Por: MONIQUE LECLERE y FRANÇOIS FALLAREAU reportaje publicado en el País de España entre el 23 ABR y 25 ABR 1981. // Fotos: 1) El "rey de la cocaina" socio de Arce Goméz - García Meza. 2) Luis Arce Goméz, durante la época de la dictadura. al lado mas de 20 años después. 3) El dictador Luis García Meza. 4) El "rey de la cocaina" Roberto Suárez Goméz. 5) KLAUS BARBIE apodado como “el carnicero de Lyon”. 6) "el rey de la cocaína y sus lujos en medio de la selva boliviana.
MÁS DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES PROCEDENTES DE LA COCAÍNA
"ENGRASAN" EL GOBIERNO GOLPISTA DE BOLIVIA
Situada en la parte central de los Andes, Bolivia, junto con
Haití, es la nación más pobre de América Latina. La mayor parte de sus cinco y
medio millones de habitantes son campesinos y agricultores que subsisten en el
duro clima altiplánico. Sin embargo, Bolivia es un país con grandes recursos
minerales y vastas tierras tropicales no explotadas aún. El tiempo transcurrido
desde el golpe militar del 17 de julio de 1980, que llevó al poder al general
Luis García Meza, ha permitido establecer que el actual régimen castrense
mantiene activos contactos con la mafia internacional de la cocaína, que deja
en el país ilegalmente 1.600 millones de dólares al año, casi el doble del
total de las exportaciones. Fuera de Bolivia no se conocía hasta ahora la
gravedad de esta participación y su relación con el estado de violencia
política que vive hoy el país andino. El presidente Luis García Meza, el
general Waldo Bernal, miembro de la Junta de Comandantes; el coronel Luis Arce
Gómez, ex ministro del Interior y cerebro y organizador de la parte más
sangrienta del golpe militar; el general Hugo Echeverría, comandante del
segundo cuerpo de ejército con sede en Santa Cruz; el ex presidente Hugo Banzer
Suárez, y muchos otros en la cumbre del poder político y militar en Bolivia
están involucrados en el tráfico de cocaína. El relato que sigue es obra de dos
periodistas canadienses que han viajado por Bolivia casi durante un año.
Sólo unas horas después de habe sido relevado como ministro
del Interior, el 26 de febrero pasado, el coronel Luis Arce Gómez convocó a una
reunión en la ciudad de Santa Cruz. La invitación a la reunión se extendió a
todos los grandes y medianos traficantes de cocaína con los que él había
trabajado durante muchos meses hasta establecer la más grande, poderosa y
violenta red de tráfico de cocaína en la his toria de Bolivia.La reunión tuvo
lugar, el 28 de febrero, en la lujosa mansión de Sonia Atalá, esposa de Pachi
Atalá dos de los más grandes exportadores de cocaína en el país.
El coronel Arce Gómez acaba de perder su posición de «hombre
fuerte» del régimen y se vio en la obligación de prevenir a sus amigos sobre la
decisión del Gobierno de García Meza para actuar contra algunos elementos de la
mafia de Santa Cruz, dentro de su programa de control de drogas planeado para
mostrar una nupva política frente al Gobierno norteamericano.
Arce indicó a sus colegas, sin embargo, que era portador de
un mensaje del propio García Meza el cual sugería que la mayor parte de las
operaciones debieran se transferidas a otras regiones má apartadas, en el Beni,
Tarija, el Chapare y la región del Altiplano. Arce solicitó entonces a sus
colegas medio millón de dólares para poder operar con la protección del
Gobierno, garantizando que el régimen de García Meza protegería la producción,
las operaciones comerciales y los vuelos a Colombia y Brasil.
Pocos días después, Arce Gómez fue nombrado comandante del
Colegio Militar de Ejército, desde donde, de acuerdo con fuentes del servicio
de inteligencia, debía seguir controlando el Ministerio del Interior, las
fuerzas paramilitares y una gran parte del tráfico de cocaína en el país. Arce
ha negado repetidamente su participación en el tráfico ilegal de drogas. Pero
el senador Dennis De Concini, de Arizona; la Drug Enforceniment Administration
(DEA), el Departamento de Justicia del Gobierno norteamericano y otros
organismos oficiales, así como numerosos informantes dignos de crédito, de
altas esferas en Bolivia, que han sido entrevistados recientemente, testifican
la participación del ex ministro, que recientemente ha sido cesado en el
Colegio Militar de La Paz.
