienda al general Alfredo Ovando Candia la organización de un gobierno revolucionario civil-militar y la integración de los trabajadores, campesinos, intelectuales y soldados, en la gran línea del nacionalismo económico, la justicia social y el desarrollo liberador”.

Palabras más, palabras menos, este último párrafo recuerda a las tres consignas del peronismo en Argentina: justicia social, independencia económica y soberanía política. El documento pasa a ser conocido simplemente como “El mandato”.

Más atrás se mencionó la influencia que quizá ejerció en cierta oficialidad boliviana el ensayo Prusianismo y socialismo, de Oswald Spengler, sobre todo en los partidarios del “socialismo militar” de la década del ‘30. Tres décadas después, algunos analistas comenzaron a mencionar la “histórica unidad cívico-militar”. Una revista argentina afirmó: “En Bolivia, el ejército ha estado unido siempre al pueblo y hasta los civiles intelectuales estudian en el Instituto de las Fuerzas Armadas, desde que éste se fundara con Vicente Rojo”[25].

El general español Vicente Rojo Lluch fue profesor en la Academia Militar de Bolivia de 1943 a 1956. Es decir, enseñó durante trece años, desde el gobierno de Gualberto Villarroel hasta la primera presidencia de Hernán Siles Suazo. Algunos de sus biógrafos lo definen como “conservador”, otros como “demócrata moderado” y otros más como “apolítico”. En todo caso, era un profesional altamente calificado y veterano de guerra. El militar exiliado, quien había combatido del lado republicano durante la Guerra Civil de España (1936-1939), reivindicaba “mi honor de soldado, mi calidad de español y mi fe de creyente”[26].

Rojo Lluch se graduó de subteniente en 1914 y obtuvo el cuarto lugar en una promoción de 390 cadetes. En 1922, con el grado de capitán, fue uno de los redactores de los planes de estudio de las asignaturas de Táctica, Armamento y Tiro para la Academia Militar de Zaragoza. Al año siguiente, fue destinado a la Academia de Infantería como profesor de Táctica, función que ejerció hasta 1932, cuando ingresó a la Escuela Superior de Guerra para realizar el curso de Estado Mayor. Ascendió a mayor en febrero de 1936. Cuando en julio estalló la guerra civil, se mantuvo fiel a la República a pesar que la mayoría de sus camaradas se habían unido al levantamiento del general Francisco Franco. Desde entonces y en pleno enfrentamiento, fue ganando puestos en el escalafón. En octubre le otorgaron el grado de teniente coronel y al mes siguiente, durante la ofensiva franquista contra Madrid, fue nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, bajo el mando del general José Miaja. Rojo preparó un eficaz plan de protección de la ciudad, que evitó su caída. A partir de entonces aumentó su fama como estratega y se transformó en uno de los héroes militares de la defensa de la capital. En marzo de 1937 ascendió a coronel y en mayo fue nombrado Jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. En octubre ya era general.

En febrero de 1939, cuando cayó Cataluña, el militar se exilió en Francia y luego en Argentina, donde vivió hasta 1943. Ese año aceptó el ofrecimiento del gobierno de Bolivia –que le reconocía su grado de general– para organizar y dirigir la cátedra de Historia Militar y Arte de la Guerra en la Escuela de Estado Mayor.

Vicente Rojo, que residía en Cochabamba, regresó a España en 1958, donde falleció ocho años después. El diario El Alcázar, órgano de los ex combatientes nacionalistas, destacó el prestigio que conservaba entre los militares por su capacidad profesional. Una delegación de la Falange asistió al sepelio, como un acto de reconocimiento al antiguo adversario. El estratega escribió tres libros: ¡Alerta los pueblos! (1939), ¡España heroica! (1961) y Así fue la defensa de Madrid (1967).

Un gabinete cívico-militar

Con el incruento golpe de Estado del general Alfredo Ovando Candia en septiembre de 1969, la revolución “congelada” de 1952 parece tomar un nuevo impulso. Luego de conocerse “El mandato”, algún entusiasmado sector de la izquierda llega a considerar a las Fuerzas Armadas como “vanguardia revolucionaria del proletariado en la lucha por la liberación nacional y social” [27].

Rápidamente, Ovando organiza un gabinete mixto con militares y jóvenes intelectuales provenientes de la Democracia Cristiana, el socialcristianismo y el MNR “de izquierda”, entre los que se destacan Alberto Bailey Gutiérrez, José Ortíz Mercado, Mariano Baptista Gumucio y Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El general Juan José Torres es designado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Aunque en su juventud ha sido simpatizante de la Falange Socialista Boliviana y más tarde participó en la campaña militar contra la guerrilla del “Che” Guevara, el oficial es partidario de una apertura democrática en la que participen los mineros y los campesinos. Dos reconocidos generales latinoamericanos que en 1968 tomaron el poder en sus respectivos países han pasado por experiencias semejantes: el peruano Juan Velasco Alvarado (1910-1977) y el panameño Omar Torrijos (1929-1981), tuvieron participación contrainsurgente.

El filósofo, literato y periodista Bailey Gutiérrez es nombrado ministro de Información. Se ha destacado por la defensa de los recursos naturales de Bolivia y las críticas contra Barrientos desde su columna en el diario católico Presencia, de la Paz.

Ortíz Mercado, originario de Santa Cruz de la Sierra y de sólo 29 años, dirige el ministerio de Planificación. Es un politólogo con una rigurosa formación económica, que durante los tres años anteriores ha sido diputado nacional por el departamento de Oruro, con la mínima edad legal para el cargo electivo. Será el autor de la Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional 1971-1991, que aún hoy muchos consideran el documento más importante de planificación económica en la historia de Bolivia. A diferencia de todos los estudios anteriores –y muchos posteriores– que sostienen que el país sólo podrá avanzar a través de la ayuda externa, el plan de Ortíz Mercado afirma que el esfuerzo interno es el principal motor para salir de la miseria.

El periodista e historiador Baptista Gumucio, nacido en Cochabamba, de 36 años y apodado “el mago”, queda al frente de Educación y Cultura. Considera que “la historia contemporánea de Bolivia arranca en 1930” y desde muy joven ha ocupado diversos puestos: secretario privado de Paz Estenssoro (1953-1956), ministro consejero de las embajadas de Bolivia en el Vaticano y Gran Bretaña (1957-1959), candidato a vicepresidente por el MNR en las elecciones de 1966. Ha publicado dos libros en 1965: La guerra final y El mundo desde Potosí. Su ensayo Los días que vendrán. América Latina, año 2000 ganó el concurso cochabambino de Literatura y Ciencias en 1967.

Quiroga Santa Cruz, de 38 años, es el nuevo ministro de Minas y Petróleo.

Cabeza fría, corazón caliente

Quiroga ha nacido el 13 de marzo de 1931 en Cochabamba, capital del departamento del mismo nombre y tercera ciudad en importancia económica de Bolivia. El nombre viene del dialecto quechua: cucha (lago) y pampa (planicie). Cochabamba está ubicado en el centro geográfico del país, a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. En esa región atravesada por la Cordillera de los Andes se combinan el frío extremo del altiplano y el calor ardiente de la llanura. Esta característica climática es adecuada como metáfora para describir al joven ministro: la “cabeza fría” del altiplano, intelectualmente brillante, y el “corazón caliente” de la llanura, que lo impulsa hacia la lucha social.

