Los trabajadores bolivianos, en mayo de 1936, declararon un histórico paro nacional. No fue una huelga más. Fue un volcán social que cristalizó la pugna entre el viejo Estado liberal y el revitalizado movimiento sindical. Los gráficos y la Federación Obrera del Trabajo (FOT) encendieron la chispa de la rebelión que, luego, fue avivada por los partidos de izquierda y los militares nacionalistas. Al final, José Luis Tejada Sorzano abandonó la silla presidencial.
Ese hecho dio inicio al periodo de los gobiernos nacionalistas militares del coronel David Toro y el teniente coronel Germán Busch (1936-1939).
La creación de los ministerios de Trabajo y de Minas y Petróleos, la sindicalización obligatoria, la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, la fundación del Banco Minero, la nacionalización de la Standard Oil Company, la promulgación de la primera Constitución Social, la dictación de la Ley General del Trabajo y la entrega al Banco Central del 100% de divisas procedentes de las exportaciones mineras fueron algunas normativas impulsadas y respaldadas por los insurrectos.
El levantamiento de mayo fue un suceso que sintetizó una serie de luchas que se exacerbaron acabada la contienda del Chaco.
Frente a ese contexto, el movimiento obrero y popular reorganizó sus filas. Sus reivindicaciones, en el fondo, fueron impulsadas por el desempleo, los bajos salarios, los despidos masivos y el aumento
La cadena de protestas de los trabajadores comenzó en 1935 y culminó con la dimisión del liberal Tejada Sorzano, el 17 de mayo de 1936. Al respecto, Herbert Klein en su libro Orígenes de la revolución nacional realizó una cronología de los hechos.
La FOT, en respuesta a la inflación y el alza de precios, en noviembre de 1935, solicitó al Gobierno el aumento del 100% de salarios y rebaja de los precios de alquileres y de los artículos de consumo.
En diciembre, los mineros de Corocoro se movilizaron pidiendo aumento de sueldos. A la par, se activó una intensa convulsión social en todas las industrias y regiones del país ante la falta de trabajo y la subida de precios.
Las huelgas aumentaron en ritmo y proporciones, a inicios de 1936. En marzo, las obreras de la fábrica de tabacos demandaron jornales más altos.
La crisis se agravó. El Gobierno en vez de apagar la hoguera social, le echó más leña: dictó un “decreto de cambio único”. El peso boliviano se devaluó. Los trabajadores, los excombatientes, los inválidos, viudas y huérfanos de guerra fueron los más afectados. Y la bronca estalló.
El Sindicato Gráfico, el 10 de mayo, declaró huelga general. Su pliego de peticiones, que principalmente exigió el aumento salarial en un 100%, no fue atendido. Como nunca antes, todos los periódicos cerraron sus puertas entre el 10 y el 18 mayo. Los periodistas se sumaron a la lucha.
Frente al peligro de una revuelta, el Gobierno expidió “un llamamiento militar” para “encuartelar al pueblo”. Luego, decidió “destruir de un sólo golpe al pueblo y al Ejército”. Se ordenó al jefe de las Fuerzas Armadas “hacer fuego sobre el pueblo si éste se mostraba partidario de la huelga”, narró La Calle, el 24 de junio de 1936.
Sin embargo, el Ejército acordó con los sindicalistas no intervenir en los problemas, mientras no ocurran actos de violencia. De ese modo, los propios huelguistas patrullaron la ciudad de La Paz para mantener el orden.
La noche del 16 de mayo el “Comité Revolucionario” comenzó una serie de tomas. Primero, ocupó el Club de la Unión, “local de la aristocracia cuya fortuna era mayor a medio millón de pesos”. En el lugar se izó una “bandera roja”. En seguida, cercó la Alcaldía y colocó “un cordón de tendencia política (...) estableciendo un ensayo pintoresco de organización bolchevique”; esos espacios fueron los cuarteles de reunión de los partidos de “extrema izquierda”, rememoró La República, el 19 de mayo.
Pablo Estefanoni, en su investigación Los inconformistas del centenario, relató la manera en como el escritor Alcides Arguedas detalló ese hecho en su Diario íntimo. Sucede que ese 18 de mayo, Arguedas fue con su hija, a las 11:00 de la mañana, al paseo del Prado. Al pasar, “vieron flamear la bandera roja” en el Club de la Unión, donde se podía leer la inscripción “Comité Revolucionario”, escrito –según Arguedas– “con tinta sobre una banda blanca de percal y con letras irregulares, letras de artesano primario que no tiene ni la costumbre ni el gusto de escribir y trazar caracteres”.
Una comisión de militares, la mañana del 17 de mayo, le exigió a Tejada Sorzano su dimisión. Él firmó su renuncia. Acto seguido, se dictó un decreto que designó una Junta Mixta de Gobierno. Germán Busch fue designado “presidente provisional”, hasta el retorno de David Toro, quien fue posesionado como Jefe de Estado, tres días después.
En la tarde, el nuevo régimen negoció con los insurrectos. Waldo Álvarez, en su libro Memorias del primer ministro obrero, afirmó que Busch aceptó todas las demandas del pliego de peticiones.
Las federaciones obreras, el 18 de mayo, ordenaron que “todos los empleados, trabajadores del comercio, la industria, bancos, ferrocarriles y transportes, vuelvan a sus respectivas labores de inmediato”.
La normalidad retornó al país.
El levantamiento fue recordado por varios años. El 17 de mayo fue declarado “feriado nacional”. En 1937, se desarrolló un programa de festejos. Una diana a cargo de la banda del Ejército, un “match interdepartamental” de fútbol (Ingenieros Oruro vs. Alianza), la inauguración del Museo Militar, la concentración “socialista” y las verbenas populares fueron algunos de los eventos que matizaron el homenaje.
Por su parte, el Gobierno autorizó la emisión de estampillas conmemorativas. La Calle, el 7 de mayo de 1937, informó que se acuñarían “monedas de niquel” de 10 centavos destinadas a rememorar la “revolución”.
Las conquistas de mayo hicieron temblar a la oligarquía liberal y fueron un referente para la insurrección obrera y campesina de abril de 1952.
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