Ensayamos aquí una breve historia de las mordazas aplicadas en el país. El
recorrido debería servir para entender en perspectiva cuándo y dónde fue lesionada
la libertad de expresión en Bolivia.
Cinco han sido los medios más importantes intervenidos o clausurados en el
pasado reciente: “La Calle” (1946), “La Razón” (1952), “Los Tiempos” (1953),
“El Diario” (1971) y el Sistema RTP (1988). Veamos qué sucedió.
“LA CALLE” EN EL FAROL
La prensa que conocemos hoy, es decir, una con rasgos industriales, apareció en
Bolivia a principios del siglo XX, junto a un empresariado capaz de financiar
iniciativas de ese calibre. El 5 de abril de 1904 aparece “El Diario”, el
periódico boliviano más antiguo en actual circulación. Uno de sus accionistas
principales fue el magnate del estaño, Simón I. Patiño. El 17 de febrero de
1917 empezó a circular “La Razón”. Su propietario era otro empresario minero,
Félix Avelino Aramayo. “La Patria” salió a las calles el 19 de marzo de 1919 y
todavía subsiste. A diferencia del resto, no circula en La Paz, sino en Oruro.
El siguiente en aparecer será el vespertino “Última Hora”, fundado el 30 de
abril de 1929 y vinculado hasta su cierre, en 2001, con las empresas dedicadas
a la extracción de zinc y oro. Su accionista prominente fue Mauricio
Hochschild, otro de los magnates mineros de la época. Completan este cuadro,
“Los Tiempos” de Cochabamba, nacido en septiembre de 1943, y “La Jornada” de La
Paz, que apareció en los quioscos en febrero de 1948.
Directa o indirectamente financiados por las empresas estañíferas más
importantes, estos diarios se convirtieron en sus modernos espacios de
irradiación pública. Sin embargo, de todos ellos, “La Razón” fue su bastión más
connotado, el buque insignia de la llamada oligarquía minero feudal. En la
vereda del frente se fue erigiendo una trinchera de papel que con lucidez y
humor empezó a competir en la defensa de las ideas contrarias: “La Calle”, periódico
creado en 1936. Constituido por un grupo de intelectuales nacionalistas, este
diario libró escaramuzas impresas con los demás y poco a poco se fue
transformando en la voz rebelde por excelencia. Varios de los creadores de “La
Calle” se comprometieron, en 1942, con la fundación del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR).
“La Calle” acompañó con tal ardor el proceso nacionalista que le tocó compartir
el destino trágico de Villarroel. Cuando el cuerpo del Presidente mártir pendía
de un farol de la plaza Murillo, el diario era clausurado por el nuevo régimen.
Fue la mordaza contra los que se atrevieron a mirar más lejos del libreto
entreguista de la época.
¿Alguien alzó su voz para lamentar el hecho? Naturalmente nadie. Los diarios de
la llamada “rosca” aplaudieron desde sus balcones, igual que los periodistas
asociados del momento. Tras aquel sangriento 21 de julio de 1946, las
asociaciones de periodistas coincidieron en celebrar la restauración del poder
tradicional en manos de los empresarios mineros. El Segundo Congreso Nacional
de Periodistas se realizó el 10 de mayo de 1947, un año después, y allí le
rindieron homenaje al escritor Alcides Arguedas.
“LA RAZÓN” Y “LOS TIEMPOS”, ACRIBILLADOS
Con su principal rival amordazado, “La Razón” siguió desplegando su poder de
persuasión. Sin embargo, “La Calle” ya había sembrado su semilla en las
conciencias de miles de bolivianos. La confrontación social edificaba dos
bandos: los empresarios mineros, los terratenientes, el ejército y la gran
prensa por un lado, y por el otro, los mineros, los pobres de las ciudades y
los partidos rupturistas. Pero lo que nadie esperaba era que el MNR, parte
vital del polo anti-sistema, ganara unas elecciones. Sucedió el 6 de mayo de
1951. La vigencia del llamado “voto calificado” hacía muy difícil el triunfo de
una organización respaldada por obreros y campesinos. Sin embargo ocurrió y es
que segmentos importantes de las clases letradas habían sido seducidos por el
partido editor de “La Calle”.