Durante siglos, la hoja de coca ha sido parte importante de
la cultura de los aymarás, quechuas y guaraníes de Bolivia, y de los
trabajadores en las minas. El uso más conocido de la coca es el de la
masticación, con un suave efecto narcótico que disminuye las sensaciones de
hambre, frío y cansancio.
El tráfico de la cocaína tuvo su origen al principio de los
setenta, en la primera etapa de los siete años de gobierno del general Hugo
Banzer (1971-1978). Bánzer, con extensas propiedades en el departamento de
Santa Cruz, hizo la vista gorda cuando muchos civiles, que tenían relaciones
con él, conienzaron a convertir la hoja de coca en cocaína para la exportación.
Existen testigos oculares que afirman que el propio Bánier
operaba su pequeña fábrica privada Fuentes no confirmadas indican que en la
actualidad, en una finca de su propiedad, El Potrero -en la provincia de San
Javier, en el noroeste de Santa Cruz-, existe un establecimiento clandestino
dedicado a la fabricación de cocaína y que está estrechamente vigilado por
fuerzas paramilitares. Durante la década de los setenta, un número
relativamente pequeño de productores de cocaína estableció conexiones con la creciente
mafia colombiana y se inició la exportación de «la base», o sulfato de cocaína.
En esa época, los colombianos terminaban de procesar el producto para
cristalizarlo (clorhidrato de cocaína) y después enviarlo a losmercados del
Norte: Estados Unidos y Europa.
Los hermanos Widen y Miguel Razuk, dos acaudalados
terratenientes y hombres de negocio, y Roberto Gasser, ex presidente de la
Cámara de Comercio de Santa Cruz e hijo del dueño de uno de las más grandes
fábricas azucareras del país, se convirtieron en tres de los más importantes
productores y traficantes en Bolivia. De acuerdo con los'archivos de la DEA y
declaraciones de personas allegadas a ellos, su negocio fue posible por sus
conexiones políticas y militares, que les brindaron protección contra las
autoridades policiales que trabajaban en el control del tráfico de drogas.
Widen Razuk, que vive en una residencia totalmente
amurallada en Santa Cruz, fue gobernador de la provincia durante el.Gobierno de
Bánzer. Su hermano Miguel fue arrestado en Miami el pasado junio, al tratar de
cambiar cheques por valor de tres millones de dólares, que le fueron girados
desde Santa Cruz como pago por negocios de cocaína. Los Razuk confinúan siendo
los narcotraficantes más activos y mejor protegidos de la región.
"TAXIS" AÉREOS
Muchos de quienes están ahora involucrados en el tráfico de
cocaína comenzaron sus operaciones como parte de sencillas redes de contrabando
de televisores, aparatos eléctricos y automóviles, artículos que llevaban a
Santa Cruz en aviones. Actualmente, muchos aviones llevan cocaína fuera de
Bolivia y todavía regresan cargados con artículos de contrabando. A menudo se
utilizan los aviones militares y muchos oficiales se han hecho ricos con el
tráfico. Panamá se cita como uno de los puntos fundamentales de destino.
El coronel Norberto Salomón es socio de Luis Arce Gómez en
una compañía de avionetas que se utilizan como taxis aéreos para sacar la
cocaína de Bolivia. Salonión desempeña actualmente el puesto de agregado
militar boliviano en Caracas, cargo para el que fue nombrado inmediatamente des
pués de que, a finales del año pasado, se estrellara en la zona selvática de
Trinidad una avioneta con trescientos kilos de cocaína. La policía y las
autoridades de narcóticos norteamericanas identificaron el aparato como
propiedad de ambos coroneles. Salomón y Arce Gómez fueron acusados por
responsables del organismo estadounidense de represión del tráfico de drogas de
exportar grandes cantidades de cocaína a EE UU. Su implicación fue revelada en
un programa televisivo de la cadena CBS, titulado 60 minutos, que se
emitió el pasado 2 de marzo.