El nuevo titular de Minas y Petróleo pertenece a una familia de clase alta y buena situación económica. Su padre, José Antonio Quiroga, ha sido ministro del presidente Daniel Salamanca. El joven se forma en Bolivia y en Chile. Estudia Derecho y Filosofía y Letras. Se interesa por el teatro y el cine documental. No concluye ninguna carrera, pero no por inconstancia sino por una avidez de conocimientos que lo lleva de una disciplina a otra. Como autodidacta, logra una solidez intelectual que asombra a quienes entablan relación con él.

En 1957, cuando tiene 26 años, publica su novela Los deshabitados. Es una obra que describe una sociedad rural, todavía feudal, y clerical. El trasfondo es la revolución nacionalista instaurada en Bolivia en abril de 1952, mientras el protagonista se debate entre la religión y el anarquismo. Algunos críticos comparan su estilo con el de Albert Camus y, posteriormente, la narración es considerada “una temprana premonición de su vida y muerte”. En 1962, Los Deshabitados recibe el Premio a la Novela Iberoamericana que otorga la Fundación William Faulkner. Con su primera obra, Quiroga es el único escritor boliviano galardonado con ese premio, que comparte nada menos que con el brasileño Graciliano Ramos, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el paraguayo Raúl Roa Bastos, el peruano José María Arguedas y el uruguayo Juan Carlos Onetti, todos autores ya reconocidos.

Marcelo Quiroga fue director del diario El Sol, de La Paz (1964-1965). En la época de la guerrilla del “Che” Guevara, se desplaza hacia una ubicación cercana al socialismo. Es así como resulta electo diputado nacional.

En su etapa de legislador durante el régimen de René Barrientos, escribe: “La mayoría oficialista nos lleva a la convicción casi cotidianamente de que el Parlamento es, hoy día, una especie de institución residual demoliberal absolutamente ineficaz e indigna de la representación popular. Con frecuencia los parlamentarios que hemos tomado con más buena voluntad que acierto la defensa de los intereses populares y nacionales, salimos con amargura y honda decepción de sesiones que terminan al amanecer y de las que la prensa da escasa cuenta a la opinión pública” [28].

En 1965 publica el ensayo El Sistema de Mayo, una denuncia contra Barrientos por permitir la apertura ilimitada a la inversión extranjera que le facilitó a la Gulf Oil adueñarse de más 90 por ciento de las reservas energéticas. En octubre del año siguiente, interpela al ministro de Minas y Petróleo durante más de nueve horas a causa del elevado costo de construcción del oleoducto Sica Sica-Arica, para transportar petróleo hacia Chile. Después impulsa un juicio contra el dictador por tolerar que agentes de la CIA intervinieran en la persecución y el asesinato del “Che” Guevara. Como consecuencia de esa iniciativa, es expulsado del Parlamento y confinado en un campo de concentración en Alto Madidi, húmeda región amazónica cercana a la frontera con Perú. Su padre, a quien le informan que Marcelo ha sido asesinado, muere en Cochabamba de un infarto.

El joven Quiroga ha recibido la fuerte influencia de un coterráneo: el abogado y escritor Sergio Almaraz Paz, nacido en Cochabamba en 1928, hijo de un profesor de química.

Almaraz, uno de los más lúcidos pensadores bolivianos, había sido miembro del Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR). En 1950, considera que el PIR se distancia cada vez más de los sectores populares y crea, junto con otros jóvenes, el Partido Comunista de Bolivia (PCB). Seis años más tarde, rompe también con este partido en desacuerdo con la subordinación a la política internacional de la Unión Soviética. El alejamiento del PCB le permite aproximarse al nacionalismo revolucionario y dedicarse al estudio de cuestiones estratégicas como el petróleo y el estaño. En esa etapa, publica dos libros: Petróleo en Bolivia (1958) y El poder y la caída. El estaño en la historia de Bolivia (Premio Municipal de Literatura y Ciencias, Cochabamba, 1966), posiblemente su mejor trabajo.

El escritor encabeza a una serie de jóvenes intelectuales que en la década de los ‘60 toma como bandera de lucha la defensa los recursos naturales del país. Entre ellos se cuentan Marcelo Quiroga Santa Cruz, José Ortíz Mercado y el sociólogo René Zavaleta Mercado, a quienes, a su vez, Almaraz admira por sus talentos. Casi todos ellos participan en el Foro Nacional sobre el Petróleo y Gas, realizado en noviembre de 1967 en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. En ese encuentro, Almaraz sostiene que Bolivia es un país más gasífero que petrolero y propone crear una industria petroquímica. La planta, en una primera etapa, debería encaminarse a la producción de fertilizantes y explosivos. Ese mismo año, el escritor ha fundado la Coordinación de la Resistencia Nacionalista, última organización política a la que pertenece, que se opone a la dictadura de Barrientos e impulsa la nacionalización de los recursos naturales bolivianos.

Sergio Almaraz fallece en 1968, a los 39 años.

En el Foro Nacional sobre el Petróleo y Gas, en noviembre de 1967, Quiroga fustiga al gobierno de Barrientos por la inexistencia de una política energética nacional. El intelectual desmenuza el Código del Petróleo de octubre de 1955, redactado por el despacho Shuster & Davenport, que sólo había favorecido a inversionistas extranjeros, especialmente a la Bolivian Gulf Oil Company.

Como consecuencia de los beneficios que el “código Davenport” otorgaba a las compañías transnacionales, ingresaron rápidamente a Bolivia catorce firmas norteamericanas que se apropiaron de casi trece millones y medio de hectáreas, entre las que se encontraba la Gulf Oil. Esta empresa se instaló el 23 de mayo de 1956, un año después de promulgado el código, mediante contratos de financiación de oleoductos que desvalijaron rápidamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Poseía más de tres millones y medio de hectáreas para explorar y explotar el petróleo. El monopolio se benefició con una reserva de 180 millones de barriles de crudo que, a los precios de 1967, representaban 540 millones de dólares. También disponía de dos mil millones de pies cúbicos de gas, valuados en 400 millones de dólares. Para un país como Bolivia, estas cifras eran astronómicas.

Cuando se desarrolla el Foro Nacional sobre el Petróleo y Gas, hace más de un mes que el “Che” Guevara ha sido capturado por el ejército y asesinado en la pequeña población de Higueras, en Santa Cruz de la Sierra. El régimen de Barrientos, sin embargo, continúa agitando el fantasma de la guerrilla “castrocomunista”. En su conferencia, Quiroga también se refiere a este tema:

