El 18 de abril de 1928, el periódico La Razón de La Paz
publicaba en la página 12, la sentencia a muerte de un hombre de nombre José
Surco Aranda por el asesinato de Petrona Cuba acaecida en su hacienda
Següencoma.
A continuación, transcribimos la noticia.
OTRO SENTENCIADO A LA PENA CAPITAL
Nuevamente, un fallo judicial ha condenado a sufrir la
última pena a un reo. Con fecha 14 del mes en curso, la corte superior del
distrito, confirmando la sentencia de primera instancia, ha condenado a muerTe
a José Surco Aranda; y a dos años y seis meses de prisión, a Luis Quispe,
absolviendo por falta de pruebas a Mariano Quispe.
Como antecedentes del proceso se citan los siguientes: El 30
de septiembre de 1923, fue hallado el cadáver de la mujer hacendada Corona
Cuba, en su propia habitación, de la hacienda Següencoma.
Comprobado, por los médicos forenses, que el deceso se
produjo por asesinato, fueron sindicados como autores del crimen José Surco
Aranda, Luis y Mariano Quispe.
Llevado el proceso ante los magistrados judiciales, el
sumario criminal fue tramitado, decretándose, como consecuencia, acusación
formal contra los procesados. El juez del plenario condenó a la última pena a
José Surco Aranda; y a dos años y seis meses de prisión, a Luis Quispe,
absolviendo a Mariano Quispe.
La Corte Superior anuló la anterior sentencia, hasta el
estado de debates, por no haber intervenido en ellos, ni los fiscales ni
agentes fiscales. Elevado a la Corte Suprema el tribunal supremo anuló y
resolvió por el tribunal superior que la causa al estado de la Corte fallara
sobre el fondo de la sentencia.
En cumplimiento de esta resolución, el 14, como decimos, la
corte del distrito ha expedido su indicada sentencia.
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La pena de muer+e en Bolivia se aplicó durante su historia,
con una legislación que la contempló, pero fue abolida para delitos comunes en
1997 (mediante la Ley Nº 1778) y de forma total para todos los delitos en 2009,
eliminándose completamente, por lo que ya no se aplica en el país.
Bolivia, como muchas naciones, incluyó la pena capital en
sus códigos penales desde su independencia, como lo muestra la Ley de 1834.
Entre las sentencias de ejecución más conocidas se
encuentran la de Fray Juan Manuel Porcel, llevada a cabo durante el gobierno de
José María Linares; el fusilamiento de Alfredo Jáuregui en 1927, acusado del
asesinato del expresidente José Manuel Pando; y, finalmente, la ejecución más
reciente, la de Melquiades Suxo, en agosto de 1973.
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