Periódico ABC de España reflejando los acontecimientos en Bolivia.
Por: Ferran Gallego / Universidad Autónoma de Barcelona.
El golpe de Estado que depuso al presidente Tejada dio lugar
a la formación de una Junta Mixta de Gobierno constituida por cuatro militares,
dos saavedristas y dos socialistas. La designación del coronel Toro como jefe
de la misma resultó una sorpresa sólo para los que se encontraban al margen de
la conspiración o, sencillamente, mal informados. Waldo Álvarez indica que el
movimiento huelguístico realizado sobre los días inmediatos al golpe no tuvo
nada que ver con es lo cierto es que tanto el movimiento obrero como los
estudiantes permanecieron en huelga hasta llegar a un acuerdo con la junta
sobre el aumento de salarios y la promesa de que un representante de los
trabajadores formaría parte del gobierno. Es posible que el descontento de los
sectores más izquierdistas se debiera a la misma figura de David Toro, a quien
se veía vinculado demasiado al antiguo régimen y, sobre todo, a la oficialidad
responsable de la derrota. Saavedra, por
su lado, no ocultaba la antipatía personal que sentía por Toro, sentimiento que
fue siempre correspondido. Evidentemente, el disgusto de Saavedra podía deberse
a la personalidad poco manejable de Toro cuando, como hemos visto, el viejo
caudillo esperaba convertirse en el puente entre el nuevo orden de cosas y la
tradición republicana progresista. Al aislamiento de Toro se unía su propia
inseguridad sobre la suerte del movimiento. Como él mismo señalaría más tarde, “me
opuse terminantemente al golpe de mayo, como lo demuestran mis conferencias
telegráficas con el Teniente Coronel Busch (. . .) y en las que consideraba que
por patriotismo y por fidelidad debía dejarse concluir su periodo al presidente
Tejada Sorzano (...) ya que faltan apenas dos meses y medio para la terminación
de ese mandato”.
El embajador
norteamericano, por su parte, escribía: “La huelga general creó una situación
crítica, que fue utilizada por izquierdistas, en especial los saavedristas,
para levantar sus ambiciones, de modo que el ejército tuvo que actuar para
proteger su situación dominante.” Las dudas de Toro no se debían a su negativa
absoluta a hacerse con el poder, sino a la consideración de que el golpe era
prematuro. Lo que provocó el adelantamiento de los hechos fue la huelga general,
desvinculada de las corrientes más próximas a soluciones militares. El Estado
Mayor se sumó, pues, a la revolución para controlar su desarrollo. Saavedristas
y baldivienistas confiaban el que el golpe les ofrecería un terreno adecuado
para hacerse con el poder, ofreciendo una ideología y bases populares de las
que el ejército carecía. El que se encontraran en un error no excluye que esa
fuera la alternativa más visible en mayo de 1936. La discrepancia no se debía,
por tanto, sólo al ritmo de los hechos, sino a su propio carácter. La
ambigüedad del golpe se mantendría a lo largo del trienio, con fuertes bandazos
en favor y en contra del orden tradicional, que rio se deben a la personalidad
de los dos máximos representantes del “socialismo militar”, sino al delicado
equilibrio que se estableció entre la vieja organización social boliviana y las
demandas de cambio surgidas en la postguerra. El trienio de reformismo militar
ofrece, como veremos, no sucesiva, sino internamente la imagen de una superación
radical del antiguo régimen y de la última carta jugada por este para salvar
los elementos sustanciales a través de variaciones en la superficie.
