Por: Pamela Escobar Carpio. /
El Manifiesto a la Nación constituye uno de los documentos
que nos dejaron los representantes parlamentarios de 1905, para expresar su
disgusto al verse rebasados por la mayoría parlamentaria, y poder expresar su
molestia, en ella advierten de muchos de los problemas que se corría al riesgo
de firmar el tratado. Los opositores de su lado, con mirada de largo alcance,
pensaban en el futuro del desarrollo nacional y no lo vislumbraban ventajoso.
No creían que el libre tránsito fuese suficiente para dinamizar el comercio
boliviano, ni su economía.
Para poner fin de manera oficial a la guerra, Chile y
Bolivia firmaron primero, el 4 de abril de 1884, un Pacto de Tregua, seguido
después por el protocolo del 9 de diciembre de 1895 –que ofrecía un puerto a
Bolivia– y, finalmente, el Tratado del 20 de octubre de 1904, que dio a los
chilenos la cesión definitiva y perpetua del antiguo litoral boliviano.
El Manifiesto a la Nación contiene un esbozo del criterio
boliviano sobre su derecho a una costa y a un puerto. Los debates
parlamentarios efectuados en sesiones reservadas, no fueron adecuadamente
difundidos en su oportunidad. Sin embargo, hubo muchas referencias a esa
controversia librada entre los sostenedores de Tratado y los que se oponían a
su aprobación.
En los días previos a la discusión del protocolo, hubo
manifestaciones en La Paz, Oruro y Potosí que el gobierno de Ismael Montes
mandó a reprimir. El rechazo también se tradujo en el Congreso y la mejor
prueba de ello es el informe en minoría presentado por los parlamentarios que
se opusieron al tratado y que fue publicado, lamentablemente sin firmas, por la
Cámara Nacional de Comercio el año 1979. Esta misma publicación incluye “el
voto de la minoría parlamentaria residente en Sucre” firmado por seis
parlamentarios chuquisaqueños, dos potosinos y uno tarijeño.
Los firmantes fueron los senadores chuquisaqueños Pastor
Sainz y Miguel Ramírez; el senador potosino Primo Arrieta; los diputados
sucrenses Domingo L. Ramírez y Luis de Argandoña; José Manuel Ramírez, que
firma como diputado por Cinti; Román Paz, que lo hace por la provincia Linares
de Potosí; el diputado por Charcas Juan Manuel Sainz y Fernando Campero,
diputado por las provincias tarijeñas Avilés y Arce.
El gobierno boliviano debió aceptar estas terribles
condiciones ante la amenaza del ejército chileno que ocupaba Puno de proseguir
su avance hacia La Paz. Además, la presión diplomática del país austral sobre
Bolivia había llegado a los extremos que ilustra la prepotente y altanera nota
ultimátum del embajador chileno en La Paz, Abraham Koning, quien el 13 de
agosto de 1900 había advertido con total desenfado al canciller boliviano: “En
cumplimiento de las instrucciones de mi gobierno y partiendo del antecedente
aceptado por ambos países de que el antiguo litoral boliviano es y será siempre
de Chile (...]) Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el
mismo título con que Alemania anexó al imperio Alsacia y la Lorena, con el
mismo título que Estados Unidos ha tomado Puerto Rico (...). Nuestros derechos
nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”. (1905:90).
El acuerdo firmado en 1904, además de establecer el dominio
perpetuo y absoluto de Chile sobre los territorios arrebatados a Bolivia,
incluía el derecho de libre tránsito de bienes y mercancías bolivianos por
cualquiera de los puertos chilenos del norte. Chile debía asumir la
construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, establecer un régimen de
libre tránsito y el pago de una compensación monetaria a Bolivia. El tratado
fue ratificado al año siguiente por los respectivos congresos.
La oposición parlamentaria no flaqueó en sus argumentos tal
como vemos en el siguiente fragmento en donde al parecer todas sus reflexiones
fueron inútiles pues al tratarse de una minoría, no podían hacerse escuchar
“hemos contenido a la minoría , y hemos creído cuidar honradamente los
intereses de la patria, apartándonos de todo compromiso con los partidos
políticos”. (1905:79). En otra parte denuncian: “La discusión sobre los
Tratados celebrados con Chile el 20 de octubre de 1904, ha tenido lugar en
sesiones secretas del Congreso Nacional y aunque se ha trasladado al público lo
esencial de los debates y es exacta la lista de Senadores y Diputados que
dieron su voto por la aprobación de los pactos, como lo que se opusieron
patrióticamente a ellos, creemos que ahora es deber nuestro, hacer uso de la
garantía constitucional” (1905:79).
Podemos ver que el pedido de la minoría no cesa pese a no
obtener una respuesta favorable: “Estudiemos, escuchadnos, replicábamos los de
la minoría. Pidamos una u otra modificación del Tratado, que salve la dignidad
de Bolivia, no es la cesión territorial lo más grave, perderemos el Litoral,
pues no podemos recobrarlo, pero conservemos nuestra autonomía nacional, el
honor del pueblo libre” (1905:80).
De esta forma denuncian que el Tratado no fue fruto de una
negociación libre y consentida por Bolivia, sino que se impuso por medio de la
fuerza. “Los representantes de la minoría hemos sido desatendidos por la
mayoría compacta. Sin contar con nuestro número, obedecimos en situación
difícil, solo el dictado de la conciencia; aparatándonos de toda afiliación
política, no tuvimos otra consigna que la honra y la libertad de la patria”
(1905:31-32). Analizando esta tesis practicista, aprobada por mayoría en el
Parlamento y que parecía estar en armonía con la situación interna del momento,
develan que no respondía a esta situación. Es este contexto, seguramente que la
tesis reivindicacionista que tomo la minoría parlamentaria alarmó grandemente
al gobierno y pensó en la manera de denunciarlo.
Para entender el tratado de 1904 hay que tratar de comprender
la mentalidad de los protagonistas bolivianos. Tanto conservadores como
liberales estaban absolutamente obsesionados por lograr una solución pacífica y
práctica al problema.
Su practicismo hizo excesivamente inmediatistas sus miras y
eso los perdió. La mentalidad empresarial condujo a pensar que el desarrollo de
los ferrocarriles y el libre tránsito, eran compensaciones que valían el
sacrificio. Los negociadores bolivianos partían de dos premisas bastante
realistas, la primera era que la lógica obstrucción peruana hacía imposible la
cesión de un puerto (léase Tacna o Arica). La segunda, que en los hechos el
litoral era administrado y explotado por Chile cuya decisión de perpetuarse en
él era irreversible. En consecuencia, había que cerrar la página como se hizo
con el Acre y mirar al futuro. No midieron el impacto del aislamiento y
encierro para nuestro desarrollo y la consecuencia emocional que marcó a
Bolivia de manera permanente.
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