Por: Yuri Aguilar Dávalos / Publicado en el portal de
Semanario Aquí www.semanarioaqui.com
“La finalidad superior de nuestra organización es lograr el
APOYO DE LA POBLACIÓN a la causa nacionalista”.[1], así reza un inciso de la
finalidad de la Directiva del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) emitida en
marzo de 1972 y dirigida a los Comités de Seguridad Departamental y Provincial,
con la firma del dictador y presidente Hugo Banzer Suárez. (La mayúscula
sostenida está en el documento).
El coronel Banzer, en alianza con el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y de Falange Socialista Boliviana
(FSB) de Mario Gutiérrez Gutiérrez, tomó el poder tras un cruento golpe militar
el 21 de agosto de 1971, empezó así un régimen que reprimió a partidos
políticos de izquierda, sindicatos y ciudadanos que se atrevían a expresar
críticas o desacuerdos con las políticas de esa dictadura que duró siete años.
La persecución sistemática de ese régimen militar contra
cualquier oposición no perdonó ni a sus aliados civiles ni a sus camaradas
militares: Banzer no tenía sustitutos ni posibles herederos del poder. Pero la
represión más sañuda se desencadenó hacia los militantes o simpatizantes de las
organizaciones y partidos de izquierda como también hacia los dirigentes de los
sindicatos. Así señala la mencionada Directiva del COSENA, organismo controlado
por los militares que respondía a la Doctrina de la Seguridad Nacional,
inspirada en los Estados Unidos a través de la CIA, para que las fuerzas
armadas de los países americanos controlen el orden interno y eviten la
propagación de ideas socialistas y liberadoras.
En diferentes partes de ese instructivo registrado como
secreto se dispone prepararse y aniquilar a las organizaciones clandestinas, en
especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), como también a los
“revolucionarios castristas”, agitadores, activistas, propagandistas,
terroristas, grupos anarquistas, bandas armadas guerrilleras, exiliados
castristas que retornen al país, extranjeros “que se compruebe su participación
en actividades subversivas”.
Antes de derrocar al gobierno del Gral. Juan José Torres, a
fin prevenir que avancen, las medidas que pretendía ejecutar la Asamblea del
Pueblo, la derecha empresarial y el gorilismo existente en los mandos de las
Fuerzas Armadas, desarrollaron un plan de difusión de rumores con la intención
—y posiblemente lo consiguieron— de atemorizar a la clase media, con supuestos
actos represivos que culminarían en el fusilamiento de ciudadanos opositores al
gobierno del Gral. Juan José Torres.
Esos rumores continuaron tras el triunfo de los golpistas,
pero ya con publicaciones impresas, a fin de consolidar lo ya propalado. Una de
esas publicaciones es la denominada Hechos, dirigida por Floren Sanabria. Allí,
en la edición del 18 de enero de1972, bajo el título “Paredón para los enemigos
del socialismo: Operación escarmiento”, se afirma que el ex ministro del
Interior Cnl. Andrés Selich Chop habría revelado que si el golpe no lograba
triunfar, el gobierno de J.J. Torres fusilaría a dos mil personalidades
calificadas de ser enemigas de su gobierno, entre los que estarían “militares y
políticos nacionalistas, empresarios cristianos, periodistas y dirigentes
cívicos independientes, para que nunca más, en el futuro, el pueblo se lanzara
contra el sistema ‘socialista’ que tenían pensado imponer bajo las más rígidas
normas y con aparato que, indudablemente, debía venir del exterior —de Cuba y
Chile— para eliminar y reemplazar paulatinamente a la Fuerzas Armadas de la
Nación”.
Los fusilamientos a los “enemigos del socialismo” debían
empezar tras la toma, por los subversivos, del regimiento Ingavi que defendía
el Gran Cuartel General, más conocido como el Estado Mayor de Ejército, en
Miraflores (La Paz), donde se apropiarían de las armas existentes en ese
recinto militar.
La nómina de sentenciados al paredón era numerosa, según
dice la publicación, y estaba dividida en cinco grupos: empresarios privados y
otros, Fuerzas Armadas, MNR, FSB, prensa y guardia de seguridad, pero la que
les habría llegado a sus manos es la que aparece a continuación:
EMPRESARIOS PRIVADOS Y OTROS
Eduardo Arauco Paz, Wensenlao Alba, Juan Asbún Zugby, Félix
Ballivián Calderón, René Ballivián Calderón, Robin Barragán Peláez, Jorge
Belmonte Ardiles (ex militar), Hugo Castellanos Ortiz, René Candia Navarro,
Alberto Crespo Gutiérrez, Jorge Carrasco Villalobos, Dámaso Eduardo Delgado,
Tomás Guillermo Elío, César Adams Elío, Manuel Elías Paredes, Humberto Fossati,
Armando Gutiérrez Granier (obispo), Osvaldo Gutiérrez, Leslei Howson, Teodosio
Imaña Castro, Rolando Kempff Mercado, Luis Levi Iturralde, Alberto Levi
Iturralde, Marcelo Melogno, Fadrique Muñoz Reyes, René Navajas Mogro, Héctor
Ormachea Peñaranda, Rolando Prada Méndez, Raúl Peña Clavijo, Alfredo Pacheco
Iturri, José Riera Fernández, Humberto de Rada, José Romero Loza, Alfredo Rea
Nogales, Domingo Said, Luis Eduardo Siles, Enrique Eduardo Calvo, Adalberto
Violand, Carlos Viaña, Hugo Villegas, Guillermo Zalles Iturralde.
FUERZAS ARMADAS
Gral. Remberto Iriarte, Gral. Joaquín Zenteno Anaya, Gral.
Florentino Mendieta, Gral. Hugo Ortiz Mattos, Gral. Federico Arana Serrudo,
Gral. Ángel Quintanilla, Cnl. Hugo Banzer Suárez, Cnl. Andrés Selich Chop, Cnl.
Juan Ayoroa Ayoroa, Cnl. Federico Lafaye Borda, Cnl. René Matos Bustillos, Cnl.
Miguel Ayoroa, Cnl. José Gil Reyes, Cnl. Eladio Sánchez Gironda, Cnl. Oscar
Adriázola Valda, Cnl. Miguel Azurduy Estenssoro, Cnl. Julio Pérez Tapia, Cnl.
Raúl Álvarez Peñaranda, Cnl. Pedro Selín Gaya Rojas, Cnl. Arnaldo Saucedo, Cnl.
Vidal Ayala, Cnl. Guillermo Molina Pizarro, My. Humberto Cayoja Riat, My.
Guillermo Escóbar Urhy, My. Hugo Muñoz, Cap. Mario Oxa Bustos, Cap. Tito
Vargas, Cap. Eduardo Rivera Fiorilo, Cap. Gutemberg Barroso
MNR
José Cuadros Quiroga, Jaime Escóbar Quiroga, Guillermo
Jáuregui Guachalla, Guillermo Alborta Velasco, Hugo Gonzáles Rioja, Juan Loaiza
Ayoroa, Edmundo Nogales Ortiz, Julio Pantoja Salamanca, Hugo Suárez Gómez,
Horacio Torres Guzmán, José Luis Harb, Leónidas Sánchez (sacerdote), Antonio
Gaspar, Humberto Salas Linares, Jorge Escobari Cusicanqui, Manuel Mercado
Montero, Raúl Lema Peláez, Carlos Serrate Reich, Raúl Roca Rivero, Ciro
Humboldt Barrero, Edwin Rodríguez A., Juan Valdivia Altamirano, Javier Cerruto
Calderón, Jorge Lema Patiño, Federico Álvarez Plata, Adrián Barrenechea Torres,
Jorge Álvarez Plata, Renán Castrillo Justiniano, Hugo Moreno Córdova, Guillermo
Ariñez Velasco, Eufronio Hinojosa, Pedro Rivera Sánchez, Walter Revuelta,
Eduardo Arce Durán, Raúl Pérez Alcalá, Edmundo Vaca Moreno.
FSB
Mario Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Anze Jiménez, Carlos
Valverde Barbery, Augusto Mendizábal Moya, Víctor Sierra Mérida, Jorge Siles
Salinas, Ambrosio García Rivero, Luis Ramírez Mendoza, Mario Aguilar Zenteno,
Amado Rodríguez A., Luis Mayser Ardaya, Jaime Ponce Caballero.
PRENSA
Renán Estenssoro Alborta, Donald Zavala Wilson, Alberto
Zuazo Nattes, Carlos Canelas, Ángel Torres, Samuel Mendoza, Wálter Montenegro,
Hugo Alfonso Salmón, Ricardo Ocampo, Guillermo Céspedes Rivera.
GUARDIA DE SEGURIDAD
Walter Gonzales Valda, Cnl. Vitaliano Crespo Soliz, Abel
Casassa Zapata.
Estamos seguros de que el plan de exterminio y la indicada
nomina nunca existieron y que esa historia fue fraguada en los organismo de
represión de la dictadura, lo que no quita que entre los consignados hubo
muchos personajes —especialmente los militares y militantes del MNR y FSB— que
ocuparon cargos importantes en esa dictadura, siendo muy pocos los que no lo
hicieron, pero la inclusión de esos pocos sirvió para mantener el miedo que
antecedió al golpe.
Son ciertas las miles de víctimas directas del régimen
dictatorial de Banzer, sin contar los otros miles de familiares que, bajo el
terror impuesto, tenían que sobrevivir y buscar a sus allegados. Según datos de
la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la
Liberación Nacional (Asofamd), durante los siete años de la dictadura militar
de Banzer fueron 85 las personas asesinadas, 75 las desaparecidas y más de
3.500, entre hombres y mujeres, las que se detuvo, torturó y exilió.
Pero lo más penoso de esos crímenes es que hasta ahora no se
ha hecho justicia con los sobrevivientes y, por el contrario, muchos de los
criminales gozan de protección o ya han fallecido como “ejemplares” ciudadanos.
Y para colmo, como en ningún otro país que fue parte de la represión militar en
el cono sur, del Plan Cóndor, Bolivia es el único país en el que los archivos
de las dictaduras siguen protegidos por el actual gobierno, pese a órdenes
judiciales y protestas dentro y fuera del país.
"Hay una democracia que hemos conquistado, pero hoy hay
algunas restricciones. Tenemos que velar que el autoritarismo no se convierta
en una nueva dictadura. Es necesario que en Bolivia se respeten los derechos
humanos, que no haya más dictaduras civiles ni militares”, señalo Julio Llanos,
una de las víctimas que pide justicia (Erbol).
[1] Sivak, Martín. El dictador elegido: biografía no
autorizada de Hugo Banzer Suárez. La Paz, Plural, 2001.
---------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario