LOS TRES BARONES DEL ROBO

Fuente: El Presidente Colgado De: Augusto Céspedes / Sexta edición - librería editorial “Juventud” La Paz - Bolivia 2001. // Más: Historias de Bolivia. // Fotos: Mauricio Hochschild, Carlos Víctor Aramayo y Simón I. Patiño.

En la tercera década del siglo vino a reforzar a Patiño y Aramayo un semita llamado Mauricio Hochschild. La pericia extranjera prestó a este tríptico devorador un sistema de exacción y robo adecuado a las nuevas necesidades del país que, incubando nuevas ideas de soberanía, obligaban a la Gran Minería a aplicar más ingeniosas iniciativas. Los mejores especialistas de robo al Estado —abogados nativos y directores extranjeros— dirigían la política minera de expoliación en períodos de auge como en los de depresión, en la paz como en la guerra, con gobiernos adictos o con gobiernos un poco renuentes.

Nadie ha logrado penetral- en los secretos de esta cleptarquía, ni en el complejo de recursos empleados por los Barones del Estaño para sus fullerías y latrocinios internacionales. En Bolivia se ha logrado descubrir algo sólo por el descaro impune de los métodos aplicados a un país atrasado y con clases dirigentes que, si conocían algo del alfabeto, eran totalmente profanas en las finanzas mineras, ciencia esotérica cuyo conocimiento estaba monopolizado por los gerentes extranjeros. Los directores de New York o Londres ideaban las martingalas que los empleados de Patiño, Aramayo o Hochschild hacían cumplir con los ministros.

Los abogados de Patiño no eran nada extraordinario por su sapiencia jurídica. Retozaban sobre una jurisprudencia arrancada de leyes que ellos mismos habían impuesto al país, y si éstas mismas no habían previsto un nuevo fraude, usaban el fácil recurso de modificarlas, con decretos fabricados en el día y rubricados por los lacayos de la Presidencia y el gabinete. En 1943, Paz Estenssoro, en conferencia de prensa en Washington relató que una disposición sobre impuestos, obviamente redactada por los agentes nativos de la Gran Minería, no gustó a sus mandantes. Entonces fue objetada de “poco clara” y, en lugar de aclararla, el gobierno Peñaranda la dejó en suspenso, salvando a los piratas de toda obligación. También Paz refirió públicamente que, cuando trabajaba en la Patiño Mines, veía pasar cada mes al Canciller de la República a recoger el chequecito mensual por sus servicios de informante.

La industria monopolista también monopolizaba la administración y la ciencia minera. Los demócratas reprimían el pensamiento desde la Universidad, donde no se enseñaba nada de las finanzas capitalistas, y desde la prensa que encubría con sus respetables editoriales los robos de los Barones.

En 1952 —la revolución nacional en el poder— la Comisión de Nacionalización de las grandes empresas mineras, en seis meses de trabajo únicamente pudo señalar algunos casos clásicos del pillaje metódico de esas compañías, cuya contabilidad estaba totalmente basada en el dolo y la falsificación. Dejando una ración de hambre a Bolivia, algo así como la ley de bronce del salario aplicada a toda una nación, los Barones del Estaño se volatilizan en el exterior.

Para el Fisco boliviano prácticamente no han existido los Patiño, Aramayo y Hochschild. Aramayo en 1945 figura en la oficina de la renta pagando 938 bolivianos (22 dólares) por su renta personal. Antenor Patiño el año 1951 (altísima cotización del estaño) paga 3.913 bolivianos (cincuenta dólares). Es cuando el senador yanqui Symington presidente de la R. F. C., declara que los Estados Unidos no pueden sostener un precio que sólo favorece a tres millonarios, mientras el gobierno Herzog — Urriolagoitia defiende furiosamente a esos millonarios y hace matar gente para bajar los costos. Menos desvergonzado —en este rubro— Hochschild no paga ni un centavo. Y desde 1945, Aramayo no figura más en las listas de la renta (1).

Referencias:

(1) El decreto de Nacionalización de Minas que determinaba descontar de los montos indemnizables los cargos deudores de los grandes mineros al Estado, no se cumplió en este punto. El presidente Paz Estenssoro prometió al firmar el decreto: “El Estado pagará por las minas su justo precio... pero éstas tienen también el deber de pagar al Estado todo lo que le deben... Si hechas las liquidaciones Patiño. Aramayo y Hochschild quedan en deuda con el Estado, estamos dispuestos a cobrarles hasta el último centavo". No obstante ese juramento Paz Estenssoro condonó lindamente los cargos de las empresas por cincuenta años de fraudes y sustracciones. Se indemnizó a los barones del robo con cerca de 22 millones de dólares, hiriendo en su raíz la economía de la industria nacionalizada.
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Primera parte: LA CLEPTOCRACIA MINERA.