EL DRAMA HISTÓRICO DE BOLIVIA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA Y EL “BOLIVIANISMO” DE TARIJA



Por: Ricardo Ávila Castellanos.

La independencia de Bolivia levanta espesa bruma, creada por recelos, intereses, cálculos, desinteligencias y otros factores internos y externos.

El suceso histórico adquiere caracteres dramáticos o se torna propiamente en drama histórico.

Entre sus personajes, Andrés Santa Cruz desempeña papel muy importante. De sus labios se escuchará un día estas palabras. “Aprendamos a merecer nuestra independencia, antes que mendigarla”.

Mientras Sucre ejerce el mando supremo en Bolivia, Santa Cruz acude al llamado del Libertador y, en junio de 1826, asume la presidencia del Consejo de Gobierno de la República Peruana.

En septiembre del mismo año, Bolívar resuelve regresar a Venezuela. Antes de marcharse, designa a Santa Cruz para que le sustituya como presidente del Perú, usando la facultad que al efecto le dio el Congreso.

Santa Cruz trabaja leal y fructíferamente en servicio del pueblo cuya conducción se le ha encomendado.

Fiel al Libertador, pone en vigencia la Constitución Política redactada por aquél para la república de Bolivia, a pesar de que es resistida por algunos círculos. Al saberlo, Bolívar le releva de mantenerla, diciéndole que el gobierno obre libremente, oyendo “la voluntad pública”.

Santa Cruz forma nuevo gabinete ministerial y convoca a elecciones de representantes nacionales, ante los que, reunidos en Congreso en junio de 1827, lee su mensaje y renuncia la presidencia. Esta es aceptada y se elige para el cargo al general La Mar. Luego, el mismo Congreso declara abolida la Constitución bolivariana y restituida la de 1823.

Santa Cruz se ausenta del Perú, en misión diplomática, que es un destierro disimulado.

Mientras tanto, en Bolivia se conjura entre sombras. A fines de diciembre de 1827 se subleva un regimiento en La Paz y, por calles de la ciudad, se viva a voz en cuello a los generales Santa Cruz y Gamarra. Este, “amo del sur del Perú”, prepárase a invadir Bolivia. Sin embargo, el 5 de marzo de 1828 celebra en el Desaguadero una conferencia con el presidente Sucre, cuyos resultados tranquilizan al mariscal; pero el 18 de abril se amotinan en Chuquisaca los Granaderos de Colombia, vivando a Gamarra y al Perú. Sucre dirígese al cuartel, a reprimir el alzamiento, siendo recibido a balazos, uno de los que le destroza el brazo derecho.

Gamarra, que está atento al motín, inicia la invasión a Bolivia el 30 del mismo mes, al mando de un ejército de cinco mil hombres. El 8 de mayo ocupa la ciudad de La Paz; después las de Oruro y Potosí... La ambición del general peruano está satisfecha de gran modo y la independencia de Bolivia en grande peligro. Sus cómplices se quitan la careta. Gamarra somete al país a su voluntad, e impone el humillante Tratado de Piquiza (6 de junio de 1828), que, en primer término, obliga al cambio de autoridades bolivianas.

Sucre, afectado por ese “tratado” más que por el brazo roto o por la ilegítima prisión a que fue sometido u otros hechos, abandona el territorio boliviano.

Eso es lo primero que viene buscando Gamarra, pues sabe que el mariscal de Ayacucho es defensor intransigente de la independencia nacional, como que, temeroso de la suerte de la república, deja, antes de marcharse, el imperioso mandato para los bolivianos “de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia”.

En la misma oportunidad, propone al Congreso Nacional que su sucesor en la presidencia sea Andrés Santa Cruz. Con ello cumple la resolución del Libertador Bolívar, y su propia convicción de oponer al general peruano un hombre, quizá el único, que puede enfrentarle en sus pretensiones.

Ausente el mariscal Sucre, Gamarra ingresa a Chuquisaca.

El Congreso se reúne y actúa bajo el temor que impone el invasor y la complicidad de algunos agentes suyos. Acepta la renuncia de Sucre y, por cálculo político, o quizá para calmar los ánimos y aplacar la opinión pública, elige presidente de la república a Andrés Santa Cruz y vicepresidente al general José Miguel de Velasco. Y concluye convocando a una “Asamblea Convencional”.

En ausencia del presidente electo—que está en Chile, como ministro del Perú— se encarga provisionalmente esas funciones al vicepresidente Velasco.

Gamarra, bien pagado, vuelve al Perú, pero deja establecida una maraña en la que se mueven sus agentes y cómplices, con el general Pedro Blanco a la cabeza, o quizá éste como simple testaferro.

Santa Cruz acepta la presidencia y se encamina a Bolivia; pero antes de que él llegue a territorio patrio, se reúne la Asamblea Constituyente (18 de diciembre), que anula la anterior elección y designa a dos adictos de Gamarra: presidente, el general Pedro Blanco, y vicepresidente D. Ramón Loayza.

Hace más esa atemorizada Asamblea: decreta reponer a la nación el nombre de Alto Perú.

Todo aquello dura poco, apenas unos días. Los coroneles Mariano Armaza, José Ballivián y Manuel Vera, y con ellos otros patriotas, levántanse en armas y deponen a Blanco.

Velasco, reasume la presidencia, jurando el cargo ante la Asamblea, el mismo día que es victimado Blanco (primero de enero de 1829).

La hora es confusa. La Asamblea decreta “llamar nuevamente” al mariscal Andrés Santa Cruz como presidente, “nombrado por el Congreso Constituyente y deseado por todos los bolivianos”.

Velasco, de su parte, anula los actos de la Asamblea y proclama en vigor los del Congreso; invita a Santa Cruz a asumir la presidencia de la república, a cuyo efecto se destaca una nutrida comisión, que entrevista a aquél en Arequipa, donde acaba de contraer matrimonio con doña María Francisca Cernadas.

Los comisionados cubren de halagos al mariscal y, en forma conmovedora, le informan de la situación del país. Nada de eso es novedad para él, que viene siguiendo con ansiedad el desarrollo de los sucesos en Bolivia.

— “Iré, señores — les responde—, no a ocupar una silla que no es mi inclinación, sino a servir a Bolivia y a sacrificarme en su obsequio, para corresponder a su confianza y llenar sus esperanzas”.

Y el dos de mayo de 1829 parte rumbo a La Paz. Aquí asume la primera magistratura, prestando juramento en solemne ceremonia, realizada en la iglesia de San Francisco (24 de mayo).

A la sazón, Bolivia atraviesa por un período caótico. Su pueblo, abatido por décadas de guerra a muerte, sufre hambre y miseria. Los resabios del colonialismo están por todas partes. La gran masa humana — los indígenas— sojuzgada, desposeída... Las luchas fratricidas son constantes. El ejército es una masa informe, donde la indisciplina y la ambición del poder son como normas de conducta de sus miembros. El erario exhausto. Hay pobreza, ignorancia, contradicciones, prejuicios por doquier.

La tarea que espera al mariscal Santa Cruz es ímproba. Nada le arredra. Comienza por proclamar — como quien se traza unas líneas maestras — que su “obra máxima” será “organizar el Estado de una manera que sea respetable a los vecinos por su poder y recomendable por sus virtudes”. Repitiendo lo que hizo en la presidencia del Perú, deroga la primera Constitución Política que tiene Bolivia, considerando que ella “ha motivado el descontento de la Nación”, y reitera que “la reorganización de la República” es el “grande objetivo” de sus “compromisos y de la voluntad general”. Luego asume la totalidad del poder público, centralizándolo en su autoridad, “mientras se reúne la representación nacional”.

Consagra su atención a la hacienda pública; dicta normas para regular el comercio y estimular la naciente industria nacional; reorganiza el ejército, sobre bases de severa disciplina y sobriedad; crea el Departamento del Litoral, con el puerto de Cobija, proveyéndole de servicios y medios posibles; se interesa por la vialidad, pone énfasis en el fomento de la educación pública...

Es el momento histórico en que el capitalismo se conforma en el mundo, desplazando al feudalismo. Inventos y descubrimientos revolucionan la técnica y abren grandes fábricas. Las ideas liberales se difunden y hacen brecha. La burguesía lucha y gana terreno. Los vientos originados en Europa traen a América aires nuevos.

En materia de legislación, el gobierno Santa Cruz une el pensamiento y la vida. Recoge la madurez de la sabiduría francesa, en lo que tiene de universal y creador, y la traduce en cuerpos orgánicos avanzados, de modo que Bolivia se adelanta a sus hermanos de América en darse leyes propias, en diversas ramas. Aquella legislación, redactada con la personal sugestión del mariscal Santa Cruz, tiene, pues, la influencia de la codificación napoleónica y está inspirada en el pensamiento doctrinario de tipo democrático- burgués. Más de un año lleva el estudio y la redacción de los Códigos Civil, Penal y de Procederes, que son promulgados por decreto de 28 de octubre de 1830, mandados a publicar por decreto de 22 de marzo de 1831 y aprobados por la Asamblea General Constituyente mediante ley de 18 de julio de 1831, la misma que dispone que aquellos cuerpos legales lleven la denominación de Códigos Santa Cruz, en homenaje a su inspirador.

La Asamblea General Constituyente de Bolivia se reúne en la ciudad de La Paz, a mediados de 1831.

En la sesión inaugural, Santa Cruz lee su mensaje presidencial. “Yo me encargué —dice— de la patria moribunda, dividida por los odios y las desconfianzas, destrozada por la anarquía y por acontecimientos desgraciados, desorganizada en todos sus ramos y consumida de miseria”. ¿Y ahora? Ahora “todo ha tomado un nuevo aspecto; y por donde quiera que se extiendan vuestras miradas no divisaréis más que una perspectiva de prosperidad y de esperanza”.

Los actos del gobierno son aprobados por la Asamblea con aplausos y expreso reconocimiento de la obra bienhechora del presidente, a quien le discierne honores especiales.

El 14 de agosto, la misma Asamblea General sanciona la nueva Constitución Política del Estado y, mediante ley, designa a Andrés Santa Cruz presidente constitucional de la república. En la misma fecha, éste promulga el nuevo código fundamental y jura el cargo.

Tarija provincia y departamento

En aquella Constitución — la segunda, en orden cronológico, que se da Bolivia -aparece Tarija- que no había figurado en el texto de la anterior –formando parte del territorio nacional, aunque como provincia, junto con la del Litoral (Art 3º.). con el derecho de “nombrar” un senador (Art. 41) y representante “por cada cuarenta mil almas de población, y las fracciones que alcancen a veinte mil”.

Con ello, se diría que el bolivianismo del pueblo tarijeño triunfa tras larga lucha llena de sinsabores. En efecto: en los plebiscitos de 6 de junio y de 16 julio de 1825 de 26 de agosto, de 7 de septiembre y de 17 de octubre de 1826, Tarija expresa su voluntad de formar parte de la república de Bolivia. Elige a Baltasar Arce, Joaquín Tejerina y José María Ruiloba sus representantes al Congreso Constituyente de 1825, convocado por el mariscal Sucre, los que no son admitidos esgrimiéndose fútiles argumentos. Insiste, y en 7 de septiembre de 1826 nombra diputados a la Constituyente, convocada “para formar la Constitución del Estado”. La distinción recae en los doctores José María de Aguirre y José Fernando de Aguirre, como propietarios, y en el coronel (rabino Ibáñez y don José Hevia y Baca, como suplentes. Presentes ellos en Chuquisaca, no escatiman esfuerzos en el cumplimiento de sus deberes patrióticos y, con sagacidad, obtienen que el 23 del mismo mes aquel Congreso sancione la ley que establece:”1°. La Representación Nacional desconoce los actos y niega su ratificación a las negociaciones porque haya sido desmembrada la provincia de Tarija del Territorio del Alto Perú, hoy República Boliviana.— 2°.—En virtud de las reiteradas negociaciones de Tarija y de su libre y espontánea resolución para incorporarse a Bolivia, se admite en el Congreso Constituyente a sus diputados que se hallan en esta Capital, luego que, examinadas sus credenciales estén conformes al Reglamento de 26 de noviembre del pasado año”. El presidente Sucre observa la ley, temeroso, posiblemente, de contrariar al Libertador Bolívar que el 25 de octubre de 1825 vióse obligado a intervenir en la “cuestión de Tarija”, a requerimiento de los plenipotenciarios argentinos que pedían la “devolución” de esa provincia a la república del Plata, petición a la que Bolívar accedió. Quizá piensa también el Gran Mariscal que, promulgándola, se perjudicarían las buenas relaciones de su gobierno con el de la república Argentina, cuyo emisario (general Arenales) trajo y actualizó el problema. “El Gobierno —dice el presidente Sucre en su mensaje al Congreso— desea que con todos estos antecedentes se medite, circunspecta y fríamente, si es este momento la ocasión que la justicia y los intereses nacionales exigen el pase del Ejecutivo a la ley de 23 del corriente”.

Pero Tarija no se resigna ni se conforma. Hay nuevos pronunciamientos y hasta actitudes radicales que obligan al presidente de la república a retirar sus observaciones y promulgar la ley el 3 de octubre.

Los diputados por Tarija se incorporan al Congreso Constituyente y, como tales, los señores de Aguirre suscriben la Constitución Política aprobada el 6 de noviembre de 1826, es decir la primera de la república de Bolivia. Sin embargo, Tarija no figura en ella como parte del territorio nacional.

Luis Paz dirá: “Voto de honor al pueblo tarijeño que triunfó sobre la omnipotencia de Bolívar, sobre la autoridad de Arenales y sobre las vacilaciones de las Asambleas bolivianas de 1825 y 1826; y gratitud a la memoria del patriota General Bernardo Trigo y la del ilustre irlandés O’Connor”.

Por su parte, el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de La Plata incorpora a su seno a D. José Felipe Echazú y a D. Juan Antonio Ruiz, como diputados por Tarija, y, luego, el 30 de noviembre de 1826, sanciona la ley que promulga el presidente Rivadavia, el primero de diciembre del mismo año, que dice: “Artículo Primero.— Queda elevada al rango de Provincia la ciudad de Tarija con el territorio adyacente.— Artículo Segundo. Se le declaran todos los derechos y prerrogativas que la Constitución y las leyes establecen en favor de las Provincias”.

Tarija mantuvo incólume su devoción bolivianista.

En el Congreso de 1828 está representada por el coronel Bernardo Trigo y los doctores José Felipe Mendieta y José Pablo Hevia y Baca, quienes en las primeras sesiones “observan” que se utilice el término “provincia”, como se había hecho en la convocatoria a la Asamblea Convencional, al referirse a Tarija, y piden que se le reconozca el rango y la condición de departamento, a cuyo efecto presentan un proyecto de ley. La oposición es abrumadora, no solo en número, sino en expresiones hirientes. Duerme el proyecto, por decir lo menos, y persiste la injusticia de mantener a Tarija como provincia, aunque no dependiente. La Constitución promulgada por el presidente Santa Cruz el 14 de agosto de 1831, proclama que Tarija está comprendida en el territorio de Bolivia, pero siempre como provincia. En el Congreso de ese mismo año se actualiza el proyecto de 1828 que, con algunas modificaciones, se sanciona el 22 de septiembre, promulgándolo como ley de la república, el 24 del mismo mes, el presidente Santa Cruz y su Ministro del Interior Manuel José de Asin. Su articulado dice así: “1º —Se erige la Provincia de Tarija en Departamento — 2°.— Para la dotación de todos los empleos y establecimientos necesarios, se autoriza al Gobierno para que presente a la próxima Legislatura los datos más convenientes.— 3º.— El artículo primero no tendrá efecto hasta que las Cámaras con vista de los datos que se exigen por el artículo segundo arreglen las rentas, provincias y todo lo conveniente al Departamento”.

El presidente Santa Cruz, que conoce los antecedentes históricos, políticos y sociales de Tarija y está consciente de la justificación de la ley que acaba de promulgar, da pasos importantes para la vigencia de ella.

Comienza por nombrar al coronel Bernardo Trigo Prefecto y Comandante General del Departamento. “A usted — le dice en carta privada —, que ha sido el primer Gobernador boliviano de Tarija, le corresponde ser el primer Prefecto”. Trigo acepta el cargo “por tres o cuatro meses”, “con renuncia de sueldo” — expresa en su respuesta —, porque sus ocupaciones privadas le demandan tiempo y esfuerzo para rehacer su economía “hondamente afectada” en servicio de la patria. Y con ahínco el coronel se dedica a organizar la administración departamental, a formar cuadros estadísticos sobre producción, demografía, etc. de las circunscripciones que se constituirán en provincias del Departamento, y otros aspectos.

Con todo, el cumplimiento integral de la ley se hará con un poco más de tiempo.

Mientras tanto, en el texto constitucional siguiente, que el mismo presidente Santa Cruz promulga el 20 de octubre de 1834, Tarija continúa figurando como provincia (Art. 3°.). Será a partir de la Constitución de 1839 en que aparezca con el rango de Departamento (Art. 4°.).

Visita presidencial a Tarija

El año 1833 se recrea en Bolivia una ola de optimismo. El presidente Santa Cruz gran administrador de la cosa pública puede enorgullecerse de su obra gubernamental, realizada en los últimos cuatro años. El país tiene estructura política, y se abren los caminos del orden, la disciplina y el trabajo creador. Hay paz y respeto, dignidad y soberanía nacionales.

En ese clima, es posible y necesario que el presidente de los bolivianos visite el territorio nacional, se ponga en contacto directo con el pueblo, se informe de los problemas y requerimientos de las diferentes circunscripciones.

Mirando hacia el sur, está la villa de Tarija al fondo de la patria, tras altísimas montañas, en un valle atractivo y fecundo, de ubérrima naturaleza y suave clima.

El mariscal Santa Cruz la tiene presente en sus recuerdos de guerrero y en la amistad de muchos tarijeños, entre los que hay que citar al general Francisco Burdett O’Connor; a los coroneles Bernardo Trigo, José María Avilés y Timoteo Raña, que luego alcanzarán el generalato; a los tenientes coroneles Sebastián Estenssoro, Tomás Ruiz y Fernando Campero, que también será general. La cita puede extenderse, indudablemente, pero a más de un siglo quedan pocas huellas, algunas de las cuales tuvimos la ventura de encontrar, sirviéndonos de ellas para hilvanar estas líneas.

O’Connor es uno de los “peones viejos” que, desde 1820, lucha en el ejército libertador.

Sus relaciones con Santa Cruz datan desde cuando éste marcha del Perú al Ecuador, con una división, por orden de San Martín, a auxiliar a Sucre.

Presente Bolívar en tierra de los Incas, confía la jefatura del ejército peruano a Santa Cruz y la del ejército de Colombia a O’Connor.

En la campaña del Alto Perú, Santa Cruz es Jefe del Estado Mayor del mariscal Sucre, y O’Connor “director de operaciones” para “completar los triunfos de las armas libertadoras”.

Persiguiendo al último chapetón (Olañeta), O’Connor ocupa Tupiza (abril de 1825), y, al mes siguiente, pasa a Tarija, por orden de Sucre, a atender la representación que sus vecinos hicieron llegar al mariscal, para amparar su bolivianismo. Allí se radica de por vida.

En abril de 1830, el presidente Santa Cruz le llama “para que sirva en el ejército de Bolivia, con la antigüedad del 9 de febrero de 1825, desde cuya época los ha prestado con utilidad”.

Su destino es el de ayudante, primero, y, luego, el de jefe del estado mayor general del ejército.

Con el grado de general de brigada, que le es conferido por el Congreso Nacional en 1831, sus responsabilidades son mayores. Ese mismo año, es designado Ministro de la Guerra. Como miembro del gobierno nacional, debate, propone y resuelve importantes asuntos públicos.

Ante la amenaza del caudillo argentino Facundo Quiroga de invadir Tarija, en enero de 1832 el mariscal Santa Cruz encomienda al general O’Connor trasladarse a dicha villa y “poner la provincia en estado de defensa”.

Después de la visita del presidente a los tarijeños, el “viejo peón” de la independencia americana es nombrado nuevamente Ministro de la Guerra y Jefe del Estado Mayor General (noviembre de 1833).

Vuelve a Tarija y, en junio de 1835, sus servicios son otra vez requeridos por Santa Cruz, ahora para la Campaña de Pacificación del Perú, que se trueca en la de la Confederación Perú—Boliviana. En ella O’Connor tiene activa participación, especialmente en la batalla de Socabaya.

Suscrito el “Tratado de Paucarpata” (17 de noviembre de 1837) que —dirá O’Connor en sus Memorias — “libró al ejército invasor de Chile de ser completamente destrozado por el nuestro”, regresa, junto con Santa Cruz, a Bolivia. Muy enfermo, tiene que retirarse a Tarija. Antes, le llega el despacho de general de brigada de los ejércitos del Perú, y el Congreso boliviano le asciende a general de división.

Al año siguiente, acompaña al general Felipe Braun a repeler la invasión argentina a Tarija, en Iruya y Montenegro, acciones que son de honor y gloria para las armas nacionales.

Las vinculaciones de O’Connor con Santa Cruz son tantas que su juicio sobre aquél merece fe y constituye testimonio fehaciente para la historia. En 1869 escribe en sus “Recuerdos” estas palabras de apreciación sobre el presidente de los bolivianos: “… el General Santa Cruz era un excelente administrador público, que observaba puntualmente la Constitución y la hacía observar, y se puede asegurar que con un primer magistrado como él, cualquier forma de gobierno marcharía al congreso”. “El General Santa Cruz era un hombre muy sagaz, astuto, instruido y diplomático”.

Otro de aquellos personajes tarijeños, es el general Bernardo Trigo. En el momento histórico en que nos situamos, tiene el grado de coronel de los ejércitos de Bolivia y ganará el generalato en la batalla de Ingavi (18 de noviembre de 1841), luchando al lado del vencedor general José Ballivián.

Sus antecedentes de patriota arrancan desde los primeros años de la guerra emancipadora, en que forma en el primer ejército auxiliar argentino, combate en Cotagaita (20 de octubre de 1810), en Guaqui (20 de junio de 1811) y en otros lugares, ganando así sus grados militares.

Con todo, no es allí donde refulge la vigorosa personalidad de Bernardo Trigo, sino en el movimiento bolivianista de Tarija, que él dirige, alimenta y sostiene, encabezándolo con singular decisión, afrontando peligros y amenazas, presidiendo cabildos, estimulando al pueblo, ocupando la gobernación, etc.; y, luego, golpeando las puertas del congreso boliviano, para que sean aceptados los diputados tarijeños; luchando, en seguida, para que se reconozca a Tarija sus legítimos derechos.

Un día dirá Mariano Baptista: … y Tarija, pasando sobre la omnipotencia de Bolívar, sobre la autoridad de Arenales, sobre las vacilaciones de la Constituyente, lanzó su acta plena, a impulsos del patriota General Bernardo Trigo”.

En 1825, este patricio es designado por el mariscal Sucre gobernador de la provincia de Tarija. Al erigírsela en departamento (1831), Trigo es su primer prefecto y comandante general, nombrado por el presidente Santa Cruz. Y lo será nuevamente, cuando Se efectúe la invasión argentina mandada por Rosas (1838).

Don Bernardo presta su concurso para dar estructura institucional a la república, aportando ideas y voluntad. Es amigo del mariscal Sucre y sabe servirle y defenderle.

Concurre a la Constituyente boliviana de 1828 y a la Asamblea de 1839, como representante por Tarija. En la primera, observa, con sus colegas Mendieta y Hevia y Baca, que se utilice el término de “provincia” para Tarija y proyecta una ley en virtud de la cual debe reconocérsele el rango de departamento de la república, iniciativa que, con algunas modificaciones, acabará siendo aprobada.

En la campaña de la Confederación Perú-Boliviana, Trigo es uno de los primeros que acude, desde Tarija, al llamado del presidente Santa Cruz. Este sabe valorar sus merecimientos y le destina como su “Edecán de Campaña”.

José María Avilés es un tarijeño notable que, política, militar y personalmente, está vinculado a Santa Cruz.

Se inicia en la carrera de las armas en el ejército realista, a órdenes del general Pedro Olañeta. Destinado al famoso regimiento de caballería Dragones Americanos, se destaca por su valor y su talento. Con esa autoridad, él es uno de los primeros oficiales de dicha unidad que, al ingresar el ejército libertador al Alto Perú, se sublevan en Cochabamba y abrazan la causa de la patria. Consagrado al servicio, hace méritos y gana ascensos.

Al lado del presidente Santa Cruz, traspasa la frontera peruana, al iniciarse la campaña de la confederación. Alcanza el generalato en Yanacocha, junto con Ballivián y Anglada. Comandando una división, combate con bravura en la toma del puente de Uchumayo, y se llena de gloria en la batalla de Socabaya.

Hombre de confianza del Protector, es destinado a Lima, en un cargo de mucha responsabilidad, donde muere, al parecer, envenenado. Había cumplido 54 años de edad.

Al tener noticias del trágico suceso, exclama Santa Cruz: “Esa espada me hará falta. Dios se está llevando a mis mejores generales”.

Timoteo Raña es compañero de armas de Avilés en los Dragones Americanos, y juntos abrazan la causa de la patria.

El año 1828, cuando el general Pedro Blanco asume la presidencia de la república, Raña es destinado como jefe del regimiento que comanda aquél.

Asesinado Blanco, el general Velasco da de baja a Raña de las filas del ejército (enero de 1829).

Regresa a Tarija y retirase a su finca rústica de Tolomosa, donde le sorprende (1832) el llamado para reincorporarse, ante la amenaza de invasión del caudillo argentino Quiroga. Organiza en Tarija el Regimiento Segundo de Caballería, que maniobra ante el presidente Santa Cruz, impresionándole “vivamente”.

En la Campaña de la Confederación Perú-Boliviana, la participación de Raña es meritoria, al mando de su regimiento “Dragones de Tarija”. En diciembre de 1835, derrota al general Ramón Castilla, que se proponía invadir Bolivia. Castilla será presidente del Perú.

Amagada la frontera sur de Bolivia, por tropas del dictador argentino Juan Manuel de Rosas, Raña marcha allá con el ejército del general Felipe Braun. Comandando su “caballería tarijeña”, obtiene resonante victoria en los campos de Iruya (11 de junio de 1838), frente a los ochocientos hombres comandados por el general Alejandro Heredia. El triunfo no es exclusivamente suyo, pero él tiene acción esencial en la batalla. En el parte de guerra se revela el hombre superior que es Raña. “Mi gente — dice — ha llenado muy dignamente su deber”. Nada más. El y “su gente” han cumplido “su deber”, lisa y llanamente. Santa Cruz le premia ascendiéndole al grado de general de brigada.

El gobierno de Velasco nombra al general Raña “Comandante General de Oruro” (enero de 1839). En julio, un grupo de oficiales, en franca subversión, le insinúa “la entrega de la plaza”, ofreciéndole, en cambio, el despacho de general de división. El pundonoroso militar desbarata el movimiento y somete a las “fuerzas revoltosas”, guiado sólo por el concepto de lealtad. Pero los subvertores triunfan en 1841, llevando al gobierno al general Ballivián, lo que motiva que Raña se retire a Tarija y abandone las filas del ejército. En 19 de agosto de 1842, se le da, por ello, de baja del ejército; mas, el mismo Ballivián, el 2 de junio de 1846, le restituye el grado y demás prerrogativas.

En reconocimiento a sus méritos, el 4 de noviembre de 1847 se le asciende a general de división.

Sebastián Estenssoro ostenta el grado de mayor, cuando el presidente Santa Cruz se apresta a visitar Tarija.

Hijo de españoles de aristocrático linaje, es el tronco de una numerosa y distinguida familia tarijeña.

A comienzos de la guerra de la independencia, Estenssoro se incorpora a las milicias del caudillo salteño Martín Güemes, y con ellas participa en las acciones de armas del primer ejército auxiliar argentino en el Alto Perú, luchando, posteriormente, en el sector Yavi - Humahuaca. Está en la batalla de Ayacucho, como oficial del regimiento “Rifleros”, de la división del general Lara. Después, continúa sirviendo a la patria en armas, alcanzando el grado de coronel del ejército boliviano.

Ante la amenaza de invasión argentina del año 1838, el entonces teniente coronel Sebastián Estenssoro organiza en Tarija el “Batallón Octavo”. En pocos días, reúne cien hombres experimentados, que habían pertenecido al ejército del sur, los que, debidamente “armados y municionados”, con “dotación completa de oficiales”, marchan a la zona de operaciones. Acosan al enemigo por San Diego y Narváez, y participan en la batalla de Montenegro, en la que Estenssoro se hace acreedor, junto con otros jefes y oficiales, a “particular mención por su valor”, cual se lee en el “parte” del general Agreda, así como a la distinción de “Miembro de la Legión de Honor” (30 de junio de 1838).

Tomás Ruiz es “amigo muy querido del general Santa Cruz”, según testimonio del general O’Connor. “Juntos habían servido en el ejército del rey”, y juntos siguen el peregrinaje de prisioneros realistas, desde la batalla de La Tablada hasta la reincorporación en Lima, y, luego, pasan a formar en el ejército libertador del general San Martín.

Desplazado Santa Cruz al Ecuador (1821), en auxilio del general Sucre, le acompaña Ruiz; y, de regreso al Perú, ambos sirven a órdenes de Bolívar y Sucre, sintiendo la fruición de los triunfos de Junín y Ayacucho.

A poco de asumir el mariscal Sucre la jefatura del Estado, Ruiz regresa a Tarija y se interna a “la Frontera”, donde se le otorga unas tierras, como merced por sus servicios a la patria. Allí se queda por muchos años, quizá por siempre.

Al hacerse cargo de la presidencia de Bolivia el mariscal Santa Cruz, éste reconoce el grado de coronel del ejército nacional a D. Tomás Ruiz, y le destina como “Comandante de Resguardo de la Frontera”, con “un sobresueldo de doscientos cuarenta pesos”.

Cuando la invasión argentina a Tarija (1838), el coronel Ruiz se pone a órdenes del comando militar del sur, con “tres escuadrones avanzados de la Frontera”, por él organizados, y ocupa el extenso frente de San Luis a Caraparí, maniobrando después, hasta tomar parte destacada y meretísima en la batalla de Montenegro.

Para referirnos a Fernando Campero, nos parece útil hacer, cuando menos, una mención a su padre, el marqués de Tojo, don Juan José Feliciano Fernández Campero Martiarena y Uriondo que, en la guerra de la independencia americana, abraza la causa de la patria y le presta relevantes servicios, hasta sacrificar sus títulos y honores, su inmensa fortuna y su vida misma.

Hecho prisionero el 15 de noviembre de 1816 por el general Olañeta, es sometido a Consejo de Guerra y remitido a España, para que allí se le juzgue. No llega a destino, porque muere en el camino (octubre de 1820,) en Kingston.

Hijo primogénito de ese patriota tarijeño es don Fernando Campero, quinto y último marqués de Tojo.

Don Fernando se incorpora a las fuerzas patriotas, siendo muy joven, y lucha a las órdenes de su tío coronel Martín Güemes.

Al ingresar al Alto Perú el ejército libertador, Campero le ofrece sus servicios y los presta eficientemente.

Reconociéndole el grado de teniente coronel, el año 1833 Campero es destinado como edecán del presidente Santa Cruz, con cuya sobrina, doña Tomasa de la Peña y Santa Cruz, contrae matrimonio.

En 1835, D. Fernando está en el ejército crucista, en la campaña de la Confederación Perú — Boliviana comandando el regimiento “Guías de la Guardia”, formado por él en Chichas, unidad militar que hace “lujo de valor y bravura” en diversos combates y especialmente en la batalla de Socabaya.

Retirado a la vida privada, el último marqués de Tojo es llamado al servicio del ejército el año 1860, “en la clase de coronel de caballería”, y en 1865, ascendido al grado de general de brigada.

Andrés Santa Cruz es hombre reservado, que no se da fácilmente a nadie. Parece desconfiado. Pero sabe del valor de la amistad y, aunque sin llegar a lo íntimo, la cultiva. Así con aquellos y otros personajes tarijeños.

El presidente piensa en ellos, en la gente tarijeña, cordial y acogedora. Y no olvida que en Tarija y Concepción pasó largo tiempo. cavilando sobre la causa de la patria. Tampoco está lejos de su pensamiento la voluntad irreductible de ese pueblo por formar parte de la república de Bolivia, y que se ha proclamado “amigo de la libertad ordenada”.

Y un día de abril de aquel año de 1833, resuelve viajar a Tarija. Escribe al general Francisco Burdett O’Connor, al coronel Bernardo Trigo, al teniente coronel Sebastián Estenssoro y a otros amigos suyos, así como al prefecto D. Faustino Vacaflor, comunicándoles su propósito.

O’Connor y Trigo, que a la sazón se encuentran atendiendo trabajos en sus propiedades rurales, apresúranse a regresar a la villa. Ellos y los demás hacen lo que corresponde para un recibimiento apoteósico al presidente y para que su estancia sea grata, a orillas del Guadalquivir.

A principios de mayo, parte Santa Cruz desde Chuquisaca, acompañado del jefe del Estado Mayor General del Ejército, general José Miguel de Velasco, y de un séquito numeroso.

El coronel Mariano Aparicio—”hombre rico y con buenas haciendas”, que tiene prestados estimables servicios a la patria — apréstase, atenta su ubicación, a gozar del privilegio de ser el primero en saludar a la comitiva presidencial, en territorio tarijeño; y lo hace en el preciso momento en que ella traspone el río de San Juan, en cuya ancha playa forman en línea sus milicias y luego realizan algunas maniobras, que agradan al presidente y a sus acompañantes.

Santa Cruz recorre la misma ruta que, dieciséis años atrás, él había seguido, comandando un escuadrón de caballería de los ejércitos del rey, y que le llevó al valle de la Concepción. Aquella fue la época embrionaria de su transición de realista a patriota. Ahora, los recuerdos se agolpan en su mente. Es como un sueño...

Arriba el séquito a San Lorenzo. Cuatro regimientos de caballería, con tres mil doscientos hombres, forman calle “desde el río de Sella hasta la plaza de Tarija”. El presidente queda “sorprendido al ver tantos y tan hermosos soldados, todos montados en buenos y briosos caballos, y uniformados completamente a costa de ellos mismos”

El pueblo recibe con calor y viveza al mariscal Santa Cruz. Es el primer presidente de la república que, en ejercicio del mando, llega a Tarija.

En la histórica Loma de San Juan — desde la que los patriotas intimaron rendición a los realistas, el 15 de abril de 1817, cayendo prisionero, entre otros, el entonces teniente coronel Andrés Santa Cruz — la gente se agolpa y obliga a los viajeros a ingresar a pie hasta la ciudad, rodeándoles una muchedumbre entusiasta.

El general Velasco rebosa de alegría. Nadie lo dice, pero es seguro que, al pasar por Las Barrancas, a tres kilómetros de La Loma de San Juan, sobreviene a su mente el recuerdo de que allí, cuando él era capitán y comandaba una compañía realista, fue abatido por el “Moto” Méndez, ahora coronel retirado, en sus pagos de Carachimayo.

Al llegar a la villa, el presidente expresa su deseo de “ver maniobrar a los regimientos en la playa del río”. Su deseo es orden. Las unidades militares maniobran al mando del coronel Timoteo Raña. Santa Cruz queda “admirado” y dice: “Jamás pensaba encontrar en Tarija semejante fuerza de hombres. Ahora, pídanme lo que quieran; estoy dispuesto a concederles todo”.

El presidente se aloja en la morada del coronel Bernardo Trigo, en la plaza principal (Luis de Fuentes).

Trátase de una casona cómoda, bien distribuida, en la que señorea la vida aristocrática. Granado el zaguán, está el patio, adornado de macetas y tiestos, con una elegante galería de orladas columnas y arcos, que constituyen el espacioso corredor. A la izquierda, el gran salón. La planta alta es reducida: una alcoba lujosamente amueblada, con un balcón de madera tallada que sobresale hacia la calle, y una recámara confortable y atractiva. Estas son las habitaciones privadas del presidente.

En la planta baja se arregla la secretaría, que “muy pronto” “se llena de solicitudes”; y eso será de todos los días.

Al fondo del patio hay una cancela, franqueada la cual está la huerta, que abarca hasta la calle posterior. Santa Cruz gusta pasar en ella buenas horas, respirando la atmósfera saturada de perfumes exhalados por naranjos, limoneros, duraznos y otros árboles.

En los días que permanece en Tarija, el presidente “averigua todo”.

Platica con unos y otros y, sin hacer mayores discriminaciones, recibe a todas las personas que solicitan audiencia.

No es novedad para él, como no lo es para nadie, que las heridas de los quince años de la cruenta guerra de la independencia no se cicatricen en el pueblo. Ha muerto mucha gente en servicio de la patria, y esas son ausencias irremediables. Cuantiosos bienes han sido destruidos, y no es fácil reponerlos.

Las circunstancias imponen mantener unidades militares regulares e irregulares, restando brazos y fuerzas a trabajos productivos.

Hay pobreza y analfabetismo.

Falta salud pública. “Descubrió (Santa Cruz) — dice O’Connor — que el hospital San Juan de Dios tenía muchos fondos de censos; reunió la suma de mil pesos, y los mandó a Chile para comprar medicamentos.— Puso mucho empeño en la circulación de la vacuna. Su médico, doctor Martín, había traído una gran cantidad de vacuna. Se repartió en las casas, con una orden, haciendo (a los padres de familia) responsables de su propagación a todas las criaturas. El médico vacunaba a todas las que le llevaban. Pero, al ausentarse el presidente, cayó todo en olvido y desuso”.

La preocupación del progresista presidente Santa Cruz por el servicio de educación en Tarija es manifiesta. Imparte instrucciones para mejorar las pocas escuelas existentes en la ciudad y los cantones, dotando de local a las que carecen de él, designando “regentes”, etc., y ordena la creación de otras y de un colegio.

De modo especial, llama la atención del mariscal el “Asilo de Huérfanos”, creado el año 1831 por el prefecto coronel Bernardo Trigo. Acompañado de éste, visita el establecimiento y hace una donación en metálico, ofreciendo asistirlo desde la sede del gobierno.

Informado de las dificultades económicas del pueblo tarijeño, el presidente se interesa por el problema. En la clase superior, son muy pocos los hombres de posición desahogada. La mayor parte tiene medios moderados. En la clase media, hay estancieros, “fabricantes”, militares y comerciantes. La gran masa humana la forman, como en todas partes, obreros y campesinos. Hay familias que mantienen limitados talleres familiares. Las necesidades de la guerra han creado pequeñas industrias y han formado gente especializada en ellas, sobre todo herreros y lomilleros. Estos últimos fabrican primorosas monturas, látigos y cuanto es necesario para las caballerías; evidenciado lo cual, Santa Cruz — que ha organizado y mantiene un poderoso ejército — ordena en el acto que el gobierno haga contratos con aquellos pequeños industriales, adquiera sus productos y les pague “puntualmente”.

En pláticas con gente connotada de la villa, el presidente inquiere sobre lo que podría hacerse “en provecho” de Tarija. Su amigo y colaborador general O’Connor le describe “las tierras baldías de la Frontera”, pondera “la medida acertada que había adoptado (el gobierno) de repartirlas en mercedes a los pobladores”, y le sugiere gravarlas con “el arriendo nacional de cinco pesos pagaderos anualmente”. Agrega que “esta medida, con la pacificación de los terrenos que se encuentran todavía sin poblar, produciría con el tiempo una entrada pingüe a la Tesorería de Tarija” y señala que “en los Estados Unidos del Norte se había pagado toda la deuda contraída para su independencia con la venta de sus tierras baldías; pero aunque fuese buena esta medida para aquella república —agrega —, el darlas en arriendo era mejor en Bolivia, porque el dinero resultante de las ventas se gastaría con ligereza y nada quedaría en provecho del país”.

En la misma oportunidad, el general O’Connor propone al presidente Santa Cruz crear, como “contribución para los tarijeños”, “una capitación de cuatro pesos cada año a todo ciudadano de veintiún años para arriba que se vista con ropa extranjera, y de dos reales a los que vistan con ropa del país”. “Mi atención — dice O’Connor —no tenía otra mira sino la de promover la industria nacional, y mi esperanza era que, antes de llegar al término del primer año, en que debían pagar la contribución, todos o la mayor parte de los vecinos estarían vestidos con géneros del país, a fin de no pagar los cuatro pesos; y me fundaba en la aversión que todos tienen de contribuir con cosa alguna a los gastos del Erario Nacional”.

La sugerencia no prospera, pero será repetida en Oruro por el mismo O’Connor al presidente y hasta enviada como proyecto de ley al Congreso Nacional, por Santa Cruz, aunque sin éxito.

En lo social, además de visitas, cumplidos y atenciones personales, dos sucesos marcan época en ocasión de la visita del presidente a Tarija: un banquete que en su honor y el de su comitiva manda servir el coronel Bernardo Trigo y un baile de etiqueta que ofrece a los mismos la sociedad tarijeña. Como es de rigor, en el banquete los comensales hacen cada cual un brindis. El presidente, pondera el “bolivianismo de Tarija”; el general Velasco, exalta a la perla del Guadalquivir y a sus héroes”. Los tarijeños, colman de elogios al mariscal...

En más de una semana de permanencia en Tarija, la figura de Santa Cruz es familiar para todo el vecindario. Quienes le conocieron dieciséis años atrás, cuando por primera vez estuvo por estos lares, advierten pocos cambios en su físico. Su uniforme militar siempre impecable. En las recepciones viste casaca azul y colán blanco; calza botas negras, de alta caña. Nunca falta en su pecho la insignia de alguna condecoración. Su porte es señorial.

Andrés Santa Cruz — perspicaz hombre público —comprende y se diría que hasta siente las cosas de Tarija, su realidad y sus esperanzas.

Con su sola presencia —y fue mucho más que eso la visita que hizo a Tarija —refirma su decisión de proteger el bolivianismo de este pueblo. Y lo hará si es necesario con las armas... Iruya y Montenegro hablarán por él. Obsesión

// publicado originalmente en El País de Tarija, entre el 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2018. 

 

EL DRAMA HISTÓRICO DE BOLIVIA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA Y EL “BOLIVIANISMO” DE TARIJA Por: Ricardo Ávila...

Publicada por Historias de Bolivia en Viernes, 30 de abril de 2021

REPRESIÓN Y VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REVOLUCIÓN DE 1952

 

Revolución de 1952 en Bolivia. 

Por: JULIO PEÑALOZA BRETEL / Publicado en La Razón el 27 de septiembre de 2020.

En tiempos de posverdad y redes sociales queda mejor evidenciado que la historiografía oficial de Bolivia se ha encargado de soterrar pasajes fundamentales e indicativos de momentos históricos cúspide de la construcción nacional republicana y uno de ellos está específicamente relacionado con la violencia política, entendida esta como mecanismo de control para la preservación de proyectos de poder concebidos y aplicados con el propósito de consolidar hegemonía y dominio, tal como sucedió con el hecho más relevante para la transformación del Estado boliviano en el siglo XX, la Revolución de 1952, encabezada y luego consolidada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que, de manera paralela en unos momentos, y conjunta en otros, con las Fuerzas Armadas de la Nación, dominaría el espectro de la vida nacional durante medio siglo, aplicando simultáneamente medidas que generarían transformaciones sociales y económicas, y otras relacionadas con el autoritarismo y la represión contra el adversario, focalizadas en quienes aparecían como amenaza desestabilizadora a lo largo de los 12 años de gobierno que les tocó presidir a Victor Paz Estenssoro (1952-1956, 1960-1964) y Hernán Siles Zuazo (1956-1960).

Por toda la información que hemos sabido recolectar y editar, Paz Estenssoro y Siles Zuazo son conocidos por las generaciones actuales, gracias a sus últimos gobiernos correspondientes a la nueva era democrática inaugurada en 1982, y prácticamente piezas de museo sin desempolvar de los 50 y 60, de las que poco se ha dicho acerca de responsabilidades relacionadas con la instauración de un tenebroso Control Político que logró mantener a raya a sus principales opositores, en principio aliados, pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB) jefaturizada por Óscar Unzaga de la Vega, pero fundamentalmente, desde la perspectiva de la consolidación de la dependencia de los Estados Unidos, a mineros como preclaro sector representante de la clase obrera (Irineo Pimentel, Federico Escóbar, de la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia —FSTMB —), campesinos sin militancia, universitarios y a algunas otras facciones minoritarias e irrelevantes en la vida política de entonces.

Es sugestivo que la mejor producción bibliográfica acerca de la Revolución del 52, así como de sus antecedentes y sus posteriores consecuencias histórico políticas, haya sido investigada y escrita por académicos e investigadores estadounidenses, digamos que la contracara pensante desligada de los mecanismos que hacen funcionar al sistema imperial. Así tenemos La revolución inconclusa (1970) de James Malloy (Tesis de doctorado, Universidad de Nueva York); La revolución antes de la Revolución– Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia (2011) de Laura Gotkowitz (Universidad de Chicago),“Minas, balas y gringos – Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2016) de Thomas C. Field Jr. (Embry-Riddle College of Security and Intelligence) y Victor Paz Estenssoro – Una biografía política (2015) de Joseph Holtey (Rutgers University). Incluso podría citarse San Román – biografía de un verdugo (autor anónimo, sin más datos), publicada en inglés por la Universidad de Texas en 44 páginas, breve biografía del represor de confianza de Paz Estenssoro, que dirigió campos de concentración e infligió torturas a quienes osaban contradecir los preceptos revolucionarios enarbolados por el MNR, finalmente fagocitados por la agenda impuesta por la Embajada de los Estados Unidos de América a partir de la puesta en vigencia del Plan Triangular. Esos fueron presos políticos en el verdadero sentido de la palabra y se pueden recoger hasta ahora, testimonios de situaciones desgarradoras, de parte de los herederos de esos falangistas a los que el movimientismo acusaba de estar coludido con los terratenientes de la época y por supuesto que desde la profunda perspectiva ideológica de clase, lo sucedido con los trabajadores mineros, bastión obrero de Bolivia que en su momento constituyó el ala izquierdista del proceso revolucionario organizada en sindicatos de tendencias comunista y trotskista.

La Revolución del 52 y su instrumento político, el MNR, tuvieron una estrecha y sistemática relación con los Estados Unidos de América que incidieron con recursos económicos, siempre condicionados a intereses relacionados con el acaparamiento y el saqueo de nuestros recursos naturales, así como también en las tareas represivas violatorias de los derechos humanos, con el muy distintivo estilo de actuar a la sombra, con una especie de mano invisible, que solventaba recursos para mantener el sistema de vigilancia y sofocación de conatos subversivos. La “ayuda” norteamericana estuvo siempre condicionada, inconfundible manera de consolidar la dependencia de los países periféricos, especialmente en América Latina en los años 60, a la agenda dictada desde Washington para todo el planeta en su lucha contra el polo soviético y en el objetivo de que Bolivia, por su estratégica condición geopolítica, no llegara a convertirse en una segunda Cuba, país que le quitaba el sueño a la Casa Blanca, hecho evidenciado con la invasión a la Bahía de Cochinos también conocida como invasión de Playa Girón y que se constituyó una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961, para intentar crear una cabecera de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue aplastada por las Milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas. Más de un centenar de soldados invasores murieron, y los cubanos capturaron a otros 1.200, junto con importante material bélico.

Dos versiones periodísticas acerca de los Campos de Concentración, los perfiles de los principales esbirros del régimen revolucionario, Claudio San Román y Luis Gayán Contador, y un informe de Falange Socialista Boliviana (FSB) de 2001 (de próxima publicación), son los documentos que nos sirven para graficar lo que significó la injerencia y la represión política atentatorias contra los Derechos Humanos en pleno proceso revolucionario movimientista.

Más adelante, en la parte final de este informe correspondiente a la etapa revolucionaria del 52 encabezada por el MNR (también de próxima publicación), incluimos un análisis de cómo los intereses de dominio económico de parte del gobierno de John Fitzgerald Kennedy (1960 – 1963) que penetró la revolución movimientista, utilizó para sus fines injerencistas, el asesoramiento para el control y la represión políticos contra todos quienes fueran adversarios o impugnadores del proyecto hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), procurando, desde el principio, incorporar a las Fuerzas Armadas en su lógica de poder.

Con fortalezas y debilidades, este material ayuda a contar con un panorama escondido por nuestra historia e invisibilizado en el debate nacional que cuando genera discusiones sobre persecución y represión políticas, y sus variantes autoritarias, se circunscribe a las dictaduras militares inauguradas en 1964, considerando que el antecedente de la violencia política en la Bolivia contemporánea se encuentra en el escenario del primer gran cambio social producido en nuestro país con la ciudadanización que implicó la puesta en vigencia del Voto Universal, la Reforma Educativa, la Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria. He aquí la agenda oculta –y oscura— de un proceso revolucionario y hegemónico plagado de atropellos y conculcación de libertades ciudadanas, que para conseguir sus objetivos, instaló un muy bien pensado aparato represivo, útil para la defensa de un ejercicio pragmático de la hegemonía política, capaz de espantar amenazas internas como el sindicalismo “comunista” que hiciera trastabillar la llamada Revolución de Abril.

Campos de concentración, un hecho desconocido para las nuevas generaciones (*)

Bolivia tuvo campos de concentración en el primer gobierno del MNR muy parecidos a los instalados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El MNR fue fundado oficialmente el 2 de junio de 1942. A partir de ese momento estuvo presente en cada decisión política para influir en la vida pública del país según sus propios intereses y su propia visión de país. Como claro ejemplo de sus primeras actuaciones políticas, figura su participación en el golpe de estado de 1943, cuando junto a la logia Razón de Patria (RADEPA) de Gualberto Villarroel, expulsó del Palacio de Gobierno a Enrique Peñaranda.

El MNR también fue artífice de la caída de Villarroel, al que apoyó hasta días antes de su derrocamiento. Desde ese momento fue perfilándose como artífice de la Revolución del 9 de abril de 1952, con el objetivo de tomar el poder, pero previamente, los movimientistas fueron activos protagonistas políticos del país al conspirar en el gobierno de Enrique Hertzog en 1947, promoviendo un enfrentamiento entre mineros y obreros que logró su renuncia para que asumiera Mamerto Urriolagoitia, que durante su interinato, el 27 de agosto de 1949, sufrió un levantamiento liderado por el partido rosado. Más adelante llegaría el “mamertazo” con el que Urriolagoitia decidiera provocar un autogolpe y entregar el poder a una junta militar encabezada por el Gral. Hugo Ballivián.

Según registros de la época, el MNR fue un partido muy bien organizado en cuadros, casi al estilo militar. Advirtió con vehemencia que tomaría el poder, pese al anuncio de la junta militar de convocar a elecciones en 1952, comicios que jamás se concretaron, porque la presión social azuzada por el movimientismo, puso contra las cuerdas a Ballivián. Fue uno de sus ministros, Antonio Seleme, quien conspiró contra su propio gobierno al convertirse en informante del MNR para propiciar la Revolución del 9 de abril de 1952. Dicha conspiración tenía originalmente prevista la participación de la Falange Socialista Boliviana (FSB), que por disputas en planes de gobierno y repartija de cargos terminó desmarcándose de la Revolución que dejó 490 muertos y más de mil heridos. Los aliados del MNR fueron los mineros que ayudaron a consolidar la toma del poder.

La primera participación del MNR en 1952, se produjo en co-gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) fundada el 17 de abril del mismo año, por Juan Lechín Oquendo. Sin  perder de vista  transformaciones como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal, quedaron en el olvido una serie de negocios «turbios» emprendidos con gobiernos extranjeros. Una muestra de ello, es el tan problemático código petrolero Davenport, que parceló el país en tres partes, para la explotación petrolera y comprometió nuestros recursos hidrocarburíferos por décadas.

Los campos

Volviendo al tema central, el MNR hizo un gobierno de fuerte acento represivo y producto de ello, fue que para sacar del camino a sus opositores, instaló campos de concentración en distintas localidades del país  para encarcelar a los denominados presos políticos. Las prácticas autoritarias del partido rosado se caracterizaron por la aplicación de métodos violentos de control político. El 23 de octubre de 1952, a través del Decreto Supremo 02221, Víctor Paz Estenssoro estableció prisiones bajo administración militar en Corocoro, La Paz; Uncía y Catavi, Potosí; y Curahuara de Carangas en Oruro. Tres de los cuatro campos de concentración se encontraban en centros mineros. Eran controlados por mineros y militares a los que se trasladaban presos políticos, opositores al gobierno, principalmente pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB), que eran vejados y torturados sin piedad. Según testimonios de algunos presos políticos como Gad Lemús, la prisión de Corocoro era el purgatorio, mientras que Curahuara de Carangas,  se asemejaba al averno. En Catavi, en 1953, se encontraba un contingente de 131 presos; mientras que en Curahuara, entre 1953 y 1954, 254 presos.

“Carne de presidio”

En Curahuara de Carangas, el Teniente Bacarreza mandó una formación y ordenó que los prisioneros alojados en la celda del lado oeste del cuartel fueran trasladados a las barracas del frente, quien a modo de explicación dijo que “eso les conviene porque entre ustedes ya se conocen”. Las confusas palabras de Bacarreza dieron a entender que otra “carne de presidio” ocuparía las celdas más frías, oscuras y destartaladas del campamento. Pronto fue una triste constatación cuando el Teniente, respondiendo a las interrogantes de Lemús, le confió que estaban por llegar presos de Uncía y marchaban a Curahuara los del clausurado campo de Catavi. Los prisioneros supieron entonces del establecimiento de un nuevo campo de concentración, que hasta el mes de diciembre carecía de posibilidades concretas de apertura. Curahuara de Carangas era algo así como la Siberia del altiplano boliviano, escenario ideal, incrustado en la infinitud de la pampa para que los detenidos y confinados fueran presas del terror, el hambre y la soledad.

Otro relato está relacionado con lo que le sucedió a Jaime Villarreal, quien fue prisionero sin ser político, por el simple hecho de trabajar en la fábrica de catres del falangista Víctor Kellemberger. Las privaciones, preocupaciones, castigos materiales y el trabajo forzado, habían desembocado en la tuberculosis pulmonar que sobrellevaba pacientemente, perdiendo peso a ojos vista. Su rostro naturalmente blanco, se cubrió de intensa palidez, y sus mejillas, a los 25 años, comenzaron a hundirse. Ninguna consideración impidió, no obstante, que el responsable del campo, René Gallardo, dispusiera su inhumano flagelamiento. El centenar de latigazos que su enflaquecida carne soportó heroicamente, terminó por sumirlo en cama acelerando las secuelas de su tremenda enfermedad.

Presos

Es interminable la lista de presos que llegaron a esos campos de concentración que eran dirigidos por el entonces ministro de Gobierno, Federico Fortún, mientras Claudio San Román, Luis Gayán Contador, Emilio Arze Zapata, Alberto Bloomfield, René Gallardo, Juan Peppla y Adhemar Menacho, se encargaban de las torturas y vejámenes, que para muchos presos políticos se convirtieron en  una triste memoria por el sufrimiento generado por el llamado «Control político». De los mencionados, unos estaban a la cabeza del sistema represivo, otros dirigían los campos, y otros directamente eran los torturadores de los detenidos.

Se intentaron justificar esos excesos con el argumento de que se ejercía una violencia revolucionaria y antioligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución. La intransigencia y los abusos se convirtieron en el pan de cada día.

*Texto original de Dehymar Antezana, periodista, La Patria de Oruro, 31 de julio de 2011, debidamente editado para los objetivos de esta investigación. Antezana consultó la ‘Historia de Bolivia’, José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa, y ‘Campos de Concentración en Bolivia’ de Fernando Loayza Beltrán.

 

“LOS HUANCA”, DE ESTIRPE GUERRERA.

 


(Por Diego Martínez Estévez)

En la guerra del Chaco, Inocencio Huanca Ugarte participó en las batallas de Kilómetro Siete, Nanawa, Alihuatá y Cañada Strongest.

En la lucha antiguerrillera de 1967, su hijo, el sargento Bernardino Huanca Buitrago, en un corto combate producido en la quebrada de El Churo la tarde del 8 de octubre de 1967, ocasionó el fin de la lucha guerrillera en Bolivia, comandada por el Che Guevara.

Estos fueron los hechos más sobresalientes de su desempeño en combate.

A la una de la tarde, “Puma 3” (pelotón del sargento Huanca) recibe la orden radial, esta vez, la de rastrillar la quebrada de El Churo desde su parte más baja, con la finalidad de empujar al enemigo contra otro pelotón que desde la parte más alta comenzó a progresar.

A unos 30 metros de ingreso a la quebrada, se interpone una enorme piedra. En este punto se dislocó el grueso de los 10 guerrilleros.

El sargento Huanca disloca a sus hombres en ambas faldas de la quebrada y él, avanza por el lecho. Los Rangers encuentran restos de comida y una radio comercial marca Philips; ante la posibilidad de estar escondiendo algún explosivo, pasan de largo.

En estas circunstancias desde una distancia de escasos treinta metros, de un costado de la piedra se dibuja el perfil de un guerrillero. Es el cubano Orlando Pantoja alias Antonio; en Cuba ostentaba el grado de capitán. El sargento Bernardino Huanca, para protegerse de sus disparos no tiene otra opción más que correr zigzagueando hacía la gran piedra, logrando protegerse casi acurrucado en una entrante que de forma cóncava tiene la roca. El cubano, saliendo de su refugio se deja ver de cuerpo entero y no tiene tiempo para disparar porque Huanca, desde la posición de cuclillas es más rápido y le dispara en su rostro. El guerrillero, lanzando un alarido cae a sus pies.

Mientras esto sucedía, el soldado más destacado del pelotón – Sabino Cossío - trataba de ganar una nueva posición flanqueante a la roca y cae acribillado con ocho disparos.

Huanca, al escuchar los gritos de auxilio de uno de sus mejores soldados, invadido por la furia y chillando como un demente, una tras otra y hacia el otro lado de la roca lanza sus dos granadas de mano; las esquirlas matan al cubano Arturo y hieren a su compatriota Pacho; éste, herido en el rostro que lo dejo ciego, continúa disparando a diestra y siniestra logrando herir a los soldados Miguel Taboada, Valentín Choque y Julio Paco Huacani. Éste último tirador de la ametralladora Browning, quien, por el flanco derecho de la quebrada avanzaba disparando ráfagas desde su cintura; las bandas de munición colgadas de sus hombros le otorgaban cierta protección. Uno de los proyectiles calibre 30 mm. hizo volar la boina del Che, otro inutilizó su carabina y un tercer disparo hirió su pantorrilla derecha.

Sobre la inutilización de la carabina M-2 del Che, el propio sargento Huanca, en las páginas 101 y 102 de su libro nos lo relata de este modo:

…” En cambio, el flanco izquierdo (de la quebrada) no hubo necesidad de rastrillar por estar descubierto. Retomando nuestra tarea, pasando el pequeño obstáculo, a una distancia de 30 metros aproximado se observó con binocular en el recodo de la quebrada en la orilla izquierda, un montecillo de matorrales bastante crecidos altos, cuando el apuntador de la ametralladora, Julio Paco Huacani se encontraba a pocos pasos de mi persona, hice la señal de fuego e inmediatamente la ametralladora vomitó unos cuatro proyectiles, en ese momento escuchamos el sonido de una astilla de madera al caer sobre las piedras de la quebrada; fue la madera del guardamano anterior de la carabina M-2 del Che. Al mismo tiempo, el proyectil de la ráfaga del disparo certero, perforó el cañón metálico del arma, inutilizando la carabina del famoso comandante guerrillero Ernesto Che Guevara”.

Información más detallada sobre la destacada actuación del sargento Huanca, además de otros artículos referidos a esta lucha del año 1967, que el Ejército de Bolivia sostuvo a lo largo de ocho meses, lo pueden leer en estos enlaces:

https://www.facebook.com/contraguerrillasche

martinezestevez.wordpress.com

 


PERSECUCIÓN POLÍTICA EN DICTADURAS MILITARES (1964-1982)

 

Los dictadores, Barrientos y Ovando.

Por: JULIO PEÑALOZA BRETEL / Publicado en La Razón el 25 de octubre de 2020.

Con René Barrientos Ortuño se inicia la era de las dictaduras militares en la República de Bolivia en 1964. Militar reconocido por su liderazgo natural en el seno de las Fuerzas Armadas, perteneció al ala de oficiales que profesaban simpatía por el Movimiento Nacionalista Revolucionario  (MNR) y el  hecho de haber sido vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro marca con absoluta claridad la sociedad política civil-militar que habría de consolidar más tarde el líder emenerrista con quien fuera Ministro de Educación del gobierno de Barrientos, el entonces coronel Hugo Banzer Suárez.

Las biografías resumidas con marca Wikipedia, dicen que Barrientos nació en Tarata, Cochabamba, el 30 de mayo de 1919. Hizo sus estudios primarios en su pueblo natal para luego ingresar al convento de su pueblo, pero dejaría muy pronto los hábitos ya que sus gustos personales no coincidían con los de monje.

En 1938, con 19 años de edad, después de una discusión con el sacerdote superior del convento, Barrientos decidió abandonarlo con la idea de dedicarse a la carrera militar, viajando para ello a la ciudad de La Paz para ingresar al Colegio Militar del Ejército, de donde egresó como subteniente en 1943. Después realizó también estudios en la Escuela Militar de Aviación Boquerón (actualmente denominada Colegio Militar de Aviación). En 1945 estudió como piloto en los Estados Unidos de América, hecho que ya vislumbraba con toda claridad su relación de afinidad con las administraciones gubernamentales y militares imperiales.

Durante el gobierno del presidente Mamerto Urriolagoitia Harriague, Barrientos participó en la guerra civil de 1949 a favor del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), motivo por el cual fue dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación. Tres años después, en 1952, fue reincorporado con el grado de capitán. Al crearse la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) como nueva rama del Ejército boliviano en 1957, siendo ya general, Barrientos fue nombrado comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia.

Fue elegido vicepresidente de Bolivia acompañando al presidente Víctor Paz Estenssoro en su tercer gobierno, cargo del que se posesionó el 6 de agosto de 1964. En la huelga nacional del 29 al 31 de octubre, el vicepresidente Barrientos se encargó personalmente de reprimir a los obreros y mineros, y tres días después, el 4 de noviembre de 1964, perpetró el golpe de Estado que significaría traición a quien lo llevara del brazo a la candidatura vicepresidencial.

Barrientos se autonombró presidente de la Junta Militar (1964-1965), al año siguiente (1965) tuvo que aceptar un copresidente, el Gral. Alfredo Ovando Candía. En 1966, Barrientos fue elegido presidente constitucional, imprimiéndole a su gobierno un sello de desarrollismo económico. Favoreció a los campesinos y se enfrentó contra los obreros y mineros. En 1967 promulgó una nueva Constitución Política del Estado, que estuvo vigente durante 42 años, hasta 2009, cuando fue cambiada durante el primer gobierno del presidente Evo Morales Ayma a través de una Asamblea Constituyente.

El 7 de noviembre de 1966, se inició la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara. En marzo de 1967, casi medio año después de su llegada, el Che y su grupo tuvieron el primer choque con el Ejército boliviano en Ñancahuazú, en el departamento de Santa Cruz. René Barrientos y el jefe de Estado Mayor, Alfredo Ovando Candia, dedicaron todos sus recursos a aplastar al comandante Che Guevara. Contrariamente a lo que él esperaba, Guevara no recibió la ayuda del campesinado boliviano; por el contrario, estos daban un apoyo total a Barrientos.

En abril de 1967 fue capturado Regis Debray, intelectual francés socialista, amigo del Che; en octubre cayeron, fueron apresados o huyeron dispersos los últimos guerrilleros sobrevivientes; el Che, herido en combate, fue asesinado horas después en la escuelita de La Higuera, el 9 de octubre de 1967.

Durante su gobierno, Barrientos nombró al criminal de guerra nazi de la segunda guerra mundial Klaus Barbie —el Carnicero de Lyon— que se cambió el nombre en Bolivia a Klaus Altmann, presidente de la Sociedad Naviera del Estado (Transmarítima), que en la época contaba con un solo barco y que, según informaciones reservadas, se dedicaba al comercio internacional ilegal de armas. Barbie también fue nombrado por Barrientos asesor de los Servicios de Inteligencia de Bolivia. Particularmente elevado fue el número de víctimas durante su dictadura. Según Amnistía Internacional, solo entre 1966 y 1968 se ejecutaron varios asesinatos por parte de los escuadrones de la muerte. Incluida también la llamada Masacre de San Juan de 1967, en la que miembros del Ejército de Bolivia atacaron a la población de los centros mineros de Catavi y Siglo XX.

Cabe destacar que René Barrientos, llamado El General del Pueblo en un panegírico biográfico escrito por Fernando Diez de Medina, tuvo un amplio apoyo popular campesino; sin embargo, las distintas versiones biográficas de su trayectoria coinciden en afirmar que poco es lo que hizo durante su período, pues se dedicó más a la política y a trasladarse semanalmente a todos los distritos del país y especialmente en el departamento de Cochabamba, constituyéndose de esta manera en uno de los pocos presidentes que viajó a todos los departamentos del país.

Precisamente en uno de esos viajes, que le alejaba de la sede de gobierno, sufrió el accidente que habría de costarle la vida (según rumores nunca confirmados, un atentado). El 27 de abril de 1969, Barrientos había visitado el pueblo de Arque y cuando su helicóptero levantaba vuelo para retornar a la ciudad de Cochabamba, éste impactó con unos cables de postes de alta tensión, cayendo la nave a tierra e incendiándose inmediatamente. Barrientos llegó a fallecer en el accidente, así como su edecán de servicio y el piloto. Hasta la fecha no se ha despejado el rumor de que no se trató de un accidente, ya que otra versión afirmaba que la caída del helicóptero había sido provocada intencionadamente.

Inmediatamente después de la muerte de Barrientos, su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas se hizo cargo de la presidencia de Bolivia, meses más tarde derrocado por el Gral. Alfredo Ovando Candia. El entierro de René Barrientos fue apoteósico, quizá muy comparable y similar al entierro ocurrido 104 años antes con el expresidente Manuel Isidoro Belzu, en 1865.

Principalmente Barrientos, Banzer y García Meza establecieron una línea de continuidad gubernamental autoritaria, apegada a las directrices establecidas desde el Departamento de Estado y el Pentágono estadounidenses. Convendría establecer analíticamente las ligazones que estos militares establecieron con partidos políticos con los que cogobernaron, pero que fueron fieles a una visión de país excluyente con fuerte vocación represiva contra las expresiones políticas y sindicales progresistas de izquierda, principalmente en sociedad con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Falange Socialista Boliviana (FSB) y más adelante —con el Banzer democratizado— con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). “Los políticos bolivianos tocaban las puertas de los cuarteles” era una frase muy extendida para caracterizar la relación entre militares y partidos políticos, aspecto que fue nítidamente evidenciado con un desprendimiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que coauspicio la Masacre de Todos Santos (1979), golpe de Estado asestado por el que fuera ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de la dictadura banzerista, Gral. Alberto Natusch Busch.

A estos que gobernaron Bolivia durante cuatro décadas, entre Revolución Nacional, dictaduras militares y períodos democráticos formales los cubrieron distintos mantos de impunidad procurados por actores políticos de la época. El único que se atrevió a intentar impugnar histórica y políticamente esa impunidad fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, jefe del Partido Socialista – 1, con una proposición acusatoria de un juicio de responsabilidades contra la dictadura banzerista en el parlamento nacional en 1979, osadía que un año más tarde le costaría la vida en las instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), cuando un grupúsculo de paramilitares lo abatió con metralletas en mano (17 de julio de 1980), en pleno golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, otro oficial de Ejército bendecido por Hugo Banzer Suárez.

