Por: Lizeth Wendy Limachi Mamani - Estudiante de la
Carrera de Historia, UMSA / Trabajó en el Archivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de
Bolivia y en el Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Salvando las críticas o connotaciones que pueda tener
la democracia, esta ha permitido la participación de las personas dentro de un
sistema que se encarga de legitimar a sus autoridades, esto en el caso de los
indígenas puede resultar distinto, ya que ellos, antes de la conquista europea,
tenían una forma distinta de elegir a sus autoridades locales y en realidad es
probable que prefirieran sus formas tradicionales.
El presente artículo trata, por tanto, de observar el
periodo desde la fundación de la República, hasta la implementación del voto
universal, en cuyo intermedio han existido posiciones que reflejan la ideología
de la época y que constituyen una muestra de las posiciones racistas y de
discriminación étnica con los que nació nuestro país, todo en observancia de la
existencia en nuestro país de naciones y culturas originarias dentro de ellas.
Es importante estudiar, entonces, este fenómeno, que
aparte de electoral, es también étnico y racial, como veremos más adelante, ya
que mientras existan poblaciones que hayan sido discriminadas, explotadas e
incluso eliminadas, se debe poder explicar las posibles causas por las que
ocurren estos fenómenos.
Para llegar a ello, es importante primero determinar
qué es el voto, y se puede decir que ha sido la forma de expresión que el
ciudadano ha encontrado en un momento singular, en el que ha podido expresar su
voluntad: “Las elecciones constituyen, pues, un mecanismo de designación de
titulares de poder que va asociado a los conceptos de representación, gobierno
y legitimación” (Valles; Bosch, 1997: 12). El voto es el momento más importante
de cualquier situación que implica la toma de decisiones respecto de algún tema
o la elección de una autoridad. A través del sufragio los individuos
participantes expresan su elección y suponen el respeto por la opción con mayor
número de apoyo.
Hay numerosas formas para ejercer el voto, de forma
informal (como una asamblea), y formal cuando existen situaciones que implican
un ordenamiento y más complejos (elección de presidente). Entendido así el
voto, es un fenómeno muy reciente, ya que históricamente las sociedades se han
manejado políticamente a través de sucesiones hereditarias o basadas en
designios divinos de sus gobernantes.
Será recién a principios del siglo XIX cuando la
noción de la elección a través del voto de líderes políticos empezó a tomar
forma. En el caso de las mujeres, el derecho al voto no se hizo posible sino
hasta fines del siglo XIX y principios del XX, existiendo aún poblaciones en
las que las mujeres no cuentan con la posibilidad de votar.
Al presente el voto es un atributo ciudadano, en la
historia, sin embargo, han existido dos enfoques, en el primero se atribuye al
sufragio la calidad de un derecho natural adquirido por cada individuo al
nacer, en tanto que para el segundo, se habla de que sería un derecho menos
fundamental, que puede discriminar llegando a limitarse el sufragio sólo a los
ciudadanos.
Estas concepciones acerca del voto y de la capacidad
especial para ser reconocidos como ciudadanos, como en el caso griego han
trascendido fronteras y se implementan en los sistemas políticos de todo el
mundo. Fue en la Revolución Francesa que se introducirá el sufragio como
expresión democrática, en este caso sin embargo le puso la restricción del pago
de una determinada contribución directa al “censo electoral”, de ahí se origina
la denominación de censitario, ya que se establece este como requisito indispensable
para obtener la capacidad de elector o elegible. Asimismo se insertó en una
segunda etapa el voto patrimonial y rentista conforme a ciertos montos. Se
puede decir que, sin excepción, estos fueron los parámetros electorales del
Siglo XIX en Europa y en América.
Al mismo tiempo el sufragio femenino también fue
restringido a nivel mundial, se abrió un periodo de debate durante el Siglo XIX
y hasta mediados del Siglo pasado. Y fue instaurado por primera vez en Wyoming,
Estados Unidos, en 1869, generalizándose a los demás estados a partir de la
enmienda XIX de la Constitución en 1920. En algunas naciones de Europa el
sufragio femenino se aceptó bien entrado el Siglo XX y por regla general
después de la Segunda Guerra Mundial.