El triunfo electoral del MNR provocó pánico entre dueños de minas y diarios. El
16 del mismo mes, el presidente Urriolagoitia cede el poder a las Fuerzas
Armadas desconociendo los resultados electorales y abonando el terreno para la
insurrección. En septiembre de 1951, el nuevo gobierno militar deroga la Ley de
Imprenta de 1923 a fin de poder controlar mejor a los diarios. Las asociaciones
de periodistas celebran su Congreso, el cuarto, en instantes en que se ha
frenado de manera violenta la llegada al Palacio de los enemigos del poder
minero. El Congreso tiene lugar el 4 de noviembre de 1951. Es cuando los
hombres de la prensa se reúnen por última vez bajo el paraguas de los dueños y
directores de periódicos, y analizan la derogatoria de la Ley de Imprenta, sin
condenar el acto. El sistema de asociaciones vive sus últimos días como única
forma organizativa de los periodistas. Nunca más se volverían a integrar en un
solo temario las tribulaciones por la compra de papel, urgencia típicamente
empresarial, con la jubilación de los trabajadores.
Un mes después, el MNR organiza un golpe de Estado para hacer valer su triunfo
en las urnas. El intento de derrocamiento se convierte en algo más serio. Los
trabajadores asaltan cuarteles, saquean arsenales, levantan barricadas y acaban
con el ejército en menos de dos semanas. Una de las primeras medidas del
gobierno revolucionario fue reponer la Ley de Imprenta derogada por el régimen
militar.
Si con el cierre de “La Calle” terminó de cristalizar el monopolio de los
empresarios sobre los medios de comunicación, después de la insurrección de
1952, el péndulo cruzó claramente hacia el otro extremo. Así, mientras “El
Diario” pasaba a manos de otros dueños y al igual que “La Patria” y “Última
Hora” se barnizaba de neutralidad perpleja ante los acontecimientos, “La Razón”
dejaba de circular como inicial medida de cautela. Por su parte, “Los Tiempos”
mantenía una posición beligerante y pro latifundista arriesgando el pellejo. El
sistema de diarios de la gran minería se precipitaba a su colapso.
Y es que las cosas no se mantendrían en la expectación; hablarían las acciones.
La recién fundada Central Obrera Boliviana (COB) celebró su Primer Congreso en
octubre de 1954. Como es de suponer, las asociaciones de periodistas,
tradicionalmente adversarias del MNR, no participan. El país ya les era ajeno.
Este congreso toma una decisión importante: pedir la expropiación de “La Razón”
y “Los Tiempos” en represalia por su compromiso con los poderosos del pasado.
Semanas más tarde, un grupo de trabajadores asalta el edificio de “La Razón” y
destruye las máquinas de impresión. Había muerto uno de los grandes periódicos
del siglo XX, quizás el más moderno y completo. El ministro de Prensa e
Informaciones de entonces, Hugo Roberts, lamentó el ataque y señaló que de
haber sabido que se planeaba el asalto, hubiera preferido expropiar el diario
para que su imprenta siga cumpliendo un servicio a la sociedad, así sea bajo el
control de la COB. Lo evidente es que el régimen no hizo nada para evitar la
caída.
Meses después, un grupo de milicianos ocupa las instalaciones de “Los Tiempos”,
sometido hasta entonces a varios meses de asedio oficial. Sin embargo no llegan
a destruir los equipos de impresión por lo que el periódico pudo reaparecer en
1964 cuando el temporal revolucionario había amainado.
Para consolidar su poder, el MNR necesitaba plantar cara en cancha
periodística. Para ello el 12 de octubre de 1952 sacó a las calles “La Nación”,
dirigida por Saturnino Rodrigo. Allí se forjó una plantilla de periodistas
asimilados a las nuevas ideas en vigencia. De pronto un segmento laboral tan
conservador fue transformándose en el nuevo bastión intelectual del
nacionalismo.
Consecuente con ello, el 23 de marzo de 1963 nace la Federación de Trabajadores
de la Prensa de Bolivia (FTPB). El auge sindical provocado por la Revolución
había llegado hasta los hombres de la prensa. Las asociaciones, que
incorporaban a directores y propietarios en sus filas, no desaparecieron,
aunque sí pasaron a jugar un rol secundario dentro de un contexto hostil.
En ese sentido, tras el estallido de la Revolución, se produjo la separación de
periodistas y empresarios mediáticos en organizaciones diferentes. Mientras los
primeros se agrupaban en la FTPB, los segundos creaban una filial de la
Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP). Desde ahí comenzarían a defender su
existencia ante los embates de la Revolución, que a pesar de su carga violenta,
nunca llegó a eliminar la propiedad privada de los medios de comunicación.
Tras el golpe del general Barrientos en 1964, se inauguraba un periodo de
gobiernos militares que duraría 18 años, por lo cual la lucha por profundizar
la Revolución se convirtió para muchos en la pelea por recuperar la democracia
y las libertades sindicales. Se abría entonces la dialéctica del “poder dual”
entre las Fuerzas Armadas y la COB, entidad en torno a la cual se agruparon los
partidos de izquierda del momento, incluido el derrocado nacionalismo. En este
segundo bloque permanecerían los periodistas hasta la recuperación plena de las
libertades democráticas en octubre de 1982.
