BOLIVIA, JULIO DE 1980: LA "CONEXIÓN NAZI" Y EL GOLPE DE LOS «COCADOLARES» LLEVADO A CABO POR GARCÍA MEZA - ARCE GÓMEZ

Por: MONIQUE LECLERE y FRANÇOIS FALLAREAU reportaje publicado en el País de España entre el 23 ABR y 25 ABR 1981. // Fotos: 1) El "rey de la cocaina" socio de Arce Goméz - García Meza. 2) Luis Arce Goméz, durante la época de la dictadura. al lado mas de 20 años después. 3) El dictador Luis García Meza. 4) El "rey de la cocaina" Roberto Suárez Goméz. 5) KLAUS BARBIE apodado como “el carnicero de Lyon”. 6) "el rey de la cocaína y sus lujos en medio de la selva boliviana.


MÁS DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES PROCEDENTES DE LA COCAÍNA "ENGRASAN" EL GOBIERNO GOLPISTA DE BOLIVIA

Situada en la parte central de los Andes, Bolivia, junto con Haití, es la nación más pobre de América Latina. La mayor parte de sus cinco y medio millones de habitantes son campesinos y agricultores que subsisten en el duro clima altiplánico. Sin embargo, Bolivia es un país con grandes recursos minerales y vastas tierras tropicales no explotadas aún. El tiempo transcurrido desde el golpe militar del 17 de julio de 1980, que llevó al poder al general Luis García Meza, ha permitido establecer que el actual régimen castrense mantiene activos contactos con la mafia internacional de la cocaína, que deja en el país ilegalmente 1.600 millones de dólares al año, casi el doble del total de las exportaciones. Fuera de Bolivia no se conocía hasta ahora la gravedad de esta participación y su relación con el estado de violencia política que vive hoy el país andino. El presidente Luis García Meza, el general Waldo Bernal, miembro de la Junta de Comandantes; el coronel Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior y cerebro y organizador de la parte más sangrienta del golpe militar; el general Hugo Echeverría, comandante del segundo cuerpo de ejército con sede en Santa Cruz; el ex presidente Hugo Banzer Suárez, y muchos otros en la cumbre del poder político y militar en Bolivia están involucrados en el tráfico de cocaína. El relato que sigue es obra de dos periodistas canadienses que han viajado por Bolivia casi durante un año.
Sólo unas horas después de habe sido relevado como ministro del Interior, el 26 de febrero pasado, el coronel Luis Arce Gómez convocó a una reunión en la ciudad de Santa Cruz. La invitación a la reunión se extendió a todos los grandes y medianos traficantes de cocaína con los que él había trabajado durante muchos meses hasta establecer la más grande, poderosa y violenta red de tráfico de cocaína en la his toria de Bolivia.La reunión tuvo lugar, el 28 de febrero, en la lujosa mansión de Sonia Atalá, esposa de Pachi Atalá dos de los más grandes exportadores de cocaína en el país.
El coronel Arce Gómez acaba de perder su posición de «hombre fuerte» del régimen y se vio en la obligación de prevenir a sus amigos sobre la decisión del Gobierno de García Meza para actuar contra algunos elementos de la mafia de Santa Cruz, dentro de su programa de control de drogas planeado para mostrar una nupva política frente al Gobierno norteamericano.
Arce indicó a sus colegas, sin embargo, que era portador de un mensaje del propio García Meza el cual sugería que la mayor parte de las operaciones debieran se transferidas a otras regiones má apartadas, en el Beni, Tarija, el Chapare y la región del Altiplano. Arce solicitó entonces a sus colegas medio millón de dólares para poder operar con la protección del Gobierno, garantizando que el régimen de García Meza protegería la producción, las operaciones comerciales y los vuelos a Colombia y Brasil.
