Foto: Religioso Julio Tumiri.
Por: Lupe Cajías / Publicado en el periódico La Patria, el
14 de octubre de 2012.
El 10 de octubre de 2012, los bolivianos celebramos 30 años
de democracia, el periodo de vigencia constitucional más prolongado de nuestra
historia. Aunque sólo ha transcurrido una generación, el olvido cubre hechos y
personajes que lucharon antes, durante y ahora con la utopía de lograr que cada
compatriota recién nacido goce de un clima de libertades.
Simplemente hacemos un recuento de los archivos de la época.
IGLESIA CATÓLICA Y DICTADURA MILITAR
La dictadura de Luis García Mesa desde su primer día tuvo
una tensa relación con sacerdotes y religiosas, con obispos, con la Conferencia
Episcopal Boliviana (CEB), con el propio Vaticano y su representación
diplomática, la Nunciatura, y con los principales medios de comunicación
católicos como el periódico "Presencia" (de propiedad de la CEB), la
radio "Fides" y la Agencia de Noticias "Fides" (ANF) (de
propiedad de la Compañía de Jesús) y las radios católicas en las minas y en el
agro.
La emisora jesuita fue asaltada el mismo 17 de julio; pocos
meses más tarde, por las noticias difundidas sobre los conflictos internos en
el régimen, paramilitares allanaron "Presencia" y amenazaron al
personal de ANF. Meses después, los militares quisieron cerrar esa agencia de
noticias, simplemente porque emitía noticias pues su tendencia editorial
siempre fue más conservadora que liberal.
En los primeros días de la dictadura fueron apresados varios
sacerdotes, entre ellos Antonio Caglioni de Viloco, párrocos italianos de
villas obreras en La Paz, curas periodistas de radios populares, varios de la
orden Maryknoll y activistas en Derechos Humanos. El padre Julio Tumiri,
presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, se salvó
de caer en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB), donde había acudido
para apoyar la organización de la resistencia.
El Nuncio Alfio Rapisarda y el Secretario Permanente de la
CEB, Monseñor Alejandro Mestre, gestionaron la libertad de los detenidos,
quienes tuvieron que refugiarse en esa sede diplomática, desde donde partieron
al exilio con un salvoconducto y el sello rojo: "expulsados".
El 8 de agosto de 1980, en el momento más duro, los
sacerdotes del Secretariado pro presos políticos encabezados por el padre Nino
Marzoli, comenzaron su labor de apoyo a los detenidos por causas políticas o
sindicales. Las visitas para ubicarlos, tener listas comprobadas, verificar su
estado de salud, llevar y traer cartas fueron tareas respaldadas
institucionalmente por la CEB y por ello se agravaron los ataques desde el
Palacio de Gobierno contra la Iglesia Católica.
El ultraderechista Grupo Cristiandad denunció que Monseñor
Jorge Manrique, Obispo de La Paz, era uno de los principales infiltrados
comunistas, con el antecedente de su mediación para rescatar a los guerrilleros
después de la derrota en Teoponte (1970). Luis García Meza lo acusó de
"tercermundista".
A fines de agosto se inició una campaña con distintos
voceros, incluso de sectores anticomunistas internacionales, con titulares como
"A la Iglesia Boliviana no le compete juzgar el golpe. Su misión es
espiritual" (El Diario, La Paz, 280880).
Una flamante "Central de Trabajadores", que
pretendió reemplazar a la COB, condenó al "neocolonialismo de los curas
marxistas".
Sin embargo, el momento más trascendente e histórico fue en
septiembre de 1980 cuando la CEB se reunió en Cochabamba y condenó abiertamente
la violación de Derechos Humanos en Bolivia y emitió el documento
"Dignidad y Libertad", piedra angular de la lucha por la democracia y
las libertades ciudadanas.
Luis Arce Gómez, Ministro del Interior, pidió a los obispos
quedarse en su prédica espiritual y no meterse en política. El Cardenal
Clemente Maurer defendió a los sacerdotes y religiosas perseguidos. Todos los
obispos, incluso los más conservadores como Monseñor Genaro Pratta, firmaron el
documento y "Presencia" lo publicó in extenso y con titulares durante
varios días.
Los católicos en los barrios realizaron jornadas de rezos
apoyando a Monseñor Manrique. Varios niveles católicos comenzaron acciones para
solicitar la liberación de presos y el retorno de exiliados. Arce Gómez les
respondió: "En mi credo no hay amnistía".
Las parroquias y centros culturales católicos (además de los
metodistas) sirvieron para reuniones clandestinas y para preparar acciones
contra los militares. Los curas trasladaban a perseguidos políticos en sus
jeeps, disfrazados de campesinos.