La democracia autoritaria o la continuación de Banzer en la vida política de Bolivia (de 1971-1978 a 1997-2001)

Las peculiaridades de la democracia boliviana permitieron que el Gral. Hugo Banzer Suárez consiguiera ejecutar un tránsito de su septenio dictatorial hacia la renaciente democracia inaugurada el 10 de octubre de 1982. De esta manera, se convirtió en el único militar latinoamericano fuertemente ligado al imperio norteamericano, por formación profesional y afinidad ideológica anticomunista, capaz de infiltrarse en la cancha democrática gracias a la fundación de su partido político —Acción Democrática Nacionalista— en 1979, lo que le permitiría continuar en el protagonismo de la vida política del país, respaldando al último gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), hacer sociedad política con quien fuera uno de sus perseguidos políticos en dictadura, Jaime Paz Zamora (1989-1993) y recibir la devolución de favores del propio Paz Zamora para finalmente convertirse en presidente democrático (1997-2001). En este contexto hay que leer a Banzer como al autócrata democratizado, que no pudo jamás sacarse el estigma de dictador con el que siempre se lo categorizará en términos históricos, fundamento que nos permite ensayar una mirada de su etapa como presidente electo, como extensión de sus prácticas autoritarias desarrolladas entre 1971 y 1978. Banzer dominó la escena política boliviana durante tres décadas consecutivas.

En ese marco de comprensión el gobierno democrático del Gral. Hugo Banzer Suárez (1997-2001) terminó confirmando que la genuina vocación democrática de Hernán Siles Zuazo y la UDP (1982-1985) permitiendo el desamarre absoluto de todas las fuerzas políticas progresistas y sindicales del país, encontraría en su sucesor, Víctor Paz Estenssoro, un muro de contención y el paradigma de la instalación de gobiernos sustentados en la gobernabilidad parlamentaria que su predecesor y excompañero revolucionario no había tenido, y en el uso monopólico de la violencia, respaldado en la legalidad del principio de autoridad, lo que hizo de los gobiernos de esta era democrática, indiscutiblemente legales, pero seriamente cuestionados desde la perspectiva de la legitimidad ciudadana.

Fue así que la democracia boliviana, entre 1985 y 2003, exhibió características de autoritarismo que encuentran sentido y explicación en la amistad política entablada desde 1971 entre Paz Estenssoro y Banzer, interrumpida momentáneamente por éste último en 1974, que se refrendó con el Pacto por la Democracia (1985-1989), primer gran acuerdo político de la derecha, todavía sin repartija del aparato administrativo estatal, que permitió la aplicación contundente del DS 21060 con el que se modificaban los tamaños y las correlaciones entre Mercado, Estado y Sociedad.

Si Paz Estenssoro fue el referente de los 50-60, con una reinserción electoral final en los 80, Banzer dominó el espectro del poder en una extensión de su gobierno dictatorial entre los 70 y el comienzo del siglo XXI. Bajo sus dos regímenes, de facto primero y democrático autoritario después, se consolidó la penetración del narcotráfico como variable de la economía boliviana y de la dependencia del poder imperial, formó parte de la galería de dictadores fascistoides de Sudamérica —en el marco estratégico militar de terrorismo de Estado denominado Plan Cóndor —, pudo sacarse de encima al líder del Partido Socialista – 1 (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz —que le iniciara un juicio de responsabilidades en 1979— con el asesinato que truncó su ascendente carrera, cometido por paramilitares que facilitaron el golpe de Luis García Meza, lo mismo que se deshizo de sus primeros socios políticos (MNR y FSB), suspendiendo de cuajo la actividad partidaria y sindical, quedando sacudido y liberado también de su camarada-rival, el Gral. Andrés Selich Chop, primer ministro del Interior de su régimen en 1971, torturado y asesinado en 1973 bajo la administración de su sucesor en las políticas de represión, Alfredo Arce Carpio, obsecuente y sombrío colaborador del entonces coronel.

Estricto con su línea de pensamiento, Banzer autorizó la eliminación de campesinos en las localidades cochabambinas de Tolata y Epizana (1974), sentenciados por comunistas, se abrazó en Charaña con Augusto Pinochet en el intento de un trueque territorial para una salida boliviana por puertos del océano Pacífico, que le permitiría recuperar su cualidad marítima, y encabezó la celebración del sesquicentenario de la fundación de la República (1975), tuvo como asesor al Carnicero de Lyon, el nazi Klaus Barbie (finalmente deportado, años después, en 1983), refugiado y protegido en nuestro país luego de la segunda guerra mundial, le tocó en suerte usufructuar del precio internacional del estaño que llegó a cotizar en $us 8 la libra fina, y otro de sus camaradas, el Gral. Joaquín Zenteno Anaya, fue asesinado en Paris —enviado a una especie de exilio dorado a la embajada boliviana en Francia luego de ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas—, por supuestos terroristas de izquierda en vendetta por el asesinato de Ernesto Che Guevara (1967), en el que habría participado en su calidad de oficial del Ejército.

También fue violentamente abatido el expresidente Gral. Juan José Torres Gonzáles, a quién defenestró, exiliado en Buenos Aires, con indicios de haber sido víctima del tenebroso Plan Cóndor, y para no extendernos más en el certificado de antecedentes, incrementó la deuda externa que en 1971 registraba $us 460 millones a $us 3.000 millones para 1978.

Represión política y dictaduras militares: El recuento de los daños

Una investigación de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estableció los nombres y apellidos de al menos 627 personas que murieron en 18 años de dictaduras militares.

Esta cifra está incluida en un trabajo académico aún no concluido, fue presentada cuando se recordaron 38 años del asesinato político del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. La iniciativa responde al  proyecto Paseo de la memoria viva, que impulsa el Gobierno Municipal de La Paz junto con la carrera de Historia de la UMSA.

La investigación se inicia con la dictadura de René Barrientos Ortuño, quien lideró el golpe militar del 4 de noviembre de 1964 perpetrado contra Víctor Paz Estenssoro, quien se había habilitado para ganar elecciones, con acusaciones de violación de la Constitución Política del Estado por afanes prorroguistas. Desde ese año se restringieron los derechos y las actividades políticas, se produjeron frecuentes arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos, como fue el caso del reconocido dirigente minero de Siglo XX (Potosí) César Lora.

“Fue una convocatoria entre investigación, interacción social y trabajo voluntario”, dice la docente y coordinadora del proyecto, María Luisa Soux, quien suscribe también que cuatro universitarios se sumaron a la idea: “Impacta volver a trabajar este tema, se dice que hubo muertos y desaparecidos, pero cuando les pones nombre y apellido, la situación es diferente”, dijo Soux a la periodista Ibeth Carvajal del diario La Razón.

Según el documento académico, el episodio de las dictaduras, dejó más de mil muertes, pero se identificó a 627 personas, como el caso de Santiago Anagua Mamani, un minero que fue masacrado por el Ejército en 1965, o Juan Bernardino Condori, niño de ocho años que murió en 1967 en la Masacre de San Juan.

***

A diferencia de lo acontecido con los muertos y perseguidos políticos, producto de los gobiernos correspondientes a la Revolución de 1952, investigaciones históricas de estas características permiten llegar al dato estadístico exacto y concreto, y en lo posible, a los nombres y apellidos de todos quienes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por defender y profesar ideas políticas “subversivas” de izquierda —socialistas, comunistas, con varios matices e intensidades — para el orden imperante inaugurado militar y dictatorialmente por el Gral. René Barrientos Ortuño en 1964, que tendría continuación ideológico-represiva con las dictaduras de Banzer (1971-1978) y García Meza (1980-1981):

Dictadura del Gral. René Barrientos Ortuño (1964-65; 1966-69): Cinco desaparecidos, dos muertos.  Masacre de San Juan (Mina Siglo XX, 24 de julio de 1967): 12 muertos. Asesinato de Ernesto Che Guevara (Ñancahuazú, Vallegrande, 8 de octubre de 1967) y otros 44 muertos (con asesoramiento y participación de la CIA, agencia central de inteligencia estadounidense).

Dictadura del Gral. Alfredo Ovando Candia (1966; 1969): Guerrilla de Teoponte, 18 desaparecidos, 49 muertos. 1970: Miembros de la guerrilla de Ñancahuazú, Teoponte y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 11 muertos, dos suicidios.

Dictadura del Gral. Hugo Banzer Suárez (1971-1978): 65 desaparecidos, 57 muertos.

Dictadura del Gral. Alberto Natusch Busch (noviembre, 1979): 145 desaparecidos, 77 muertos.

Dictadura del Gral. Luis García Meza (1980-1981): Asesinato y desaparición del cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz, jefe del Partido Socialista – 1 (PS-1). Ocho asesinatos a dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una casa de la calle Harrington de la ciudad de La Paz. Veintiún desaparecidos, 118 muertos.

Los responsables del proyecto “Paseo por la memoria” advierten que estas cifras de muertos y desaparecidos son susceptibles de modificación con el avance de la investigación que abarca desde 1964 hasta 1982, año en el que —exactamente el 10 de octubre— se inicia un tiempo político democrático interrumpido el 10 de noviembre de 2019 con la llegada de la senadora Jeanine Áñez a la sucesión presidencial inconstitucional producto de un golpe de Estado perpetrado contra el gobierno saliente de Evo Morales Ayma.

 

PERSECUCIÓN POLÍTICA EN DEMOCRACIA (1982-2003)

 

Cochabamba

POR JULIO PEÑALOZA BRETEL / Publicado en La Razón el 1 de noviembre de 2020.

La nueva era democrática boliviana inaugurada el 10 de octubre de 1982 nos dice que Hernán Siles Zuazo, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé no dejaron, tras su paso por la presidencia, antecedente alguno relacionado con la persecución y la represión política, que sí estuvo a cargo, hasta 2003, de Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada (Guerra del Gas, Octubre negro), Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez (Guerra del Agua).

Quedaron atrás el Control Político y los campos de concentración de los 50-60, lugares como la Isla de Coati (lago Titicaca), cárcel política instalada durante la dictadura banzerista, y empezaron a ocupar los escenarios del asedio y la persecución, jueces y fiscales cooptados por el poder de turno para anular adversarios, “subversivos”, “terroristas”, “sediciosos” y hasta “narcotraficantes”, dicho así, entre comillas, considerando los argumentos jurídicos y de seguridad del Estado asentados en dichas tipificaciones, con el propósito de sofocar conflictos sociales a cargo del mundo popular contestatario boliviano.

La última gran puesta en escena político-social-sindical fue la Marcha por la Vida, como respuesta al despido masivo de 23.000 trabajadores de las minas de propiedad estatal (“relocalización”), producto del ajuste estructural que aplicó el gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989) que la periodista Mabel Azcui, entonces corresponsal del diario El País de España, reflejó sus consecuencias de la siguiente manera:

Confinados en el norte de Bolivia los principales dirigentes sindicales

Juan Lechín y los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) han sido confinados en pequeños poblados del norte boliviano. A pesar del rigor del estado de sitio, el Gobierno no ha podido controlar totalmente el movimiento huelguístico contra su política económica, iniciado hace tres semanas.

El Gobierno informó que un total de 143 dirigentes sindícales fueron confinados a Puerto Rico y Ramón Darío, en el norte de Bolivia, mientras que 13 continúan detenidos en La Paz. En la madrugada del jueves, alrededor de 1.500 dirigentes sindicales que se encontraban en huelga de hambre fueron detenidos durante una operación policial.