“EL DIARIO” SE HACE COOPERATIVA
Los periodistas entraron a la batalla entre sindicatos y militares, esta vez,
afiliados al polo obrero. Cuando el anticomunismo del régimen estaba en su
máximo apogeo, el 27 de abril de 1969, el helicóptero en el que volaba
Barrientos cayó envuelto en llamas. Se produjo entonces un vacío de poder. La
derecha no contaba con una carta de recambio, el MNR seguía en el exilio, la
COB en la clandestinidad, los mineros en pie de lucha y la clase media,
incluidos los periodistas, en proceso de radicalización. Después de un
paréntesis constitucional al mando del vicepresidente Siles Salinas, el 26 de septiembre
de 1969 asume el mando el general Ovando Candia. En contra de lo esperado, da
un viraje hacia la izquierda y decide abrir las puertas de su gabinete a un
grupo de jóvenes, dispuesto a profundizar las estructuras todavía vigentes de
la Revolución de 1952. Varios de ellos habían fundado o colaborado con
periódicos de izquierda, que volvieron a recuperar la tradición de hacer
política desde las páginas impresas.
Mientras tanto, ese año, era elegido como secretario ejecutivo del sindicato de
la prensa de La Paz, Andrés Soliz Rada, un hombre comprometido con la llamada
izquierda nacional. El 18 de junio de 1969, Soliz impulsa un comité encargado
de estudiar la nacionalización de la Gulf Oil Company. La actividad
sincronizada de los ministros de Ovando y la labor de los sindicatos de la
prensa alcanza esa meta en un tiempo increíblemente breve. El 17 de octubre de
1969 se firma el decreto de nacionalización. Volvían a vivirse los aires del
52, pero ahora los periodistas estaban en la otra línea de combate, aunque con
una influencia agigantada.
Más adelante, la alianza de Ovando con la FTPB quedaría sellada en un documento
que pasará a la historia como el máximo avance logrado por la organización
sindical desde su creación. El 19 de febrero de 1971, se promulga el decreto
09113 que contiene una lista de beneficios para los periodistas, entre los que
se incluye su derecho a opinar mediante la columna sindical, hoy repuesta por
el gobierno del MAS. Los dueños de los periódicos se sintieron avasallados y
como es lógico, recurrieron a sus protectores internacionales. Tom Harris,
entonces presidente del comité de libertad de prensa de la SIP, envió una carta
al gobierno boliviano en los siguientes términos: “Esta medida abriría el
camino para publicar declaraciones irresponsables que podrían ser perjudiciales
a los periódicos y al gobierno. De este modo se le priva del poder de decisión
al director o al propietario del periódico, quienes exigen que se publique la
verdad y quienes deben mantener su dominio sobre su personal”. De la misma
manera, Robert E. Evans, entonces presidente de la Asociación Interamericana de
Radiodifusión, escribió: “Estas disposiciones impiden el libre ejercicio de los
principios de una buena dirección, exigiendo tiempo para que los periodistas
expresen sus personales opiniones”.
La respuesta del Ministro de Informaciones, Alberto Bailey, fue redactada en
estos términos: “Debo llamar la atención sobre la deplorable contradicción en
la que incurre al asumir el principio de la libertad de prensa y al mismo
tiempo oponerse a la práctica de la libertad, precisamente por periodistas
profesionales. La SIP se constituye así en defensora de la libertad de
expresión irrestricta, pero no cuando ésta se refiere a los periodistas.
Respecto a la presunta irresponsabilidad de los periodistas que escriben y
firman artículos, rechazo la afirmación que hace usted por agraviante e
injusta”.
La aplicación del decreto en cuestión fue inmediata. Las temidas columnas
aparecieron en todos los diarios llamando a luchar por el socialismo. De la
misma forma, los domingos se convirtieron en jornadas de descanso para los
periodistas, aunque no para el núcleo de activistas de la FTPB. Y es que los
lunes comenzó a circular el semanario “La Prensa”, el único en los quioscos aquel
día de la semana. En su primer editorial, el 2 de marzo de 1970, este
periódico, editado por la FTPB expresaba que los periodistas, en consonancia
con sus documentos congresales, “se hallan ligados al proceso de liberación
nacional iniciado por los guerrilleros de la independencia”.
Por todo ello, corrientes internas de las Fuerzas Armadas expresaron su
molestia por las medidas asumidas por Ovando. Una acción decidida en su contra
lo obligó entonces a presentar su renuncia. En ese momento, una vez más intervinieron
los dirigentes de la prensa y junto a la dirigencia de la COB se sumaron al
general Juan José Torres, sublevado en base aérea de El Alto. Así, el 9 de
octubre de 1970, lo acompañaron hasta el Palacio de Gobierno para que jure como
nuevo Presidente. El nuevo titular en el poder decidió ir más lejos que su
predecesor decretando la nacionalización de la mina Matilde en poder de una
empresa norteamericana. Aquel sería el último clarín de alarma capaz de unir a
los sectores conservadores.