El 5 de febrero de 1981, nuevamente la CEB sacó un duro
comunicado contra el gobierno exigiendo el esclarecimiento de la muerte de ocho
dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
Durante ese año, religiosos y monjas ayudaron a escapar a
150 refugiados, con lo que se sumaron 840 bolivianos forzados al exilio. El
laico José Cuminetti fue apresado el 18 de junio junto al líder sindical
campesino Genaro Flores que había quedado en la resistencia durante todos esos
meses. La Iglesia y Amnistía Internacional gestionaron su exilio y su curación
porque las balas dañaron su columna vertebral. (Hoy Genaro sobrevive en la
pobreza.)
Ante el conflicto por la rebelión de militares
institucionalistas en agosto de 1981, la Iglesia Católica ofreció su mediación
para evitar nuevos enfrentamientos sangrientos.
Voceros del Arzobispado de La Paz y el periódico católico
"Presencia" denunciaron permanentemente la existencia de presos
políticos y las torturas.
Muchos de los religiosos de esa época continuaron con su
lucha por la vigencia de los Derechos Humanos durante estos 30 años: Cardenal
Julio Terrazas, uno de los más importantes redactores de "Dignidad y
Libertad"; Monseñor Tito Solari que continuó luchando por los perseguidos
y por los presos; Amparo Carvajal, monja activista en barrios populares
cristianos y en Chaparina; Gregorio Iriarte, Premio por La Paz; Roberto Durette
de Radio Siglo XX, Miguel Guillamón y la Hermana Juana de la Pastoral
Universitaria; Juan Morinham, de Radio Móvil San Miguel (que recorría lo que
ahora conocemos como Tipnis). Se distinguieron oblatos, meryknolss, jesuitas.
Otros murieron por diferentes causas sin dejar de demandar el respeto a los
Derechos Humanos: Julio Tumiri, Ana María Ajuria, Monseñor Manrique, Eric
Weissage.
El nombre del jesuita Luis Espinal quedó como emblema
permanente de esa lucha religiosa por la dignidad de los seres humanos.
PERIODISTAS, EL ENEMIGO PRINCIPAL
En agosto de 1980, el gobierno militar declaró que se
quedaría en el poder por tiempo indefinido pues habían llegado para quedarse y
salvar a Bolivia del extremismo. En febrero de 1981 caía uno de sus máximos
representantes, Luis Arce Gómez; en septiembre de 1981 lo renunciaban al propio
García Meza, meses después se fue Celso Torrelio. Guido Vildoso entregó el
mando al poder civil.
El 10 de octubre de 1982 volvía la libertad de expresión que
había sido considerada la mayor enemiga por los golpistas. Como umbral del
horror del 17 de julio, en febrero de 1980 los paramilitares colocaron una
bomba en la redacción del "Semanario Aquí" y el 22 de marzo fue
secuestrado, torturado y asesinado su director, el jesuita Luis Espinal.
En la primera acción militar, en la COB, fueron apresados
varios periodistas. Horas mas tarde, los paramilitares ingresaron a radios
católicas y privadas y casi todas las radios mineras fueron silenciadas, aunque
los equipos escondidos por los mineros en los socavones comenzaron una cadena
clandestina, conocida como la "cadena de los topos" que permitió
denunciar al mundo lo que pasaba en Bolivia.
Las Fuerzas Armadas tuvieron una larga historia de
enfrentamientos con la prensa desde el golpe de Estado de 1964; la incautación
de la radio de los trabajadores constructores (albañiles) para convertirla en
la emisora militar "Radio Batallón Colorados" que hasta ahora no
devolvieron; la cobertura periodística durante la guerrilla de Ernesto Ché
Guevara; el exilio de decenas de periodistas durante la dictadura de Hugo
Banzer; el trabajo de resistencia durante el septenio y el apoyo militante para
el retorno a la democracia en 1977 y 1978; las denuncias del fraude electoral
del general Juan Pereda Asbún; las cadenas sindicales durante el golpe de
noviembre de 1979 y las alertas contra la alianza militar-paramilitar terrorista
que preparaba el escenario del 17 de julio de 1980.
No se salvaron los corresponsales extranjeros como Helen
Spooner de "The Economist" y de "The Guardian" que fue
apresada y torturada psicológicamente para obligarla a desmentir sus notas. Se
cercó a la Agencia Reuters por permitirle el uso de sus teletipos y se anunció
su cierre "por tergiversar la verdad" (17 de agosto de 1980). El
gobierno consiguió humillar a los jefes de Spooner para negociar su libertad.
El 23 de septiembre, representantes militares anunciaron su
intención de "enjuiciar a las personas que hacen calumnias contra
Bolivia". Luis García Meza culpó a los periodistas por alentar una campaña
internacional que lo involucraba con las mafias de la cocaína.
Para Arce Gómez, los reporteros eran parte de "la
maquinaria del extremismo" contra los militares. Para contrarrestarla fue
posesionado un coordinador militar como presidente del estatal Canal 7. Desde
ahí se reiteró la "advertencia" de juicios contra los trabajadores de
la prensa, nacionales o extranjeros.
Una nota equivocada de France Press por el supuesto
apresamiento de Jorge Siles Salinas fue aprovechada por el régimen para
criticar a toda la prensa, insistiendo que ello mostraba la
"tergiversación" de los periodistas.
Donald Zabala, un periodista identificado con el gobierno,
salió en defensa del régimen. Arturo Toto Quezada, su esposa Rosario Poggy,
Ricardo "Palillo" Sanjinés se encargaron de informar a favor del
gobierno desde la televisión estatal y de atacar a los sectores que se oponían.
A través de solicitadas de "católicos" se
denunciaba a Monseñor Manrique, a la prensa perteneciente a la Iglesia y a
Huáscar Cajías (y a sus "nueve hijos extremistas") por el trabajo
informativo del matutino "Presencia". En diciembre de 1980, cuando el
periódico dio una noticia que no gustó a Arce Gómez, los paramilitares y
militares asaltaron la redacción y cargaron con Cajías, Mario Maldonado y
otros.
Entre los periodistas obligados al exilio estaban Humberto
Vacaflor, René Bascopé, Antonio Peredo, Juan León, Juan Carlos Salazar, Harold
Olmos, todos reconocidos como capacitados especialistas en diferentes medios
internacionales.
El 4 de octubre, el subsecretario de Comunicaciones, Rolando
Quispe, anunció el reordenamiento de las frecuencias y licencias a radios con
la velada amenaza de sacar del éter a emisoras que continuaban emitiendo
noticias sobre los presos, la crisis económica, las denuncias sobre las
conexiones mafiosas, el narcotráfico hasta el 82.
El gobierno restaba importancia a las decenas de comunicados
internacionales de apoyo a los periodistas bolivianos. Amplió sus amenazas a
quienes difundían "rumores", incluyendo a los que hablaban contra los
militares en los cafés de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba. Varios "tontos
útiles" fueron detenidos cuando charlaban.
Los primeros en denunciar la conexión de la mafia
narcotraficante con los militares golpistas (además de otras redes, incluso
dentro de la Policía) fueron medios estadounidenses. La salida de Arce Gómez,
el 26 de febrero de 1981, se vinculó a esas revelaciones. El embajador
boliviano ante Washington, Alberto Quiroga, intentó enjuiciar a Mike Wallace
del programa "60 minutos" por los detalles que difundió sobre ese
tema.
En abril de 1981, el general García Meza anuncia y luego se
desmiente a sí mismo, la suspensión de la cadena radial oficial, que duró desde
el 17 de julio hasta el 10 de diciembre de 1981. Los periodistas rechazaron el
retorno de ese tipo de cadenas durante los años de democracia.
El periódico cruceño "El Deber" fue el primero en
denunciar el 6 de mayo de 1981 el millonario contrabando de piedras preciosas
desde La Gaiba. Posteriormente, el periodista cruceño Antonio Miranda publicó
una serie de reportajes con una amplia investigación en la zona, en el matutino
"Presencia", que le significó reconocimiento internacional. La prensa
siguió con el asunto incluso después de la llegada de la democracia.
El 13 de noviembre, los mineros de Huanuni iniciaron una
huelga general pidiendo la vigencia de los sindicatos. El movimiento se
extendió a otros distritos y esposas de obreros iniciaron una huelga de hambre.
"Presencia" y otros medios apoyaron el pedido. Con mediación de la
Iglesia se suspendió la huelga, el gobierno reconoció los derechos sindicales
el 15 de diciembre y el 28 aceptó la reapertura de radios mineras.
Los medios de comunicación mineros cumplieron tareas de
información y de propaganda para preparar el retorno de la democracia durante
1982. La relocalización de 1985 significó el cierre de muchas de ellas.
Sobrevivieron durante la democracia, Radio Huanuni, Radio La Voz del Minero,
Radio Colquiri, Radio Tasna.
Desde el 17 de agosto de 1981, la Asociación Nacional de la
Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz y la Federación de
Trabajadores de la Prensa, apoyados por la Asociación de Corresponsales
Extranjeros, realizaron campañas para recuperar la libertad de expresión, la
apertura de medios clausurados y el retorno de los periodistas exiliados.
El 10 de octubre de 1982, la prensa boliviana cubrió
ampliamente el primer día de democracia y, meses después, el juicio histórico y
la condena a 30 años de cárcel sin derecho a indulto de Luis García Meza, Luis
Arce Gómez y 40 de los principales colaboradores.
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