La mayor parte de los huelguistas que no tenían responsabilidad en el movimiento fueron puestos en libertad ayer por la tarde. El máximo dirigente de la COB, el viejo líder Juan Lechín, fue confinado a «la ubérrima región de Puerto Rico, en el departamento (provincia) de Pando», dijo el ministro del Interior, Fernando Barthelemy. Puerto Rico es un pequeño poblado a 600 kilómetros al norte de La Paz y a unos 60 de la frontera con Brasil, situado en la confluencia de los ríos Tahuamanu y Maruripi, subafluentes del Amazonas.

Pese a que la Central Obrera quedó prácticamente descabezada, algunos miembros del comité de huelga y del comité ejecutivo que no fueron detenidos pasaron a la clandestinidad y, desde allí, ordenaron que se mantenga la huelga general con bloqueo de caminos.

Grupos de obreros, de personal de la industria del petróleo, de maestros y de mujeres mineras continuaban ayer en huelga de hambre, y se anunció la posibilidad de que nuevos piquetes podrían sumarse al ayuno voluntario en La Paz.

En los distritos mineros, la huelga, ahora indefinida, se mantiene con decisión. En la víspera, piquetes de huelguistas de hambre en el distrito de San José entraron en las galerías para iniciar su paro después de haber instado a universitarios y amas de casa a sumarse a la medida.

«Queremos denunciar ante la conciencia latinoamericana la acción brutal del Gobierno de Paz Estenssoro, para imponernos un modelo contrarrevolucionario», dijo el dirigente minero Filemón Escobar, en una alocución difundida por Radio Pío XII, de Siglo XX, captada en La Paz.

El Gobierno de Paz Estenssoro difícilmente podrá reactivar la producción en el estratégico sector minero, a menos que utilice la fuerza. La historia de los últimos 30 años refleja la alta combatividad de los trabajadores mineros bolivianos.

El estado de sitio decretado por el Gobierno fue impugnado por varios partidos de izquierda, que exigen una reunión del Congreso para derogar esa extrema medida adoptada, según el Gobierno, con objeto de «preservar el ordenamiento jurídico de la República» y afrontar «el movimiento huelguístico ilegal, que tendía a suplantar la autoridad del Estado».

El Congreso se reunirá el lunes, según se ha anunciado oficialmente, para conocer las motivaciones que tuvo el poder ejecutivo para dictar el estado de sitio. Portavoces gubernamentales dijeron hoy que Bolivia ha entrado en una etapa de normalidad en el trabajo. (La Paz, 21 de septiembre de 1985).

A partir de este antecedente —“Marcha por la vida” y estado de sitio más confinamiento para aplacar las movilizaciones sociales— dio inicio la etapa neoliberal que se extendió durante dos décadas en nuestro país, y durante ese tiempo lo que se impuso fue un modelo de gobernabilidad basado en acuerdos partidarios que se traducían en una repartija de cuotas de poder para administrar el país.

Durante ese tiempo, la criminalización de campesinos cocaleros asentados en la zona del subtrópico cochabambino fue una constante. Permanentemente arrinconados con acusaciones de ligazones con el narcotráfico, las políticas gubernamentales pasaban por la combinación del llamado desarrollo alternativo, con agencias del gobierno estadounidense instaladas en el Chapare y la interdicción a cargo de la DEA, policía mundial especializada en perseguir organizaciones criminales vinculadas al tráfico de sustancias controladas y a colectivos sociales representativos de los sectores populares a los que se reprimía sistemáticamente a través de Umopar, brazo policial boliviano encargado de dichas tareas dominadas por los excesos y las violaciones a los derechos humanos.

Evo Morales Ayma, dirigente de las federaciones cocaleras, fue el principal perseguido político de los gobiernos de Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, Banzer y Quiroga, persistencia que recrudeció cuando éste, en las elecciones presidenciales de 1997, fue ganador por Izquierda Unida (IU) de la diputación uninominal por la circunscripción 27 (Chapare-Carrasco) con el 61,8% de los votos, cifra que anticipaba records electorales posteriores. Cinco años más tarde, Morales era expulsado del parlamento, con el monitoreo y las instrucciones emanadas desde la Presidencia de la República a cargo de Tuto Quiroga, con el argumento de graves faltas éticas cometidas en el Legislativo, en tiempos en que arreciaba la violencia desatada por fuerzas policiales contra cocaleros con muertes, producto de dichas refriegas.

Los “errores no delitos” de Óscar Eid

Los neoliberales encabezados partidariamente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) dominaron la escena gubernamental con matices que ya prácticamente han dejado de comentarse: Sánchez de Lozada y Banzer no se podían ver. El General pactó con Jaime Paz Zamora para hacer gobierno en 1989 dejando afuera al ganador con mayoría relativa, el mismísimo Sánchez de Lozada. Y transcurrida más de una década, el propio Goni pactó con Paz Zamora (2002), a pesar de que en su primer gobierno (1993-1997) se dispuso una operación político-jurídica para encarcelar a su principal orquestador, Óscar Eid Franco, acusado de viabilizar recursos para la campaña electoral provenientes del narcotraficante “Oso” Chavarría. Eid se sacrificó y se comió cuatro años en el penal de San Pedro en un contexto en que su jefe-amigo Paz Zamora había afirmado que había cometido “errores pero no delitos”, en alusión al dinero que facilitaron sus actividades electorales.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) reflejó el encarcelamiento de Eid el 17 de enero de 1995:

Narcovínculos: Óscar Eid encarcelado en San Pedro

El máximo dirigente del ex gobernante Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Oscar Eid Franco fue internado en el Panóptico Nacional de San Pedro de esta capital en cumplimiento al Auto Ampliatorio de Procesamiento Penal del Juzgado Primero de Sustancias Controladas.

 Así, el jefe político, acusado de encubrimiento al narcotráfico, comenzó a sentir la rigurosidad de la draconiana Ley 1008 en el marco del proceso sobre los llamados narcovínculos. Luego de 22 días de haberse mantenido en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en calidad de «depósito», a las 19:30 de este martes 17 de enero de 1995 el Jefe y fundador histórico del MIR pasó a engrosar las filas de la hacinada población penal como preso «formal o preventivo».

«Una señora me regaló un anillo con un mensaje que decía: A partir de ahora considérese un prisionero de Palacio», reveló Eid Franco minutos antes de ingresar al penal de San Pedro de La Paz. Fue recibido por el Cnl. Lucio Herrera, gobernador de la penitenciaría, y pasó la primera noche en la sección «Chonchocorito» donde, irónicamente, están internados los acusados de narcotráfico Isaac «Oso» Chavarría y Carmelo «Meco» Domínguez.

Rodeado de escasos 15 militantes de base de su partido y ante la notable ausencia de la cúpula de mando del MIR, el nuevo interno de San Pedro declaró mantenerse con gran fortaleza y espíritu de ánimo. Como ejemplo de ello, dijo: «Todo esto es Grozny, aquí no entra el Kremlin ni entran los rusos y hay que seguir resistiendo desde el punto de vista legal».

 Al ser consultado si su nueva situación de interno en una cárcel no rebajaba su carrera política, respondió que «esto tenía que darse porque se trata de un paso jurídico más en función del esclarecimiento definitivo. «Nos vamos a defender», dijo al informar que sus abogados continúan en el combate jurídico para demostrar su inocencia. «No es la primer vez que ingreso a la Cárcel y para mí es un hecho más que contribuirá al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho», sostuvo al exhortar que «ojalá nadie caiga en la tentación de presionar a los Jueces y que éstos actúen dentro de los marcos estrictos que mandan las leyes».

 Ratificó ser partidario de luchar contra el narcotráfico pero dentro el debido proceso. A partir de este momento, dijo, asumiré mi defensa sin privilegios y a plenitud.

 Dirigiéndose a los pocos militantes que lo acompañaban, Óscar Eid demandó de sus correligionarios a que continúen con el proceso de refundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y que se realice la Asamblea Nacional para elegir una nueva dirección. «El MIR no está muerto, el muerto está gozando de plena salud y el 26 de enero se proyectará para trabajar en beneficio de la Patria», dijo a tiempo de valorar el retorno del ex Presidente Jaime Paz Zamora a la vida Política.

Óscar Eid Franco aceptó la cárcel para salvaguardar la integridad y la libertad de Jaime Paz Zamora, pero terminó procesado por móviles políticos, esto es persecución, en tiempos en que se consideraba a su partido, el MIR, una amenaza para las aspiraciones de la reproducción de poder pretendida por el MNR jefaturizado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Siete años después se convertirían en socios para cogobernar entre 2002 y 2003.

La incansable lucha de Manuel Morales Dávila

En céntricos cafés y “confiterías” del centro de La Paz, como El Rosedal o Carabelle (años 80), Manuel Morales Dávila era motivo de comentario permanente en mesas de señores conservadores cercanos a la tercera edad, que lo calificaban de “viejo resentido y odiador.” Lo cierto es que Morales Dávila, fallecido en agosto de este 2020, fue el abogado laboralista más comprometido con las causas obrera y popular bolivianas, que tuvo la osadía de impugnar la capitalización y enajenación del patrimonio nacional a la cabeza del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien instruyó su persecución y encarcelamiento al que acusó por “traición a la patria”. En el lenguaje represivo de hoy, se lo calificaría de “sedicioso” y “terrorista.”

La Agencia de Noticias Fides (ANF) registró así su detención:

Manuel Morales Dávila, incomunicado en la cárcel

El conocido abogado Manuel Morales Dávila denunció hoy desde la cárcel de San Pedro que fue incomunicado en una celda de la sección «Chonchocorito» a fin de que no tenga contacto con los periodistas.

Morales Dávila, de 70 años de edad, ha sido encarcelado por «órdenes superiores» del Gobierno y la prisión fue ejecutada por el juez Antonio Santamaría.

El abogado dijo que desde la cárcel continuará impulsando un juicio de responsabilidades al Presidente de la República por «traidor a la Patria» en «la venta de las empresas del Estado».

El Ministro de la Presidencia, Guillermo Justiniano, dijo que Morales Dávila debe probar las acusaciones contra el Presidente. El viejo laboralista respondió que probará la culpabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada (Agencia de Noticias Fides (ANF) 8 de marzo de 1996).

Manuel Morales Dávila fue detenido en trece oportunidades a lo largo de su carrera profesional, y en esta que lo mantuvo recluido durante 45 días, quedó consolidada su imagen como uno de los más destacados defensores de los recursos naturales  del país. Había sido Contralor de la República durante el breve gobierno de Lidia Gueiler (1979-1980), abogado de la Central Obrera Boliviana (COB) y de varios gremios fabriles, y años más tarde, parlamentario por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y asesor del presidente Evo Morales. La persecución política en Bolivia, desde que retornáramos al sistema democrático en 1982, no tuvo nunca más las características represivas de violencia y terrorismo de Estado, soportadas durante la era movimientista (1952-1964) y las dictaduras militares (1964-1982). Se acabaron los métodos de San Román, Gayan y los torturadores paramilitares que operaban en las catacumbas del Ministerio del Interior de la avenida Arce esquina Heriberto Gutiérrez (La Paz), y emergieron nuevas formas de apriete político, con el despliegue de un aparato de fiscales,  jueces y abogados, tal como sucedió en el caso de Óscar Eid Franco y Manuel Morales Dávila, y como veremos más adelante en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la transición inconstitucional de Jeanine Áñez.    

*Julio Pañoloza Bretel es periodista                           

 

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