Roberto Suárez Gómez es primo de Luis Arce Gómez y está
considerado, por funcionarios norteamericanos y por gente allegada al tráfico
de drogas, como el «mayor proveedor» en el país, frecuentemente llamado
El Padrino dentro de la mafia.
Suárez, que vive en la lujosa avenida Busch, de Santa Cruz,
ha caído en desgracia con traficantes colombianos, según informantes locales,
debido a que, en varias ocasiones, les vendió base de cocaína de mala calidad y
poco con tenido de clorhidrato. Como los colombianos pagaron el precio exigido
en cada una de las operaciones de compra, decidieron darle una «pequeña
lección». Castraron a uno de los «correos» de Suárez y lo enviaron de vuelta a
Bolivia. El «correo» era el hijo de Suárez.
Como resultado de estos incidentes, por lo menos cinco
colombianos que llegaron a Santa Cruz por «negocios» fueron asesinados en los
últimos meses. El conocido asesino político Mosca Monroy alardea de haber
disparado a dos de ellos directamente en la cara, en una celada que les
preparó. Los restos de los otros muestran marcas de tortura: flagelación
«científica», amputación de orejas, ojos, castración, etcétera.
OPERACIÓN MODELO
En mayo de 1980, en una operación planificada por la DEA, un
avión viajó de Miami a Santa Cruz, donde agentes de este organismo simularon
ser compradores de la droga. Adquirieron a Roberto Suárez trescientos kilos de
base, por un valor de nueve millones de dólares. Este, de acuerdo con
informaciones de la DEA, actuaba en combinación con el coronel Ariel Coca, por
entonces comandante del Colegio Militar de Aviación en Santa Cruz y que, tras
el golpe del 17 de julio de 1980, fue nombrado ministro de Educación y Cultura
y recientemente ha sido destituido.
El dinero de este envío tenía que ser recogido por
Alfredo Cutuchi Gutiérrez, ex presidente de la Cámara de Comercio de Santa
Cruz, en un banco de Miami, una vez que el avión despegara de Santa Cruz.
Gutiérrez fue arrestado en el banco v detenido bajo una fianza de tres billones
de dólares. Casi inmediatamente después, las autoridades judiciales de Miami
recibieron declaraciones juradas, firmadas por el coronel Coca y el general
Hugo Echeverría, comandante del segundo cuerpo de ejército en Santa Cruz,
certificando la honorabilidad de Gutiérrez, por lo que su fianza se redujo a un
millón de dólares.
El jefe de la DEA, Peter Bennsinger, ha indicado que el
general Echeverría está también involucrado en el tráfico de la droga en la
región que controlaba. Como comandante de una de las más grandes y poderosas
unidades del Ejército, Echeverría proporcionaba, hasta su reciente cambio de
destino, protección y transporte a los traficantes y recibía un porcentaje de
las operaciones. El general Echeverría fue nombrado, no hace mucho tiempo,
representante de la misión boliviana en la Junta Interamericana de Defensa de
la OEA.
EL DINERO DE LA DROGA SIRVIÓ, PARA PAGAR A MILITARES Y
PISTOLEROS QUE CONSUMARON EL CUARTELAZO DE GARCÍA MEZA
El general Echeverría, con el coronel Arce Gómez y José
Abraham Baptista, ex agente de espionaje de Echeverría, estuvieron íntimamente,
comprometidos en los preparativos del golpe contra la presidenta interina de
Bolivia, Lidia Gueiler. El golpe militar se dio finalmente el día 17 de julio
de 1980, pocos días después de que resultara evidente que la coalición
centroizquierdista Unión Democrática y Popular (U13P) había ganado las
elecciones generales, y que su líder, el veterano ex presidente Hernán Siles Suazo,
iba a volver a la suprema magistratura del país andino.