Hace un tiempo han concluido las guerrillas, hay cinco sobrevivientes perdidos en la selva; y la consecuencia práctica de la conclusión del fenómeno guerrillero es que Bolivia, su pueblo –después de seis u ocho meses en que ha sido embriagado con la anécdota guerrillera, durante seis u ocho meses en que el gobierno y ciertos voceros han utilizado el problema guerrillero como un distractivo nacional y aglutinante emocional en torno del gobierno– ha de volver otra vez los ojos a nuestra pequeña y dramática realidad doméstica. Como en esos espectáculos de feria en que el provinciano abre los ojos desmesuradamente ante la mujer de dos cabezas, el pueblo ha estado también pasmado, y como al hombre de la feria, alguien le vacía los bolsillos. A nuestro país también le han vaciado sus riquezas naturales […].
Hay en esa tendencia a la dicotomía en los hombres de gobierno una necesidad casi compulsiva de dividir al pueblo de Bolivia en dos grandes grupos humanos. Ellos están, naturalmente, en el mejor de los dos, en el único digno de vivir en este país: el de los hombres prácticos, el de los hombres que prefieren la negociación. A nosotros nos sitúan en el conjunto de los ilusos, de los líricos, de los ellos suelen llamar los “tontos útiles”. Nosotros aceptamos complacidos esta última definición y retribuimos con otra que expresa también una verdad: ellos están en el grupo de los “tontos inútiles”, inútiles al interés del país. Y en esos dos conjuntos humanos, ellos ven, porque ya es una obsesión, o a los guerrilleros o a aquellos –que para expresar una metáfora de mal gusto, impropia de un alto dignatario de estado, aunque naturalmente explicable por ejemplo en labios de la presidenta de una institución de beneficencia social– de la cruz o de la hoz y el martillo. Ellos creen que en este país no hay sino, o los guerrilleros o aquellos que combaten a las guerrillas haciendo Rummy canasta o pintando las paredes con pintura verde. Y la verdad es que entre los barbudos guerrilleros del sudeste y los lampiños funcionarios que pululan en la administración pública hay un pueblo a medio afeitarse. Por ahora esto es resultado de la miseria, pero en unos años más, de seguir la conducta del gobierno como hasta ahora, será un distintivo de una posición política [29].

La nacionalización de la Gulf Oil

A sólo 21 días de tomar el poder, la primera decisión del general Alfredo Ovando es derogar el Código del Petróleo promulgado por Víctor Paz Estenssoro en 1955.

La medida tiene repercusiones en Argentina. En 1967, bajo el régimen de Barrientos, habían comenzado las negociaciones para que Bolivia le vendiera gas al país vecino. Pero la Gulf Oil alegó derechos de propiedad, frustró el acuerdo y negoció directamente con Buenos Aires. El proceso desnacionalizador de Barrientos continuó cuando el 28 de abril de 1969 le otorgó a la compañía estadounidense Williams Brothers la construcción del gasoducto hacia Argentina. Veinticuatro horas más tarde, el helicóptero del dictador se estrellaba en Cochabamba.

Poco después de la asunción de Ovando, la dictadura argentina del general Juan Carlos Onganía envía al capitán de fragata (retirado) Francisco Manrique a La Paz como inicio de una serie de presiones económicas y diplomáticas que intentan torcer el rumbo del nuevo gobierno boliviano. Manrique, un oficial de marina que ha participado del derrocamiento del general Perón en 1955, promete a Ovando el respaldo de su país a “cambio de no hacer locuras” con la Gulf Oil. Posteriormente, un semanario de Buenos Aires suministra a sus lectores una elegante versión de los hechos: “La Argentina reemplazó solidariamente la garantía de la Gulf ante el Banco Mundial, y adoptó frente a las dificultades del país hermano una actitud comprensiva dictada por sentimientos obvios pero también por sus propios intereses: nada de lo que ocurre en la casa del vecino nos es extraño, y sus problemas pueden afectarnos”[30].

Inmediatamente después de la derogación del Código del Petróleo, Quiroga comienza a presionar dentro del gobierno para que dé el siguiente paso: la nacionalización de la Gulf Oil. Es una confrontación con características dramáticas.

Dentro del gobierno se libraba, desde el principio, una lucha tenaz, a veces sórdida. […] Es preciso reconocer el mérito de algunos de los que conformaron el equipo civil del gabinete de Ovando y que se tradujo en esa lucha cotidiana, ese enfrentarse a un monstruo de las proporciones de Gulf dentro de un gobierno supeditado al control militar que le impedía romper sus lazos con el imperialismo. Los representantes de la Gulf en Bolivia lanzaron de inmediato, a través de sus voceros periodísticos (El Diario de La Paz y Los Tiempos de Cochabamba), una campaña de desprestigio contra el ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta campaña oscilaba entre la calumnia amenazante y la ridiculización cobarde. Pero, obviamente, no bastaba una campaña periodística. La Gulf sabía que aún era posible evitar la nacionalización y ejerció toda suerte de presiones dentro del gobierno y, principalmente, en las Fuerzas Armadas. Primero, ofreció elevar la participación del Estado en las utilidades de la empresa y luego ofreció precios más favorables por el crudo que exportaba.
Las maniobras urdidas por Bolivian Gulf Oil Company muestran hasta qué punto este tipo de empresas se convierten en superestados dentro de los países a los que explotan y cómo son capaces de movilizar recursos y comprar conciencias. Por doquier surgieron los simpatizantes de la empresa norteamericana que recordaban a los militares que un país pobre como Bolivia no podría acometer la explotación de los hidrocarburos, pues no había el financiamiento interno necesario. Además –y ésta era una actitud amenazante– se prevenía sobre la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos, influido por Gulf, ejercitara una especie de bloqueo económico sobre Bolivia, aplicando la nefasta enmienda Hickenlooper. La más vil de las tareas realizadas por los personeros y corifeos de la Gulf, en los momentos previos a la nacionalización, consistió en dividir a los bolivianos fomentando el regionalismo y tratando de movilizar a los departamentos que –como Santa Cruz de la Sierra– producían la riqueza petrolera con el ofrecimiento a esas regiones de un incremento de regalías, a cambio de que expresaran su oposición a la expulsión del consorcio petrolero[31].

En 1962, el Congreso de Estados Unidos había aprobado una propuesta del senador Bourke Hickenlooper, republicano de Iowa, que planteaba suspender la ayuda económica a los países que nacionalizaran o incautaran sin indemnización propiedades de capital norteamericano. La llamada Enmienda Hickenlooper condicionaba la asistencia económica al pago de compensaciones “rápidas, adecuadas y efectivas”. Sin embargo, esto no impidió en 1968 la nacionalización de International Petroleum Corporation, filial de Jersey Standard en Perú, que promovió el nacimiento de Petroperú luego de una negociación iniciada tres años antes, con el presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968). La cuestión terminó con la expropiación, sin indemnizaciones, decidida por el general Juan Velasco Alvarado, quien llegó al poder el 3 octubre de 1968 luego de un golpe de Estado que instauró un gobierno nacionalista.

Los militares del gabinete se oponen a la nacionalización de la Gulf Oil alegando que provocará, como represalia, la aplicación de la Enmienda Hickenlooper. El general Ovando, hombre introvertido y contradictorio, escucha los razonamientos de sus ministros pero no expresa ninguna opinión. Uno de los momentos decisivos de esta pugna se da cuando una parte del pueblo se lanza a las calles exigiendo la nacionalización. La “primavera” política de 1969 había permitido la reorganización de la Central Obrera Boliviana y el retorno de varios dirigentes exiliados. 


Quiroga Santa Cruz aprovecha el respaldo popular y pasa al contraataque. Decide jugar su carta más fuerte y, en una acalorada discusión, jura que si no se aprueba la ley presentará su renuncia. Es lo que menos le conviene al recién formado gobierno, que aún no ha cumplido un mes en el poder.

El momento era propicio. Ovando había roto las negociaciones con Gulf y ambicionaba pasar a la historia. […] Al fin, se decidió redactar el Decreto de Nacionalización que fue firmado por todos los ministros y guardado bajo llave por el presidente Ovando con el juramento de no revelar el secreto “hasta el momento oportuno”.
La batalla no estaba aún ganada. Las presiones de Gulf fueron cada vez más fuertes y Ovando se mostraba cada vez menos decidido a publicar el decreto. Nuevas discusiones, nuevas argumentaciones, hasta que en la reunión de gabinete del 16 de octubre de 1969 se decidió abrir el cajón donde estaba el documento ya firmado y difundir el explosivo decreto.
[…] Todo un mecanismo fue preparado para cumplir con el Decreto de Nacionalización. Ovando instruyó al entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Juan José Torres, que dispusiera la ocupación militar de los campos de explotación de la Gulf y las oficinas administrativas de la empresa. El mecanismo debía echar a andar a las 6 de la madrugada del 17 de octubre y a las 3 de la tarde darse a conocer la medida durante una solemne ceremonia a realizarse en el Palacio Quemado.
La empresa norteamericana aún jugaba sus últimas cartas, aunque ignoraba la inminencia del momento histórico. Los ministros civiles, especialmente aquellos que habían sostenido la lucha tenaz porque fuese dictada la trascendental medida, decidieron adoptar un plan de seguridad, ya que tenían informaciones en el sentido de que si la Gulf desbarataba el plan, corrían el peligro de ser apresados. Esos ministros pasaron prácticamente en vela toda la noche del 16 de octubre y descansaron en domicilios de amigos en espera de los acontecimientos y del cumplimiento de la promesa de Ovando [32].

A pesar del poco tiempo para la ejecución, todo sale como ha sido planeado. A las seis de la mañana, el ejército ingresa a los campos de explotación de la Gulf Oil en Santa Cruz de la Sierra. A las dos de la tarde, el propio general Torres ocupa las oficinas centrales de compañía norteamericana en La Paz. A las tres, las radios bolivianas anuncian la nacionalización. Una multitud entusiasta sale a las calles y aclama la medida. Poco más tarde, los miembros del gabinete firman nuevamente, de manera simbólica, el decreto de expropiación. Por primera vez en mucho tiempo, dirigentes obreros, universitarios y políticos de oposición, entran a la casa de gobierno a manifestar su respaldo a la decisión oficial.

Quiroga Santa Cruz es el artífice indiscutido de la nacionalización de los bienes de la Gulf Oil el 17 de octubre de 1969, que reintegra al Estado los campos gasíferos.

Los beneficios son enormes para la economía nacional. Bolivia deja de comprar petróleo a una empresa extranjera y recupera el 90 por ciento de las reservas de gas que estaban en manos de la Gulf Oil. A pesar de que ofrece pagar 80 millones de dólares de indemnización, el país gana reservas gasíferas y petrolíferas por valor de cinco mil millones de dólares, además de restablecer el mercado argentino para YPFB.

El joven ministro declara a la prensa: “A Bolivian Gulf no se le pagará ni un centavo de indemnización por el gas ni por el petróleo, porque ambas riquezas son del pueblo boliviano. Tampoco se pagará indemnización alguna por las inversiones que la compañía hubiera efectuado en el país, ya que no nos interesan los gastos en que hubiera incurrido. El problema se reduce a cancelar el monto relativo al activo fijo que la empresa petrolera deja en Bolivia, vale decir, indemnizarla por la maquinaria y vehículos que se quedarán en el país, por sus bienes inmuebles, bombas y plantas de reinyección”[33].

La reacción de los intereses petroleros afectados es inmediata y en cadena.

El imperio contraataca

La Gulf Oil se resigna a perder las concesiones pero quiere controlar a toda costa la comercialización de hidrocarburos y, reclama, además, una indemnización mayor. Por presión de la empresa, se cierran los mercados de petróleo para las exportaciones bolivianas. Como consecuencia, el campo de Río Grande debe suspender temporalmente sus operaciones y disminuye la producción total del país. Se paraliza la venta del crudo en Arica. Se interrumpe la exportación de gas hacia Argentina y se retienen los materiales para el tendido del gasoducto Yacuiba, en Tarija, en la frontera con ese país. Por presión de la Gulf a través de sus socios de la Banca Morgan, el Banco Mundial deja sin efecto el crédito para la construcción del gasoducto. Poco después de la nacionalización, una corrida bancaria obliga al gobierno a imponer un tímido control de las divisas.

Los grandes medios de prensa locales se unen a esta campaña antinacional. Aumentan las críticas hacia Marcelo Quiroga Santa Cruz, se genera un ambiente de incertidumbre en la población y se afirma que en poco tiempo “los bolivianos deberán comer petróleo, pues la ruina será total”[34].

El gobierno de Ovando borra con el codo lo que ha escrito con la mano. A contrapelo del decreto de nacionalización, el 29 de diciembre de 1969 firma un contrato con la empresa francesa Gopetrole para evaluar las inversiones de la ex Bolivian Gulf Oil y determinar la indemnización. La firma establece que la reparación económica es de 101 millones 98.961 dólares.

En febrero de 1970, Quiroga envía una carta al Banco Mundial. Explica que desde el 17 de octubre de 1969, cuando se dictó el decreto que recuperaba para el Estado todas las concesiones otorgadas a la Gulf Oil y se nacionalizaban todos sus bienes, personeros de la empresa se entrevistaron con él sólo dos veces. En ninguna de esas ocasiones, agrega Quiroga, se discutió acerca de la cantidad que Bolivia debía pagar como indemnización. Hubo un primera visita el 13 de noviembre de 1969, mientras él cumplía una misión oficial en Argentina. Los delegados de la Gulf Oil aprovecharon la ausencia del ministro y propusieron derogar el decreto de nacionalización, lo que fue rechazado. Poco más de un mes después, el 17 de diciembre de 1969, Quiroga recibió a una nueva delegación. Los enviados manifestaron que no eran portadores de ninguna propuesta y que esperaban recibir una oferta formal del gobierno.

En respuesta a esta explicación dije a los representantes de Gulf que el gobierno de Bolivia no tenía nada que proponer y que reiteraba la decisión adoptada el 17 de octubre de ese año, en todos los términos consignados en el decreto de esa fecha. Aproveché la circunstancia para proponer la adquisición de las instalaciones destinadas al procesamiento del gas […], compra que no podía ser pagada por el gobierno de Bolivia en otra forma que mediante la entrega de petróleo en el puerto de Arica y por un valor equivalente. Los personeros de Gulf reconocieron que la proposición era viable y prometieron una respuesta oficial en el término de “unos pocos días”. Desde entonces han transcurrido cincuenta y cinco días sin que Gulf hubiera cumplido el compromiso contraído […]. En la primera quincena de enero y pocos días después de haber solicitado audiencia en este ministerio para una nueva delegación que debió llegar a La Paz, hicieron saber a los funcionarios del Ministerio de Minas y Petróleo que el viaje de esta nueva comisión había sido suspendido.
[…] Con excepción de las dos únicas y breves audiencias concedidas en las oficinas del Ministerio de Minas y Petróleo, en las fechas que se mencionan, nunca tuve relación de ningún género con los emisarios de esa empresa [35].


Los esfuerzos de Quiroga por mantener el decreto de nacionalización son estériles. Su suerte ya está echada.

La Gulf Oil logra que, desde Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon también presione al gobierno boliviano. En marzo de 1970 llega a La Paz, en visita de “cortesía”, un enviado de Washington: Charles Meyer, secretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado. Meyer se entrevista con el general Ovando para negociar un acuerdo “honorable”. Una de las condiciones del funcionario norteamericano es la salida del ministro de Minas y Petróleo del gabinete.

También en marzo arriba a Bolivia el comandante en jefe del ejército argentino, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, acompañado de Luis María de Pablo Pardo, asesor de la cancillería. Ambos se reúnen con el nuevo comandante en jefe boliviano, el general Rogelio Miranda, un producto bastante silvestre de la guerra fría que reemplaza a Juan José Torres, desplazado del cargo por su incómodo perfil nacionalista revolucionario. Miranda, un oficial de escasa inteligencia, pro estadounidense y anticomunista, es el “hombre” de la dictadura argentina en Bolivia.