A su regreso a La Paz para hacerse cargo de la presidencia
(le la Junta Mixta de gobierno, Toro declaró que “el nuevo gobierno hará una
política de justicia y de reconstrucción nacional, implantando un franco
socialismo de Estado, que constituye la intención firme del ejército” A
saavedristas y baldiviesistas Toro sumó, como ministro del recién creado
ministerio de Trabajo, al conocido dirigente sindical Waldo Álvarez. Tal era la
reacción las presiones del movimiento
obrero expresadas en las primeras jornadas del cambio. Sin embargo, lo que el
gobierno entendía por “socialismo” se mostró claramente en las declaraciones
del Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Baldivieso, que expresaban la
línea de pensamiento del mismo Toro, al distinguir entre el capitalismo egoista
que había gobernado Bolivia hasta entonces y el “capital productivo y fecundo” que
el nuevo régimen se esforzaría en atraer. Las ideas expresadas por el líder del
Partido Socialista habían de ser bien acogidas en los sectores militares
chaqueños, al permitirles proclamar las ideas de justicia social sin considerar
necesario el enfrentamiento entre bolivianos de clases diferentes. Era el
conjunto de la nación la que se hallaba asediada por el atraso; y su
modernización no exigía más que el hallazgo de una clase media emprendedora
tutelada por un Estado que no se subordinara a los intereses de una estrecha
oligarquía, del llamado (esuperestado minero,). A pesar de las diferencias que
debían existir entre Baldivieso y Álvarez, Toro fue capaz no sólo de mantener a
ambos en la Junta, sino de tranquilizar a los grupos conservadores, cuyos órganos
de expresión contemplaron el golpe resignadamente. Si los trabajadores veían su
participación en el gobierno como una conquista histórica, y los socialistas de
Baldivieso como ratificación de la alianza entre una élite de intelectuales y
las fuerzas armadas, los dirigentes de la minería podían contemplar con cierta
satisfacción el recambio de partidos tradicionales en los que ya no confiaba,
esperando que la presencia del ejército en la cabeza del proceso evitaría que
los sucesores del viejo orden fueran las organizaciones revolucionarias que se
estaban creando en aquellos mismos años.
Con todo, la visión del expediente militar como un episodio
de rápida transición se vio pronto defraudada. Los intentos saavedristas de
ganarse a la clase media del país denunciando el izquierdismo de Baldivieso y
Álvarez condujeron a la disolución de la Junta Mixta por parte de Busch y al
establecimiento de un poder exclusivamente militar, en el que algunos civiles
participaban a título individual. Mientras el Partido Socialista quedaba
prácticamente disuelto, el P.R.S. pasó a la oposición, dedicando sus esfuerzos
a llegar a una entente con el resto de los partidos tradicionales. Busch venía
así a desengañar a los que veían el ejército como un simple instrumento para
aplicar un programa de partido. Los únicos que escaparon al desengaño fueron
los que nunca se habían engañado, es decir, los “socialistas” que entendieron
desde el principio la revolución como una operación conjunta de militares y
civiles.
El viraje provocado por Busch fue seguido inmediatamente por
fórmulas de superación del sistema tradicional que alarmaron a las clases
dirigentes. El 4 de julio se fundaba la Asociación Nacional Permanente de
Organizaciones Sindicales -ANPOS-, constituida por representantes de los sindicatos
legales. La creación de este organismo no tendría importancia mayor de no
haberse acompañado de un decreto de sindicalización obligatoria y declaraciones
sobre la caducidad de las formas de representación del régimen A fines de
julio, Toro declaraba a El Diario que “el ambiente se caracteriza por la ausencia
de grandes agrupaciones políticas sanas (...) y por la existencia de pequeñas agrupaciones
que pretenden dominar el Estado. La vieja política no ha educado a las masas (.
. .). El parlamento (. . .) debe funcional; en adelante, bajo la base de una
doble representación (. . .), es decir, de una representación de los partidos,
mediante el voto de la ciudadanía, y de una representación de los gremios, mediante
el voto social de los grupos. (El gobierno) quiere, sencillamente, aprovechar
esta fuerza (los sindicatos), encáuzala, dentro de ciertos límites, someterla
al control del Estado, hacer de ella un instrumento de disciplina y educación
de las masas (...)” Esta tendencia a prescindir de los partidos se manifestaría
en actos aparentemente menores, como la recomendación de las prefecturas a
elementos militares “«como una prenda de garantía en momentos en que, después
de línea evolución política trascendental, el país requería olvidar sus
rencillas y unificar su acción hacia un solo fin” o la creación de alcaldías
rentadas, sustituyendo a los órganos de poder municipal elegidos por la
población.
