REVOLUCIÓN NACIONAL DEL 1952 - NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS

El 31 de octubre de 1952 Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi (Potosí). Uno de los postulados de la Revolución había sido la eliminación del llamado superestado minero. Entre abril y octubre de 1952 trabajó una comisión para estudiar las medidas a tomarse. Las presiones populares, canalizadas por la COB, definieron algunas dudas. El decreto se firmó contando con el control obrero; una medida política sin precedente en el continente, que demostraba fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró nítidamente en los doce años de gobierno del MNR.
La nacionalización revertía al estado todos los bienes (yacimientos e instalaciones) de las tres grandes empresas: Patiño, Hoschild y Aramayo.
Para la administración de las minas del estado se creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) que comenzó su gestión con graves desventajas, escaso capital de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y muchas vetas en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que hacía poco competitiva la exportación estañífera boliviana.
Los precios del estaño bajaron considerablemente entre 1951 y 1955 lo que determinó una sensible disminución de la producción que descendió de 20.000 toneladas anuales (1952) a 22.400 toneladas (1956). En el período 1952- 1964, la producción pasó de 32.472 toneladas a 24.412. El mejor año fue 1953 con 35.38 y el peor 1958 con 18.013. En 1952 nuestra producción representaba el 18,7 % de la producción mundial, en 1964 producíamos el 16,5 % de la producción mundial.
A estas condiciones desventajosas se sumó el famoso y demagógico “cambio de razón social”, mediante el cual se pagó beneficios sociales a todos los obreros de las minas nacionalizadas v luego se los volvió a contratar, lo que significó una erogación excesiva de dinero creándose además inflación. Por este hecho la COMIBOL se descapitalizó por un monto superior a los cien millones de dólares.
Es evidente, sin embargo, que el control de la minería por parte del estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el beneficio íntegro de la producción minera para el país. Lamentablemente no se llevó a efecto la inmediata creación de hornos de fundición que rompiera la dependencia de las fundiciones extranjeras (básicamente de Patiño), con la consecuente pérdida del valor agregado al exportar el mineral prácticamente sin procesar.
La euforia de un proceso político inédito y la posibilidad real de parte del sector obrero del control directo de la más importante fuente de la economía nacional, trajo consigo los lógicos desajustes de un cambio estructural tan profundo. La inexperiencia administrativa por una parte y la forzosa aquiescencia a presiones sindicales por otra, determinaron un alto nivel de burocratización, (imputable también el partido gobernante) y un incremento excesivo de trabajadores y funcionarios especialmente en “exterior mina” (se inició en 1952 con 28.900, en 1955 habían ya casi 35.000). De acuerdo a un precepto constitucional se pagó a las empresas afectadas una indemnización de 21.000.000 $us. Entre 1953 y 1961, que obviamente salió de la propia producción.
Con todo, la administración directa de las minas permitió que importantes recursos se dedicaran a actividades de diversificación económica, muy especialmente para el desarrollo de la agropecuaria y la agro industria en los llanos orientales y a la capitalización de YPFB, lo que potenció a la empresa del petróleo haciéndola rentable y exportadora.
La consecuencia fundamental de la nacionalización fue la de haber transformado el funcionamiento del país al trasladarse el control de la economía de manos privadas a manos del estado (en 1952 las minas equivalían a más del 80% de los ingresos totales de la nación).

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31 DE OCTUBRE: HISTÓRICO DÍA DE LA LIBERACIÓN ECONÓMICA DE BOLIVIA

Por: Fernando Valdivia Delgado. / Publicado en La Patria de Oruro, 31 de octubre de 2010 // Disponible en: http://www.lapatriaenlinea.com/?t=31-de-octubre-historico-dia-de-la-liberacion-economica-de-bolivia&nota=46608