Adentrándonos ahora en el caso americano y como fruto
del proceso de conquista y colonización sufrida, el sufragio se consideraba
como un privilegio que sólo un grupo selecto podía ejercer y este elemento ha
configurado la realidad histórica latinoamericana, haciendo que implementen restricciones
económicas y capacitarias al voto. Habría que recordar que la ampliación de
este derecho en Latinoamérica es algo que sólo se ha alcanzado a mediados del
siglo XX, en Brasil por ejemplo recién se permitió el voto de analfabetos en
1988.
Como quiero demostrar con este artículo, el caso
boliviano es una muestra de cómo se practicó continuamente la
discriminación hacia la mayoría de la población, a la que se le restringía el
derecho al voto por diversas razones. Al respecto pienso tal y como manifiesta
Todorov que el racismo se expresa en dos cosas distintas, uno en el
comportamiento y otro teórico. Como veré en las siguientes líneas, la
limitación del derecho al sufragio en esta primera etapa se hizo mediante el
reflejo de comportamientos que manifestaban el odio y disgusto contra esos
individuos de características físicas diferentes.
Así fue que en Bolivia con el sufragio censitario “las
elecciones no fueron un instrumento capaz de establecer: efectividad,
confiabilidad y tener carácter democrático” (Chávez Zamorano, et al., 2007:
46), y más bien recae en 3 problemas que han obstaculizado el desarrollo
democrático: el uso de medios violentos en los conflictos políticos, la
corrupción electoral y el sufragio limitado a un sector de la población adulta
masculina.
Esta situación fue heredada de la última parte de la
época colonial, con los requisitos exigidos para las primeras elecciones
realizadas a nivel continental llevadas a cabo en las Cortes de Cádiz. Este
proceso electoral normado por distintos decretos emitidos en 1810, aunque
parezca raro, señala específicamente “que debe considerarse como representables
y elegibles no solo a los españoles americanos, sino también, los indígenas,
mestizos de indio y español, y los españoles avecindados en América” (Chávez
Zamorano, et al., 2007: 64).
Ello se explica debido a que el sistema de elección
fue indirecto (el sistema indirecto es uno de los medios que hace posible
filtrar la voluntad de las mayorías) en 3 tipos de Juntas:
• Juntas Parroquiales, que elige un
Elector que vaya a la cabeza de su partido.
• Juntas Electorales de partido, que
nombrará al elector que ha de concurrir a la capital del reino o provincia para
elegir a los diputados de cortes.
• Juntas Electorales de provincia, en esta
se escogen a los Procuradores o Diputados que en representación de aquel reino
o provincia deben asistir a las Cortes Generales de la Nación (Chávez Zamorano,
et al., 2007: 65-67).
Las principales características son:
• El sistema de elección indirecto.
• Las cualidades restrictivas
(patrimoniales y corporativas) de la ciudadanía y el concepto de ciudadanía,
son establecidos en la Constitución de Cádiz, que “divide a la población entre
españoles que gozan derechos civiles y ciudadanos que disfrutan de las prerrogativas
políticas. Se define la ciudadanía de acuerdo a los criterios de utilidad
(oficio útil excluyendo mendigos y vagabundos), la autonomía personal (excluye
a mujeres y criados) y la capacidad intelectual o saber leer y escribir”
(Chávez Zamorano, et al., 2007: 76).
Reconoce como ciudadano a quien es:
a) Jefe de familia,
b) Tiene casa abierta,
c) Es una miembro útil de la comunidad vecinal o
tiene ingresos propios,
d) Tiene residencia o domicilio determinado,
e) Saber leer y escribir,
f) No es sirviente o dependiente de otro.
• De esa forma el sufragio universal se da
sólo en la primera etapa de la votación.
• La organización municipalista o
localista de los procesos electorales.
Será con la llegada de Simón Bolívar que se pondrá
fin, por ejemplo, a los cabildos indígenas existentes hasta ese entonces y que
permitían el voto de los indígenas. Todo ello, porque Bolívar desconfiaba de la
“moral de los ciudadanos y su desdén por las elecciones populares en tanto
constituyen, en su opinión, un hecho perturbador porque implican la
participación de la multitud tumultuosa” (Chávez Zamorano, et al., 2007: 91).