En los aspectos económicos no había, sin embargo, motivo
para la alarma de la derecha. Mientras se indica que el problema del indio es económico,
los “asuntos indígnales”, siguen
formando parte del ministerio de Educación. Las referencias específicas a la
agricultura se recrean en minucias de modernización técnica -como la creación
de una Estación Zootécnica en el Altiplano- sin mención alguna a cambios en la
estructura de la propiedad, salvo en lo que hace referencia a terrenos fiscales
por colonizar. El flamante Ministerio de Minas y Petróleo, creado por la
revolución, sólo enfrenta a unos magnates contra otros, al distribuir el cupo
de exportación. Se incrementa ligeramente la entrega de divisas y los impuestos
sobre las concesiones mineras. La Ley Orgánica de Petróleos, aprobada en
octubre, se limita a establecer un control más rígido sobre las concesiones y
los plazos de explotación. Antes de la célebre exportación de la Standard, sólo
se planteaba un reajuste administrativo tendente a que los inversionistas extranjeros
hallaran mejores condiciones para la colocación de capital en el sector.
Medidas en contra de la especulación, como la creación de Almacenes Públicos,
ya había empezado a ser adoptadas por Tejada Sorzano y, desde luego, no son lo
que caracteriza una “política de verdadera tendencia socialista” como lo hace
Toro. Sin reforma agraria ni nacionalización de las minas, el reformismo
militar era una falacia que no podía ocultarse bajo el acopio de medidas
burocráticas. La eliminación de Waldo Álvarez del gobierno, a fines de 1936, es
más que una anécdota en el marco expuesto.
Sin embargo, David Toro no estaba dispuesto a una simple
vuelta atrás. En su mensaje a la Fuerzas Armadas de enero de 1937, recordaba
que “una serie de partidos políticos tuvieron en sus manos la suerte de Bolivia
(. . .) Pero extraños a la entraña misma de la nacionalidad, todos cayeron al
empuje popular de ídolos que falsifican su voluntad (. . .) En lugar de formar
partidos de acomodo entre sus dirigentes, hay que fundirlos en el alma del
pueblo (.. .) El ejército vive esperando el advenimiento de nuevas
organizaciones partidistas, libres de mancha original, para cederles el
gobierno del país” Sin embargo, el mismo Toro retrasaba la vuelta a la
institucionalización del país en el marco del poder civil. La fecha de
elecciones para una Asamblea Constituyente no se decidía, los grupos
tradicionales hallaban trabas para reunirse que se añadían a la propia
dificultad histórica que suponía recuperar su clientela dispersa y
decepcionada. La ambigüedad del presidente acabó volviéndose contra él, cuando
halló a todos los sectores políticos cada vez más alejados de la Junta. Los
hombres de La Calle perdieron su entusiasmo inicial por un hombre que no
avanzaba ni siquiera en los cambios de orden institucional. Los partidos
tradicionales habían sufrido el exilo de sus líderes o la clausura de órganos
de prensa tan prestigiosos como El Diario. La “vuelta a la normalidad” exigida
por éstos parecía esfumarse de las intenciones presidenciales, sin que el caos
financiero y la inflación se solucionaran. Tras el fracaso sufrido en la
organización de un “Partido Socialista del Estado” constituido por funcionarios
Toro intentó un golpe de efecto que alejara el peligro de su relevo. El 13 de
marzo de 1927, pocos días después de que Busch hubiera visto rechazada su
provocativa dimisión como Jefe del Estado Mayor, David Toro decreta la
nacionalización de la Standard Oil, que pasaba a formar parte de los
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fundados a fines del año
anterior. Con ello pulsaba uno de los aspectos más sensibles de opinión
popular, para la que era un secreto a voces el fraude realizado por la compañía
en la etapa republicana y, sobre todo, durante la guerra del Chaco, declarada, según
proclamaban nacionalistas y marxistas, en interés exclusivo de la
Standard. El gesto, sin embargo, llegaba
demasiado tarde, sin que Toro dispusiera de apoyo social consolidado en algún
tipo de organización que salvaguardara su permanecía en el Palacio Quemado. A
principios de Julio, Germán Busch era proclamado Jefe de la Legión de
Excombatientes, claro desaire al presidente de la Junta. Seguro de encarnar las
aspiraciones de los hombres del Chaco; empujado por los sectores más radicales,
para quienes la nacionalización de la Standard debía ser un primer paso y no un
mero expediente excepcional; considerando que Toro deseaba perpetuarse en el
mando vulnerando el espíritu de la revolución de mayo: aconsejado también por
sectores próximos al patiñismo, perjudicando por la preferencia torista en
favor de Aramayo y Hochschild, Germán Buscki hizo saber a Toro que ya no
contaba con la confianza del ejército, y el 13 de julio asumió la jefatura del
gobierno.
Sus primeras declaraciones llenaron de júbilo a la prensa
conservadora. Su promesa de que “el el paso del ejército por el poder no puede ser
sino un puente para salvaguardar el país (. . .) y llegar a la normalidad civil
organizada constitucionalmente”. le fue recordada por los editoriales de El
Diario con frecuencia. Tal fue el carácter de las esperanzas despertadas en la
derecha y los temores de la izquierda, que Busch hubo de indicar públicamente
que no se iba a dar marcha atrás en la nacionalización de la Standard, como se
había rumoreado en la capital.56 El gobierno constituido al día siguiente del
golpe incluía a hombres como Gutierrez Granier, secretario del conservador
Partido Centrista, a Gabriel Gosálvez, antiguo miembro del PRS que se
convertiría en mano derecha del gobernante, y Enrique Baldivieso, ya sin el
apoyo del extinto Partido Socialista. Se contaba, por tanto con las fuerzas de
la vieja Bolivia, estableciéndose contactos formales con liberales, genuinos y
republicano-socialistas. Dichos partidos firmaron un comunicado conjunto en que
se instaba al joven Jefe militar a que convocara elecciones, manifestándole su
adhesión al cambio realizado el 13 de julio. Busch respondió indicando que “mi satisfacción
patriótica estaría colmada si, como anhelo y espero, las fuerzas políticas que
ustedes representan quisieran prestar también su apoyo y concurso a los ideales
de justicia social que se especifican en el programa mínimo de la revolución de
17 de mayo de 1936” ambigua declaración que debía haber preocupado a los
dirigentes de los grupos tradicionales más de lo que lo hizo. La “normalización”.
se completaría aún con mayor ambigüedad, al declarar la vigencia de la
constitución de 1880, manteniendo en funciones una comisión de reforma
constitucional.
Las tensiones con los partidos tradicionales se manifestaron
en pocas semanas. Busch comenzó indicando qué organismos como LEC o la CSTB
podrían presentarse a las elecciones, hecho que se interpretó como un resabio
del corporativismo de Toro. En noviembre, el ministro de Hacienda, Gutiérrez
Granier, abandonaba el gobierno entendiendo que en él se daban tendencias
izquierdista^.^^ Lo que parece evidente es que Busch estaba buscando apoyos
para su candidatura presidencial y, a sabiendas que nunca podría hallarlos en
los grupos tradicionales, se inclinó por medias populistas, como la asunción de
las labores realizadas por el equipo de Waldo Álvarez acerca de un nuevo Código
de Trabajo y procediendo a la reapertura de los almacenes públicos que él mismo
había clausurado en julio.59 Finalmente, tras la firma del decreto de
convocatoria de una Convención Nacional encargada de elegir al presidente de la
República y de redactar un nuevo texto constitucional, ordenó el arresto y
exilio de Bautista Saavedera, acusándolo de participar en una operación
subversiva. Los motivos de un viraje tan pronunciado no son fáciles de
establecer. La propuesta a los partidos del antiguo régimen para que
colaboraran en la edificación de una Bolivia nueva fue sincera, como también
fue efectiva la presión que Llevaron a cabo los intereses mineros indicándoles
el caos en que se hallaba la Hacienda y el peligro de quiebra del país. Hombres
que simpatizan con Busch, como Chávez Ortiz o Céspedes, han tenido que aceptar
el peso de tales influencias sobre una persona que se caracterizaba por su
profunda inseguridad, sobre todo en temas económico~.~~ La aceptación de una
colaboración con las fuerzas tradicionales no debe entenderse, de manera simplista,
