Fuente: Aclaraciones Históricas Sobre la Guerra del Pacífico - Roberto
Querejazu Calvo. // Foto: Poblado boliviano de Mejillones bajo control y ocupación chilena, aún no se había firmado el nefasto tratado de 1904.
Chile inició su política expansionista a costa de Bolivia con la ley que su
Congreso dictó el 31 de octubre de 1842 declarando "propiedad nacional las
guaneras de Coquimbo" (que estaban en territorio chileno), y también las
"del desierto de Atacama e islas adyacentes" (ubicadas en territorio
boliviano). El desafío legislativo fue seguido por abusos de fuerza ejecutados
en el curso de los siguientes 15 años. La goleta "Janequeo" se
apoderó del islote Angamos y luego de cargar guano de él, lo abandonó. La
fragata de guerra "Chile" ocupó la bahía de Mejillones y su
tripulación construyó un fortín en la playa, que fue destruido por las
autoridades bolivianas. En 1857, la corbeta "Esmeralda" volvió a la
misma bahía y estableció dominio chileno hasta el grado 23.
Las reclamaciones diplomáticas de Bolivia, a cargo de los agentes Joaquín
Aguirre, Macedonio Salinas y José María Santiváñez, tuvieron el mismo resultado
nugatorio que las de su predecesor Casimiro Olañeta.
La codicia chilena se centraba principalmente en la península de Mejillones, la
más rica en guano de toda la costa boliviana. Dijo una carta de Valparaíso que
se encuentra en los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Gran
Bretaña: "El asunto Mejillones está a la orden del día en Chile. Su
riqueza tiene deslumbrado a todo el país. La prensa no se ocupa de otra
cosa".
El gobierno de Santiago otorgó un permiso de explotación del fertilizante de la
península a su súbdito Matías Torres. La misma covadera había sido alquilada
del gobierno boliviano por el brasileño Pedro López Gama. Estaban en conflicto
las dos jurisdicciones. López Gama entabló juicio contra su rival en Cobija,
obteniendo que se embargara la casa que el chileno tenía en ese puerto. El
gobierno de La Moneda despachó dos barcos de guerra para consolidar su dominio
en Mejillones y proteger los intereses de Torres.
Era canciller de Bolivia don Rafael Bustillo. Durante el gobierno de Isidoro
Belzu, una década antes, ocupó varias veces el cargo de Ministro de Relaciones
Exteriores y también el de Hacienda, demostrando gran capacidad y energía.
Consideró que la presencia de buques de guerra chilenos en una bahía boliviana
era un ultraje a la soberanía y dignidad del país y debía responderse con
altivez y coraje. En nota enviada a su contraparte de Santiago, en fecha 26 de
marzo de 1863, protestó por la "flagrante violación del indisputable
derecho de Bolivia sobre Mejillones", contra "la más injustificable
expoliación del territorio de una república vecina y hermana, consumada a la
vista de todo el continente".
El ministro chileno le respondió que "Chile, íntimamente penetrado de su
incuestionable derecho, continuaría poseyendo el desierto y litoral de Atacama
hasta el grado 23 y dispondría como dueño de los depósitos de guano que en él
se encontraban, rechazando todo acto jurisdiccional de las autoridades
bolivianas en esos parajes como injustificable agresión a su
territorio".
Esto era demasiado para Bustillo. Instó al Presidente de la República, General
José María de Achá, a convocar un congreso extraordinario en Oruro para que se
adoptasen las medidas urgentes que exigía la situación.
Esto era demasiado para Bustillo. Instó al Presidente de la República, General
José María de Achá, a convocar un congreso extraordinario en Oruro para que se
adoptasen las medidas urgentes que exigía la situación.
La asamblea escuchó una amplia exposición del canciller sobre la historia de
las relaciones con Chile, con el resultado negativo de las cuatro misiones que
habían estado en Santiago y las ocurrencias en Mejillones. Bustillo declaró:
"Chile quiere dominar todo el desierto y no acepta transacción de linaje
alguno. Bolivia, con la moderación que ha marcado su conducta en estas
negociaciones, desatendiéndose de sus primitivos derechos posesorios y de
dominio, ha aceptado de buen grado y buena fe la idea de zanjar esta querella
por medio de un tratado de límites que importa una verdadera transacción".