De acuerdo con testimonios y documentación proporcionados
por un ex funcionario del Ministerio de Interior, Arce Gómez pidió a Abraham
Baptista que prestara la máxima cooperación a su amigo Willy Sandoval Morón, un
ex diputado de la UDP que se unió a las fuerzas golpistas de Natush Bush, en
noviembre de 1979 (volviendo la espalda a su partido y a Hemán Siles) y más
tarde se unió a Arce Gómez, con quien trabajó activamente como importante
contacto en la parte monetaria del tráfico de cocaína en Santa Cruz.José
Abraham Baptista fue el encargado de recoger el dinero de los traficantes, días
antes del golpe, para pagar a los comandantes de, tropas militares y a agentes
paramilitares, además de otros posibles participantes.
Después del sangriento golpe del 17 de julio, José Abraham
Baptista confiscó seis millones de dólares en efectivo de un avión colombiano
que aterrizó en uno de los muchos aeródromos privados de Santa Cruz. El reparto
de ese dinero, en el que intervinieron García Meza y Arce Gómez, y la sensación
del último de que había sido dejado parcial mente al margen de la operación,
produjeron un agrio distancia miento entre el ministro de Interior y Baptista.
La tensión aumentó cuando Arce Gómez tuvo noticia de que
Baptista estaba organizando una red propia de contrabando. El ministro de
la cocaína hizo saber al agente del general Echeverría que debía abandonar
La Paz. Baptista respondió amenazando con hacer públicas las implicaciones del
coronel Arce en el tráfico de drogas.
El 3 de septiembre, el general y presidente, García Meza,
ordenó el retiro de Baptista del Ejército, «previa revisión de sus
antecedentes». El 6 de octubre de ese año, Baptista fue asesinado a tiros por
dos hombres cuando salía de una pizzería en la ciudad de Santa Cruz.
Las balas, según se probó, procedían de pistolas automáticas como las
utilizadas por el Ejército. Los asesinos -uno de ellos José Palanca Cuélla-
usaron un vehículo proporcionado por Roberto Suárez-Gómez. El dinero con que se
pagó la operación fue proporcionado por el general Hugo Echeverría, quien,- de
acuerdo con una fuente allegada a los traficantes de drogas, recibió órdenes
personales de Arce Gómez para eliminar a Baptista.
CORRE EL DINERO
Unos cuantos días antes del golpe de Estado, José Pepe Pat,
una prominente figura de la Mafia y gran comercializador de cocaína en Bolivia
había entrgado al general Hugo Echeverría la suma de 800.000 dólares,copmo
contribución para la sublevación militar del 17 de julio, en la localidad de
Montero, uno de los centros más importantes del tráfico de cocaína. Hubo además
otra importante reunión a la que asistieron Edwin Gasser (padre de Roberto.
Gasser), propietario del complejo -azucarero La Bélgica; Pedro Bleyer,
presidente de la Cámara de Industria y Comercio, y el , general Luis García
Meza,, quien recibió una considerable suma, destinada a financiar el golpe y a
convencer a oficiales militares aún indecisos.
El mes anterior al golpe, los comandantés de las divisiones
de Cochabamba y Oruro, y del regimiento Tarapacá, de La Paz, fue ron convocados
por el general Echeverría en Santa Cruz. Cada uno de ellos recibió 50.000
dólares, recolectados entre los traficantes de drogas, para ganar su apoyo. El
comandante del Tarapacá, coronel Arturo Doria Medina, conocido como el Mariscal
de la Muerte (por su responsabilidad en la muerte de varias decenas
de manifestantes durante el golpe de Natush Bush en noviembre de 1979), fue
designado por el general García-Meza; el pasado mes de febrero, como el más
alto jefe en la supuesta embestida del Gobierno boliviano contra las drogas.
Doria Modina;de acuerdo con vendedores de cocaína en La Paz, es un adicto a la
pichicata.
Luis Arce Gómez fue el cerebro real del golpe boliviano.
Estuvo a cargo del reclutamiento de agentes paramilitares con la ayuda de dos
antiguos comandantes nazis Klaus Altmann-Barbie y Hans J. Stellfeld. Se
instalaron campos de en trenamiento en varios lugares estratégicos del país,
donde fueron entrenados ex convictos de delitos comunes, soldados retirados: y
ase sinos a sueldo. En Santa Cruz se instaló un campo en la hacienda propiedad
del doctor José Gutiérrez, un personaje muy influyente en esa ciudad. En este
lugar se tomó una foto de los hombres que participaron en las operaciones de
entrenamiento. La fotografía apareció más tarde publicada en el pe riódico
ultraderechista de Santa Cruz El País el 31 de diciembre de 1980.