Abandonado por el presidente, confrontado con los militares, atacado por la burguesía, cuestionado por la prensa y boicoteado por la burocracia administrativa del propio gobierno, Quiroga renuncia el 20 de mayo de 1970.

A Torres y Quiroga les sigue Alberto Bailey, ministro de Información, quien es criticado por los propietarios de los grandes medios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Jorge Carrasco Villalobos, dueño de El Diario, de la capital, ha prohibido a sus reporteros que mencionen al funcionario en las noticias; su apellido jamás aparece en las páginas del periódico. Cuando en agosto de 1970 el gobierno clausura el semanario Prensa, que salía los lunes, editado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP), el ministro renuncia a través una valiente carta pública.

Pero los esfuerzos de Ovando por satisfacer al gran poder internacional del dinero son inútiles. Un testigo de la época recordará 35 años después:

En 1970, se enfrentaron en Bolivia dos proyectos de país. El primero, encabezado por el general Alfredo Ovando Candia, Marcelo Quiroga Santa Cruz y José Ortíz Mercado, que nacionalizó el petróleo, instaló los primeros hornos estatales de fundición de estaño y elaboró la Estrategia para el Desarrollo Nacional. El segundo, es el que nos agobia hasta ahora. […]
La experiencia demostró que el desarrollo nacional no puede ser encabezado por empresarios nativos, siempre sumisos al capital foráneo, sino por un movimiento patriótico decidido a industrializar el país y lograr la justicia social, mediante el fortalecimiento del Estado nacional. […]
Lo anterior explica la urgencia de Washington por aplastar la rebeldía nacional. Inmediatamente después de la nacionalización de la Gulf, la CIA conspiró para detenerla. Los regímenes militares de Brasil y Argentina secundaron esos aprestos. La embrionaria oligarquía cruceña articuló sus planes golpistas con los empresarios mineros. En este crucial enfrentamiento, la izquierda foránea se equivocó al combatir a Ovando. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) abrió un foco guerrillero que al plantear la destrucción de las Fuerzas Armadas, hizo que la mayoría de los militares cambiara de bando. El Partido Comunista «pekinés» asaltó tierras y moteles, invocando, para esta última medida, la revolución moral de Mao Tse Tung. El Partido Comunista «moscovita» asumió posiciones dubitativas y contradictorias. El trotskismo de Guillermo Lora convocó a la Asamblea Popular, lo que empujó a las capas medias a los brazos del imperio” [36].

En realidad, Ovando ya había abandonado el proyecto nacionalista revolucionario inicial de su gobierno desde mucho antes. Su suerte también está echada. Aunque desde mediados de 1970 había intentado reconciliarse con la derecha, dos infiltrados conspiraban para derrocarlo: el general Rogelio Miranda y el coronel Juan Ayoroa, ministro del Interior.

Golpe y contragolpe

El 7 de agosto de 1970, Día de las Fuerzas Armadas, el obtuso comandante en jefe Rogelio Miranda lee un discurso y expresa la desaprobación de las tres armas al gobierno de Alfredo Ovando Candia. Afirma que la institución castrense “no está ni en la izquierda, ni en la derecha”. Implícitamente, este oficial cerril que con mucha dificultad puede deletrear la palabra “constitucionalidad”, da por terminado el Mandato de las Fuerzas Armadas aprobado dos años antes.

Además de la situación interior y la presión exterior, hay un tercer factor externo que conspira contra Ovando: el régimen militar argentino.

El teniente general Lanusse prepara en Buenos Aires el terreno para dar un golpe “institucional” que lo lleve al poder. En junio había desplazado al teniente general Juan Carlos Onganía de la Casa Rosada y colocado en su lugar al general Roberto Marcelo Levingston, ex agregado militar en Washington. El comandante necesita la alianza con un país vecino en la sórdida contienda geopolítica con Brasil para mantener la hegemonía en el Cono Sur. La inestable Bolivia le calza como anillo al dedo.

Detrás del militar argentino se mueve la Banca Morgan, asociada a la Gulf Oil. La empresa norteamericana ve en la mancuerna Lanusse-Miranda la mejor oportunidad, si no para recuperar sus concesiones, al menos para retomar el control de la comercialización de los hidrocarburos bolivianos y garantizar su participación en la construcción del gasoducto. Mientras los agentes de Lanusse desarrollan una ardua labor en La Paz, Miranda visita continuamente los cuarteles más importantes augurando una rápida comercialización del petróleo nacionalizado. El coronel Juan Ayoroa, ministro del Interior, se encarga de contener el desarrollo político de la oposición de izquierda reprimiendo manifestaciones y encarcelando a dirigentes[37].

El 4 de octubre, mientras Ovando se encuentra en Santa Cruz, se publica en la prensa una “Proclama subversiva de jefes y oficiales” que exige la renuncia del mandatario, acusándolo de “comunista”. Los golpistas son alrededor de 200. A las seis de la mañana del 6 de octubre, mientras Ovando dimite sin pena ni gloria, las guarniciones militares se dividen. La oficialidad delibera en todo el país. La Central Obrera Boliviana y los estudiantes universitarios anuncian movilizaciones. El Alto Mando decide nombrar un triunvirato militar que sólo llega a gobernar seis horas.

En esos 360 minutos, los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso. El general Juan José Torres se dirige a la Base Aérea de El Alto, en La Paz, y el grupo Aéreo lo proclama presidente. Inmediatamente el oficial comienza a recibir el respaldo de diversas unidades militares. Tropas de elite del Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE), grupo de paracaidistas creado en 1963 en Cochabamba, toman el Palacio Quemado, reconocen a Torres como jefe de Estado y se disponen a recibirlo. A esta reacción contra el golpe de Miranda, se agrega la movilización de trabajadores y estudiantes.

Por el momento, los planes de las fuerzas conservadoras locales, la Gulf Oil y Lanusse se frenan.

Torres y la “primavera” pueblo-ejército

El nuevo gobierno cívico-militar impulsa las tareas nacionalistas revolucionarias que habían quedado pendientes durante el gobierno de Ovando.

Torres mantiene en el gabinete a José Ortíz Mercado, quien luego de ocupar el ministerio de Planeamiento con el régimen anterior, se convierte en coordinador del Consejo de Ministros. Por primera vez en muchas décadas, el pueblo ve cómo las Fuerzas Armadas recuperan los aspectos más positivos de las gestiones de David Toro, Germán Busch Becerra, Gualberto Villarroel y el MNR de 1952. A los regímenes militares de algunos países vecinos se les ponen los pelos de punta cuando se forma un Comando Político integrado por dirigentes de la COB, políticos de izquierda y universitarios. Este cuerpo de gobierno, a su vez, crea una Asamblea Popular compuesta por mineros, obreros de las ciudades, campesinos y estudiantes. La finalidad es sustituir al Parlamento, clausurado desde 1969. A partir de ahí, Torres comienza un programa de cambios sociales.

Para comenzar, el general se aparta de la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada en el Pentágono y exportada a Iberoamérica. En el nuevo concepto de defensa nacional, incluye la preservación de los recursos naturales del país, el combate a la pobreza y la superación del retraso económico. En medio de una constante agitación política, inaugura la fundición de estaño de Vinto, revierte el contrato de mina Matilde y crea corporaciones de desarrollo. El gobierno expulsa al Cuerpo de Paz y libera al intelectual francés Regis Debray, condenado a 30 años de prisión por su vinculación con la guerrilla del “Che” Guevara.