Bolívar explicaba que una de las grandes dificultades
para la construcción político institucional era la ausencia de una sólida moral
republicana1, que la censura electoral debía “establecer qué educación, qué
estudios se requieren para ser aceptado como ciudadano elegible” (Chávez
Zamorano, et al., 2007: 95). Se estableció 4 condiciones para ser elegido: 1)
haber servido en la milicia; 2) saber leer y escribir, conocer el ábaco,
aprender el catecismo republicano; 3) para cargos más altos, haber recibido una
educación en escuelas públicas; 4)haber dado muestras de virtudes públicas y
haber tenido cargos públicos menores” (Chávez Zamorano, et al., 2007: 95).
Lo que conllevó a que el nacimiento de Bolivia como
Estado independiente , estuviera ligado a la adopción de éstas ideas y
concepciones en el marco constitucional y electoral, por ello es que se puede
determinar en palabras de Roberto Choque que después de la fundación de la
República en 1825, el indígena “fue excluido de la calidad de ciudadano del
nuevo Estado”; esta situación, según Choque, “puede explicarse por dos razones:
por cuestiones raciales y por encontrarse al margen de esa nueva sociedad
conformada por criollos y mestizos. Sin embargo, el indígena estaba obligado a
contribuir con el pago de su tributo como el de cumplir con una serie de
servicios personales a través de las autoridades gubernamentales, tanto al
Estado como a los nuevos terratenientes; aunque no recibieran ningún beneficio
estatal. Entre los servicios exigidos estaba el pongueaje, mitanaje y
postillonaje. Posteriormente estos servicios obligatorios fueron motivo de
conflictos, que promovieron discusiones políticas y actos violentos” (Choque,
2005: 21).
La consideración sobre el tema de la ciudadanía y la
posibilidad de que los que no cumplen con los requisitos puedan ser
considerados como tales, se dio en el marco del Congreso General Constituyente
de 1826. Ya que cuando se consideró el proyecto de Bolívar, en su artículo 14
se hablaba sobre la condición de ciudadanía, los requisitos de saber leer y
escribir y tener algún empleo o industria o profesar ciencia o arte, y no estar
sujeto a otro en clase de sirviente doméstico.
Dentro el debate hubieron posiciones como las que
siguen:
El Redactor del Congreso de esta época muestra esta
división de opiniones, a favor se encontraba el diputado Carpio, quien señaló
“es evidente que el que no tiene alguna industria o profesión, lo mismo que el
que ignora lo que importan las leyes, no puede tener ningún interés en que se
mantenga el orden y la tranquilidad pública”, por el otro lado el diputado
Gutiérrez dijo “que en una República bien constituida todos deben tener parte
en la confección de las leyes, y que en caso contrario, esta no era otra cosa
que una aristocracia odiosa” (Chávez Zamorano, et al., 2007: 108).
Otra posición bastante elocuente es expresada por el
Ministro de Gobierno de ese entonces, que decía: “En todo el mundo los que
sepan más han de gobernar siempre a los más ignorantes: así lo quiere la
naturaleza, Señores, y es imposible contradecir sus leyes” (Chávez Zamorano, et
al., 2007: 108). Esta visión se sustentaba en la idea de que la participación
de los indígenas y otros sectores populares generaría caos, ya que estos serían
de fácil corruptibilidad. No solo eso, en vista de lo que dice Todorov, esta
expresión es la de un racista que cree en la superioridad de la élite sobre los
demás sectores de la ciudadanía expresada en un nivel mental porque se refiere
a la moral de estos.
Al final el debate terminó posponiendo la fecha de
aplicación de la condición de saber leer y escribir para ser ciudadano hasta el
año 1836, aunque mantiene el hecho de tener empleo e industria, o profesar
alguna ciencia o arte. Esto generó una especie de ficción democrática2, ya que
la importancia de la población india sólo se manifestó “en la composición de
las rentas del Gobierno de la nueva República”(Klein, 2001: 123).
Por su parte “la situación subalterna y discriminada
de la población indígena en todas sus etnias continuó sin alteraciones [….], la
estructura social (la pirámide de clases y estratos) no sufrió variaciones […],
los criterios para la asignación del prestigio social eran los mismos que
durante el régimen colonial” (Mansilla, 2006:10). No importaba de nada los
números que señalaba Pentland para esta época que decía “Bolivia contaba con
una población indígena de habla aymará y quechua de aproximadamente 800 mil
personas, los denominados blancos o criollos alcanzaban 200 mil y los
tipificados como mestizos o cholos llegaban a 100 mil” (Klein, 1995: 15).