La oficina del controlador de la República, Adolfo Ustárez,
se usa, de acuerdo con informaciones dignas de todo crédito, -como la principal
pantalla para «lavar» los dólares provenientes de la cocaína. La debilitada
economía boliviana, al borde de la bancarrota, no ha podido cumplir con el pago
de los salarios a los empleados públicos más que recurriendo al dinero pro
veniente de la droga. Canalizando estos ingresos a través de la oficina del
doctor Ustárez se ha podido, evitar el «colapso del sector público como señaló
un informante en las más altas esferas de la Administración pública. Al mismo
tiempo el Gobierno boliviano ha lanzado clandestinamente al mercado grandes
cantidades de dólares norteamericanos, incluyendo billetes falsificados de cien
dólares hechos en Colombia, que hicieron bajar en un momento dado el valor del
dólar cuando el peso boliviano estaba notoriamente débil. La deuda exterior
supera hoy los 3.700 millones de dólares.
TORTURAS, ASESINATOS
Según el informe anual de la Embajada norteamericana en
Bolivia, que se ha presentado al Congreso de EE UU y que fue redactado en
febrero de este año, la tortura sigue a la orden del día en Bolivia, donde aún
se mantiene el toque de queda.
A pesar de las afirmaciones constantes realizadas por
funcionarios del régimen militar de que se respetan los derechos humanos en
Bolivia, la tortura sistemática, el asesinato y la intimidación continúan en el
país. De acuerdo con el mencionado informe, «desde el golpe del 17 de julio,
gente arrestada, con los ojos vendados, ha sido golpeada repetida y
sistemáticamente por verdugos enmascarados en el Ministerio del Interior y en
las oficinas del Servicio de Inteligencia del Ejército, en La Paz. Hombres y
mujeres son metódicamente intimidados y torturados física y mentalmente y
obligados a denunciar a potenciales sospechosos de oponerse al régimen. Existen
informes que indican el uso de energía eléctrica para lograr confesiones de los
detenidos en el Ministerio del Interior ... ».
Uno de los más sangrientos incidentes posteriores al golpe
tuvo lugar el 15 de enero de 1981, en que fueron asesinados en una casa de La
Paz, mientras sostenían una reunión política clandestina, ocho dirigentes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los partidos integrados en
la coalición Unión Democrática y Popular (UDP), que ganaron las elecciones
inmediatamente anteriores al cuartelazo.
Doscientos paramilitares, con órdenes del todavía ministro
del Interior, Luis Arce Gómez, intervinieron en la operación. Cuatro de los
reunidos, todos ellos dirigentes sindicales y profesionales, fueron
ametrallados allí mismo. Otros cuatro fueron trasladados a las oficinas del
Servicio Especial de Seguridad (SES), en la calle de los Hermanos Manchego, de
La Paz, torturados y eliminados. Uno de ellos, el ex Oficial de carabineros y
abogado José Reyes Carvajal, fue hallado con los brazos y el cuello rotos.
Los cadáveres fueron entregados a las familias por presiones
de la Iglesia católica. Durante el entierro, agentes del Ministerio del
Interior tomaron fotografías de los asistentes y confiscaron las tarjetas de
condolencia enviadas a los familiares. Estos fueron obligados, para recibir los
cuerpos de las víctimas, a firmar una declaración en la que se agradecía al
Gobierno de García Meza «haber librado a Bolivia de elementos terroristas».
La- única superviviente de la matanza fue Gloria Ardaya, una
joven socióloga ahora exiliada en Suiza, gravemente traumatizada. Gloria Ardaya
fue advertida contra cualquier declaración pública que pudiera formular desde
su exilio, bajo amenaza a su hermana, que vive en La Paz y sufriría las
consecuencias.
El asesino de los miembros del MIR fue uno de los factores
que han influido en la destitución de Arce Gómez.Uno de los jóvenes muertos.