En el aspecto internacional el nuevo gobierno considera que la contradicción no se da entre Este-Oeste, potencias capitalistas y comunistas (Estados Unidos versus el bloque soviético), sino entre Norte-Sur, naciones desarrolladas y países dependientes. Bolivia se integra al Movimiento de No Alineados (NOAL), creado en 1961 por iniciativa del egipcio Gamal Abdel, el indio Jawaharlal Nehru y el yugoslavo Josip Broz Tito. La intención de Torres es crear un Estado nacional e independiente, no realizar una revolución socialista que considera inviable.

Sin embargo, la reacción no tarda en llegar. El sector más duro de las Fuerzas Armadas, los empresarios y la clase media urbana temerosa por “la instauración del comunismo” encaminan sus pasos hacia la embajada de Estados Unidos, que observa alarmada el proceso nacionalista revolucionario y decide frenarlo a toda costa. La embrionaria oligarquía de Santa Cruz de la Sierra, los grandes terratenientes y los empresarios mineros son partidarios de un contragolpe. En enero de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez intenta un cuartelazo, fracasa y se asila en la embajada de Argentina.

La izquierda tradicional y la ultraizquierda, en lugar de apoyar al gobierno popular, asumen posturas contradictorias o directamente de confrontación. El dirigente maoísta Oscar Zamora Medinaceli ocupa haciendas en Santa Cruz de la Sierra (dos décadas después, en 1989, Zamora será candidato vicepresidencial de Banzer y, más tarde, embajador en China).Muchos dirigentes de organizaciones populares, en lugar de cerrar filas alrededor del primer general que no los reprime en mucho tiempo,  le exigen la instauración del socialismo. No entienden que Torres es un militar que sólo aspira a reconstruir un país independiente.

Banzer organiza a su alrededor a la Falange Socialista Boliviana y al MNR de Paz Estenssoro, del que se ha escindido el MNR de Izquierda de Siles Zuazo. Los regímenes militares de Argentina y Brasil secundan las maniobras conspirativas. El 19 de agosto de 1971, el oficial encabeza otro golpe de Estado que culmina 48 horas después, con enfrentamientos armados en La Paz y Santa Cruz. El resultado es alrededor de 100 muertos y 500 heridos. El nuevo régimen declara ilegales a los partidos de izquierda, disuelve la COB y cierra las universidades.

Cientos de opositores marchan al exilio, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien se dirige a Chile y luego a Argentina.
3. Exilio, regreso y muerte

Banzer Suárez (1926-2002), originario de Santa Cruz de la Sierra y descendiente de alemanes, hizo una carrera meteórica en el ejército.

Ingresó al Colegio Militar a los 14 años, por recomendación del coronel Germán Busch Becerra. Ya egresado, tomó clases en la Escuela de Aplicación de Armas, la Escuela de Comando y Estado Mayor, y la Escuela de Altos Estudios Militares. Fue seleccionado para tomar cursos en institutos militares de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Se especializó en lucha contrainsurgente en la Escuela de Las Américas, en la Zona del Canal de Panamá, donde se distinguió como uno de los mejores alumnos. Entre 1967 y 1969 fue agregado militar de la embajada en Buenos Aires.

El régimen cívico-militar de Banzer se beneficia con el precio internacional del petróleo y los minerales, además de la llegada de créditos del exterior. Impone leyes que benefician la inversión extranjera. En 1972, la venta de gas a la Argentina representa un importante ingreso para la economía nacional. Bajo su mandato se construyen la autopista La Paz-El Alto y la refinería de Palmasola, aumenta la construcción pública y privada, se instalan nuevos sistemas de telecomunicaciones y se adquieren aviones para el Lloyd Aéreo Boliviano.

Pero la doctrina desarrollista con fuerte control estatal tiene su contrapeso. Con una visión errónea del crecimiento de la producción petrolera, Banzer se lanza a un proyecto de aumento de las exportaciones que debe dar marcha atrás por la demanda de consumo interno. La devaluación de la moneda, por primera vez en 16 años, causa un estremecimiento social. El endeudamiento externo fue el más alto del siglo XX, al multiplicar la deuda en casi seis veces.

Banzer retoma el fuerte componente anticomunista de la guerra fría, inculcado sistemáticamente por Estados Unidos a los ejércitos de América Latina.

Santiago-Buenos Aires-México

Refugiado en Chile, Marcelo Quiroga Santa Cruz combina el periodismo con clases en la Universidad. Dos meses antes del golpe del general Augusto Pinochet, que el 11 de septiembre de 1973 derroca al presidente Salvador Allende, el exiliado se traslada a Argentina. El año anterior, ha publicado en este país El saqueo de Bolivia, que se agota rápidamente.

Desde Buenos Aires, Quiroga le solicita a Banzer garantías mínimas para regresar a La Paz y permanecer sólo el tiempo necesario para demostrar, en forma documentada, las desventajas para Bolivia en la negociación de venta de gas a Brasil. El dictador ignora el pedido, pero el dirigente socialista insiste a través de otro recurso: en mayo de 1974, remite a la prensa de su país un texto de 24 páginas titulado “Acta de capitulación nacional”. Ningún periódico lo publica, ni siquiera sintetizado o comentado bajo la forma de un artículo.

Quiroga escribe en el diario Noticias, que responde a la llamada “tendencia revolucionaria” del peronismo. También da cátedra en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA), que dirige el intelectual Rodolfo Puiggrós, un ex comunista que en 1946 optó por el peronismo. El pensador nacional es autor de más de 30 libros, entre los que se cuentan De la colonia a la revolución (1940), Historia económica del Río de la Plata (1945), Historia crítica de los partidos políticos argentinos (1956), La España que conquistó al nuevo mundo (1961), El Yrigoyenismo (1965) y Las izquierdas y el problema nacional (1966).

En Buenos Aires, Quiroga conoce al periodista brasileño Neiva Moreira, ex diputado del Partido Democrático Trabalhista, también exiliado y editor de la revista mensual Tercer mundo. Tenaz, el ex ministro de Petróleo y Minas publica en esa revista el “Acta de capitulación nacional” con el título de “Bolivia: sin gas ni patria”, que será el punto de partida del libro Oleocracia o patria, terminado en 1977. Tercer mundo sólo logra sacar seis números antes de ser clausurada.

Poco después, Quiroga sufre un atentado de la Alianza Anticomunista Argentina. Se reencontrará con Puiggrós y Neiva Moreira a 10.000 kilómetros de distancia, los tres exiliados en México.

En 1975, Quiroga llega al Distrito Federal, donde vive tres años y comparte el destierro con su amigo René Zavaleta Mercado. Igual que en Chile y en Argentina combina la enseñanza con el periodismo. Da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y publica una columna semanal en el diario El Día, fundado en 1962 y dirigido por Enrique Ramírez y Ramírez, ex diputado del “ala izquierda” del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la década del ‘70, El Día tiene la mejor sección de información y análisis internacional en México. El periódico dedica varias páginas a lo que sucede en el mundo, con un fuerte énfasis en América Latina. Es fuente de consulta de periodistas nacionales, corresponsales extranjeros, políticos, académicos y diplomáticos.