Pocos días después, Arce Gómez fue nombrado comandante del Colegio Militar de Ejército, desde donde, de acuerdo con fuentes del servicio de inteligencia, debía seguir controlando el Ministerio del Interior, las fuerzas paramilitares y una gran parte del tráfico de cocaína en el país. Arce ha negado repetidamente su participación en el tráfico ilegal de drogas. Pero el senador Dennis De Concini, de Arizona; la Drug Enforceniment Administration (DEA), el Departamento de Justicia del Gobierno norteamericano y otros organismos oficiales, así como numerosos informantes dignos de crédito, de altas esferas en Bolivia, que han sido entrevistados recientemente, testifican la participación del ex ministro, que recientemente ha sido cesado en el Colegio Militar de La Paz.
Durante siglos, la hoja de coca ha sido parte importante de la cultura de los aymarás, quechuas y guaraníes de Bolivia, y de los trabajadores en las minas. El uso más conocido de la coca es el de la masticación, con un suave efecto narcótico que disminuye las sensaciones de hambre, frío y cansancio.
El tráfico de la cocaína tuvo su origen al principio de los setenta, en la primera etapa de los siete años de gobierno del general Hugo Banzer (1971-1978). Bánzer, con extensas propiedades en el departamento de Santa Cruz, hizo la vista gorda cuando muchos civiles, que tenían relaciones con él, conienzaron a convertir la hoja de coca en cocaína para la exportación.
Existen testigos oculares que afirman que el propio Bánier operaba su pequeña fábrica privada Fuentes no confirmadas indican que en la actualidad, en una finca de su propiedad, El Potrero -en la provincia de San Javier, en el noroeste de Santa Cruz-, existe un establecimiento clandestino dedicado a la fabricación de cocaína y que está estrechamente vigilado por fuerzas paramilitares. Durante la década de los setenta, un número relativamente pequeño de productores de cocaína estableció conexiones con la creciente mafia colombiana y se inició la exportación de «la base», o sulfato de cocaína. En esa época, los colombianos terminaban de procesar el producto para cristalizarlo (clorhidrato de cocaína) y después enviarlo a losmercados del Norte: Estados Unidos y Europa.
Los hermanos Widen y Miguel Razuk, dos acaudalados terratenientes y hombres de negocio, y Roberto Gasser, ex presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz e hijo del dueño de uno de las más grandes fábricas azucareras del país, se convirtieron en tres de los más importantes productores y traficantes en Bolivia. De acuerdo con los'archivos de la DEA y declaraciones de personas allegadas a ellos, su negocio fue posible por sus conexiones políticas y militares, que les brindaron protección contra las autoridades policiales que trabajaban en el control del tráfico de drogas.
Widen Razuk, que vive en una residencia totalmente amurallada en Santa Cruz, fue gobernador de la provincia durante el.Gobierno de Bánzer. Su hermano Miguel fue arrestado en Miami el pasado junio, al tratar de cambiar cheques por valor de tres millones de dólares, que le fueron girados desde Santa Cruz como pago por negocios de cocaína. Los Razuk confinúan siendo los narcotraficantes más activos y mejor protegidos de la región.