como la antesala del traspaso de poderes. Y, en este aspecto, Busch debía
recibir también la presión de sus compañeros de armas. La (normalización), aun
siendo entendida como el fin de la experiencia militar-socialista, no tenía que
tomar necesariamente este camino. Podía tomar el de la institucionalización de
los principios del 17 de mayo -a los que Busch nunca había renunciado- a través
de una nueva Constitución. Busch se había referido al regreso del ejército a
los cuarteles en cuanto se hubiera puesto fin al desorden nacional provocado
por la derrota del Chaco. Pero ¿quién iba a suceder a las Fuerzas Armadas en la
gestión del país? ¿Los restos de los partidos tradicionales, en proceso de
descomposición, rotas sus vinculaciones con su base social y con serias
dificultades para adaptarse a la realidad cambiante de la postguerra? En
definitiva, Busch había llamado a una participación en el reparto, no a un
cambio de protagonista. Y el ejército, acostumbrado a unas dosis de poder de
las que había carecido desde 1880, le animó a seguir considerándose
indispensable en la salvación nacional y a contemplar con disgusto cualquier
asomo de política partidista en la que sistemáticamente creía ver asomar el
caudillismo criollo.
Las elecciones a la Convención asistieron a la abstención de
los grupos tradicionales, mientras los partidarios de Germán Busch se unían en
un prolífico matrimonio de conveniencia donde ingresaron excombatientes,
cuadros sindicales, antiguos “socialistas” y nacionalistas radicales. El
triunfo arrollador del Frente Único Socialista llevó las distintas lecturas
renovadoras de la realidad boliviana por vez primera al parlamento. Incluso las
modificaciones del protocolo fueron significativas. Se emitieron pintorescos
juramentos, que aludían a Cristo, el más grande socialista, a la causa
proletaria, a los muertos del Chaco o al libre pensamiento. La Convención de
1938 no sólo legitimó la presidencia de Germán Busch -haciendo de Baldivieso su
vicepresidente-, sino que introdujo en la Carta Magna un nuevo concepto del
papel del Estado en las relaciones sociales, que las anteriores constituciones
habían silenciado totalmente, con una clara influencia de la constitución
mexicana de 1917.61 La Constitución incluyó conceptos como la función social de
la propiedad - Única garantía de su carácter inviolable-. Se recordaba que eran
dominio originario del Estado “todas las sustancias del reino mineral, las
tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres,
fluviales y medicinales, (así como todas las fuerzas físicas susceptibles de
aprovechamiento económico”.
La intervención del Estado en la economía se reforzaba en
los artículos siguientes, referidos a la regulación o gestión directa del
comercio e industria por los poderes públicos y a la exportación del petróleo
fiscal y privado a través de instituciones estatales. La Sección XIV, dedicada
al .Régimen social^, establecía la protección del Estado sobre trabajo y
capital, que al considerarlos factores idénticos de producción encajaba en la
línea del “socialismo”, tal y como lo entendían la mayoría de los
convencionales. Seguían aspectos referentes a la regulación por ley del salario
mínimo, asistencia médica, jornada laboral, derecho de asociación, huelga y
contrato colectivo, así como la creación de tribunales especiales para
intervenir en los conflictos entre trabajadores y empresarios. En los aspectos
de política agraria, aun cuando hubo intervenciones radicales -singularmente
las de Guevara Arce-, se impuso la prudencia y se pudo detectar el origen
urbano de los comunidades.