Explicó que el gobierno había propuesto por medio del Encargado de Negocios
Santiváñez que la frontera fuese el grado 24 y medio, es decir, un grado y
medio más al sur de lo que Chile pretendía que fuese suyo y tenía bajo el
control de su marina.
Los asambleístas escucharon la lectura de un mensaje del Presidente Achá en el
que dijo que si el Gobierno de Chile "desoía las justas demandas que se le
hacían y persistía en su acción, fijando por sí solo el límite de su territorio
en el grado 23, el suelo boliviano quedaría violado, vulnerada la integridad
nacional y comprometido el glorioso nombre de la república, perdiéndose una
cuantiosa riqueza que a todas luces pertenecía a Bolivia". También rezaba
el mensaje: "No puede darse razones más evidentes, ni motivos más
justificados para declarar la guerra a nuestro gratuito agresor: Pido a la
Asamblea declarar la guerra a Chile si los medios diplomáticos no son suficientes
para cortar desavenencias".
Los representantes de pueblo dictaron las dos leyes que les pidió el gobierno.
Por la primera, de fecha 3 de junio de 1863, de carácter secreto, se autorizó
al Poder Ejecutivo a buscar la alianza con el Perú, a obtener un empréstito en
Europa y a aumentar el ejército al pie que lo requiriesen las circunstancias.
La segunda, de dos días después, dijo: "Se autoriza al Poder Ejecutivo
para declarar la guerra al Gobierno de la República de Chile, siempre que
agotados los medios conciliatorios de la diplomacia no obtuviese la
reivindicación del territorio usurpado o una solución pacífica compatible con
la dignidad nacional".
Para buscar una vez más la solución pacífica al problema de los límites, el
gobierno del General Achá envió a Santiago al ilustre potosino don Tomás Frías.
En previsión de que fracasase en sus gestiones, se destacó a Lima, al señor
Juan de la Cruz Benavente, con la misión de gestionar la alianza peruana. Don
José Avelino Aramayo viajó a Londres en busca de recursos económicos.
La posibilidad de expulsar a los barcos de guerra chilenos de las aguas
bolivianas dependía de la ayuda naval que se pudiese obtener del Perú. A cambio
de ella don Juan de la Cruz Benavente recibió instrucciones de ofrecer una
participación en los guanos de Mejillones y cualesquiera otras concesiones que
exigiese el gobierno de Lima.
En su informe al Congreso de 1864, don Rafael Bustillo dio cuenta del
resultado: "Las adjuntas comunicaciones reservadas del señor Benavente
hacen ver que las sucesivas conferencias solicitadas por él abrieron y
prosiguieron la grave negociación, pero que todos sus pasos han sido
infructuosos, no habiendo obtenido nada más que la contestación del ministro
peruano de que el asunto es grave, que es objeto de estudio y será considerado
con seriedad... Lo más que el Perú se compromete a ofrecer es su mediación
generosa y perseverante en nuestras diferencias con Chile. Vése, pues, por esto
que el Perú está muy distante de prestarse a las miras contenidas en la ley secreta
de la Asamblea y que si bien podemos contar siempre con sus nobles simpatías de
amistad, éstas no lo arrastrarán jamás a declararse enemigo de Chile y a tomar
francamente la defensa de los intereses bolivianos comprometidos en
Mejillones".
Respecto a la búsqueda de recursos económicos el señor Bustillo relató:
"El señor Aramayo pactó el 15 de mayo con la compañía "London and
Coventry", un empréstito de siete millones y medio de pesos, pero cuando
fue propuesto al público apenas se logró, la suscripción de doscientas mil
libras".
Bolivia quedaba, pues, inerme, sin posibilidades de rechazar por la fuerza lo
que Chile imponía con los cañones de su marina en Mejillones. Todo quedaba
librado a lo que don Tomás Frías pudiese conseguir en Santiago, por la razón y
la elocuencia.
