Por: Gustavo Rodríguez / Publicado en el periódico La Razón,
el 19 de enero de 2014.
La Revolución Nacional de 1952 conformó, gracias a la
reforma agraria, una alianza entre los campesinos y el Estado, basada también
en prebendas y corrupción. El Ejército, que derrocó al MNR el 4 de noviembre de
1964, heredó y alimentó el pacto. Hacia 1970 pequeños signos de independencia
sindical afloraban en el sector agrario e intentaban filtrarse en la Asamblea
Popular, cerradamente obrerista. Fueron cortados con el golpe de Hugo Banzer en
contubernio con el MNR, la FSB y sus aliados empresariales, bien aceitados con
el dinero norteamericano.
El 20 enero de 1974, el gobierno banzerista decretó la
elevación de precios para los artículos de primera necesidad y, en un efecto
dominó, también se incrementaron los de otros productos, como los insumos
agrícolas. Pese al rígido control político, voces de protesta se hicieron
sentir en distintos lugares. Fabriles en La Paz y Quillacollo, mineros y
bancarios decretaron paros. En los valles cochabambinos, poblados de pequeños
productores parcelarios, la protesta fue contundente. Eran los mismos que dos
décadas atrás habían protagonizado belicosas movilizaciones por la reforma
agraria, pero ahora estaban tutelados en el pacto militar-campesino.
El 24 de enero, campesinos del Valle Alto iniciaron bloqueos
de la vía Cochabamba-Santa Cruz, que se extendió por kilómetros y con distintos
focos en Quillacollo y Sacaba. Argumentaban que por su débil ubicación
productiva no tenían defensa frente a la escalada inflacionaria que se venía
encima. La noche del 28, como toda respuesta, Banzer decretó Estado de sitio,
con el consabido argumento de que “extremistas” actuaban en las sombras. El 29
en Tolata, luego en Epizana y finalmente el 30 en Sacaba y Quillacollo, tanques
de guerra del regimiento Blindado Tarapacá y tropas del CITE dispersaron a
ráfagas de ametralladora y tiros a la multitud campesina.
El saldo oficialmente
reconocido de los caídos de Totala fue de 21 presos, 13 muertos y 12 heridos.
Las víctimas pudieron ser muchos más; nunca se supo con certeza. La prensa
estableció que al menos 16 campesinos murieron en Tolata y al parecer otros
siete en Epizana, en el cruce caminero de Cochabamba hacia Sucre. Se dijo que
también hubo varios caídos en Sacaba. En entidades de la Iglesia Católica se
habló de decenas de desaparecidos, según un documento publicado en 1976 por
Justicia y Paz. Fueron arrojados al río, llevados en volquetas municipales y
camiones militares con rumbo desconocido o enterrados detrás del cementerio de
Cochabamba, a la vera del la mítica colina de la Coronilla. Se basaron en
testigos confidenciales, pero nunca el dato pudo ser comprobado.
Bolivia no fue la misma desde la masacre campesina. La
protesta quechua fue la primera confrontación a la dictadura militar.
Contribuyó a abrir grietas para que universitarios, mineros y la población
civil derrumbaran a Banzer con la huelga de hambre de fines de 1977. Apuntó el
poema de Coco Manto: “Ahora que el pacto está roto. Atipasunchej carajo”.
Sobre sus ruinas, se construirá más tarde la CSUTCB y la
independencia indígena. No hubo ninguna investigación sobre lo ocurrido en
enero de 1974, pero sus huellas aún perduran frescas en los valles
cochabambinos. A cuatro décadas de los disparos mortales, decenas de familiares
aún esperan Verdad, Justicia y Memoria.
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