"TAXIS" AÉREOS     

Muchos de quienes están ahora involucrados en el tráfico de cocaína comenzaron sus operaciones como parte de sencillas redes de contrabando de televisores, aparatos eléctricos y automóviles, artículos que llevaban a Santa Cruz en aviones. Actualmente, muchos aviones llevan cocaína fuera de Bolivia y todavía regresan cargados con artículos de contrabando. A menudo se utilizan los aviones militares y muchos oficiales se han hecho ricos con el tráfico. Panamá se cita como uno de los puntos fundamentales de destino.
El coronel Norberto Salomón es socio de Luis Arce Gómez en una compañía de avionetas que se utilizan como taxis aéreos para sacar la cocaína de Bolivia. Salonión desempeña actualmente el puesto de agregado militar boliviano en Caracas, cargo para el que fue nombrado inmediatamente des pués de que, a finales del año pasado, se estrellara en la zona selvática de Trinidad una avioneta con trescientos kilos de cocaína. La policía y las autoridades de narcóticos norteamericanas identificaron el aparato como propiedad de ambos coroneles. Salomón y Arce Gómez fueron acusados por responsables del organismo estadounidense de represión del tráfico de drogas de exportar grandes cantidades de cocaína a EE UU. Su implicación fue revelada en un programa televisivo de la cadena CBS, titulado 60 minutos, que se emitió el pasado 2 de marzo.
Roberto Suárez Gómez es primo de Luis Arce Gómez y está considerado, por funcionarios norteamericanos y por gente allegada al tráfico de drogas, como el «mayor proveedor» en el país, frecuentemente llamado El Padrino dentro de la mafia.
Suárez, que vive en la lujosa avenida Busch, de Santa Cruz, ha caído en desgracia con traficantes colombianos, según informantes locales, debido a que, en varias ocasiones, les vendió base de cocaína de mala calidad y poco con tenido de clorhidrato. Como los colombianos pagaron el precio exigido en cada una de las operaciones de compra, decidieron darle una «pequeña lección». Castraron a uno de los «correos» de Suárez y lo enviaron de vuelta a Bolivia. El «correo» era el hijo de Suárez.
Como resultado de estos incidentes, por lo menos cinco colombianos que llegaron a Santa Cruz por «negocios» fueron asesinados en los últimos meses. El conocido asesino político Mosca Monroy alardea de haber disparado a dos de ellos directamente en la cara, en una celada que les preparó. Los restos de los otros muestran marcas de tortura: flagelación «científica», amputación de orejas, ojos, castración, etcétera.

OPERACIÓN MODELO

En mayo de 1980, en una operación planificada por la DEA, un avión viajó de Miami a Santa Cruz, donde agentes de este organismo simularon ser compradores de la droga. Adquirieron a Roberto Suárez trescientos kilos de base, por un valor de nueve millones de dólares. Este, de acuerdo con informaciones de la DEA, actuaba en combinación con el coronel Ariel Coca, por entonces comandante del Colegio Militar de Aviación en Santa Cruz y que, tras el golpe del 17 de julio de 1980, fue nombrado ministro de Educación y Cultura y recientemente ha sido destituido.
El dinero de este envío tenía que ser recogido por Alfredo Cutuchi Gutiérrez, ex presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, en un banco de Miami, una vez que el avión despegara de Santa Cruz. Gutiérrez fue arrestado en el banco v detenido bajo una fianza de tres billones de dólares. Casi inmediatamente después, las autoridades judiciales de Miami recibieron declaraciones juradas, firmadas por el coronel Coca y el general Hugo Echeverría, comandante del segundo cuerpo de ejército en Santa Cruz, certificando la honorabilidad de Gutiérrez, por lo que su fianza se redujo a un millón de dólares.
El jefe de la DEA, Peter Bennsinger, ha indicado que el general Echeverría está también involucrado en el tráfico de la droga en la región que controlaba. Como comandante de una de las más grandes y poderosas unidades del Ejército, Echeverría proporcionaba, hasta su reciente cambio de destino, protección y transporte a los traficantes y recibía un porcentaje de las operaciones. El general Echeverría fue nombrado, no hace mucho tiempo, representante de la misión boliviana en la Junta Interamericana de Defensa de la OEA.

