LOS FUSILAMIENTOS EN BOLIVIA

Por: Javier Badani (*) Foto: Paredón de fusilamiento (1938). Fotografías de Julio Cordero Ordóñez. - Para más historias: Historias de Bolivia.

Las primeras décadas de la historia boliviana están plagadas de ejecuciones, gran parte de ellas impulsadas por el rencor político y en algunas ocasiones como castigo judicial. Uno de los mandatarios que más utilizó este castigo fue Mariano Melgarejo. Lo hizo, por ejemplo en 1865, el médico potosino Daniel Bracamonte logró salvar de este castigo a un capitán de apellido Hoyos, que se había levantado en armas contra Melgarejo. Tras sofocar la insurrección en el combate de la Cantera, “el Presidente se encontraba encerrado en su habitación (en Potosí) sufriendo una intensa neuralgia en el pómulo derecho. Bracamonte ingeniosamente llegó ante el general y sin darle tiempo a nada, ofreció curarle en 10 minutos. ‘Cuidado con lo que ofrece doctorcito —dijo Melgarejo—; porque si usted no cumple, lo hago fusilar aquí mismo. Pero si me cura, lo hago a usted general, ministro o lo que sea’”, se narra en el estudio escrito por José Montero, publicado en los Archivos bolivianos de historia de la medicina. Según este texto, Bracamonte infiltró opio en la zona dolorida y en 10 minutos Melgarejo se mostró relajado. En retribución, el galeno consiguió la indulgencia para Hoyos.

Ya en el siglo XX, el gabinete del presidente Germán Busch votó para decidir la ejecución del barón del estaño, Mauricio Hochschild. Éste se había revelado en contra de la determinación gubernamental que obligaba a los empresarios a entregar sus divisas mineras al Estado. La reunión del gabinete de julio de 1939 quedó plasmada en un acta oficial. En el documento se describe el momento decisivo del encuentro cuando Busch concluye: “Hay cinco ministros (que votan) por la muerte y otros cinco, por la prisión. Como presidente de la República, yo doy el voto decisivo: Mauricio Hochschild será fusilado a las seis de la madrugada”.

Los ministros —incluso los que votaron a favor del ajusticiamiento— emplearon las próximas horas para convencer a Busch del efecto que causaría en el país y en el extranjero un fusilamiento por delitos de orden económico. “Y consiguieron salvarle. Quizá esa frustración hizo que el Presidente se suicidara unos meses después, en agosto de 1939”, escribió Fernando Díaz Plaja, 40 años después.

Quien no logró la indulgencia presidencial —y ni siquiera un juicio— fue el sacerdote Severo Catorceno, acusado de violar a una niña de siete años en Arampampa. “Cuando Busch recibió el telegrama del Intendente de Policía de Potosí con la noticia, montó en santa cólera y ordenó (también por telegrama) el inmediato fusilamiento del cura. La orden se cumplió al amanecer del día siguiente, en la pampa de San Clemente, delante de numeroso público. Más tarde se comprobó que Catorceno era inocente”, escribió Roberto Querejazu Calvo en su libro Llallagua.

Un caso inédito para la justicia boliviana se dio en el proceso de Mohoza, que duró más de cinco años (1899-1905). 250 indígenas de cuatro ayllus de Mohoza (Inquisivi, La Paz) fueron juzgados por la matanza de un escuadrón liberal aliado, la noche del 28 de febrero de 1899, en el marco de la revolución federal y la rebelión indígena de Pablo Zárate Willka. El veredicto final fue de 32 condenas máximas. Las ejecuciones tuvieron lugar en la misma plaza de la población paceña.

Al igual que sucedió con los campesinos, fue a través de un sorteo que se selló el fatal destino de Alfredo Jáuregui, fusilado en El Alto el 7 de noviembre de 1927. Jáuregui tenía 27 años cuando fue inmolado. 

(*) Fragmento de su nota denominada MELQUIADES, EL ÚLTIMO BOLIVIANO EN SUFRIR LA PENA DE MUERTE publicado en su blog, el 7 de mayo de 2012.