La economía boliviana caracterizada por su extrema dependencia de los "barones del estaño" y las corrientes renovadoras que emergen desde las minas para enfrentar la caótica situación política y imperiosa necesidad de imponer cambios estructurales en Bolivia, después de siete meses de producirse la revolución del 9 de abril de 1952, los trabajadores mineros de todo el país se convierten en protagonistas de la histórica nacionalización de las minas, el 31 de octubre del mismo año.
La firma del Decreto de Nacionalización a cargo del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, responde al clamor popular no sólo como una consigna obrera, sino como una visión nacional trabajada, fundamentalmente, a partir de la Guerra del Chaco y en base al pensamiento de la liberación de la economía nacional propuesta por la dirigencia universitaria de finales del año de 1928, con el respaldo ideológico de Tristán Maroff, quien califica a la gran minería como culpable del atraso, la dependencia y la extrema miseria de los pueblos extendidos en el territorio nacional.
De esta manera, se deduce que ni el proceso revolucionario ni la nacionalización de las minas; menos las conquistas sociales y el voto universal impuesto por el gobierno después de la revolución nacional, eran consignas improvisadas. Historiadores y analistas consideran que la construcción del proceso de la reversión de los grandes yacimientos mineros de Bolivia, desde su fase de propuesta, elaboración y concreción tuvo una duración de 40 años, como decía Orlando Capriles, "consustanciados con el espíritu y la sangre misma de los bolivianos no comprometidos con la vieja oligarquía del estaño".
De esta manera, la nacionalización de las minas que transfiere los bienes de Patiño Hochschild y Aramayo a manos del Estado Boliviano, se convierte en una medida revolucionaria imprescindible para la liberación económica de Bolivia y de la cual habla la Tesis de Pulacayo, aunque no especifica como propuesta concreta la nacionalización de la minería aprobada por los trabajadores mineros, en 1946.
El gobierno de Paz Estenssoro, que comparte responsabilidades con la Central Obrera Boliviana, en mayo de 1952 organiza una Comisión Nacional de Minería con la específica atribución de estudiar y proponer políticas dirigidas a revertir los bienes mineros a favor del país y, con la creación del Ministerio de Minas y Petróleos, se otorga el tiempo necesario a las empresas mineras para que adopten sus previsiones correspondientes. Los tres consorcios mineros, ordenan la suspensión de embarques de equipos y materiales destinados a la gran minería, así como, frenan el suministro y provisión de fondos desde el exterior, para el pago de las obligaciones con sus trabajadores.
Estas medidas precautorias de las empresas, provocan el descontento popular y, a través de sus sindicatos, organizan la gran marcha de septiembre que exige, en términos perentorios, la inmediata firma de un Decreto Supremo que nacionalice la minería. El debate al interior de la comisión perfiló dos posiciones claras y concretas: El retorno a la centralización del cien por ciento de las divisas producidas por las exportaciones de los minerales, de acuerdo con la Ley de Bancos de 1939, además de un reajuste en los tributos mineros a favor del Estado Nacional. La segunda propuesta, señalaba como medida concreta, la expropiación de los bienes de los tres barones del estaño a favor del país y la administración directa a manos de la Corporación Minera de Bolivia, creada el 2 de octubre, es decir, un mes antes de la firma del Decreto de Nacionalización. En el voto, gano la segunda propuesta, la cual se encuentra escrita en el informe de la comisión presentada a consideración del gobierno.

De las balas a las lágrimas

El gobierno de Paz Estenssoro decidió embarcarse en el proceso de la liberación económica de Bolivia, con la firma del Decreto de Nacionalización de las empresas mineras que desde principios de siglo, explotaron sin control ni autorización, todo el mineral de estaño necesario en el mundo, convirtiéndose en un poder inmisericorde y omnímodo en Bolivia. Eligió como escenario, el sitio donde en 1940, Patiño ordenó la masacre de mineros en los campos de María Barzola y fue en aquel paraje altiplánico y árido, donde se concentraron decenas de miles de mineros y trabajadores de las fábricas para presenciar el significativo e histórico acto que fortalecía el proceso de la Revolución Nacional.
El Decreto de 31 de octubre de 1952 que nacionaliza las empresas Patiño, Hochschild y Aramayo, con indemnización a establecerse y bajo el sistema de control obrero con derecho a veto. El Grupo Patiño significaba el 46 %; el grupo Hochschild, el 25.4 % y el grupo Aramayo, el 6.9 % de la producción boliviana de estaño, de acuerdo con los antecedentes del libro "Historia de la Minería Boliviana", del escritor Orlando Capriles.
El documento dice: El acto de nacionalización de las minas produjo dos efectos jurídicos: El primero de reversión de los yacimientos cuya propiedad fue siempre del Estado, y, el segundo, de expropiación conforme al justificativo constitucional de necesidad pública y utilidad social de los bienes muebles, inmuebles, acciones y semovientes. El informe "Ford, Bacon Davis", de diciembre de 1956, estableció que pasaron a poder del Estado las siguientes propiedades: 24 minas en trabajo, una preparada pero sin labores (Matilde), otra arrendada a una compañía extranjera (Corocoro); 20 minas en operación alquiladas a terceros, 24 reconocidas parcialmente pero sin labores; numerosas construcciones como ingenios, fundos rústicos, oficinas, laboratorios, campamentos y un ferrocarril (Machacamarca – Uncía).
Así es como ocurrieron los hechos y se gestaron las decisiones que revolucionaron la vida en las minas, durante más de 40 años antes de la firma del Decreto que rememora la liberación económica de Bolivia. En 1940, las balas del ejército oligárquico, regaron con sangre minera los campos de María Barzola y en 1952, las lágrimas de los mineros y de sus familias, regaron estas áridas tierras con la esperanza de nuevas condiciones de vida. La historia de la minería en Bolivia, no ha terminado.

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