EL DINERO DE LA DROGA SIRVIÓ, PARA PAGAR A MILITARES Y PISTOLEROS QUE CONSUMARON EL CUARTELAZO DE GARCÍA MEZA

El general Echeverría, con el coronel Arce Gómez y José Abraham Baptista, ex agente de espionaje de Echeverría, estuvieron íntimamente, comprometidos en los preparativos del golpe contra la presidenta interina de Bolivia, Lidia Gueiler. El golpe militar se dio finalmente el día 17 de julio de 1980, pocos días después de que resultara evidente que la coalición centroizquierdista Unión Democrática y Popular (U13P) había ganado las elecciones generales, y que su líder, el veterano ex presidente Hernán Siles Suazo, iba a volver a la suprema magistratura del país andino.
De acuerdo con testimonios y documentación proporcionados por un ex funcionario del Ministerio de Interior, Arce Gómez pidió a Abraham Baptista que prestara la máxima cooperación a su amigo Willy Sandoval Morón, un ex diputado de la UDP que se unió a las fuerzas golpistas de Natush Bush, en noviembre de 1979 (volviendo la espalda a su partido y a Hemán Siles) y más tarde se unió a Arce Gómez, con quien trabajó activamente como importante contacto en la parte monetaria del tráfico de cocaína en Santa Cruz.José Abraham Baptista fue el encargado de recoger el dinero de los traficantes, días antes del golpe, para pagar a los comandantes de, tropas militares y a agentes paramilitares, además de otros posibles participantes.
Después del sangriento golpe del 17 de julio, José Abraham Baptista confiscó seis millones de dólares en efectivo de un avión colombiano que aterrizó en uno de los muchos aeródromos privados de Santa Cruz. El reparto de ese dinero, en el que intervinieron García Meza y Arce Gómez, y la sensación del último de que había sido dejado parcial mente al margen de la operación, produjeron un agrio distancia miento entre el ministro de Interior y Baptista.
La tensión aumentó cuando Arce Gómez tuvo noticia de que Baptista estaba organizando una red propia de contrabando. El ministro de la cocaína hizo saber al agente del general Echeverría que debía abandonar La Paz. Baptista respondió amenazando con hacer públicas las implicaciones del coronel Arce en el tráfico de drogas.
El 3 de septiembre, el general y presidente, García Meza, ordenó el retiro de Baptista del Ejército, «previa revisión de sus antecedentes». El 6 de octubre de ese año, Baptista fue asesinado a tiros por dos hombres cuando salía de una pizzería en la ciudad de Santa Cruz. Las balas, según se probó, procedían de pistolas automáticas como las utilizadas por el Ejército. Los asesinos -uno de ellos José Palanca Cuélla- usaron un vehículo proporcionado por Roberto Suárez-Gómez. El dinero con que se pagó la operación fue proporcionado por el general Hugo Echeverría, quien,- de acuerdo con una fuente allegada a los traficantes de drogas, recibió órdenes personales de Arce Gómez para eliminar a Baptista.

CORRE EL DINERO

Unos cuantos días antes del golpe de Estado, José Pepe Pat, una prominente figura de la Mafia y gran comercializador de cocaína en Bolivia había entrgado al general Hugo Echeverría la suma de 800.000 dólares,copmo contribución para la sublevación militar del 17 de julio, en la localidad de Montero, uno de los centros más importantes del tráfico de cocaína. Hubo además otra importante reunión a la que asistieron Edwin Gasser (padre de Roberto. Gasser), propietario del complejo -azucarero La Bélgica; Pedro Bleyer, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, y el , general Luis García Meza,, quien recibió una considerable suma, destinada a financiar el golpe y a convencer a oficiales militares aún indecisos.
El mes anterior al golpe, los comandantés de las divisiones de Cochabamba y Oruro, y del regimiento Tarapacá, de La Paz, fue ron convocados por el general Echeverría en Santa Cruz. Cada uno de ellos recibió 50.000 dólares, recolectados entre los traficantes de drogas, para ganar su apoyo. El comandante del Tarapacá, coronel Arturo Doria Medina, conocido como el Mariscal de la Muerte (por su responsabilidad en la muerte de varias decenas de manifestantes durante el golpe de Natush Bush en noviembre de 1979), fue designado por el general García-Meza; el pasado mes de febrero, como el más alto jefe en la supuesta embestida del Gobierno boliviano contra las drogas. Doria Modina;de acuerdo con vendedores de cocaína en La Paz, es un adicto a la pichicata.
Luis Arce Gómez fue el cerebro real del golpe boliviano. Estuvo a cargo del reclutamiento de agentes paramilitares con la ayuda de dos antiguos comandantes nazis Klaus Altmann-Barbie y Hans J. Stellfeld. Se instalaron campos de en trenamiento en varios lugares estratégicos del país, donde fueron entrenados ex convictos de delitos comunes, soldados retirados: y ase sinos a sueldo. En Santa Cruz se instaló un campo en la hacienda propiedad del doctor José Gutiérrez, un personaje muy influyente en esa ciudad. En este lugar se tomó una foto de los hombres que participaron en las operaciones de entrenamiento. La fotografía apareció más tarde publicada en el pe riódico ultraderechista de Santa Cruz El País el 31 de diciembre de 1980.
La oficina del controlador de la República, Adolfo Ustárez, se usa, de acuerdo con informaciones dignas de todo crédito, -como la principal pantalla para «lavar» los dólares provenientes de la cocaína. La debilitada economía boliviana, al borde de la bancarrota, no ha podido cumplir con el pago de los salarios a los empleados públicos más que recurriendo al dinero pro veniente de la droga. Canalizando estos ingresos a través de la oficina del doctor Ustárez se ha podido, evitar el «colapso del sector público como señaló un informante en las más altas esferas de la Administración pública. Al mismo tiempo el Gobierno boliviano ha lanzado clandestinamente al mercado grandes cantidades de dólares norteamericanos, incluyendo billetes falsificados de cien dólares hechos en Colombia, que hicieron bajar en un momento dado el valor del dólar cuando el peso boliviano estaba notoriamente débil. La deuda exterior supera hoy los 3.700 millones de dólares.

