Cuando Bolivia decidió iniciar una demanda contra Chile en 2013, el Gobierno
escogió el camino correcto. Impecable desde el punto de vista jurídico y firme
desde el punto de vista diplomático y político. Este nuevo escenario confundió
primero y descolocó después a las autoridades chilenas, que intentaron sin
éxito construir una argumentación de respuesta que no funcionó, ni en el
escenario de la CIJ en el que su Demanda Preliminar de Incompetencia fue
desbaratada y rechazada, ni en el escenario diplomático y político, en los que
el país posicionó con claridad la realidad de que sí hay temas pendientes entre
ambas naciones y que el Tratado de 1904 no ha resuelto la cuestión central de
nuestra mediterraneidad.
Sin embargo, en los últimos meses la firmeza de nuestras autoridades ha
generado una equívoca confusión entre forma y fondo. Del otro lado, el
desafortunado episodio de los nueve compatriotas detenidos ha llevado las cosas
a límites inapropiados. Chile encontró el móvil para tensar la cuerda hasta lo
indecible y convirtió un incidente que debió resolverse por la vía diplomática
en pocos días, en un asunto mayor aludiendo a una supuesta comisión de delitos
y un escenario jurídico que no busca otra cosa que enrarecer el ya de sí turbio
panorama bilateral. La cereza en la torta fue la huelga de los aduaneros
chilenos que bloqueó a nuestro transporte pesado en Tambo Quemado, con la
insólita decisión adicional de no proveer alimentos a los bolivianos varados en
medio del frío y la nieve.
En ese contexto vale la pena analizar dos posiciones, la de la presidenta
Michelle Bachelet y la del expresidente y candidato Sebastián Piñera. La
presidenta, a nueve meses de dejar el cargo, nos cuenta que “Chile siempre
apuesta por el diálogo” y que cree en la posibilidad de desarrollar “una agenda
bilateral positiva y constructiva” con Bolivia. Lo dice semanas después de
acusar personalmente a nuestros compatriotas de haber robado un camión chileno
y pretender robar varios más. Piñera, por su parte, es lapidario en su polémica
con líderes del Frente Amplio que propugnan un cambio de actitud en las
relaciones con Bolivia, al reiterar con dureza que “Chile no le debe nada a
Bolivia y no estamos dispuestos a ceder ni territorio, ni mar, ni soberanía
chilena”. Él mismo anunció hace algunas semanas que analiza la posibilidad de
que Chile se retire del Tratado de Bogotá, lo que conduciría a su país a no
reconocer la jurisdicción de la CIJ. Son en realidad dos extremos del mismo
ovillo…
Nuestra mirada debe estar fija en un punto, el fallo definitivo de la CIJ. Si
este es, como todo parece indicar, favorable a una negociación entre ambas
naciones, es imperativo establecer un camino que prepare una plataforma de
diálogo con nuestro vecino del suroeste. Tender puentes sin que esto tenga que
ver con ceder en el contenido esencial de nuestra demanda. Cuando la presidenta
chilena afirma que “la demanda marítima fue un error” ratifica el acierto de
Bolivia y explica por qué la política exterior de nuestros vecinos está más
cerca de los palos de ciego que de una tradición que –hoy lo vemos- estuvo
sobrevalorada. Pero lo esencial es no perder de vista que el objetivo en La
Haya es lograr una negociación de buena fe y en términos razonables, para
llegar a la anhelada meta histórica.
Ese objetivo, en consecuencia, depende de un genuino clima de buena voluntad
entre las partes, de una disposición a sostener conversaciones formales en las
que deberán darse propuestas y contrapropuestas y serán necesarias cesiones
para conseguir el acceso soberano al Pacífico. Seamos claros, es tiempo de
revisar la forma, es imperativo trabajar en un escenario diplomático en el que
se proteja la imagen del presidente, en el que los niveles de intercambio del tipo
que sean, deben estar acordes a la jerarquía de cada funcionario, en el que la
Cancillería juegue el rol que le corresponde, pero sobre todo en el que se tome
en consideración que el día del fallo no es el final del camino, sino el
comienzo.
Diplomacia es el nombre del juego. No se puede desconocer que la claridad y la
defensa de una postura correcta y adecuada a los intereses del país, ha sido
una constante desde 2013, pero de igual modo no se puede perder de vista que
una parte no es el todo, el éxito o el fracaso no se mide por la coronación de
una o varias etapas, sino la totalidad de lo que el país busca sin desmayo
desde 1910.
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