La FTPB vivía en estado de permanente alerta. Comprometida como estaba con el
gobierno de Torres, realizó su segundo Congreso Extraordinario en marzo de
1971. En ese momento su principal dirigente, Oscar Peña Franco, ya era
subsecretario de Informaciones del gobierno. A ese grado había llegado el
compromiso sindical con el militarismo de izquierda.
¿Qué más podía conquistar la FTPB? En esta guerra siempre se podía dar un paso
más, que a su vez invitaba a dar el siguiente. Así sucedió. La decisión de
ocupar “El Diario”, aunque no para destruirlo como sucedió con “La Razón”, sino
para expropiarlo, ya había sido tomada en el Cuarto Congreso de la COB. Sólo
faltaba que alguien se atreva a hacerlo y la FTPB procedió a forzar la
cooperativización del periódico. Cooperativizar significaba que el medio pasaba
a propiedad de los trabajadores y periodistas organizados y como éstos estaban
afiliados al sindicato, entonces el dueño real terminaba siendo la FTPB. De
esta forma, sindicatos y gobierno revolucionario controlaban cuatro periódicos,
dos de ellos de gran circulación.
Como vemos, el proceso ya había ingresado a una espiral sin precedentes. El 19
de agosto de 1971 se inicia el levantamiento militar en Santa Cruz. Lo conduce
el coronel Hugo Banzer Suárez. El suyo llegaría a ser uno de los gobiernos que
más periodistas exilió durante la segunda mitad del siglo XX, y es que se
habían ganado la fama de “comunistas”.
CLAUSURA DE RTP
Hasta aquí hemos hecho un recuento de cuatro mordazas aplicadas con igual rigor
a diarios insurrectos o conservadores. La tónica ha sido la misma, cada
periódico cayó víctima de su propio compromiso ideológico y quienes aplicaron
el cerrojo fueron gobiernos de facto o revolucionarios. Cada uno de esos actos
se produjo en medio del temor y la clandestinidad, al amparo de la acción
directa y violenta, pero también contando con el respaldo social a un ideario
que se había hecho fuerza movilizada. Pero nos falta aún un episodio más
reciente.
El caso que sale de la norma observada hasta acá es el de junio de 1988. En ese
mes, la difusión de una entrevista al narcotraficante Roberto Suárez, en un
programa del Sistema RTP, en la que éste calificaba al Presidente Paz
Estenssoro como el virrey de la cocaína, generó una reacción compacta y adversa
de todos los poderes del Estado. Mediante una resolución administrativa de la
Dirección General de Telecomunicaciones, se ordenó la clausura temporal del
canal cuatro y de radio Metropolitana. La sanción fue fijada por seis meses y
luego ampliada a un año. El parlamento aprobó ese mismo día una minuta de
comunicación instando al Gobierno a tomar represalias. El caso recorrió todos
los peldaños del Poder Judicial con resultados contrarios al medio de
comunicación. Los empresarios televisivos aplaudieron la medida, pero también
los periodistas sindicalizados. Los únicos que protestaron fueron los
televidentes, que reunidos en la plaza San Francisco, fundaron un partido
político, convertido en mayoría electoral en el departamento de La Paz durante
una década.
¿Fue aquel un acto legítimo de sanción estatal a la apología del delito?, ¿no
sería más bien una hábil movida para eliminar a un competidor empresarial?, o
¿un castigo a quien se perfilaba como interlocutor privilegiado de los más
pobres? Es difícil saberlo con solvencia. Lo evidente es que la clausura de RTP
fue otro episodio de complacencia ante un abuso de poder de dudosas
motivaciones.
CONCLUSIONES
Si alguna lección podemos aprender de la Historia, es que la clausura de un
medio es un hecho absolutamente excepcional, y que su puesta en escena depende
de un contexto político en el que la mayor parte de los resortes de poder se
une para convalidar el hecho.
Otro dato importante es que en estos casos, la legitimidad ha ido por delante
de la legalidad. Los cuatro diarios citados acallaron sus rotativas sin que la
Ley de Imprenta pudiera ampararlos, y en el caso de RTP, todo transcurrió en
medio de una indiferencia de Pilatos ante el escamoteo de las normas. Ahí, en
el contexto político, antes que en una ley propiamente dicha, reside el oráculo
de nuestra proyección. En efecto, la ley puede facilitar o entorpecer el cierre
de medios, pero nunca será determinante para darle la orientación final al
proceso.
