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| Portada del libro de Tomás Molina. |
POR JULIO PEÑALOZA BRETEL / Publicado en el periódico
La Razón de La Paz, el 11 de octubre de 2020
El Secretario Ejecutivo de Falange Socialista Boliviana
(FSB), Sergio Portugal Jofré (junio, 2001) publicó un documento que con el
título Bolivia engrandecida y renovada da cuenta detallada de
aspectos que caracterizaron las violaciones a los derechos humanos cometidas
durante los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) entre
1952 y 1964: Inicio de la persecución. Gobiernos promotores de la represión
política. Asesoramiento de elementos extranjeros para la represión. Violaciones
de los derechos humanos. Violación de los derechos constitucionales, que
prohíben la proscripción por motivos políticos. Confiscaciones de bienes, robo
a los detenidos, allanamientos de morada. Víctimas de la represión. Control
Político. Autores de represión y torturas. Algunos métodos de tortura
utilizados. Campos de concentración. Algunos casos sobresalientes de
persecución. Gran redada del 15 de abril de 1955. La primera “Marcha del
hambre” de 1956, en el mundo. El primer secuestro aéreo en la historia del
mundo. Violación de la autonomía universitaria. Ataques contra Santa Cruz.
Primera invasión de Santa Cruz. Matanza de Terebinto y Poza de Las Liras.
Matanza de Cuartel “Sucre” y asesinato de Oscar Unzaga de la Vega.
En dicho contexto, Claudio San Román y Luis Gayán Contador
fueron los mastines de la peor cara del proceso político asentado en la
legitimidad de sus transformaciones ciudadanas y sociales con el respaldo de
milicianos y barzolas, algo así como los paramilitares de los períodos de facto
que emergerían progresivamente después, con la llegada de René Barrientos
Ortuño al poder, el 4 de noviembre de 1964, iniciando casi dos décadas de
gobiernos militares dictatoriales.
La imagen actualizada que tenemos de Paz Estenssoro y Siles
Zuazo nos remite a la de un líder que terminó convirtiéndose en el iniciador de
la era neoliberal en democracia (1985) y a la del segundo jefe movimientista
pactando a través de la llamada Unidad Democrátrica Popular (UDP, 1982) con la
izquierda representada por su propio partido, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario de Izquierda (MNRI), uno de los tantos desprendimientos del
partido revolucionario original, junto con el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), y convirtiéndose
en el vehiculador del complejo tránsito de las dictaduras hacia el ejercicio de
una democracia plena y plural con los espectros de la violencia política
ahuyentados, vaya paradoja, por el desgobierno y la ingobernabilidad que derivó
en una feroz hiperinflación que obligó a un adelantamiento de elecciones para
1985.
La imagen de Paz Estenssoro de los años 80 conservó parte de
un perfil autoritario y violento, reprimiendo sin contemplaciones la llamada
“Marcha por la vida” y confinando a dirigentes políticos y sindicales a
la localidad de Puerto Rico, departamento de Pando, tal como hiciera en décadas
pasadas en que puso en funcionamiento los campos de concentración descritos en
esta investigación, para aplicar con la vía despejada el decreto 21060,
mientras que la de Siles Zuazo sería la del líder bonachón y condescendiente
que todo lo permitía, incluído el desgobierno generado por la Central Obrera
Boliviana (COB) encabezada por el mítico y también movimientista de origen
político, Juan Lechín Oquendo, perteneciente al ala de izquierda del MNR y en
su momento candidato a la vicepresidencia junto al pragmático Paz Estenssoro.
Ese “Doctor Siles” nada tenía que ver con aquél que alentó la reapertura de
esos mismos campos de concentración y acciones persecutorias y represivas
contra sus adversarios de los años 50 y 60.
Como hemos podido leer, los Estados Unidos de América fue un
aliado fundamental de esta que podríamos llamar “Revolución vigilada” —y por lo
tanto no considerarla una auténtica Revolución en el sentido pleno de la
palabra—, a través del financiamiento de la represión e incluso la formación
técnico profesional de San Román en el mismísimo corazón del tan cinematográfico
FBI, algo así como un Ministerio Público con licencia para emplear todos los
métodos que fueran necesarios para neutralizar delincuentes y enemigos
políticos del sistema, no importando los grados de violación a los Derechos
Humanos a los que pudieran atreverse.
Los Estados Unidos, a través de su embajador Douglas
Henderson (1963-1968), llegaron al extremo de pertrechar de armamento a las
milicias organizadas y dirigidas por el propio San Román con la presencia de la
CIA, de USAID, de la Alianza Para el Progreso, agencias que monitorearon y
respaldaron el proceso político de entonces que ingresó en fase de crisis
terminal cuando las Fuerzas Armadas irrumpirían en acción a la cabeza del Gral.
