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| Cochabamba |
POR JULIO PEÑALOZA BRETEL / Publicado en La Razón
el 1 de noviembre de 2020.
La nueva era democrática boliviana inaugurada el 10 de
octubre de 1982 nos dice que Hernán Siles Zuazo, Carlos Mesa y Eduardo
Rodríguez Veltzé no dejaron, tras su paso por la presidencia, antecedente
alguno relacionado con la persecución y la represión política, que sí estuvo a
cargo, hasta 2003, de Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada (Guerra
del Gas, Octubre negro), Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez (Guerra del
Agua).
Quedaron atrás el Control Político y los campos de
concentración de los 50-60, lugares como la Isla de Coati (lago Titicaca),
cárcel política instalada durante la dictadura banzerista, y empezaron a ocupar
los escenarios del asedio y la persecución, jueces y fiscales cooptados por el
poder de turno para anular adversarios, “subversivos”, “terroristas”,
“sediciosos” y hasta “narcotraficantes”, dicho así, entre comillas,
considerando los argumentos jurídicos y de seguridad del Estado asentados en
dichas tipificaciones, con el propósito de sofocar conflictos sociales a cargo
del mundo popular contestatario boliviano.
La última gran puesta en escena político-social-sindical fue
la Marcha por la Vida, como respuesta al despido masivo de 23.000 trabajadores
de las minas de propiedad estatal (“relocalización”), producto del ajuste
estructural que aplicó el gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989) que la
periodista Mabel Azcui, entonces corresponsal del diario El País de España,
reflejó sus consecuencias de la siguiente manera:
Confinados en el norte de Bolivia los principales dirigentes
sindicales
Juan Lechín y los principales dirigentes de la Central
Obrera Boliviana (COB) han sido confinados en pequeños poblados del norte
boliviano. A pesar del rigor del estado de sitio, el Gobierno no ha podido
controlar totalmente el movimiento huelguístico contra su política económica,
iniciado hace tres semanas.
El Gobierno informó que un total de 143 dirigentes
sindícales fueron confinados a Puerto Rico y Ramón Darío, en el norte de
Bolivia, mientras que 13 continúan detenidos en La Paz. En la madrugada del
jueves, alrededor de 1.500 dirigentes sindicales que se encontraban en huelga
de hambre fueron detenidos durante una operación policial.
La mayor parte de los huelguistas que no tenían
responsabilidad en el movimiento fueron puestos en libertad ayer por la tarde.
El máximo dirigente de la COB, el viejo líder Juan Lechín, fue confinado a «la
ubérrima región de Puerto Rico, en el departamento (provincia) de Pando», dijo
el ministro del Interior, Fernando Barthelemy. Puerto Rico es un pequeño
poblado a 600 kilómetros al norte de La Paz y a unos 60 de la frontera con
Brasil, situado en la confluencia de los ríos Tahuamanu y Maruripi,
subafluentes del Amazonas.
Pese a que la Central Obrera quedó prácticamente
descabezada, algunos miembros del comité de huelga y del comité ejecutivo que
no fueron detenidos pasaron a la clandestinidad y, desde allí, ordenaron que se
mantenga la huelga general con bloqueo de caminos.
Grupos de obreros, de personal de la industria del petróleo,
de maestros y de mujeres mineras continuaban ayer en huelga de hambre, y se
anunció la posibilidad de que nuevos piquetes podrían sumarse al ayuno
voluntario en La Paz.
En los distritos mineros, la huelga, ahora indefinida, se
mantiene con decisión. En la víspera, piquetes de huelguistas de hambre en el
distrito de San José entraron en las galerías para iniciar su paro después de
haber instado a universitarios y amas de casa a sumarse a la medida.
«Queremos denunciar ante la conciencia latinoamericana la
acción brutal del Gobierno de Paz Estenssoro, para imponernos un modelo
contrarrevolucionario», dijo el dirigente minero Filemón Escobar, en una
alocución difundida por Radio Pío XII, de Siglo XX, captada en La Paz.
El Gobierno de Paz Estenssoro difícilmente podrá reactivar
la producción en el estratégico sector minero, a menos que utilice la fuerza.
La historia de los últimos 30 años refleja la alta combatividad de los
trabajadores mineros bolivianos.
El estado de sitio decretado por el Gobierno fue impugnado
por varios partidos de izquierda, que exigen una reunión del Congreso para
derogar esa extrema medida adoptada, según el Gobierno, con objeto de
«preservar el ordenamiento jurídico de la República» y afrontar «el movimiento
huelguístico ilegal, que tendía a suplantar la autoridad del Estado».
El Congreso se reunirá el lunes, según se ha anunciado
oficialmente, para conocer las motivaciones que tuvo el poder ejecutivo para
dictar el estado de sitio. Portavoces gubernamentales dijeron hoy que Bolivia
ha entrado en una etapa de normalidad en el trabajo. (La Paz, 21 de
septiembre de 1985).