Los ataques de los sectores conservadores contra la
Converición hubieron de proceder de la prensa, dado que liberales, genuinos y
saavedristas -salvo en algún caso aislado- se habían abstenido de participar en
los comicios La dureza de lasacusaciones de El Diario llevaron a una larga
discusión sobre la libertad de imprenta que concluyó con la aprobación de un
decreto de censura.63 El decreto provocó la dimisión del sector más derechista
del gabinete, y Busch dio satisfacción a éste negándose a aceptarlo y separando
del gobierno a Elías Belmonte, fundador de RADEPA y de tendencias fascistas,
que se había distinguido en el apoyo prestado al proyecto. Esta victoria
conservadora no era más que una jugada de distracción por parte de Busch, pues
la Convención actuó desde entonces sin la menor traba del Palacio Quemado.
Aprobada la Constitución en Octubre de 1938, los
convencionales iniciaron un receso que no tendría fin, pues las previsiones de
qué diputados y senadores volvieran a reunirse como Congreso ordinario fueron
incumplidas por Busch. El 24 de abril de 1939, el presidente explicó los
motivos que le llevaron a proclamar la dictadura: se atacaba el egoísmo de los
partidos, que no habían sabido estar a la altura de las circunstancias de la
postguerra, a la inmoralidad de la administración; se reconocía el fracaso de
la política económica, ejemplificada en el paso de cinco ministros en dos años;
señalando la insensatez de los que deseaban enfrentar a civiles y militares -es
decir, los que pedían el regreso a un gobierno civil-, Busch concluía indicando
que no podía permanecer impasible ante el caos de la nación, y que debía “emprender
una campaña que salve a esta patria que se desmorona (...) El Estado debe ser
el regulador justiciero de las relaciones económicas, con el fin humano y
profundamente nacional de instaurar un régimen de justicia social, dentro del
marco de nuestra actual etapa económica y de las posibilidades del país. Por
encima de todas las tendencias extremas, con Bolivia”.
Mientras los partidos de izquierda organizaban un panorama
más simplificado que el inmediatamente posterior a la guerra, con la
consolidación del P.O.R., la aparición del P.S.O.B. y las tendencias dirigidas
a la formación del P.I.R., Busch encontraba graves dificultades para consolidar
una base civil de apoyo de su régimen, a la manera del Frente Único Socialista,
desintegrado inmediatamente después de las elecciones. Los intensos de formar
un Partido Socialista por parte de Baldivieso, Gosálvez o Riverín fracasaron
por los desacuerdos con grupos tan destacados como el de La Calle, dispuesto a
dar apoyo circunstancial al presidente, pero no a convertirse en apéndice
palaciego. El reforzamiento orgánico de la izquierda marxista no se vio
acompañado de una línea paralela en el seno del r socialismo^^ moderado y
profundamente ambiguo que deseaba encarnar el dubitativo Busch. Los constantes
virajes en favor o en contra de los conservadores, que pueden reflejarse en la
composición de sus gobiernos, tampoco ayudaban a crear en torno al caudillo un círculo
de adhesiones entre las clases acomodadas. Los partidos tradicionales se
decidieron, por fin, a aceptar la ruptura del marco político de la pre-guerra
y, en marzo de 1939, firmaron una alianza electoral conocida como la Concordancia).
La muerte de Saavedra permitió que los republicano-socialistas abandonaran sus
viejas veleidades populistas para regresar el seno acogedor de la Bolivia
conservadora. A ello se unían las disensiones en el mismo seno del ejército,
donde la oposición a la política reformista de Busch iba cobrando cuerpo en
torno al general QuintaniIla, jefe de las Fuerzas Armadas.
Todos estos fueron factores que contribuyeron a que Busch,
para compensar su aislamiento, realizara la huida hacia adelante de la
dictadura. Entre su proclamación y el suicidio del presidente, en agosto de
1939, éste llevaría a cabo las dos medidas que -junto a la constitución del 38-
le siguen presentando como precursor de la Revolución Nacional de 1952: el
Código de Trabajo, con base en los proyectos de Waldo Álvarez, y el decreto de
entrega obligatoria de divisas. El Código recogía minuciosamente principios que
la Constitución había proclamado en términos generales: la reglamentación de la
huelga, la de la salubridad en el trabajo, los derechos de sindicalización,
negociación colectiva, vacaciones anuales 11 descanso dominical, la prohibición
del trabajo para menores, etc. A pesar de los aspectos que incidían
especialmente en el arbitraje para mediar en conflictos entre “los dos factores
de producción”, puede considerarse que el Código Busch -tal como fue conocido
más tarde- era la regulación de derechos laborales más progresista que había
conocido Bolivia hasta la fecha. El decreto de entrega de divisas, por su
parte, era el resultado de un viejo litigio entre Estado y empresas privadas.
