Por: Javier Badani / Extracto de su blog: javierbadani.blogspot.com
El mismo día en que las tropas chilenas iniciaban la invasión de Antofagasta,
una carta partía desde La Paz rumbo a la ciudad de Sucre. El remitente,
Hilarión Daza, presidente de Bolivia. El destinatario, Napoleón Taboada,
familiar del mandatario. Nadie podía saberlo entonces, pero ese viernes 14 de
febrero de 1879, mientras la carta iniciaba su periplo hacia el Sur, en el
Departamento del Litoral se comenzaba a escribir una de las páginas más
trágicas de nuestra historia.
La misiva no podría ser más simbólica. Porque si bien su contenido en nada
aclara ni se relaciona con los eventos que se desarrollarían durante la Guerra
del Pacífico, sí nos permite desnudar una de las facetas de quien asumiría las
riendas del país durante tan crítico momento de nuestra historia: el General
Hilarión Daza.
En la carta, el Presidente adjunta una letra bancaria por un valor de 1.000
bolivianos para que Taboada concrete la construcción, en Sucre, del que sería
el mausoleo del padre de Daza. Hasta aquí, nada extraño. El problema radica en
que ese dinero no había salido de los bolsillos de Daza sino que fueron
desviados irregularmente de los fondos de la Caja Nacional.
En resumen: el viernes 14 de febrero de 1879, mientras las tropas chilenas
usurpaban el recurso más valioso del país, Daza, el Presidente de la República,
usurpaba recursos públicos para la edificación del panteón de su padre. ¿Es que
acaso podría existir una anécdota más paradigmática para pintar aquel momento?
Coincidencias de la historia, un 14 de febrero también, pero de 1876 Daza había
presentado públicamente su candidatura a la Presidencia de la República. Al
final, el militar optaría por llevar adelante un golpe de Estado para llegar a
la silla presidencial, en mayo de ese año. Desde entonces el camino para Daza
fue en constante pendiente. No sólo le tocaría administrar un país sumido en la
pobreza sino también afectado por sequías, hambrunas, desastres naturales y la
constante amenaza de un conflicto bélico con Chile. Amenaza que tuvo su climax
-vaya coincidencia- un 14 de febrero. Era 1878 cuando Daza logró que la
Asamblea Nacional Constituyente aprobara el contrato con la Compañía de
Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, pero bajo la condición del pago de un
impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado. Si Chile buscaba un
pretexto para la guerra, ésta determinación le cayó como anillo al dedo. La
guerra estallaría un año después.
En el ínterin mucha agua (turbia) corrió debajo del puente de la administración
de los fondos del Estado.
Tras la pérdida del Litoral, un 14 de febrero (otra vez), pero de 1882, una
Comisión Especial remitía al Ministerio de Hacienda un informe completo sobre
los manejos de las arcas públicas realizados por la anterior administración
liderada por Daza durante los años 1878 y 1879. Para entonces, Daza llevaba
tres años en Europa, donde se había auto exiliado tras ser derrocado, en
diciembre de 1879, por militares en plena campaña bélica.
El informe, que tomó un año de trabajo por parte de la Comisión Especial de
Hacienda, es contundente y apunta a que durante la administración de Daza se
malversaron 775.989 bolivianos. A Daza se le sindica directamente de ser
responsable de malgastar 493.408 bolivianos.
Aquí es necesario hacer una alto para realizar una puntualización sobre la
investigación y el contexto en el que fue llevada adelante. El informe fue
impulsado en 1881 por los opositores y detractores de Daza (muchos en el
poder), en un momento en el que se había instalado en la ciudadanía la certeza
de que el ex mandatario era el único responsable de la derrota en la Guerra del
Pacífico. Se lo acusó de traición a la patria y por la retirada del Ejercito
boliviano -a su mando- de Caracoles, en un momento en el que Perú aguardaba su
avance para alimentar la fuerza aliada contra Chile. Los historiadores se han
encargado de poner en duda la severidad de ambas acusaciones, aunque sin
alcanzar una posición conclusiva. Es en este contexto en el que se sumó, ya en
1882, la acusación contra Daza por manejos irregulares de los fondos de la Caja
Nacional y, una vez iniciada la guerra, de la Comisaría de Guerra.
Dicho esto, y a pesar de la necesidad de tomar con pinzas los resultados de la
investigación (que puede ser descargada en este enlace), existen datos que son
incontrastables y bien documentados sobre el uso discrecional de fondos del
Estado por parte de Daza, ya para beneficio propio ya para sus adeptos.
Llama la atención los gastos que Daza mandó erogar durante su mandato para el
pago de palcos que éste tomaba en funciones de teatro, para la ropa que le
cosía su sastre, para los festejos por su cumpleaños y para el baile de
celebración “de gloria nacional por su rebelión militar de 4 de mayo del 76
(cuando llegó al poder)". Todo esto a pesar de que como Presidente gozaba
de una "jugosa renta mensual” que, al parecer, no satisfacía sus
“necesidades”, ya que como señala el informe, el mandatario pidió en varias
ocasiones adelantos de su sueldo.
En el nutrido informe, se hace énfasis sobre las “gratificaciones á personas de
su afección: militares y paisanos, empleados y particulares, y sobre todo a los
cuerpos del Ejército de su preferencia".
Uno de los legajos del informe se centra en demostrar “el abuso de autoridad con
el que el general Daza se había adueñado y hecho cobrar para sí y su señora
cuatro letras de á 17,675 bolivianos, cada una, resultantes de los derechos
alcabalatorios de la coca por la jestion del 78 al 79”. Para ello, el
Presidente, de forma irregular, mandó al Comisario de Guerra endosar las letras
bancarias a favor de particulares, quedando establecido tras la investigación
-que incluyó juicios-que dos de las letras terminaron en la cuenta del Banco
Nacional de Bolivia de la esposa de Daza y, las otras dos, directamente
entregadas al Presidente por los endosatarios.
Daza nunca lograría aclarar las acusaciones en su contra. Paradojas del
destino, en febrero, esta vez de 1894, el ex mandatario sería asesinado en
Uyuni, horas después de haber arribado al país -tras 15 años- para afrontar su
defensa ante el Juicio de Responsabilidades instaurado en su contra.
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