TORTURAS, ASESINATOS

Según el informe anual de la Embajada norteamericana en Bolivia, que se ha presentado al Congreso de EE UU y que fue redactado en febrero de este año, la tortura sigue a la orden del día en Bolivia, donde aún se mantiene el toque de queda.
A pesar de las afirmaciones constantes realizadas por funcionarios del régimen militar de que se respetan los derechos humanos en Bolivia, la tortura sistemática, el asesinato y la intimidación continúan en el país. De acuerdo con el mencionado informe, «desde el golpe del 17 de julio, gente arrestada, con los ojos vendados, ha sido golpeada repetida y sistemáticamente por verdugos enmascarados en el Ministerio del Interior y en las oficinas del Servicio de Inteligencia del Ejército, en La Paz. Hombres y mujeres son metódicamente intimidados y torturados física y mentalmente y obligados a denunciar a potenciales sospechosos de oponerse al régimen. Existen informes que indican el uso de energía eléctrica para lograr confesiones de los detenidos en el Ministerio del Interior ... ».
Uno de los más sangrientos incidentes posteriores al golpe tuvo lugar el 15 de enero de 1981, en que fueron asesinados en una casa de La Paz, mientras sostenían una reunión política clandestina, ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los partidos integrados en la coalición Unión Democrática y Popular (UDP), que ganaron las elecciones inmediatamente anteriores al cuartelazo.
Doscientos paramilitares, con órdenes del todavía ministro del Interior, Luis Arce Gómez, intervinieron en la operación. Cuatro de los reunidos, todos ellos dirigentes sindicales y profesionales, fueron ametrallados allí mismo. Otros cuatro fueron trasladados a las oficinas del Servicio Especial de Seguridad (SES), en la calle de los Hermanos Manchego, de La Paz, torturados y eliminados. Uno de ellos, el ex Oficial de carabineros y abogado José Reyes Carvajal, fue hallado con los brazos y el cuello rotos.
Los cadáveres fueron entregados a las familias por presiones de la Iglesia católica. Durante el entierro, agentes del Ministerio del Interior tomaron fotografías de los asistentes y confiscaron las tarjetas de condolencia enviadas a los familiares. Estos fueron obligados, para recibir los cuerpos de las víctimas, a firmar una declaración en la que se agradecía al Gobierno de García Meza «haber librado a Bolivia de elementos terroristas».
La- única superviviente de la matanza fue Gloria Ardaya, una joven socióloga ahora exiliada en Suiza, gravemente traumatizada. Gloria Ardaya fue advertida contra cualquier declaración pública que pudiera formular desde su exilio, bajo amenaza a su hermana, que vive en La Paz y sufriría las consecuencias.
El asesino de los miembros del MIR fue uno de los factores que han influido en la destitución de Arce Gómez.Uno de los jóvenes muertos. José Luis Suárez Guzman, era hijo de un general retirado.En algunos sectores del Ejército, los más moderados, el incidente provocó gran malestar.