El conflicto entre ambos se había centrado, desde la inmediata postguerra, en
la entrega de divisas obtenidas con la exportación. Se fijaron en 1937 entregas
porcentualmente distintas según cual fuera la cantidad exportada en favor de
los grandes mineros, con la excusa de que así favorecía el aumento de la producción.
Los nacionalistas lograron convencer a Busch de que la política de entrega de
divisas propiciada por el ministro de Hacienda Schulze era un fraude al Estado,
y el caudillo reaccionó con la destitución fulminante del ministro conservador
y el nombramiento de Pou Mont, al que encargó el redactado del decreto del 7 de
junio de 1939, que exigía la entrega inmediata del 1000/0 de las divisas de
exportación, cambiadas a 140 bs. por libra esterlina. La medida se completaría
con la nacionalización del Banco Central y el Banco Minero, dirigidas a
controlar más estrechamente las operaciones de cambio realizadas por las
grandes empresas.
Las disposiciones fueron acogidas cori entusiasmo por parte
de trabajadores, estudiantes y jóvenes profesionales, que realizaron una gran
manifestación el 15 de junio en apoyo del presidente. Según Céspedes, tras la
manifestación, Busch manifestó: “Yo no he llegado a la Presidencia para servir
a los capitalistas. Ellos deben sentir al país y si no lo hacen por su voluntad
lo harán por la fuerza. Les juro a ustedes, camaradas, que yo, Germán Busch,
demostraré a esos Patiños, Aramayos, Hochschildes, a todos los explotadores de
Bolivia, que aquí hay un presidente que hará respetar a su país” Tras las
primeras semanas de entusiasmo, sin embargo, los motivos que le llevaron a
decretar la dictadura, es decir, su profundo aislamiento político, volvieron a
asediarle. Sin ser capaz de entregar el poder a la izquierda O a los
nacionalistas “socialistas” osa que, además, difícilmente hubiera tolerado el
ejército-, profundizar en las medidas que se habían iniciado en abril imponía
un enfrentamiento con la Bolivia tradicional para el que no se sentía
respaldado ni siquiera por la totalidad de los militares. La sensación de
impotencia fue adueñándose de una personalidad egocéntrica y neurótica, que en
varias ocasiones había intentado suicidarse. En la madrugada del 23 de agosto
de 1939, Busch se disparó en la cabeza. En las ocho horas que tardó en morir,
el Jefe de Estado Mayor, Quintanilla, arrebató el poder al vicepresidente
Baldivieso y organizó el regreso al antiguo régimen.
