Foto:Trabajadores mineros del siglo pasado.
Pulacayo y sus prolegómenos
Durante la mayor parte del siglo XX, la principal actividad económica de
Bolivia fue la minería. En los primeros años del siglo pasado se produjo en
este rubro un cambio significativo: emergió en primer plano la producción de
estaño, cuya explotación desplazó a la de la plata. Esto implicó mutaciones en
la elite dominante, ya que los “mineros de la plata” fueron reemplazados por
los “barones del estaño”. Hasta la nacionalización de la minería ejecutada por
la revolución de 1952, la explotación de este mineral estuvo en manos de tres
familias, las de Simón Patiño, Guillermo Aramayo y Mauricio Hoschild, que
controlaban la mayor parte de la minería boliviana. Hacia 1920 Patiño logró el
control de los ricos yacimientos de Uncía y Llallagua, y en 1924 constituyó la
“Patiño Mines & Co”, una compañía formada por el poderoso millonario junto
con accionistas yankis, que fijó su residencia en el estado de Delaware, en
Estados Unidos. Desplegando modernos criterios empresariales, Patiño constituyó
un holding internacional, con yacimientos, empresas y fundidoras del metal en
distintos países del mundo. En esa época se calculaba que sus ingresos anuales
eran similares o mayores a los del Estado boliviano.
Ahora bien, en los primeros veinte años del siglo XX se realizaron importantes
inversiones en la minería boliviana, incorporando la maquinaria
tecnológicamente más adelantada para la época. Pero para fines de la década del
20 la minería del estaño entró en una profunda crisis. En 1929 el país exportó
47.000 toneladas del metal, registro que ya no sería superado. Las causas eran
estructurales, las vetas más ricas ya estaban agotadas, se requerían
importantes inversiones para hacer competitivo a nivel mundial el estaño
boliviano y los “barones del estaño”, acostumbrados a invertir y gastar sus
fabulosos ingresos en Europa, no estaban dispuestos a hacerlas. En suma, hacia
1950 la baja calidad del metal y la escasa productividad de las minas
amenazaban con dejar afuera del mercado la producción boliviana.
En 1950, la población total de Bolivia ascendía a unos 3.100.000 hab., de los
cuales 1.700.000 eran indígenas, es decir el 55 % de la población. La población
urbana era el 23 % de la población total, y sólo el 31 % de esta última estaba
alfabetizada. El censo nacional realizado en ese año reveló que de la población
económicamente activa el 72 % se dedicaba a las actividades agrícolas y sus
derivados - pero sólo contribuían con el 33 % del Producto Bruto nacional. La
propiedad rural estaba muy concentrada: el 6 % de los propietarios, que poseían
1.000 o más ha, controlaban el 92 % de la tierra, mientras que el 60 %,
poseedores de 5 o menos ha, tenían menos del 2 %. En el altiplano predominaba
la propiedad latifundista, explotada bajo el antiguo régimen del colonato. Las familias
campesinas obtenían pequeñísimas parcelas de terreno al interior de las
haciendas, donde se les permitía practicar cultivos de subsistencia, a cambio
de las cuales prestaban servicios personales en la forma de jornadas de
trabajo, sin salario alguno. Bajo este sistema, una parte de la hacienda
quedaba fraccionada en pequeñas parcelas trabajadas por las familias
campesinas, mientras las tierras más ricas eran explotadas por el propietario
utilizando mano de obra gratuita de los colonos. Además, los campesinos estaban
sometidos al llamado “pongaje” o servicio de pongos, consistente en la
obligación de hombres o mujeres de concurrir periódicamente a la finca del
hacendado para desempeñar servicios domésticos o de otro tipo en forma
gratuita. Fuera de las haciendas, en las tierras más agrestes, sobrevivían
penosamente las comunidades indígenas, que provenían del antiguo ayllu
pre-hispánico, grupo integrado por hombres y mujeres vinculado por relaciones
de parentesco, en el marco de una unidad económica y religiosa ubicada en un
territorio común. En los valles cochabambinos la pequeña y mediana propiedad se
alternaba con grandes haciendas, proliferando los pequeños propietarios,
arrendatarios, aparceros y precaristas. En los llanos del Oriente sobresalía el
latifundio ganadero, con relaciones asalariadas muy paternalistas. Los “barones
del estaño” y los hacendados del altiplano, representantes de una minería en
crisis y una agricultura basada en un sistema injusto, opresivo, ineficaz e
improductivo, componían la base económica-social de la “rosca”, término
boliviano que designaba a la oligarquía y a los funcionarios, políticos,
jueces, periodistas e intelectuales cómplices de ella.