René Barrientos Ortuño.
Thomas C. Field Jr. registra en cuerpo, alma y esqueleto, la
sujeción de los gobiernos movimientistas a los Estados Unidos en su
extraordinaria investigación Minas, balas y gringos – Bolivia y la Alianza
para el Progreso en la era de Kennedy (2014):
“Con un fuerte apoyo de Washington, el presidente Víctor Paz
Estenssoro se empeñó en arrastrar a Bolivia hacia su visión de modernidad. Su
enfoque autoritario del desarrollo estaba alimentando la rápida militarización
del campo boliviano (zonas rurales), y las Fuerzas Armadas habían sido desplegadas
contra los mineros recalcitrantes. Descritos por modernizadores en La Paz y
Washington como obstáculos para el progreso económico, los izquierdistas
abandonaron en masa al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de manera
tal que el partido revolucionario se atrofió hasta convertirse en el reducto de
tecnócratas del desarrollo y oficiales militares. Mientras Paz Estenssoro
comenzaba su tercer mandato —discutible desde un punto de vista
constitucional, cambiando la constitución para habilitarse a una nueva
reelección durante un Estado de Sitio con el apoyo de Lechín (nota de
investigación periodística)— los mineros de izquierda y las guerrillas de
derecha luchaban para derrocarlo. La izquierda boliviana había sido finalmente
empujada a un incómodo acercamiento con los eternos enemigos de derecha del
MNR, alejada por el reciente anticomunismo de Paz Estenssoro, por un trato
autoritario con los obreros y por su descarada alianza con los Estados Unidos.
A pesar de todo, la administración Johnson (Lyndon/ 1963 -1969) nunca se apartó
de un enfoque favorable al MNR que su predecesor había asumido, incluso cuando
Paz Estenssoro enfrentó una amplia insurrección popular. Hacia mediados de
1964, el régimen del MNR operaba exclusivamente a gusto y antojo de las Fuerzas
Armadas, y el desarrollo impulsado por los militares amenazaba con asumir
un significado más literal.”
“Con el inquebrantable apoyo de la liberal Alianza para el
Progreso –nota de investigación periodística: dedicada entre otras tareas al
control de la natalidad y a la esterilización de mujeres campesinas en las
áreas rurales, a través de los llamados Cuerpos de Paz–, el Presidente Victor
Paz procedió a crear un Estado autoritario orientado al desarrollo, dedicado a
la transformación de Bolivia según su visión de una nación moderna. Las
conspiraciones de izquierda y de derecha contra su gobierno fueron numerosas a
mediados de 1964, pero el asediado reformador sobrevivió, en gran parte gracias
a la férrea resistencia de la administración (Lyndon) Johnson (Presidente de
los Estados Unidos, sucesor de Kennedy, luego de su asesinato) a un golpe
militar. Sin embargo la implacable presión estadounidense para que el régimen
de Paz Estenssoro rompa las relaciones diplomáticas con Cuba equivalía a echar
por tierra el maquiavélico modus vivendi del líder del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) con el comunismo interno. A medida que más facciones de la
izquierda se sumaban a la conspiración contra Paz Estenssoro, los líderes
militares del país hicieron oídos sordos, con mayor frecuencia, a las
recomendaciones de Washington. Frente a una sociedad cercana a la rebelión
total, los generales del presidente finalmente se echaron para atrás. Antes que
dirigir sus armas contra sus compatriotas en nombre del desarrollo, el Alto
Mando militar forzó a Paz Estenssoro a dimitir a principios de noviembre de
1964. Decenas e intrincadas conspiraciones habían fracasado en su intento de
derribar al MNR a lo largo de sus doce años en el poder. Para los
autoproclamados nacionalistas revolucionarios del país, resultaba una cruel
ironía ser derrocados mediante un confuso y azaroso golpe, puesto en marcha por
uno de los suyos, el general René Barrientos. “
Todo pasa (La impunidad y la cultura política
boliviana)
Sin juicios de responsabilidades, sin investigaciones
concluyentes, sin la conformación de comisiones de la Verdad para todas las
épocas, se ha construido la cultura política boliviana inaugurada a mitad del siglo
XX, con la irrupción de la Revolución de 1952, que ha transitado por las rutas
del “todo pasa”, de la impunidad y sin el debido esclarecimiento de asesinatos
políticos, conculcación de derechos ciudadanos, y violaciones a los derechos
humanos relacionadas con la libertad política, de pensamiento y expresión.