La autorización del Congreso boliviano al gobierno del General José María de
Achá, de 5 de junio de 1863, para declarar la guerra a Chile, sólo podía
ponerse en práctica "siempre que, agotados los medios conciliatorios de la
diplomacia", no se obtuviese la reivindicación de la parte del litoral
sobre la que Chile, abusivamente, había establecido dominio hasta el grado 23,
ocupando con naves de su marina la bahía de Mejillones.
La búsqueda de tales "medios conciliatorios" (como se ha dicho en el
artículo anterior), se encomendó a don Tomás Frías. Nada podía ser mejor prueba
de las buenas intenciones bolivianas al respecto que la personalidad del
ilustre potosino, maneras suaves y distinguidas, jovialidad, espíritu
conciliador, razonamientos serenos y respetuosos. Era una de las personalidades
de mayor prestigio en la república, merecedor de generales consideraciones. Con
él, el General Achá y su canciller, don Rafael Bustillo, enviaban a Santiago un
genuino hombre de paz, un honesto portador de ramas de olivo.
Encontró en la capital del Mapocho un ambiento muy desfavorable para su misión.
En la Cámara de Diputados, donde los opositores liberales tenían mayoría contra
el gobierno conservador, se aprobó una recomendación para que el Poder Ejecutivo
no abriese negociaciones con el enviado boliviano hasta que no se derogase la
ley de 5 de junio. En Chile se tenía verdadero temor a una guerra con Bolivia y
se consideraba que el objetivo de don Tomás no era otro que ganar tiempo hasta
que se consiguiese en Europa tres corbetas, que se decía estaban siendo
adquiridas en Francia por medio del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Se suponía
que una de ellas defendería Mejillones, la otra bloquearía Valparaíso y la
tercera cazaría vapores chilenos ocupados en el comercio costero.
Con estos antecedentes, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Manuel A.
Tocornal, se mostró terminante en sus planteamientos ante el señor Frías. En el
cambio de notas que se produjo entre ambos, dijo: "Antes de cualquier discusión
sobre límites, Bolivia debe derogar la ley que autoriza la declaratoria de
guerra a Chile y reparar todos los daños causados al súbdito chileno Matías
Torres al apresárselo y embargarle los bienes que tiene en Cobija".
Con relación a la ocupación de parte del litoral boliviano, el canciller
Tocornal expresó: "Chile no puede abandonar por un instante los derechos
de que disfruta desde hace siglos en el territorio del desierto de Atacama.
Poseedor de ese territorio y poseedor legítimo, apoyado en títulos antiguos,
auténticos e incontestables, tiene el derecho de ejercer en él los actos
propios de la soberanía y del imperio".
Don Tomás Frías le contestó: "Dígnese decirme si Chile acepta o no
suspender la explotación del guano de Mejillones como una mutua y recíproca
reparación, bastante para el ejercicio desembarazado de la diplomacia entre las
dos repúblicas". Tocornal sostuvo en otra comunicación: "Mientras se
halle pendiente la cuestión de límites nada puede enervar el ejercicio da los actos
propios de la soberanía y del imperio, ni se halla Chile, por consiguiente, en
el caso de abstenerse de ejercer, en el territorio que posee, ninguno de tales
actos".
El negociador boliviano se dio cuenta de que sus buenos propósitos no eran
reconocidos, no obstante que ofreció que recomendaría al Presidente Achá la
derogatoria de la ley de 5 de junio y la atención a los reclamos de Matías
Torres. Comprendió que el gobierno de Santiago se mantenía en la más absoluta
intransigencia, tanto para hacer desaparecer toda amenaza bélica de parte de
Bolivia como para consolidar la ocupación del territorio boliviano hasta el
grado 23. Su viaje había sido inútil. Escribió al canciller Tocornal: "Me
veo reducido a declarar, como declaro, agotadas las gestiones diplomáticas por
parte de Bolivia, reproduciendo las protestas contra el apoderamiento de
Mejillones y la explotación de sus depósitos de guano y pido al señor Ministro
se sirva expedirme un pasaporte para el retorno a mi patria".
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