PERSECUCIÓN CONTRA LOS MINEROS, VANGUARDIA OBRERA DE BOLIVIA

 

Portada del libro de Tomás Molina.

POR JULIO PEÑALOZA BRETEL  / Publicado en el periódico La Razón de La Paz, el 11 de octubre de 2020 

El Secretario Ejecutivo de Falange Socialista Boliviana (FSB), Sergio Portugal Jofré (junio, 2001) publicó un documento que con el título Bolivia engrandecida y renovada da cuenta detallada de aspectos que caracterizaron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) entre 1952 y 1964: Inicio de la persecución. Gobiernos promotores de la represión política. Asesoramiento de elementos extranjeros para la represión. Violaciones de los derechos humanos. Violación de los derechos constitucionales, que prohíben la proscripción por motivos políticos. Confiscaciones de bienes, robo a los detenidos, allanamientos de morada. Víctimas de la represión. Control Político. Autores de represión y torturas. Algunos métodos de tortura utilizados. Campos de concentración. Algunos casos sobresalientes de persecución. Gran redada del 15 de abril de 1955. La primera “Marcha del hambre” de 1956, en el mundo. El primer secuestro aéreo en la historia del mundo. Violación de la autonomía universitaria. Ataques contra Santa Cruz. Primera invasión de Santa Cruz. Matanza de Terebinto y Poza de Las Liras. Matanza de Cuartel “Sucre” y asesinato de Oscar Unzaga de la Vega.

En dicho contexto, Claudio San Román y Luis Gayán Contador fueron los mastines de la peor cara del proceso político asentado en la legitimidad de sus transformaciones ciudadanas y sociales con el respaldo de milicianos y barzolas, algo así como los paramilitares de los períodos de facto que emergerían progresivamente después, con la llegada de René Barrientos Ortuño al poder, el 4 de noviembre de 1964, iniciando casi dos décadas de gobiernos militares dictatoriales.

La imagen actualizada que tenemos de Paz Estenssoro y Siles Zuazo nos remite a la de un líder que terminó convirtiéndose en el iniciador de la era neoliberal en democracia (1985) y a la del segundo jefe movimientista pactando a través de la llamada Unidad Democrátrica Popular (UDP, 1982) con la izquierda representada por su propio partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), uno de los tantos desprendimientos del partido revolucionario original, junto con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), y convirtiéndose en el vehiculador del complejo tránsito de las dictaduras hacia el ejercicio de una democracia plena y plural con los espectros de la violencia política ahuyentados, vaya paradoja, por el desgobierno y la ingobernabilidad que derivó en una feroz hiperinflación que obligó a un adelantamiento de elecciones para 1985.

La imagen de Paz Estenssoro de los años 80 conservó parte de un perfil autoritario y violento, reprimiendo sin contemplaciones la llamada “Marcha por la vida” y  confinando a dirigentes políticos y sindicales a la localidad de Puerto Rico, departamento de Pando, tal como hiciera en décadas pasadas en que puso en funcionamiento los campos de concentración descritos en esta investigación, para aplicar con la vía despejada el decreto 21060, mientras que la de Siles Zuazo sería la del líder bonachón y condescendiente que todo lo permitía, incluído el desgobierno generado por la Central Obrera Boliviana (COB) encabezada por el mítico y también movimientista de origen político, Juan Lechín Oquendo, perteneciente al ala de izquierda del MNR y en su momento candidato a la vicepresidencia junto al pragmático Paz Estenssoro. Ese “Doctor Siles” nada tenía que ver con aquél que alentó la reapertura de esos mismos campos de concentración y acciones persecutorias y represivas contra sus adversarios de los años 50 y 60.

Como hemos podido leer, los Estados Unidos de América fue un aliado fundamental de esta que podríamos llamar “Revolución vigilada” —y por lo tanto no considerarla una auténtica Revolución en el sentido pleno de la palabra—, a través del financiamiento de la represión e incluso la formación técnico profesional de San Román en el mismísimo corazón del tan cinematográfico FBI, algo así como un Ministerio Público con licencia para emplear todos los métodos que fueran necesarios para neutralizar delincuentes y enemigos políticos del sistema, no importando los grados de violación a los Derechos Humanos a los que pudieran atreverse.