Hay un elemento fundamental en nuestra historia del poder,
relacionada con los pactos partidarios que suele contribuir a extender dichos
mantos de impunidad nunca más descorridos. Así sucedió con la conformación del
Frente Popular Nacionalista (FPN) creado por el entonces Coronel Hugo
Banzer Suárez, instalado en la presidencia de la República, luego de derrocar
al Gral. Juan José Torres Gonzáles a través de un cruento golpe de Estado
(19-21 de agosto de 1971), que tuvo la capacidad de juntar al Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) y a Falange Socialista Boliviana (FSB) bajo
las directrices de las Fuerzas Armadas de la Nación para conformar un gobierno
“anticomunista”, con claridad acerca de lo que la estrategia norteamericana de
entonces llamaba el “enemigo interno”, alentada doctrinalmente desde la llamada
Escuela de las Américas por la que Banzer pasó en su trayectoria de formación
militar que es definida de la siguiente manera por el periodista Mariano
Vázquez: “Establecida en 1946 en Panamá, allí se formaron 61.000 militares
latinoamericanos de 23 países en técnicas de contrainsurgencia, tortura,
infiltración, espionaje y persecución de opositores. El aprendizaje que
recibieron lo utilizaron para sumir a la región en su hora más oscura. El
Terrorismo de Estado y la Doctrina de Seguridad Nacional fueron implementados
por las dictaduras utilizando la desaparición forzada como método.”
De esta manera, quedaba extinguido para siempre el legítimo
reclamo por justicia de parte de falangistas contra movimientistas, por la
memoria contra el autoritarismo y la instauración del terrorismo de Estado
ejercido en los 50 y parte de los 60 durante los doce años de gobierno de la
llamada Revolución Nacional. Podría asumirse como una especie de síndrome
de Estocolmo con víctimas finalmente enamoradas de sus victimadores de ayer,
con las que llegan finalmente a un acuerdo con el propósito de gozar del
ejercicio del poder, no importando cuanto de tragedia y escombros humanos hayan
quedado atrás. Esta es la interpretación que suele no encararse a la hora de
preguntarnos por qué los crímenes políticos a cargo del movimientismo de Paz
Estenssoro y Siles Zuazo quedaron en la impunidad, y no sólo eso, por qué luego
de superada la etapa de las dictaduras militares regresaron para gobernar sin
que se revisaran y procesaran trayectorias o prontuarios políticos, erigiendo a
Siles Zuazo, como ya dijimos, como el paladín de la restauración democrática
con todas las libertades vigentes que ello implicaba, y a Paz Estenssoro como
el salvador de la patria, recuperándola de la debacle económica sustentado en
el Consenso de Washington, en gran medida provocada por la ineptitud
gubernamental de la UDP que reinauguró el Estado de Derecho el 10 de octubre de
1982.
Hay que concebir al MNR, a FSB y a las FF.AA. de la nación
como un triángulo de articulación del proyecto de poder de los 70 más tarde
reproducido con el Pacto por la Democracia firmado en 1985 por Banzer y Paz
Estenssoro, jefes de partidos políticos inscritos en el Estado de Derecho, y
por supuesto que con la conformación del Acuerdo Patriótico (AP) en el que el
ya General, Banzer, con su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) cerró
un acuerdo con Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), organización política nacida en la clandestinidad y perseguida por las
dictaduras encabezadas por el propio Banzer que logró la “hazaña” de producir
un “entendimiento” político en dos momentos distintos: Primero con el MNR y FSB
entre 1971 y 1974, y ya en democracia entre su propio partido ADN con el MIR
para cogobernar entre 1989 y 1993.
De esta manera, a través de episodios histórico-políticos
rocambolescos, la impunidad en el ejercicio de la violencia política en Bolivia
sigue intacta, aunque la Revolución del 52 exija continuamente revisionismo
histórico para relativizar su importancia transformadora, debido, precisamente,
a su falta de autenticidad, a partir de la dependencia del gobierno boliviano a
los designios imperiales, de la gran corrupción que es capaz de generar un
proyecto político hegemónico y de la violencia política, y por lo tanto el
autoritarismo que debiera desactivar legitimidad, pero que con la fuerza de un
poder mayoritario termina imponiéndose y permitiendo una narrativa oficial,
encargada de esconder o invisibilizar las grandes sombras que ayudan a
dimensionar la importancia de su gravitación política, económica, social y
cultural con exactitud.
Memoria y justicia, son los elementos y valores centrales
que terminan siendo subsumidos —desaparecidos— y que ponen en evidencia ese
Todo pasa, que sirve para consagrar el olvido y la infamia.
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