Además de Quiroga, Zavaleta Mercado y Puiggrós –cofundador del diario en un exilio anterior– en El Día trabajan otros exiliados suramericanos: el argentino  Gregorio Selser, autor de Sandino, general de hombres libres y varios libros sobre la relación Estados Unidos-América Latina; los uruguayos Daniel Waksman Schinca y Niko Schwarz; los brasileños Ruy Mauro Marini y Francisco Julião, creador de las Ligas Campesinas en su país; la chilena Frida Modak, ex jefa de prensa del presidente Salvador Allende; los panameños Jorge Turner y Nils Castro, que tiempo después serán colaboradores del general Omar Torrijos. Por la sección internacional pasan más tarde varios guatemaltecos y salvadoreños, y el narrador, poeta y periodista boliviano René Bascopé Aspiazu, fundador de la revista Trasluz y el semanario Aquí, nacido en 1951 y muerto en un accidente de armas en 1984.

Alguien definió en los ‘70 a El Día como “una constelación del destierro iberoamericano”. El más veterano de los exiliados que escriben en El Día es el político, periodista y economista español Antonio Pérez García, quien ha llegado a México en 1956 –luego de permanecer 15 años preso en el tristemente célebre presidio de Burgos– y que firma con el seudónimo de “Mario Zapata”. Pérez García, vinculado a editoriales de prestigio internacional, como el Fondo de Cultura Económica, ha sido asesor de Ernesto Guevara en el Banco Nacional de Cuba, en 1960.

Son años de intensa actividad política. En 1976, Marcelo Quiroga Santa Cruz es miembro fundador del Instituto de Economistas del Tercer Mundo, del Seminario Permanente para América Latina (SEPLA) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), una iniciativa del peruano Genaro Carnero Checa, también asilado en México. Este veterano hombre de prensa fue creador en 1950 de la Federación de Periodistas del Perú, amigo del poeta chileno Pablo Neruda y autor de más de 20 libros, entre los que se cuenta La acción escrita: José Carlos Mariátegui, periodista (Imprenta Torres Aguirre, Lima, 1964). En la sede de la FELAP, se presenta en febrero de 1977 la revista de Neiva Moreira, rebautizada Cuadernos del tercer mundo.

Carnero Checa, Puiggrós y Pérez García mueren en 1980, el mismo día. Al autor de estas líneas –en ese entonces editor de la sección internacional de El Día– le toca redactar las semblanzas biográficas de cada uno para Cuadernos del tercer mundo, que comienzan con la siguiente introducción: “Por dolorosa coincidencia, el 12 de noviembre fallecían tres veteranos luchadores en el exilio: el peruano Genaro Carnero Checa, el argentino Rodolfo Puiggrós y el español Mario Zapata. Sus desapariciones dejan un vacío en México, país al que amaron sin titubeos, y afectan a toda América Latina, esa Patria Grande por la que pelearon desde sus particulares trincheras”[38].

El destierro fecundo: Oleocracia o patria

La residencia obligada de Marcelo Santa Cruz fuera de Bolivia es muy productiva. El “Acta de capitulación nacional”, aquel texto de 24 páginas que en mayo de 1974 no se atrevió a publicar ningún medio de comunicación de su país, y que finalmente apareció en la revista Tercer mundo con el título de “Bolivia: sin gas ni patria”, tiene un mejor destino en el exterior. En 1977 se transforma en Oleocracia o patria, un documentado alegato de 248 páginas en forma de libro que publicará en 1982 la editorial Siglo XXI, de México.

Desde la introducción, Quiroga va al grano: “Los recursos naturales no renovables son el pan de hoy y el hambre de mañana”. Esta doble característica, agrega, “que los pueblos coloniales y las naciones dependientes conocen y sufren inmemoriablemente, han comenzado a entenderla también, aunque muy a pesar suyo, los que siempre se beneficiaron de sus efectos”[39].
Durante la primera mitad del siglo XIX los p
aíses industriales consumieron más recursos naturales no renovables que en el resto de la historia de la humanidad, se lee en Oleocracia o patria. Para 1975, es decir 25 años después de ese periodo, las potencias capitalistas habían superado ese peligroso límite. Para sustentar estas afirmaciones, Quiroga cita un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), elaborado para el Club de Roma en abril de 1977:

“El consumo de recursos minerales en el mundo aumenta a un ritmo de 6% anual; […] una gran parte de las reservas minerales más importantes se agotarán antes del año 2050. Algunos ejemplos: carbón, en 111 años; hierro, en 93 años; petróleo, en 20 años; oro, en nueve años. Y en plazos no mayores a los 25 años, el aluminio, cromo, cobalto, plata, platino, mercurio y estaño”[40].

Quiroga describe cómo, al inicio del siglo XIX, las compañías norteamericanas se lanzan hacia el Tercer Mundo a la búsqueda de petróleo:

[…] La producción petrolera mundial se concentraba, casi exclusivamente, en el territorio de los Estados Unidos. Pero veinte años después las primeras grandes empresas petroleras de este país comienzan a olfatear el crudo medioriental y latinoamericano y a perforar en ambas regiones. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la participación norteamericana en la producción mundial desciende al 65%, en tanto que la de América Latina sube al 13% y la del Golfo Pérsico alcanza al 9%. En 1960 la producción norteamericana desciende al 37%, la de América Latina sube al 17% y la de los países árabes sobrepasa el 28%. Diez años después, en 1970, la participación de los Estados Unidos disminuye al 25%, la de América Latina baja al 11%, la de medio Oriente sube al 34% y la del norte de África llega al 15%.

Que la producción norteamericana descienda del 88% al 25%, en tanto que las de Asia, América Latina y África sumadas, asciendan desde el 3% al 60% en el transcurso de medio siglo, no indica que el crudo se traslade subterráneamente desde el territorio de la metrópoli al de los países coloniales o neocolonizados, sino que los capitales norteamericanos se van allí donde la explotación de ese hidrocarburo les asegura un margen mayor de utilidades. ¿Para qué agotar los yacimientos propios, pudiendo echar mano del crudo ultramarino?

Entre los altos costos de producción determinados por el privilegiado nivel de vida de las satisfechas masas consumidoras norteamericanas, y el costo irrisorio en esos pueblos que sólo aspiran a subsistir; […] entre los exhaustos yacimientos del oeste americano y las rebosantes napas del Golfo Pérsico, del noroeste africano y del Caribe, ¿cómo no olvidarse de esas fatigadas bombas de succión que cabecean en Texas, con un rendimiento decreciente, cómo no correr en busca de ese nuevo maná ascendente para el que los pueblos sojuzgados no tienen manos hábiles, y llevarlo hasta la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿Qué destino mejor ni más justo podría tener ese crudo que trasladarse a la metrópoli para retornar al suelo oriundo transformado en poco más o menos todo lo que necesitan los árabes, los africanos, los latinoamericanos, desde las exóticas ropas que visten hasta los preservativos que se les enseña a usar para evitar que sigan naciendo aquéllos a los que ya no podrían vestir ni alimentar?[41].

“Un devorador de energía que acusa los primeros síntomas de una grave anemia”: así define Quiroga premonitoriamente a Estados Unidos en 1977. No llegará a enterarse de la guerra del Golfo Pérsico en 1991 (Operación Tormenta del Desierto), ni la invasión a Afganistán en 2001 (Operación Libertad Duradera), ni la ocupación de Irak en 2003 (Operación Libertad).

Lo de “premonitorio” no es exagerado. En Oleocracia o patria se reproducen sugestivas frases del secretario de Estado Henry Kissinger y los presidentes Gerald Ford y James Carter, quienes en cierto modo preanuncian la decisión de George W. Bush de instalarse militarmente en Afganistán e Irak.