Los Estados Unidos, a través de su embajador Douglas Henderson (1963-1968), llegaron al extremo de pertrechar de armamento a las milicias organizadas y dirigidas por el propio San Román con la presencia de la CIA, de USAID, de la Alianza Para el Progreso, agencias que monitorearon y respaldaron el proceso político de entonces que ingresó en fase de crisis terminal cuando las Fuerzas Armadas irrumpirían en acción a la cabeza del Gral. René Barrientos Ortuño.

Thomas C. Field Jr. registra en cuerpo, alma y esqueleto, la sujeción de los gobiernos movimientistas a los Estados Unidos en su extraordinaria investigación Minas, balas y gringos – Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2014):

“Con un fuerte apoyo de Washington, el presidente Víctor Paz Estenssoro se empeñó en arrastrar a Bolivia hacia su visión de modernidad. Su enfoque autoritario del desarrollo estaba alimentando la rápida militarización del campo boliviano (zonas rurales), y las Fuerzas Armadas habían sido desplegadas contra los mineros recalcitrantes. Descritos por modernizadores en La Paz y Washington como obstáculos para el progreso económico, los izquierdistas abandonaron en masa al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de manera tal que el partido revolucionario se atrofió hasta convertirse en el reducto de tecnócratas del desarrollo y oficiales militares. Mientras Paz Estenssoro comenzaba su tercer mandato —discutible desde un punto de vista constitucional, cambiando la constitución para habilitarse a una nueva reelección durante un Estado de Sitio con el apoyo de Lechín (nota de investigación periodística)— los mineros de izquierda y las guerrillas de derecha luchaban para derrocarlo. La izquierda boliviana había sido finalmente empujada a un incómodo acercamiento con los eternos enemigos de derecha del MNR, alejada por el reciente anticomunismo de Paz Estenssoro, por un trato autoritario con los obreros y por su descarada alianza con los Estados Unidos. A pesar de todo, la administración Johnson (Lyndon/ 1963 -1969) nunca se apartó de un enfoque favorable al MNR que su predecesor había asumido, incluso cuando Paz Estenssoro enfrentó una amplia insurrección popular. Hacia mediados de 1964, el régimen del MNR operaba exclusivamente a gusto y antojo de las Fuerzas Armadas, y el desarrollo impulsado  por los militares amenazaba con asumir un significado más literal.”  

“Con el inquebrantable apoyo de la liberal Alianza para el Progreso –nota de investigación periodística: dedicada entre otras tareas al control de la natalidad y a la esterilización de mujeres campesinas en las áreas rurales, a través de los llamados Cuerpos de Paz–, el Presidente Victor Paz procedió a crear un Estado autoritario orientado al desarrollo, dedicado a la transformación de Bolivia según su visión de una nación moderna. Las conspiraciones de izquierda y de derecha contra su gobierno fueron numerosas a mediados de 1964, pero el asediado reformador sobrevivió, en gran parte gracias a la férrea resistencia de la administración (Lyndon) Johnson (Presidente de los Estados Unidos, sucesor de Kennedy, luego de su asesinato)  a un golpe militar. Sin embargo la implacable presión estadounidense para que el régimen de Paz Estenssoro rompa las relaciones diplomáticas con Cuba equivalía a echar por tierra el maquiavélico modus vivendi del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con el comunismo interno. A medida que más facciones de la izquierda se sumaban a la conspiración contra Paz Estenssoro, los líderes militares del país hicieron oídos sordos, con mayor frecuencia, a las recomendaciones de Washington. Frente a una sociedad cercana a la rebelión total, los generales del presidente finalmente se echaron para atrás. Antes que dirigir sus armas contra sus compatriotas en nombre del desarrollo, el Alto Mando militar forzó a Paz Estenssoro a dimitir a principios de noviembre de 1964. Decenas e intrincadas conspiraciones habían fracasado en su intento de derribar al MNR a lo largo de sus doce años en el poder. Para los autoproclamados nacionalistas revolucionarios del país, resultaba una cruel ironía ser derrocados mediante un confuso y azaroso golpe, puesto en marcha por uno de los suyos, el general René Barrientos. “

Todo pasa (La impunidad y la cultura política boliviana)

Sin juicios de responsabilidades, sin investigaciones concluyentes, sin la conformación de comisiones de la Verdad para todas las épocas, se ha construido la cultura política boliviana inaugurada a mitad del siglo XX, con la irrupción de la Revolución de 1952, que ha transitado por las rutas del “todo pasa”, de la impunidad y sin el debido esclarecimiento de asesinatos políticos, conculcación de derechos ciudadanos, y violaciones a los derechos humanos relacionadas con la libertad política, de pensamiento y expresión.