En los largos años que median entre la finalización de la guerra del Chaco (1932-1935)
y la revolución de 1952 que terminará con el régimen de la “rosca”, surgirán
los partidos políticos que más influirán en esos acontecimientos y se
constituirá la fuerza política y organizativa del proletariado minero
boliviano.
En 1935 se fundó el Partido Obrero Revolucionario (POR), siendo sus dirigentes
más importantes Tristán Marof y Jaime Aguirre Gainsborg. Marof era un
intelectual muy prestigioso, autor de obras como “La tragedia del Altiplano”,
de gran impacto por sus denuncias de la explotación del indio y la condición
minera. Aguirre Gainsborg era un militante comunista que se orientó
progresivamente hacia las ideas de la oposición de izquierda. Bajo su
influencia, el POR adhirió en 1938 a la IV Internacional fundada ese año por
León Trotsky. En 1940 se formó el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR),
siendo sus dirigentes más importantes José Antonio Arze y Ricardo Anaya, ambos
catedráticos universitarios. Era el partido de los comunistas pro-soviéticos,
que hasta entonces no habían logrado formar una organización propia. El PIR
seguirá las oscilaciones de la política internacional soviética, será
neutralista durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, para ser
luego pro-aliado, pasando a combatir furiosamente a quienes se proclamaban
neutrales. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se inicia también
hacia 1940, a partir de un grupo de parlamentarios jóvenes; Víctor Paz
Estenssoro, Germán Monroy, a los que se unió Hernán Siles, que confluyeron con un
grupo intelectual nacionalista que trabajaba en el diario “La Calle”; Carlos
Montenegro, Augusto Céspedes, Armando Arce. Este grupo, al principio con
resabios de la ideología nazi, poco a poco va a reorientar su discurso hacia el
movimiento obrero y popular.
En la década del ’40 se constituye la matriz olítico-organizativa-ideológica
del proletariado minero, columna vertebral del movimiento obrero boliviano en
los siguientes 40 años. En diciembre de 1942 se produjo la masacre de Catavi,
punto culminante de una huelga de varios meses en las minas de Patiño, que
concluyó con una terrible represión donde una marcha de mineros encabezada por
sus mujeres (palliris) fue emboscada por tres regimientos del ejército y
masacrada duramente. Esta masacre no fue la primera ni iba a ser la última en
la trágica historia de los mineros bolivianos, pero dejó importantes lecciones
sobre las formas de organizar las luchas obreras. El balance del conflicto y la
posterior interpelación parlamentaria a cargo de Víctor Paz Estenssoro tuvieron
también importantes consecuencias políticas: implicaron un retroceso para el
PIR (por su apoyo a los compromisos de suministro de mineral contraídos por el
gobierno a favor de los aliados) y un avance importante para el MNR por su
eficaz actuación en el debate parlamentario.
En 1944, los trabajadores mineros dieron otro paso fundamental en su
organización sindical, al concretar la fundación de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia, la organización nacional que los representará
en las siguientes décadas. En esos años gobernaba Bolivia el coronel Gualberto
Villarroel (1943-1946), apoyado por la logia militar RADEPA (Razón de Patria) y
el MNR. Su objetivo era retomar la línea nacionalista inaugurada por los
gobiernos militares anteriores de Toro y Busch. Villarroel decretó numerosas
leyes sociales y de protección de los trabajadores, y alentó la organización
del movimiento obrero y de los campesinos, convocando en mayo de 1945 el primer
Congreso Indigenal de Bolivia, en cuyo transcurso decretó la abolición del
pongueaje y de todas las formas de prestación gratuita de trabajo en el campo.
Villarroel fue muy combatido por la oposición y por los Estados Unidos, por su
decisión de permanecer neutral en la guerra. El PIR, por esa época furiosamente
pro-aliado (después que Alemania invadió la URSS en junio de 1941), formó un
frente con los políticos de la “rosca”, denominado Unión Democrática Boliviana
(UDB). Villarroel fue finalmente derrocado y asesinado el 21 de julio de 1946.
Es en esta situación que la Federación Minera convocó, en noviembre de 1946, a
un Congreso Extraordinario, celebrado en la localidad de Pulacayo, con el
propósito de debatir la posición de los trabajadores mineros frente a la
situación política nacional. Será este Congreso Extraordinario el que votará
las famosas Tesis de Pulacayo, que constituirán la plataforma política y
teórica de los trabajadores mineros en los años siguientes.
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