A modo de conclusión
La restauración del sistema liberal en Bolivia resultaba tan
utópica como las aspiraciones renovadoras de aquellos “socialistas” que, como
Busch, quisieron transformar el país sin tocar los dos puntos neurálgicos del
poder oligárquico: las minas y las haciendas. Tan frágil resultaba la posición
de los viejos partidos agrupados en la Concordancia, que tuvieron que proponer
como candidato a la presidencia al general Enrique Peñaranda, tras tantos meses
de indignación por ver al ejército en posesión del Palacio Quemado. Por otra
parte, algunas de las medidas decretadas por Busch resultaban intocables, a no
ser que liberales, genuinos y saavedristas quisieran exponerse a una explosión
social: la constitución del 38, el código de trabajo, la nacionalización del
Banco Central, se mantuvieron bajo el gobierno “restaurador» de Pañaranda. Sólo
el sufragio restringido permitía que los conservadores se mantuvieran en el
poder y, aun así, incluso en los sectores con derecho a voto se observaba un
deslizamiento hacia el P.I.R. o el M.N.R. La sumisión a la política
internacional de los Estados Unidos permitió que los nacionalistas formados en
el trienio de reformismo militar denunciaran ante la opinión. Boliviana la
venta de materiales estratégicos a un precio solidario. Acciones salvajemente
represivas como la masacre de Catavi de 1942 estaban estrechamente relacionadas
con la necesidad de abastecer a las potencias que luchaban contra el Eje. Y
ello acabaría haciendo mella en el ejército, donde RADEPA había conseguido
consolidarse hasta el punto de expulsar del Palacio Quemado a una alianza de
partidos huérfana del más pequeño apoyo popular. El golpe de diciembre de 1943
abriría una nueva experiencia de reformismo compartido por radepistas y
dirigentes del M.N.R. Aunque la experiencia fue cancelada por la r revolución,
en la que el P.I.R. fue del brazo de liberales y republicanos, firmando su
suicidio político, ello no hizo sino clausurar las vías de la reforma y forzar
una estrategia de insurrección popular que se concretaría en la revolución
nacional de 1952. Esta revolución iría mucho más lejos de lo que había
imaginado los hombres de la crisis del Chaco: nacionalización de las minas,
reparto de tierras entre los indígenas, sufragio universal, disolución del
ejército, sustituido por milicias obreras y campesinas ... Los protagonistas de
la revolución de abril se legitiman refiriéndose, como antecesores, a los
(presidentes mártires), Busch y Villarroel. El reformismo de 1936-39 no fue sin
embargo, una operación de las mismas características: la fractura del orden
liberal no encontró una alternativa civil organizada y la intervención del
ejército creó situaciones de extrema ambigüedad, sin que pueda hablarse en
absoluto de una marcha decidida a la transformación de las relaciones sociales
bolivianas de pre-guerra. Tampoco es demasiado sensato esperar que el ejército
actúe como vanguardia histórica de tales cambios. ¿Qué sectores las reclamaban
con claridad de objetivos y amplia base social al mismo tiempo? Ni el
descontento generalizado por la crisis de los años treinta, ni el doctrinarismo
estrecho de algunos grupos escuálidos y escasamente relacionados con las capas
populares podían impulsar dichas transformaciones por separado. Lai protesta
contra el orden de cosas existente, que se hizo casi unánime tras el desastre
del Chaco, no había conectado aún con una alternativa. El prestigio del término
socialismo)> era una simple aproximación intuitiva, y la obsesión por
maquillarse con la palabra no se correspondía casi nunca con la voluntad de
darle su auténtico significado, es decir, la socialización de la riqueza. No
puede decirse que el ejército actuara en aquellos momentos suplantando una
revolución civil en marcha, a pesar de que algunos contemporáneos confundieran
la agitación urbana y algunos episodios aislados de resistencia indígena con
una revolución. Incluso aunque los sectores más acomodados respiraran con
alivio al ver a los militares ocupando el poder tras el irreversible
desprestigio de los grupos tradicionales, ello no significa que Toro y, sobre
todo, Busch, asimilaran esa función de paréntesis histórico que la oligarquía
pretendía asignarles. Toro y Busch se limitaron a asimilar las ideas de renovación
y clausura de la vieja Bolivia con toda la carga de confusión de conceptos,
penumbra de estrategias y desorden de alianzas que la misma sociedad civil les
transmitía. La sinuosa historia de su mandato responde en algunos episodios
concretos a cuestiones personales, pero en conjunto es el reflejo de un
comportamiento ideológico nada rectilíneo por parte de una sociedad en crisis.
En este sentido, la capacidad de maniobra de Toro y la brusca honestidad de
Busch son las dos caras de un mismo proceso: el intento, por parte de una
pequeña vanguardia intelectual, apoyada en un sector minoritario del ejército,
de dar forma a un proyecto de modernización. Su horizonte no iba más allá del
reforzamiento del Estado frente a los grandes; mineros, a darle capacidad de
inversión en el interior del país, a diversificar la economía sustituyendo
importaciones por lo que pudiera producir una inexistente burguesía nacional.
Habrá que aguardar a 1952 para descubrir que, en ciertas latitudes, incluso la
reforma necesita de una revolución.
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