A partir de este antecedente —“Marcha por la vida” y estado
de sitio más confinamiento para aplacar las movilizaciones sociales— dio inicio
la etapa neoliberal que se extendió durante dos décadas en nuestro país, y
durante ese tiempo lo que se impuso fue un modelo de gobernabilidad basado en
acuerdos partidarios que se traducían en una repartija de cuotas de poder para
administrar el país.
Durante ese tiempo, la criminalización de campesinos
cocaleros asentados en la zona del subtrópico cochabambino fue una constante.
Permanentemente arrinconados con acusaciones de ligazones con el narcotráfico,
las políticas gubernamentales pasaban por la combinación del llamado desarrollo
alternativo, con agencias del gobierno estadounidense instaladas en el Chapare
y la interdicción a cargo de la DEA, policía mundial especializada en perseguir
organizaciones criminales vinculadas al tráfico de sustancias controladas y a
colectivos sociales representativos de los sectores populares a los que se
reprimía sistemáticamente a través de Umopar, brazo policial boliviano
encargado de dichas tareas dominadas por los excesos y las violaciones a los
derechos humanos.
Evo Morales Ayma, dirigente de las federaciones cocaleras,
fue el principal perseguido político de los gobiernos de Paz Estenssoro,
Sánchez de Lozada, Banzer y Quiroga, persistencia que recrudeció cuando éste,
en las elecciones presidenciales de 1997, fue ganador por Izquierda Unida (IU)
de la diputación uninominal por la circunscripción 27 (Chapare-Carrasco) con el
61,8% de los votos, cifra que anticipaba records electorales posteriores. Cinco
años más tarde, Morales era expulsado del parlamento, con el monitoreo y las
instrucciones emanadas desde la Presidencia de la República a cargo de Tuto
Quiroga, con el argumento de graves faltas éticas cometidas en el Legislativo,
en tiempos en que arreciaba la violencia desatada por fuerzas policiales contra
cocaleros con muertes, producto de dichas refriegas.
Los “errores no delitos” de Óscar Eid
Los neoliberales encabezados partidariamente por el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista
(ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) dominaron la escena
gubernamental con matices que ya prácticamente han dejado de comentarse:
Sánchez de Lozada y Banzer no se podían ver. El General pactó con Jaime Paz
Zamora para hacer gobierno en 1989 dejando afuera al ganador con mayoría
relativa, el mismísimo Sánchez de Lozada. Y transcurrida más de una década, el
propio Goni pactó con Paz Zamora (2002), a pesar de que en su primer gobierno
(1993-1997) se dispuso una operación político-jurídica para encarcelar a su
principal orquestador, Óscar Eid Franco, acusado de viabilizar recursos para la
campaña electoral provenientes del narcotraficante “Oso” Chavarría. Eid se
sacrificó y se comió cuatro años en el penal de San Pedro en un contexto en que
su jefe-amigo Paz Zamora había afirmado que había cometido “errores pero no
delitos”, en alusión al dinero que facilitaron sus actividades electorales.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) reflejó el
encarcelamiento de Eid el 17 de enero de 1995:
Narcovínculos: Óscar Eid encarcelado en San Pedro
El máximo dirigente del ex gobernante Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), Oscar Eid Franco fue internado en el Panóptico
Nacional de San Pedro de esta capital en cumplimiento al Auto Ampliatorio de
Procesamiento Penal del Juzgado Primero de Sustancias Controladas.
Así, el jefe político, acusado de encubrimiento al
narcotráfico, comenzó a sentir la rigurosidad de la draconiana Ley 1008 en el
marco del proceso sobre los llamados narcovínculos. Luego de 22 días de haberse
mantenido en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN) en calidad de «depósito», a las 19:30 de este martes 17 de enero de
1995 el Jefe y fundador histórico del MIR pasó a engrosar las filas de la
hacinada población penal como preso «formal o preventivo».
«Una señora me regaló un anillo con un mensaje que decía: A
partir de ahora considérese un prisionero de Palacio», reveló Eid Franco
minutos antes de ingresar al penal de San Pedro de La Paz. Fue recibido por el
Cnl. Lucio Herrera, gobernador de la penitenciaría, y pasó la primera noche en
la sección «Chonchocorito» donde, irónicamente, están internados los acusados
de narcotráfico Isaac «Oso» Chavarría y Carmelo «Meco» Domínguez.
Rodeado de escasos 15 militantes de base de su partido y
ante la notable ausencia de la cúpula de mando del MIR, el nuevo interno de San
Pedro declaró mantenerse con gran fortaleza y espíritu de ánimo. Como ejemplo
de ello, dijo: «Todo esto es Grozny, aquí no entra el Kremlin ni entran los
rusos y hay que seguir resistiendo desde el punto de vista legal».