LA "CONEXIÓN NAZI", TAN IMPORTANTE PARA EL GOLPE MILITAR COMO PARA EL TRÁFICO DE COCAÍNA

Bolivia, como Uruguay, Paraguay o Argentina, ha sido el refugio de muchos de los nazis que escaparon de Europa tras la derrota de Hitler. El más destacado nazi en Bolivia es Klaus Altmann Barbie, el Carnicero de Lyon, buscado por las autoridades francesas por las matanzas que dirigió, especialmente de miembros de la Resistencia. Altmann asesoró el golpe de Estado de julio pasado y fue visto entonces en repetidas ocasiones en los altos despachos de Estado Mayor, en La Paz. La próspera comunidad ex nazi ha jugado un papel importante en los acontecimientos de julio y forma parte de la mafia de la cocaína.
La vida de Altmann transcurre entre su departamento del edificio Jazmín, en la calle del 20 de Octubre, de La Paz, y su hacienda en Santa Cruz.En los años setenta, Altmann estrechó vínculos con el Gobierno de Hugo Bánzer y, según la revista alemana Stern, viajó por toda Europa con un pasaporte diplomático extendido por el Gobierno boliviano. También negoció la importación de carros de combate, camiones y armas ligeras para las fuerzas armadas bolivianas. En época de Bánzer, como ahora con García Meza, Altmann entrenó a fuerzas paramilitares y a personal del ejército en el manejo de armamento. Mantiene una estrecha amistad con su ex alumno Luis Arce Gómez.
En 1974, el Gobierno francés pidió la extradición de Altmann, bajo los cargos de «asesinato y complicidad en secuestros arbitrarios, seguidos de deportaciones de cientos de ciudadanos, muertos como resultado de las torturas y actos bárbaros ... ».
La demanda de extradición de Altmann fue negada por las cortes judiciales bolivianas, pese a que el Gobierno francés presentó la evidencia de sus crímenes y pruebas de que Altmann entró en Bolivia con documentación falsa, la misma que utilizó para obtener la ciudadanía del país.
Para garantizar su seguridad personal, el gobierno de Banzer y los regimenes posteriores le dotaron de escolta armada. Frecuentemente se le ha visto caminar por las calles de La Paz, sentarse a tomar café en las principales cafeterías y terrazas. Todavía hoy, cuando entra al Ministerio del Interior, los soldados le saludan militarmente. Altmann dijo al reportero de Stern que «siempre que necesitan ayuda o una opinión, ellos (el Gobierno) me llaman. Tengo una reputación muy buena».

NAZISMO Y DINERO

La comunidad nazi ha jugado un importante papel, en la posguerra, en la política y la economía de Bolivia. Uno de los antiguos nazis mejor acomodados es Joaquin Herrmann, millonario, propietario de uno de los más importantes edificios de La Paz, que lleva su nombre .
Otro destacado antiguo nazi, que mantiene estrechas relaciones con el Gobierno de García Meza, es Federico Nielsen Reyes, el traductor oficial al español de Mi lucha de Adolfo Hitler. Tiene acciones en el periódico oficialista El Diario, de La Paz. El y su hijo Roberto Nielsen Reyes mantienen estrechas relaciones con los nazis y grupos de neonazis en Bolivia. En 1970, Federico estuvo comprometido en un gran escándalo en Alemania, ampliamente divulgado. Según la revista Stern, vendió su título de cónsul de Bolivia en Frankfort al dueño de una zapatería, con la condición de que el «nuevo cónsul» le comprara un caballo para competir en los Juegos Olímpicos de 1972. Cuando el escándalo llegó a Bolivia, fue obligado a volver. En La Paz fundó una escuela de equitación, a la que el general García Meza, un aficionado al hipismo, realiza frecuentes visitas.
Roberto Nielsen Reyes participó activamente en la planificación del golpe del 17 de julio. Por sus servicios fue premiado con el cargo de jefe de seguridad de García Meza y ayudante administrativo del palacio de Gobierno. Tiene reputación de play boy y, según la esposa de un diplomático extranjero, con frecuencia ha concertado citas de funcionarios de Gobierno con mujeres. Fue Roberto Nielsen Reyes quién, a principios de marzo, juntamente con otras seis personas, acompañó a la señora Olma Cabrera de García, esposa del presidente, en un supuesto viaje a España. En realidad, el punto de destino era Zurich, vía Madrid, y el objeto del viaje, arreglo de «negocios bancarios» en Suiza.
Antiguos nazis y nuevos nazis en Bolivia establecieron una gran base en Santa Cruz y han participado activamente en el tráfico de drogas. El lugar de reunión de los miembros de la comunidad alemana de Santa Cruz es el club Bavaria, en la calle de Bolívar, en pleno centro de la ciudad. El propietario del ctub es un íntimo amigo de Roberto Suárez Gómez.

