El 31 de octubre de 1952 Paz Estenssoro firmó el decreto de
nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi (Potosí).
Uno de los postulados de la Revolución había sido la eliminación del llamado
superestado minero. Entre abril y octubre de 1952 trabajó una comisión para
estudiar las medidas a tomarse. Las presiones populares, canalizadas por la
COB, definieron algunas dudas. El decreto se firmó contando con el control
obrero; una medida política sin precedente en el continente, que demostraba
fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se
mostró nítidamente en los doce años de gobierno del MNR.
La nacionalización revertía al estado todos los bienes
(yacimientos e instalaciones) de las tres grandes empresas: Patiño, Hoschild y
Aramayo.
Para la administración de las minas del estado se creó la
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) que comenzó su gestión con graves
desventajas, escaso capital de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y
muchas vetas en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La
consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que hacía poco
competitiva la exportación estañífera boliviana.
Los precios del estaño bajaron considerablemente entre 1951
y 1955 lo que determinó una sensible disminución de la producción que descendió
de 20.000 toneladas anuales (1952) a 22.400 toneladas (1956). En el período
1952- 1964, la producción pasó de 32.472 toneladas a 24.412. El mejor año fue
1953 con 35.38 y el peor 1958 con 18.013. En 1952 nuestra producción
representaba el 18,7 % de la producción mundial, en 1964 producíamos el 16,5 %
de la producción mundial.
A estas condiciones desventajosas se sumó el famoso y
demagógico “cambio de razón social”, mediante el cual se pagó beneficios sociales
a todos los obreros de las minas nacionalizadas v luego se los volvió a
contratar, lo que significó una erogación excesiva de dinero creándose además
inflación. Por este hecho la COMIBOL se descapitalizó por un monto superior a
los cien millones de dólares.
Es evidente, sin embargo, que el control de la minería por
parte del estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el
beneficio íntegro de la producción minera para el país. Lamentablemente no se
llevó a efecto la inmediata creación de hornos de fundición que rompiera la
dependencia de las fundiciones extranjeras (básicamente de Patiño), con la
consecuente pérdida del valor agregado al exportar el mineral prácticamente sin
procesar.
La euforia de un proceso político inédito y la posibilidad
real de parte del sector obrero del control directo de la más importante fuente
de la economía nacional, trajo consigo los lógicos desajustes de un cambio
estructural tan profundo. La inexperiencia administrativa por una parte y la
forzosa aquiescencia a presiones sindicales por otra, determinaron un alto
nivel de burocratización, (imputable también el partido gobernante) y un
incremento excesivo de trabajadores y funcionarios especialmente en “exterior
mina” (se inició en 1952 con 28.900, en 1955 habían ya casi 35.000). De acuerdo
a un precepto constitucional se pagó a las empresas afectadas una indemnización
de 21.000.000 $us. Entre 1953 y 1961, que obviamente salió de la propia
producción.
Con todo, la administración directa de las minas permitió
que importantes recursos se dedicaran a actividades de diversificación
económica, muy especialmente para el desarrollo de la agropecuaria y la agro
industria en los llanos orientales y a la capitalización de YPFB, lo que
potenció a la empresa del petróleo haciéndola rentable y exportadora.
La consecuencia fundamental de la nacionalización fue la de
haber transformado el funcionamiento del país al trasladarse el control de la
economía de manos privadas a manos del estado (en 1952 las minas equivalían a
más del 80% de los ingresos totales de la nación).
-------------------- 0 ----------------------
31 DE OCTUBRE: HISTÓRICO DÍA DE LA LIBERACIÓN ECONÓMICA DE
BOLIVIA
Por: Fernando Valdivia Delgado. / Publicado en La Patria de
Oruro, 31 de octubre de 2010 // Disponible en: http://www.lapatriaenlinea.com/?t=31-de-octubre-historico-dia-de-la-liberacion-economica-de-bolivia¬a=46608
La economía boliviana caracterizada por su extrema
dependencia de los "barones del estaño" y las corrientes renovadoras
que emergen desde las minas para enfrentar la caótica situación política y
imperiosa necesidad de imponer cambios estructurales en Bolivia, después de
siete meses de producirse la revolución del 9 de abril de 1952, los
trabajadores mineros de todo el país se convierten en protagonistas de la
histórica nacionalización de las minas, el 31 de octubre del mismo año.
La firma del Decreto de Nacionalización a cargo del entonces presidente Víctor
Paz Estenssoro, responde al clamor popular no sólo como una consigna obrera,
sino como una visión nacional trabajada, fundamentalmente, a partir de la
Guerra del Chaco y en base al pensamiento de la liberación de la economía
nacional propuesta por la dirigencia universitaria de finales del año de 1928,
con el respaldo ideológico de Tristán Maroff, quien califica a la gran minería
como culpable del atraso, la dependencia y la extrema miseria de los pueblos
extendidos en el territorio nacional.