José Luis Suárez Guzman, era hijo de un general retirado.En algunos sectores
del Ejército, los más moderados, el incidente provocó gran malestar.
LA "CONEXIÓN NAZI", TAN IMPORTANTE PARA EL GOLPE
MILITAR COMO PARA EL TRÁFICO DE COCAÍNA
Bolivia, como Uruguay, Paraguay o Argentina, ha sido el
refugio de muchos de los nazis que escaparon de Europa tras la derrota de
Hitler. El más destacado nazi en Bolivia es Klaus Altmann Barbie, el Carnicero
de Lyon, buscado por las autoridades francesas por las matanzas que dirigió,
especialmente de miembros de la Resistencia. Altmann asesoró el golpe de Estado
de julio pasado y fue visto entonces en repetidas ocasiones en los altos
despachos de Estado Mayor, en La Paz. La próspera comunidad ex nazi ha jugado
un papel importante en los acontecimientos de julio y forma parte de la mafia
de la cocaína.
La vida de Altmann transcurre entre su departamento del
edificio Jazmín, en la calle del 20 de Octubre, de La Paz, y su hacienda en
Santa Cruz.En los años setenta, Altmann estrechó vínculos con el Gobierno de
Hugo Bánzer y, según la revista alemana Stern, viajó por toda Europa
con un pasaporte diplomático extendido por el Gobierno boliviano. También
negoció la importación de carros de combate, camiones y armas ligeras para las
fuerzas armadas bolivianas. En época de Bánzer, como ahora con García Meza,
Altmann entrenó a fuerzas paramilitares y a personal del ejército en el manejo
de armamento. Mantiene una estrecha amistad con su ex alumno Luis Arce Gómez.
En 1974, el Gobierno francés pidió la extradición de
Altmann, bajo los cargos de «asesinato y complicidad en secuestros arbitrarios,
seguidos de deportaciones de cientos de ciudadanos, muertos como resultado de
las torturas y actos bárbaros ... ».
La demanda de extradición de Altmann fue negada por las
cortes judiciales bolivianas, pese a que el Gobierno francés presentó la
evidencia de sus crímenes y pruebas de que Altmann entró en Bolivia con
documentación falsa, la misma que utilizó para obtener la ciudadanía del país.
Para garantizar su seguridad personal, el gobierno de Banzer
y los regimenes posteriores le dotaron de escolta armada. Frecuentemente se le
ha visto caminar por las calles de La Paz, sentarse a tomar café en las
principales cafeterías y terrazas. Todavía hoy, cuando entra al Ministerio del
Interior, los soldados le saludan militarmente. Altmann dijo al reportero
de Stern que «siempre que necesitan ayuda o una opinión, ellos (el
Gobierno) me llaman. Tengo una reputación muy buena».
NAZISMO Y DINERO
La comunidad nazi ha jugado un importante papel, en la
posguerra, en la política y la economía de Bolivia. Uno de los antiguos nazis
mejor acomodados es Joaquin Herrmann, millonario, propietario de uno de los más
importantes edificios de La Paz, que lleva su nombre .
Otro destacado antiguo nazi, que mantiene estrechas
relaciones con el Gobierno de García Meza, es Federico Nielsen Reyes, el
traductor oficial al español de Mi lucha de Adolfo Hitler. Tiene
acciones en el periódico oficialista El Diario, de La Paz. El y
su hijo Roberto Nielsen Reyes mantienen estrechas relaciones con los nazis y
grupos de neonazis en Bolivia. En 1970, Federico estuvo comprometido en un gran
escándalo en Alemania, ampliamente divulgado. Según la revista Stern, vendió
su título de cónsul de Bolivia en Frankfort al dueño de una zapatería, con la
condición de que el «nuevo cónsul» le comprara un caballo para competir en los
Juegos Olímpicos de 1972. Cuando el escándalo llegó a Bolivia, fue obligado a
volver. En La Paz fundó una escuela de equitación, a la que el general García
Meza, un aficionado al hipismo, realiza frecuentes visitas.