CÓMO SE MUEVE LA COCAÍNA

Alfredo Pinto Landivar, propietario de una flotilla de avionetas y de uno de los pocos helicópteros existentes en Santa Cruz, es representante de ventas en Bolivia de la compañía americana de aviación Beechcraft.
Fuentes seguras le señalaron como larga y estrechamente vinculado a la exportación de cocaína, transportada en sus aviones hasta pistas clandestinas en Colombia. Un avión de su propiedad, número de serie CP 1639, fue decomisado por autoridades colombianas meses atrás, cuando transportaba una cuantiosa carga de cocaína. Pinto continúa operando fuera de Santa Cruz y las autoridades bolivianas no investigaron el accidente del avión, pese a que fue ampliamente divulgado. El aeropuerto en el que opera Pinto fue comprado a Alfredo Cutuchi Gutiérrez por un valor de tres millones de dólares Pinto lo reinauguró el año pasado en una ceremonia a la que asistieron el presidente García Meza, e comandante de la Fuerza Aérea Bernal, y otras altas autoridades del régimen militar.
Arce Gómez y Salomón, a su vez, son copropietarios de una compañía de taxi-aéreos, con un total de doce aviones, que transportan segularmente cocaína a Colombia. Dos de sus aviones, de acuerdo con los informes citados de la DEA, se estrellaron recientemente cuando transportaban, en conjunto, cerca de 1. 100 kilos de la droga.
Paralelamente a los vuelos hacia Colombia, un medio cada vez más popular y frecuente de transporte es el de las barcazas que viajan a través de la red fluvial en el Amazonas, partiendo de los puertos bolivianos Suárez, Villarroel y Guayaramerín, cercanos a la frontera con Brasil. Los puntos de desembarque son Leticia, en Colombia, y Manaos y Campo Grande, en Brasil.
Varios meses atrás, un regimiento del Ejército encontró en Carcajes, en la provincia de Cochabamba, a tres americanos y cinco bolivianos operando una planta procesadora de cocaína, «altamente sofisticada». Uno de los americanos, ex paracaidista de Vietnam, fue muerto, y los otros dos detenidos. Ninguno fue identificado hasta ahora. La planta funcionaba, sin embargo, desde 1978, cuando el entonces ministro del Interior en el Gobierno del presidente Pereda, coronel Faustino Rico Toro, dio su total protección a los operadores. Rico Toro fue designado jefe de Inteligencia del Ejército por Garcia Meza después del golpe de julio de 1980. Su relación con Arce Gómez es muy conocida en Bolivia y existe el convencimiento de que las mayores operaciones realizadas por Arce no habrían prosperado sin la protección, además muy bien pagada, de Rico Toro.
Otro método utilizado es el del servicio personal de correos, muchos de los cuales son mujeres traficantes ocasionales, a las que se paga por cada viaje que hacen a Colombia, Venezuela o Estados Unidos. Hasta hace poco, principios de marzo, se encontraban detenidas cinco mujeres hispanohablantes en cárceles bolivianas, algunas acompañadas por sus hijos. Fueron detenidas por funcionarios de narcóticos de Bolivia y Estados Unidos, cuando llevaban droga, pegada a su cuerpo, en diversas cantidades. Todas fueron procesadas de acuerdo con las leyes bolivianas y recientemente obtuvieron la libertad.
En febrero de este año, el régimen militar boliviano anunció reiteradamente una guerra total contra el comercio y tráfico de cocaína, y pidió de nuevo a la Oficina de Narcóticos de Estados Unidos (DEA) que reanude su programa de ayuda a Bolivia, bruscamente suspendido después del golpe del 17 de julio de 1980.
Washington ha enviado recientemente dos agentes de la DEA para observar la situación antes de tomar una decisión. El general García Meza anunció que las propias fuerzas armadas encabezarían la campaña antidroga. Desde entonces se han realizado algunas acciones limitadas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde, en medio de gran publicidad, se descubrieron pequeñas y grandes plantas procesadoras de cocaína o pequeños laboratorios recientemente abandonados.
Los actuales gobernantes bolivianos, que ejercen el poder en uno de los momentos más dramáticos y críticos de la historia económica nacional, con una deuda externa superior a los 3.500 millones de dólares y una declinante producción de estaño, fuente principal de divisas, necesita desesperadamente el reconocimiento diplomático de Estados Unidos y su ayuda.
Las recientes acciones antidroga han sido dirigidas principalmente hacia los pequeños y ocasionales productores, o hacia aquellos otros de importancia, pero que entraron en competencia con las operaciones dirigidas desde el Gobierno. También, finalmente, contra otros que no desean o no pueden cumplir con las cuotas de pago establecidas por funcionarios del régimen
Una muestra de la falta de sinceridad gubernamental en esta cruzada antidroga se refleja en los dos últimos nombramientos de los responsables de la Oficina de Narcóticos de Bolivia: el coronel David Fernández, nombrado en marzo comandante de la Oficina Nacional de Narcóticos, ha sido acusado de tener conexiones con el negocio de la cocaína, mientras que el también coronel Arturo Doria Medina es adicto a la droga.