Al ser consultado si su nueva situación de interno en
una cárcel no rebajaba su carrera política, respondió que «esto tenía que darse
porque se trata de un paso jurídico más en función del esclarecimiento
definitivo. «Nos vamos a defender», dijo al informar que sus abogados continúan
en el combate jurídico para demostrar su inocencia. «No es la primer vez que
ingreso a la Cárcel y para mí es un hecho más que contribuirá al
fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho», sostuvo al exhortar
que «ojalá nadie caiga en la tentación de presionar a los Jueces y que éstos
actúen dentro de los marcos estrictos que mandan las leyes».
Ratificó ser partidario de luchar contra el
narcotráfico pero dentro el debido proceso. A partir de este momento, dijo,
asumiré mi defensa sin privilegios y a plenitud.
Dirigiéndose a los pocos militantes que lo
acompañaban, Óscar Eid demandó de sus correligionarios a que continúen con el
proceso de refundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y que se
realice la Asamblea Nacional para elegir una nueva dirección. «El MIR no está
muerto, el muerto está gozando de plena salud y el 26 de enero se proyectará
para trabajar en beneficio de la Patria», dijo a tiempo de valorar el retorno
del ex Presidente Jaime Paz Zamora a la vida Política.
Óscar Eid Franco aceptó la cárcel para salvaguardar la
integridad y la libertad de Jaime Paz Zamora, pero terminó procesado por
móviles políticos, esto es persecución, en tiempos en que se consideraba a su
partido, el MIR, una amenaza para las aspiraciones de la reproducción de poder
pretendida por el MNR jefaturizado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Siete años
después se convertirían en socios para cogobernar entre 2002 y 2003.
La incansable lucha de Manuel Morales Dávila
En céntricos cafés y “confiterías” del centro de La Paz,
como El Rosedal o Carabelle (años 80), Manuel Morales Dávila era motivo de
comentario permanente en mesas de señores conservadores cercanos a la tercera
edad, que lo calificaban de “viejo resentido y odiador.” Lo cierto es que
Morales Dávila, fallecido en agosto de este 2020, fue el abogado laboralista
más comprometido con las causas obrera y popular bolivianas, que tuvo la osadía
de impugnar la capitalización y enajenación del patrimonio nacional a la cabeza
del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien instruyó su persecución y
encarcelamiento al que acusó por “traición a la patria”. En el lenguaje
represivo de hoy, se lo calificaría de “sedicioso” y “terrorista.”
La Agencia de Noticias Fides (ANF) registró así su
detención:
Manuel Morales Dávila, incomunicado en la cárcel
El conocido abogado Manuel Morales Dávila denunció hoy desde
la cárcel de San Pedro que fue incomunicado en una celda de la sección
«Chonchocorito» a fin de que no tenga contacto con los periodistas.
Morales Dávila, de 70 años de edad, ha sido encarcelado por
«órdenes superiores» del Gobierno y la prisión fue ejecutada por el juez
Antonio Santamaría.
El abogado dijo que desde la cárcel continuará impulsando un
juicio de responsabilidades al Presidente de la República por «traidor a la
Patria» en «la venta de las empresas del Estado».
El Ministro de la Presidencia, Guillermo Justiniano, dijo
que Morales Dávila debe probar las acusaciones contra el Presidente. El viejo
laboralista respondió que probará la culpabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada
(Agencia de Noticias Fides (ANF) 8 de marzo de 1996).
Manuel Morales Dávila fue detenido en trece oportunidades a
lo largo de su carrera profesional, y en esta que lo mantuvo recluido durante
45 días, quedó consolidada su imagen como uno de los más destacados defensores
de los recursos naturales del país. Había sido Contralor de la República
durante el breve gobierno de Lidia Gueiler (1979-1980), abogado de la Central
Obrera Boliviana (COB) y de varios gremios fabriles, y años más tarde,
parlamentario por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y asesor del presidente Evo
Morales. La persecución política en Bolivia, desde que retornáramos al sistema
democrático en 1982, no tuvo nunca más las características represivas de
violencia y terrorismo de Estado, soportadas durante la era movimientista
(1952-1964) y las dictaduras militares (1964-1982). Se acabaron los métodos de
San Román, Gayan y los torturadores paramilitares que operaban en las
catacumbas del Ministerio del Interior de la avenida Arce esquina Heriberto
Gutiérrez (La Paz), y emergieron nuevas formas de apriete político, con el
despliegue de un aparato de fiscales, jueces y abogados, tal como sucedió
en el caso de Óscar Eid Franco y Manuel Morales Dávila, y como veremos más
adelante en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la transición
inconstitucional de Jeanine Áñez.
*Julio Pañoloza Bretel es
periodista
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