De esta manera, se deduce que ni el proceso revolucionario ni la
nacionalización de las minas; menos las conquistas sociales y el voto universal
impuesto por el gobierno después de la revolución nacional, eran consignas
improvisadas. Historiadores y analistas consideran que la construcción del
proceso de la reversión de los grandes yacimientos mineros de Bolivia, desde su
fase de propuesta, elaboración y concreción tuvo una duración de 40 años, como
decía Orlando Capriles, "consustanciados con el espíritu y la sangre misma
de los bolivianos no comprometidos con la vieja oligarquía del estaño".
De esta manera, la nacionalización de las minas que transfiere los bienes de
Patiño Hochschild y Aramayo a manos del Estado Boliviano, se convierte en una
medida revolucionaria imprescindible para la liberación económica de Bolivia y
de la cual habla la Tesis de Pulacayo, aunque no especifica como propuesta
concreta la nacionalización de la minería aprobada por los trabajadores mineros,
en 1946.
El gobierno de Paz Estenssoro, que comparte responsabilidades con la Central
Obrera Boliviana, en mayo de 1952 organiza una Comisión Nacional de Minería con
la específica atribución de estudiar y proponer políticas dirigidas a revertir
los bienes mineros a favor del país y, con la creación del Ministerio de Minas
y Petróleos, se otorga el tiempo necesario a las empresas mineras para que
adopten sus previsiones correspondientes. Los tres consorcios mineros, ordenan
la suspensión de embarques de equipos y materiales destinados a la gran
minería, así como, frenan el suministro y provisión de fondos desde el
exterior, para el pago de las obligaciones con sus trabajadores.
Estas medidas precautorias de las empresas, provocan el descontento popular y,
a través de sus sindicatos, organizan la gran marcha de septiembre que exige,
en términos perentorios, la inmediata firma de un Decreto Supremo que
nacionalice la minería. El debate al interior de la comisión perfiló dos
posiciones claras y concretas: El retorno a la centralización del cien por
ciento de las divisas producidas por las exportaciones de los minerales, de
acuerdo con la Ley de Bancos de 1939, además de un reajuste en los tributos
mineros a favor del Estado Nacional. La segunda propuesta, señalaba como medida
concreta, la expropiación de los bienes de los tres barones del estaño a favor
del país y la administración directa a manos de la Corporación Minera de
Bolivia, creada el 2 de octubre, es decir, un mes antes de la firma del Decreto
de Nacionalización. En el voto, gano la segunda propuesta, la cual se encuentra
escrita en el informe de la comisión presentada a consideración del gobierno.
De las balas a las lágrimas
El gobierno de Paz Estenssoro decidió embarcarse en el proceso de la liberación
económica de Bolivia, con la firma del Decreto de Nacionalización de las
empresas mineras que desde principios de siglo, explotaron sin control ni
autorización, todo el mineral de estaño necesario en el mundo, convirtiéndose
en un poder inmisericorde y omnímodo en Bolivia. Eligió como escenario, el
sitio donde en 1940, Patiño ordenó la masacre de mineros en los campos de María
Barzola y fue en aquel paraje altiplánico y árido, donde se concentraron
decenas de miles de mineros y trabajadores de las fábricas para presenciar el
significativo e histórico acto que fortalecía el proceso de la Revolución
Nacional.
El Decreto de 31 de octubre de 1952 que nacionaliza las empresas Patiño,
Hochschild y Aramayo, con indemnización a establecerse y bajo el sistema de
control obrero con derecho a veto. El Grupo Patiño significaba el 46 %; el
grupo Hochschild, el 25.4 % y el grupo Aramayo, el 6.9 % de la producción
boliviana de estaño, de acuerdo con los antecedentes del libro "Historia
de la Minería Boliviana", del escritor Orlando Capriles.
El documento dice: El acto de nacionalización de las minas produjo dos efectos
jurídicos: El primero de reversión de los yacimientos cuya propiedad fue
siempre del Estado, y, el segundo, de expropiación conforme al justificativo
constitucional de necesidad pública y utilidad social de los bienes muebles,
inmuebles, acciones y semovientes. El informe "Ford, Bacon Davis", de
diciembre de 1956, estableció que pasaron a poder del Estado las siguientes
propiedades: 24 minas en trabajo, una preparada pero sin labores (Matilde),
otra arrendada a una compañía extranjera (Corocoro); 20 minas en operación
alquiladas a terceros, 24 reconocidas parcialmente pero sin labores; numerosas
construcciones como ingenios, fundos rústicos, oficinas, laboratorios,
campamentos y un ferrocarril (Machacamarca – Uncía).
Así es como ocurrieron los hechos y se gestaron las decisiones que
revolucionaron la vida en las minas, durante más de 40 años antes de la firma
del Decreto que rememora la liberación económica de Bolivia. En 1940, las balas
del ejército oligárquico, regaron con sangre minera los campos de María Barzola
y en 1952, las lágrimas de los mineros y de sus familias, regaron estas áridas
tierras con la esperanza de nuevas condiciones de vida. La historia de la
minería en Bolivia, no ha terminado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario