Por: Diego Martínez Estévez.
“La defensa de los intereses argentinos” que cita el artículo, se refiere al
loteamiento que desde el siglo XIX, el Paraguay había realizado del territorio
boliviano. Los mayores compradores fueron empresarios argentinos.
Uno de esos compradores fue el propio Presidente Pedro Justo que asumió el
mando de su país, desde febrero de 1932, hasta febrero de 1938; es decir, todo
el curso de la guerra.
El libro EL TRAIDOR” publicado en Buenos Aires el año 2011, ratifica la versión
de este periódico, al indicar que 10 mil soldados del Ejército, Marina y
Aviación, se habían instalado en FORMOSA, con el objeto de provocar al ejército
boliviano y de ese modo, encontrar una excusa para sumarse a las operaciones
militares, con su aliada el Paraguay.
Otra medida concurrente para debilitar al ejército boliviano, fue cerrar la
frontera argentina a fin de evitar que se siguiera abasteciendo de los
comercios asentados en las riberas del Río Pilcomayo. La única manera de matar
de hambre al ejército contrario era declarándose neutral. Para este propósito,
el Ministro paraguayo Vicente Rivarola acreditado ante Buenos Aires, acordó con
el Ministro de Relaciones Exteriores argentino la declaración oficial de guerra
del Paraguay a Bolivia que se concretó en el anuncio del 10 de mayo de 1933.
Dos días después, el gobierno argentino se declaró “neutral” y procedió a
clausurar su comercio con Bolivia.
Ese intempestivo cierre de la frontera argentina comenzó a provocar miles de
bajas entre los soldados bolivianos y que a muy duras penas se logró
minimizarlas, al montarse un complejo sistema logístico para llevar alimentos y
medicinas, en muchos casos desde los dos mil kilómetros de distancia.
Por supuesto que tal declaratoria de neutralidad, nunca funcionó, porque el
gobierno argentino continuaba con su rutina de sostener logísticamente a su
aliada; continuó que en su territorio no se interrumpiera la labor de
reclutamiento de nuevos mercenarios; a su turno, el Estado Mayor argentino y en
obediencia al decreto reservado emitido por su gobierno, un año antes – febrero
de 1932 – venía planificando las operaciones militares paraguayas y espiando a
Bolivia y su ejército.
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