Roberto Nielsen Reyes participó activamente en la
planificación del golpe del 17 de julio. Por sus servicios fue premiado con el
cargo de jefe de seguridad de García Meza y ayudante administrativo del palacio
de Gobierno. Tiene reputación de play boy y, según la esposa de un
diplomático extranjero, con frecuencia ha concertado citas de funcionarios de
Gobierno con mujeres. Fue Roberto Nielsen Reyes quién, a principios de marzo,
juntamente con otras seis personas, acompañó a la señora Olma Cabrera de
García, esposa del presidente, en un supuesto viaje a España. En realidad, el
punto de destino era Zurich, vía Madrid, y el objeto del viaje, arreglo de
«negocios bancarios» en Suiza.
Antiguos nazis y nuevos nazis en Bolivia establecieron una
gran base en Santa Cruz y han participado activamente en el tráfico de drogas.
El lugar de reunión de los miembros de la comunidad alemana de Santa Cruz es el
club Bavaria, en la calle de Bolívar, en pleno centro de la ciudad. El
propietario del ctub es un íntimo amigo de Roberto Suárez Gómez.
CÓMO SE MUEVE LA COCAÍNA
Alfredo Pinto Landivar, propietario de una flotilla de
avionetas y de uno de los pocos helicópteros existentes en Santa Cruz, es
representante de ventas en Bolivia de la compañía americana de aviación
Beechcraft.
Fuentes seguras le señalaron como larga y estrechamente
vinculado a la exportación de cocaína, transportada en sus aviones hasta pistas
clandestinas en Colombia. Un avión de su propiedad, número de serie CP 1639,
fue decomisado por autoridades colombianas meses atrás, cuando transportaba una
cuantiosa carga de cocaína. Pinto continúa operando fuera de Santa Cruz y las
autoridades bolivianas no investigaron el accidente del avión, pese a que fue
ampliamente divulgado. El aeropuerto en el que opera Pinto fue comprado a
Alfredo Cutuchi Gutiérrez por un valor de tres millones de dólares Pinto
lo reinauguró el año pasado en una ceremonia a la que asistieron el presidente
García Meza, e comandante de la Fuerza Aérea Bernal, y otras altas autoridades
del régimen militar.
Arce Gómez y Salomón, a su vez, son copropietarios de una
compañía de taxi-aéreos, con un total de doce aviones, que transportan
segularmente cocaína a Colombia. Dos de sus aviones, de acuerdo con los
informes citados de la DEA, se estrellaron recientemente cuando transportaban,
en conjunto, cerca de 1. 100 kilos de la droga.
Paralelamente a los vuelos hacia Colombia, un medio cada vez
más popular y frecuente de transporte es el de las barcazas que viajan a través
de la red fluvial en el Amazonas, partiendo de los puertos bolivianos Suárez,
Villarroel y Guayaramerín, cercanos a la frontera con Brasil. Los puntos de
desembarque son Leticia, en Colombia, y Manaos y Campo Grande, en Brasil.
Varios meses atrás, un regimiento del Ejército encontró en
Carcajes, en la provincia de Cochabamba, a tres americanos y cinco bolivianos
operando una planta procesadora de cocaína, «altamente sofisticada». Uno de los
americanos, ex paracaidista de Vietnam, fue muerto, y los otros dos detenidos.
Ninguno fue identificado hasta ahora. La planta funcionaba, sin embargo, desde
1978, cuando el entonces ministro del Interior en el Gobierno del presidente
Pereda, coronel Faustino Rico Toro, dio su total protección a los operadores. Rico
Toro fue designado jefe de Inteligencia del Ejército por Garcia Meza después
del golpe de julio de 1980. Su relación con Arce Gómez es muy conocida en
Bolivia y existe el convencimiento de que las mayores operaciones realizadas
por Arce no habrían prosperado sin la protección, además muy bien pagada, de
Rico Toro.
Otro método utilizado es el del servicio personal de correos, muchos
de los cuales son mujeres traficantes ocasionales, a las que se paga por cada
viaje que hacen a Colombia, Venezuela o Estados Unidos. Hasta hace poco,
principios de marzo, se encontraban detenidas cinco mujeres hispanohablantes en
cárceles bolivianas, algunas acompañadas por sus hijos. Fueron detenidas por
funcionarios de narcóticos de Bolivia y Estados Unidos, cuando llevaban droga,
pegada a su cuerpo, en diversas cantidades. Todas fueron procesadas de acuerdo
con las leyes bolivianas y recientemente obtuvieron la libertad.
En febrero de este año, el régimen militar boliviano anunció
reiteradamente una guerra total contra el comercio y tráfico de
cocaína, y pidió de nuevo a la Oficina de Narcóticos de Estados Unidos (DEA)
que reanude su programa de ayuda a Bolivia, bruscamente suspendido después del
golpe del 17 de julio de 1980.
Washington ha enviado recientemente dos agentes de la DEA
para observar la situación antes de tomar una decisión. El general García Meza
anunció que las propias fuerzas armadas encabezarían la campaña antidroga.
Desde entonces se han realizado algunas acciones limitadas en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, donde, en medio de gran publicidad, se descubrieron
pequeñas y grandes plantas procesadoras de cocaína o pequeños laboratorios
recientemente abandonados.
Los actuales gobernantes bolivianos, que ejercen el poder en
uno de los momentos más dramáticos y críticos de la historia económica
nacional, con una deuda externa superior a los 3.500 millones de dólares y una
declinante producción de estaño, fuente principal de divisas, necesita
desesperadamente el reconocimiento diplomático de Estados Unidos y su ayuda.
Las recientes acciones antidroga han sido dirigidas
principalmente hacia los pequeños y ocasionales productores, o hacia aquellos
otros de importancia, pero que entraron en competencia con las operaciones
dirigidas desde el Gobierno. También, finalmente, contra otros que no desean o
no pueden cumplir con las cuotas de pago establecidas por funcionarios del
régimen
Una muestra de la falta de sinceridad gubernamental en esta
cruzada antidroga se refleja en los dos últimos nombramientos de los
responsables de la Oficina de Narcóticos de Bolivia: el coronel David
Fernández, nombrado en marzo comandante de la Oficina Nacional de Narcóticos,
ha sido acusado de tener conexiones con el negocio de la cocaína, mientras que
el también coronel Arturo Doria Medina es adicto a la droga.
El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y miembro
de la Junta Militar que gobierna el país, general Waldo Bemal, tiene interés en
lograr un potenciamiento de la FAB, cuya fuerza actual se limita a algunos
viejos T-33, aviones de combate F-86 y Xavante brasileños, adquiridos hace poco
para entrenamiento. En opinión de Bernal, Bolivia necesita aviones
supersónicos, motivo por el que se han iniciado negociaciones con franceses y
soviéticos. Para integrar la nueva FAB han entrado en competencia los Mirage,
los SU- 19 y los Mig-23, y parece que los primeros ganan la batalla. Altas
fuentes militares bolivianas han mostrado a los autores de este reportaje una
copia de la oferta hecha por Dassault, el fabricante francés: un folleto en
cuya cubierta se observa el mapa de Bolivia. Mapa muy peculiar, porque muestra
el desierto y la costa marítima del norte de Chile como parte del territorio
boliviano. Esta región fue conquistada por Chile durante la guerra del
Pacífico, en 1879, pero Bolivia nunca ha querido asumir esta pérdida y anhela
aún lograr su reconquista. El folleto muestra también las ventajas de un Mirage
en una misión de bombardeo en la ruta La Paz-Santiago.
La falta de recursos económicos durante los Gobiernos de
Walter Guevara y Lidia Gueiler Tejada fue aparentemente el freno que impidió
cerrar el negocio. Pero existen informes fidedignos sobre la reciente firma de
una carta de intenciones y la promesa de la FAB de comprar once aviones Mirage,
repuestos para los mismos y un programa de entrenamiento completo.
El costo total será del orden de los 250 millones de
dólares, pagaderos a plazos, en gran medida con los beneficios, derivados de
los servicios de transporte y «protección» en los aeropuertos a la actividad
ilícita de la cocaína y a un nuevo programa de cultivos de hoja de coca y
procesamiento en la región de Apolo, en los flancos orientales de los Andes, al
norte de La Paz.
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