EL NEGOCIO DE LOS "MIRAGE" 

El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y miembro de la Junta Militar que gobierna el país, general Waldo Bemal, tiene interés en lograr un potenciamiento de la FAB, cuya fuerza actual se limita a algunos viejos T-33, aviones de combate F-86 y Xavante brasileños, adquiridos hace poco para entrenamiento. En opinión de Bernal, Bolivia necesita aviones supersónicos, motivo por el que se han iniciado negociaciones con franceses y soviéticos. Para integrar la nueva FAB han entrado en competencia los Mirage, los SU- 19 y los Mig-23, y parece que los primeros ganan la batalla. Altas fuentes militares bolivianas han mostrado a los autores de este reportaje una copia de la oferta hecha por Dassault, el fabricante francés: un folleto en cuya cubierta se observa el mapa de Bolivia. Mapa muy peculiar, porque muestra el desierto y la costa marítima del norte de Chile como parte del territorio boliviano. Esta región fue conquistada por Chile durante la guerra del Pacífico, en 1879, pero Bolivia nunca ha querido asumir esta pérdida y anhela aún lograr su reconquista. El folleto muestra también las ventajas de un Mirage en una misión de bombardeo en la ruta La Paz-Santiago.
La falta de recursos económicos durante los Gobiernos de Walter Guevara y Lidia Gueiler Tejada fue aparentemente el freno que impidió cerrar el negocio. Pero existen informes fidedignos sobre la reciente firma de una carta de intenciones y la promesa de la FAB de comprar once aviones Mirage, repuestos para los mismos y un programa de entrenamiento completo.
El costo total será del orden de los 250 millones de dólares, pagaderos a plazos, en gran medida con los beneficios, derivados de los servicios de transporte y «protección» en los aeropuertos a la actividad ilícita de la cocaína y a un nuevo programa de cultivos de hoja de coca y procesamiento en la región de Apolo, en los flancos orientales de los Andes, al norte de La Paz.
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