El 2 de enero de 1975, Kissinger declara al semanario neoyorkino Bussiness Week: “La única posibilidad de hacer bajar inmediatamente los precios del petróleo sería una guerra política masiva contra países como Arabia Saudita e Irán, de modo de hacer que su estabilidad política, y tal vez su seguridad, estén en peligro si no cooperan”. El secretario de Estado afirmó abiertamente que cuando no hay dinero suficiente para comprar gobiernos sólo resta el camino de la ocupación armada: “No digo que no existan circunstancias en que no usaríamos la fuerza; pero una cosa es usarla en caso de una disputa por precios, y otra cuando existe un verdadero estrangulamiento del mundo industrializado”.

Tres meses antes, Ford había anunciado poco menos que la llegada del Leviatán, al inaugurar en Detroit la Novena Conferencia Energética. “Nadie está en condiciones de calcular la amplitud de los daños ni estimar las consecuencias desastrosas de la negativa de las naciones a destinar los dones de la naturaleza en beneficio de la humanidad”, sostiene el mandatario republicano el 23 de septiembre de 1974, ante representantes de 69 países. Y agrega:

“Como los recursos terrestres han sido equitativamente distribuidos, los países están obligados a escoger entre el conflicto y la cooperación. Cuando las naciones empuñan las materias primas como arma política, el resultado no puede ser otro que el sufrimiento de todos. Históricamente, las naciones han combatido sólo para obtener el agua y la alimentación, o estratégicos pasajes terrestres o marítimos, pero en la era atómica los riesgos para la humanidad entera se hacen inevitables cuando cada conflicto local puede convertirse en una catástrofe global. Es difícil debatir el problema energético sin caer en palabras apocalípticas”.
Cuando Ford alude a “destinar los dones de la naturaleza en beneficio de la humanidad”, seguramente no se refería a Somalia, Ruanda, Indonesia o Haití. Es posible que utilizara la palabra “humanidad” como sinónimo de Estados Unidos.

El 18 de abril de 1977, Carter retoma el tema: “El petróleo, que interviene en el 75% de la energía que consumimos, se está agotando”, dice el presidente demócrata en un discurso.
“La producción nacional disminuye constantemente, a razón del 6% anual. En los últimos cinco años, las importaciones se han duplicado. […] Si no actuamos sobrevendrá una crisis económica, social y política que amenazará a nuestras instituciones libres. Con excepción de evitar la guerra, éste es el mayor desafío que nuestro país enfrentará durante nuestras vidas. La crisis energética aún no nos ha abrumado, pero lo hará si no actuamos rápidamente”.
Es prácticamente el mismo discurso de George W. Bush casi 30 años más tarde. Con un agregado: a la defensa de las “instituciones libres” y la “democracia”, Bush agrega la “lucha contra el terrorismo”. Pero lo que yace en el fondo de la cuestión es lo que Quiroga define como “oleofagia”:
Estados Unidos, con una población que no sobrepasa el 6% del total mundial, consume la tercera parte de la energía que se gasta en el mundo entero. […] Porque la fuerza energética fundamental en los Estados Unidos no es, desde luego, la hidroeléctrica, ni siquiera el carbón, sino el petróleo […].
Naturalmente que esta insaciable oleofagia no podía terminar de otro modo que en el agotamiento de sus propias reservas. Hasta el inicio de la segunda posguerra, los Estados Unidos fueron una nación autosuficiente. En las tres décadas transcurridas se ha convertido, tanto por la magnitud de sus requerimientos globales de crudo, como por la singular utilización mayoritaria que hace de él (gasolina para automotores) en el primer importador de petróleo[42].
Estados Unidos, escribe Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1977, es “el país energéticamente más dependiente del mundo”.
Bolivia blindada

A partir de agosto de 1971, Hugo Banzer se alinea con el tirano paraguayo Alfredo Stroessner, luego con el general brasilero Ernesto Geisel y, más tarde, con las dictaduras del chileno Augusto Pinochet y los sucesivos generales de Argentina y Uruguay.

En noviembre de 1974, el militar excluye del gobierno a los partidos que lo llevaron al poder y se apoya únicamente en las Fuerzas Armadas. Ese año, su reacción frente a las protestas por la devaluación de la moneda y otras medidas económicas son las masacres de Tolata, Epizana, Mizque y Suticollo, que dejan 80 muertos y cientos de heridos. Se le considera el autor intelectual de las muertes de dos miembros del ejército: el coronel Andrés Selich, su brutal ex ministro del Interior muerto a golpes por antiguos subordinados en 1973, y el ex presidente José Luis Torres, asesinado en Buenos Aires en 1976.
Bolivia se une a la Operación Cóndor con las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en el exterminio de opositores. Durante su régimen, cerca de 35.000 bolivianos, entre arrestados y exiliados, sufren las represalias del poder. Alrededor de 500 son asesinados o “desaparecidos”.
Pero el dictador tiene el mismo destino que muchos de sus antecesores. En 1977, ante la presión interna y externa, convoca a elecciones. A través de un fraude escandaloso impone a su candidato, el general Juan Pereda Asbún, por encima de la Unidad Democrática y Popular (UDP), una coalición de centro-izquierda liderada por Hernán Siles Zuazo. Los comicios son anulados, pero en julio de 1978 Pereda reacciona derrocando a Banzer, quien termina alejado de la política como embajador en Argentina.
La etapa 1978-1982 es la más inestable de toda la historia de Bolivia. Nueve presidentes se alternan en cuatro años y medio. De ellos, siete son de facto y sólo dos constitucionales. La efímera secuencia presidencial es: general Juan Pereda (1978), general David Padilla (1978-1979), Walter Guevara (1979), coronel Alberto Natusch Busch (1979), Lidia Gueiler (1979-1980), general Luis García Meza (1980-1981), junta militar (1981), general Celso Torrelio (1981-1982) y general Guido Vildoso (1982).
En las elecciones de junio de 1980 triunfó la Unión UDP, pero Hernán Siles Zuazo no alcanza a asumir a causa de un nuevo golpe de Estado perpetrado por el general Luis García Meza, secundado por el coronel Luis Arce Gómez. Ambos instauran lo que el periodista Gregorio Selser denominará “la narcodictadura de los cocadólares”.
Ese trágico 17 de julio de 1980, Quiroga Santa Cruz debía estar en Cochabamba, en el programa “Momento Político”, de Canal 11 de Televisión Universitaria, pero suspende el viaje y decide enfrentar, altivo como siempre, la asonada militar. Instala su puesto de lucha en el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), ubicado en el edificio de la Central Obrera Boliviana, en el Paseo del Prado. En el lugar sólo hay cinco o seis personas, entre ellas el viejo dirigente obrero Juan Lechín. La instalación es asaltada por paramilitares que lo hieren a Marcelo de un tiro en el pecho. Lo llevan a la sede del Estado Mayor de Ejército y lo torturan hasta que muere. Después, queman el cadáver. Una versión sostiene que hacen en una instalación militar; otra, que lo incineran  en los hornos de fundición de Vinto,  240 kilómetros al sur de La Paz, en el distrito de Oruro. De cualquier forma, una comisión militar le entrega más tarde a la hermana un trozo del cuerpo.
Marcelo Quiroga Santa Cruz tenía 49 años cuando fue asesinado.
El 31 de octubre de 2007, el Senado boliviano aprobó la creación de la universidad que lleva su nombre en la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

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