Hay un elemento fundamental en nuestra historia del poder, relacionada con los pactos partidarios que suele contribuir a extender dichos mantos de impunidad nunca más descorridos. Así sucedió con la conformación del Frente Popular Nacionalista (FPN)  creado por el entonces Coronel Hugo Banzer Suárez, instalado en la presidencia de la República, luego de derrocar al Gral. Juan José Torres Gonzáles a través de un cruento golpe de Estado (19-21 de agosto de 1971), que tuvo la capacidad de juntar al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y a Falange Socialista Boliviana (FSB) bajo las directrices de las Fuerzas Armadas de la Nación para conformar un gobierno “anticomunista”, con claridad acerca de lo que la estrategia norteamericana de entonces llamaba el “enemigo interno”, alentada doctrinalmente desde la llamada Escuela de las Américas por la que Banzer pasó en su trayectoria de formación militar que es definida de la siguiente manera por el periodista Mariano Vázquez: “Establecida en 1946 en Panamá, allí se formaron 61.000 militares latinoamericanos de 23 países en técnicas de contrainsurgencia, tortura, infiltración, espionaje y persecución de opositores. El aprendizaje que recibieron lo utilizaron para sumir a la región en su hora más oscura. El Terrorismo de Estado y la Doctrina de Seguridad Nacional fueron implementados por las dictaduras utilizando la desaparición forzada como método.” 

De esta manera, quedaba extinguido para siempre el legítimo reclamo por justicia de parte de falangistas contra movimientistas, por la memoria contra el autoritarismo y la instauración del terrorismo de Estado ejercido en los 50 y parte de los 60 durante los doce años de gobierno de la llamada Revolución Nacional.  Podría asumirse como una especie de síndrome de Estocolmo con víctimas finalmente enamoradas de sus victimadores de ayer, con las que llegan finalmente a un acuerdo con el propósito de gozar del ejercicio del poder, no importando cuanto de tragedia y escombros humanos hayan quedado atrás. Esta es la interpretación que suele no encararse a la hora de preguntarnos por qué los crímenes políticos a cargo del movimientismo de Paz Estenssoro y Siles Zuazo quedaron en la impunidad, y no sólo eso, por qué luego de superada la etapa de las dictaduras militares regresaron para gobernar sin que se revisaran y procesaran trayectorias o prontuarios políticos, erigiendo a Siles Zuazo, como ya dijimos, como el paladín de la restauración democrática con todas las libertades vigentes que ello implicaba, y a Paz Estenssoro como el salvador de la patria, recuperándola de la debacle económica sustentado en el Consenso de Washington, en gran medida provocada por la ineptitud gubernamental de la UDP que reinauguró el Estado de Derecho el 10 de octubre de 1982.

Hay que concebir al MNR, a FSB y a las FF.AA. de la nación como un triángulo de articulación del proyecto de poder de los 70 más tarde reproducido con el Pacto por la Democracia firmado en 1985 por Banzer y Paz Estenssoro, jefes de partidos políticos inscritos en el Estado de Derecho, y por supuesto que con la conformación del Acuerdo Patriótico (AP) en el que el ya General, Banzer, con su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) cerró un acuerdo con Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización política nacida en la clandestinidad y perseguida por las dictaduras encabezadas por el propio Banzer que logró la “hazaña” de producir un “entendimiento” político en dos momentos distintos: Primero con el MNR y FSB entre 1971 y 1974, y ya en democracia entre su propio partido ADN con el MIR para cogobernar entre 1989 y 1993.

De esta manera, a través de episodios histórico-políticos rocambolescos, la impunidad en el ejercicio de la violencia política en Bolivia sigue intacta, aunque la Revolución del 52 exija continuamente revisionismo histórico para relativizar su importancia transformadora, debido, precisamente, a su falta de autenticidad, a partir de la dependencia del gobierno boliviano a los designios imperiales, de la gran corrupción que es capaz de generar un proyecto político hegemónico y de la violencia política, y por lo tanto el autoritarismo que debiera desactivar legitimidad, pero que con la fuerza de un poder mayoritario termina imponiéndose y permitiendo una narrativa oficial, encargada de esconder o invisibilizar las grandes sombras que ayudan a dimensionar la importancia de su gravitación política, económica, social y cultural con exactitud.

Memoria y justicia, son los elementos y valores centrales que terminan siendo subsumidos —desaparecidos— y que ponen en evidencia ese Todo pasa, que sirve para consagrar el olvido y la infamia.