Por: Micaela Villa / / La Razón, 23 de marzo de
2015.
Una vez conocida la invasión de Chile, el 28 de marzo de
1879, el presidente Hilarión Daza aprobó un decreto para organizar el ejército
nacional en activos, con todos los solteros y viudos de 16 a 40 años, y
pasivos, que eran los casados y mayores de 40.
“La guardia activa estará dispuesta a tomar las armas y
trasladarse a los campamentos que les sea designado. (…) se compondrá de (...)
cuerpos, llevando cada uno el nombre de la localidad a la que pertenecen
(...)”, indicaba el decreto.
Es así que en el departamento de La Paz se conformaron las
infanterías Omasuyos, Pacajes, Yungas, Muñecas y otras; en Oruro, el Batallón
Paria y Carangas; en Cochabamba, Chapare, Tacaparí y otros; y en Santa Cruz, el
Regimiento Valle Grande. “El departamento del Beni (...) remitirá continjentes
(sic) personales para engrosar al ejército”, especificaba la orden.
Por otro lado, se conformó el cuerpo Lejión (sic) Boliviana,
integrada por rifleros a caballo, que eran jóvenes voluntarios.
El director nacional de la Academia Boliviana de Historia
Militar, coronel Rodolfo Antezana, informó que a cada soldado boliviano, en
pelea, el gobierno les pagaba 25 centavos diarios, dinero con el que compraban
sus alimentos que eran preparados por las rabonas, mujeres que les acompañaba a
su paso.
El llamado a la lucha fue tal que el 26 de febrero de 1879,
el ministro de Relaciones Exteriores del país, Eulogio D. Medina, envió una
carta al cónsul de Bolivia en Iquique, Juan Balsa, adelantando su renuncia para
apoyar al ejército. “He puesto en conocimiento del señor presidente de la
República el patriótico oficio de U. (usted) (...) haciendo renuncia de su
puesto consular y ofreciendo sus servicios activos en el ejército (...)”, decía
la misiva.
El voluntario Miguel C. Pinto, quien fue llamado a la
guardia nacional, aceptó su elección. El 28 de marzo respondió al Ministerio de
Estado: “Debo manifestar la satisfacción que tengo al ver que se ha querido
utilizar mis servicios (...)”.
FUE PROHIBIDO TODO COMERCIO CON CHILE
Debido a la invasión chilena y una vez declarada la guerra,
el presidente boliviano Hilarión Daza aprobó un decreto en el que prohibió toda
comunicación y negocio con ese país. El periódico paceño El Comercio
transcribió el decreto en marzo de 1879.
Los artículos primero y segundo señalaban: “Queda cortado
todo comercio y comunicación con la República de Chile mientras dure la guerra
que ha promovido a Bolivia”. “Los chilenos residentes en el territorio
boliviano serán obligados a desocuparlo en el término de 10 días, contando
desde la notificación que se les hiciere (...)”. Solo en caso de enfermedad o
impedimento, éste no podía ser exiliado.
Por otro lado, también se ordenó el embargo bélico de las
propiedades muebles e inmuebles que pertenecían a los súbditos chilenos en el
país, entre otras medidas.
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