En contraste podemos observar que los datos
electorales de 1828 muestran que los electores de parroquia eran 709, los
electores de provincia 154 y los electores de partido 57. Vemos cómo el sistema
electoral funciona como un filtro, de una base relativamente ancha se pasa a un
número reducido de electores de partido que designan recién a los
representantes.
Se concebía también en esta época que las
instituciones como la Asamblea servían como un freno contra los indígenas, ya
que se decía “El último resultado de esto (de la disolución de la Asamblea)
sería que la clase indígena que nos asecha, aprovechándose de este desquicio
universal segundaría sus miras de concluir con todos los que no son de su
color” (Chávez Zamorano, et al., 2007: 131).
Para 1839 se introdujeron reformas, como la elección
directa del cargo de Presidente y de los Diputados, el voto secreto, la
utilización de boletas de calificación, votación y organismos de administración
electoral con el fin de “escoger individuos de notoria probidad, talento e instrucción,
exentos de toda nota, que pueda menoscabar la opinión pública” (Chávez
Zamorano, et al., 2007: 154).
En ese proceso se suprimió a los cuerpos electorales
que gozaban de base más amplia, reduciendo censatariamente la población
electoral, mostrando en la práctica que el régimen que se extendió entre
1839-1880, pretendía instaurar la idea de que la fuente real del poder no
fueran las elecciones, sino, las armas. Entró en discusión también la forma de
la elección, es decir, si se mantenía el sistema indirecto o se imponía el
directo; por el directo el ciudadano vota personalmente, por sí mismo, en un
solo acto electoral. En tanto que en el sufragio indirecto tiene lugar a través
de electores o compromisarios en una primera fase o elección primaria.
Al haberse implementado este sistema, se abría también
otra brecha de conflicto, que fue la corruptibilidad del voto, en el periodo
entre 1840 y 1900. Aun a pesar de que la victoria de los liberales en la
Revolución Federal se había hecho por complicidad de los sectores indígenas, no
hubo ni siquiera muestras de tratar de incluir a los indígenas para el
ejercicio de la ciudadanía.
Al contrario, cuando se hablaba de los indígenas se
los describía en función a la ideología del darwinismo social, es decir en función
de la “selección racial”, con esta ideología se habría formado y difundido la
moda de la craneometría para justificar la creencia de una supuesta
insuficiencia de la masa cerebral del indio que consideraba al indígena
“genéticamente inferior frente a la raza blanca”. En palabras de Choque sólo se
esperaba su extinción con el paulatino crecimiento demográfico de la raza
blanca, también tenían la idea de mejorar la raza indígena con la migración
extranjera” (Choque, 2005: 22).
Existía desde las élites un sistema de protección
negativa de la vida de los indios, no sólo era un problema de organización,
también era una cuestión de pensamiento, ya que de manera especial el
darwinismo social fue la corriente de pensamiento predominante para referirse a
los indígenas. Este pensamiento y la posterior adopción de él por parte de
varios intelectuales puede entenderse en términos de Todorov como parte de una
doctrina racialista (que conlleva 5 proposiciones: la existencia de razas, la
continuidad entre el tipo físico y el carácter, la acción del grupo sobre el
individuo, la herencia y valores únicos y el conocimiento basado en la
política).
Lo que condenan los liberales es la corrupción de las
elecciones por parte de los sectores oligárquicos y es que la importancia de
las elecciones, sin duda, estaban en consideración a la ventaja política que se
pueda obtener de las mismas, por lo que tanto “las facciones y, más tarde, los
partidos se esforzaron por apelar a cualquier resquicio legal que les diera
ventaja en su lucha por el control gubernamental, de esa forma las elecciones
servían como mecanismo para legitimarse”(Irurozqui, 2004:49).
Se generaron costosas maquinarias electorales
“…destinadas no sólo a movilizar al electorado oficial, sino también a aquellos
otros sectores de la población cuya capacidad ciudadana estaba puesta en duda,
pero que podían intervenir con eficacia en el triunfo de un candidato”
(Irurozqui, 2004: 49). Con esto Irurozqui cree que “al ser prioritario ganar el
apoyo de un electorado cada vez más instruido y complejo supuso una
ininterrumpida presencia en la vida pública de artesanos, pequeños
comerciantes, arrieros, aparceros, colonos de hacienda e indígenas comuneros”
(Irurozqui, 2004: 49), teniendo acceso a lo público a través de lo “ilegal” y
lo “corporativo”.
Esta presencia de algunos sectores de la ciudadanía,
que no precisamente eran de la élite, generaron críticas como las de Rigoberto
Paredes, quien manifestaba que “en los registro cívicos las clases cultas
estaban escasamente inscritas, los mayoritarios eran aquellos de limitada o
ninguna instrucción” (Chávez Zamorano, et al., 2007: 273).
Toda esta situación comenzó a cambiar con la Guerra
del Chaco, la misma que trajo consigo la crisis de toda la oligarquía (crisis
que afectó al parlamento, a los partidos y al desprestigio de los
procedimientos electorales). El debate en torno al tema electoral ya giraba
sobre la posibilidad de la implementación del sufragio universal pero no como
un tema determinante.
Después del intenso periodo militar y de constante
derrumbamiento del orden existente, se llega a las elecciones de 1951, época
donde el MNR ya había alcanzado gran notoriedad. Dicha elección arrojó el
triunfo del MNR (mayoría relativa 44.700 votos contra 44.300), era la primera
elección que el oficialismo perdía. En esta época la doctrina liberal entra en
el descrédito y emerge el nacionalismo que adquiere fuerza dentro de la
sociedad.
La Revolución Nacional de 1952 “promovió la
integración de los indígenas mediante el voto universal, fue concebido en aras
de asimilar a los originarios en el orden social planteados por los
descendientes de España Colonial, antes que integrarla al proyecto de nación
conservando sus singularidades culturales” (Loayza, 2010: 34). No solo los
indígenas sino también las mujeres y sectores pobres ingresaron al escenario
político en un aparente proceso de democratización política que significaba la
posibilidad de elegir y ser elegido, pero como vemos, la revolución no pudo
crear las condiciones para un proceso de ciudadanización política, sobre todo
para los sectores indígena campesinos, el voto libre no llegó a consolidarse
sino hasta después de 1982. En todo este proceso el “voto colectivo” del
campesino se convirtió en una relación clientelar con el Estado -votos por
tierras- más que un verdadero ejercicio democrático.
Cambiaba el escenario pero a la vez se generaba la
posibilidad de utilizar mucho más abiertamente a estos sectores de la sociedad,
recordar para ello que durante buena cantidad de años los sectores campesinos
indígenas fueron “usados” por el gobierno para movilizarlos a su favor, y que
durante ese periodo no existía otro partido más que el MNR.
Como se observa, si bien el proceso revolucionario
había reconocido políticamente a todos como ciudadanos, dentro de su proyecto
se buscó la forma de “incluirlos” al sistema político mediante el mestizaje y
homogeneización cultural, sin embargo se seguía considerando a estos sectores
como subalternos y manejables (como en el caso de los sindicatos rurales), ello
no significó el fin de la época de exclusión social, abrió más bien un proceso
de participación amplia pero no en iguales condiciones.
Creo que la afirmación de que “lo étnico se constituyó
en un componente de los asuntos de clase y exclusión social que se manifestaron
tácitamente en términos raciales” (Loayza, 2010: 71) adquiere un significado
mayor a partir de 1952 y la posterior toma de conciencia de los sectores
indígenas, cuya posibilidad de ingreso a la vida política se dio en ese proceso
y a pesar de que en ocasiones degeneró, se logró desarrollar.
NOTAS
1. Bolívar en el Discurso de la Angostura
en 1819 mencionaba que: “el introducir restricciones justas y prudentes en las
asambleas primarias y electorales pone un primer freno al desorden popular,
evitando la participación de la multitud tumultuosa, que siempre introdujo el
error en las elecciones, en la designación de los magistrados, y en su
posterior acción de gobierno”.
2. Esto en parte porque la situación de la
educación pública era precaria, ya que se calculaba que para “1848, existían
aproximadamente 442 establecimientos educativos en la República, con un total
de 22.495 estudiantes que asistían a clases. Estos números se traducen en un
porcentaje de alfabetización de sólo siete por ciento del total de veinte por
ciento de castellano hablantes” (Thiesen-Reily, H., 2003: 80-81).
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