Por: Lupe Cajías / Publicado en el periódico El deber, el 5
de junio de 2016.
A fines de mayo de 2016, la justicia argentina condenó a 25
años de cárcel a militares, entre ellos al general Leopoldo Galtieri, por su
responsabilidad intelectual y material en la ejecución de la Operación Cóndor,
también conocida como Plan Cóndor. Ese fue el mecanismo utilizado por regímenes
militares en el Cono Sur latinoamericano para perseguir, encarcelar, torturar,
asesinar o hacer desaparecer a opositores de cualquier nacionalidad, con
diferentes opciones ideológicas y con distintas militancias. Las policías
políticas podían actuar más allá de sus fronteras.
El Plan Cóndor tuvo su punto más alto con el secuestro de
dos parlamentarios uruguayos refugiados en Argentina, Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez (mayo de1976), y con el ajusticiamiento del ex presidente boliviano
Juan José Torres en un suburbio de Buenos Aires (junio de 1976). ¿Cómo fue
posible que una persona asilada y con tan alto rango fuese capturada y
acribillada?
Cuarenta años después del fatídico 2 de junio quedan muchas
preguntas sobre el asesinato del general ‘Jota Jotita’ Torres y posiblemente,
los autores intelectuales murieron sin castigo y los materiales siguen en el
anonimato.
Recordemos cómo informó la prensa boliviana aquel suceso en
medio del endurecimiento de la dictadura del general Hugo Banzer, apoyado por
las Fuerzas Armadas (las que ahora corean “¡patria o muerte!”) y por la
Doctrina de Seguridad Nacional que alentó Estados Unidos para evitar el ascenso
de regímenes socialistas en el continente.
Torres había salido de su casa por la mañana, pero nunca
llegó a la cita con un amigo. La esposa, Emma Obleas, denunció su de-saparición
y pidió al Gobierno de Hugo Banzer para que exija a las autoridades argentinas
una pronta investigación. Mostró preocupación por su integridad física y
agradeció las primeras muestras de solidaridad de las organizaciones
clandestinas de obreros y mineros bolivianos.
El matutino paceño Hoy, basado en la agencia italiana de
informaciones ANSA, publicó el desmentido del ministro del Interior argentino,
general Albano Harguindeguy, negando el apresamiento o secuestro de Torres; más
bien acusó a la familia de un autosecuestro y de una campaña contra la flamante
Junta Militar.
Por su parte, el ministro del Interior boliviano, general
Juan Pereda Asbún, aseguró que Banzer estaba preocupado y que la Cancillería se
ocuparía del caso. Torres, cochabambino, 56 años, casado y con cuatro hijos,
estaba oficialmente asilado en Argentina. Cuando fue derrocado por un cruento
golpe de Estado, el 21 de agosto de 1971, salió a Perú, luego a Chile, donde
otro golpe militar expulsó a miles de refugiados y él sufrió un primer
atentado.
Desde 1973 residía en un modesto departamento en el barrio
norte de la capital federal argentina. Era un miliar institucionalista, con una
amplia trayectoria en diferentes puestos, después de pasar por la Revolución de
1952 que cerró el Colegio Militar y ser influido por corrientes nacionalistas.
De familia humilde, conservó siempre un vivir austero y una personalidad
amable.
Durante 48 horas no existía indicio sobre su paradero y sus
familiares, amigos y la militancia izquierdista temía lo peor. Es difícil
aceptar cómo pudo suceder todo a las 8:30 de la mañana, cómo pudieron meterlo a
un auto sin que nadie se diese cuenta.
Desde esa hora -determinada porque no llegó a la peluquería,
donde tenía cita temprano- hasta el hallazgo del cadáver en una chacra cerca de
San Andrés de Giles (a 95 kilómetros de su casa) ningún policía vio nada
sospechoso. Según publicó días después el vespertino Crónica, un campesino
observó que “desde el interior de un coche detenido en el cruce de un camino
que desciende hasta un riachuelo denominado arroyo de Giles, cuatro individuos
sacaron a empujones a un quinto hombre y lo arrastraron hasta debajo de un
puente. Los desconocidos dispararon varios balazos al quinto sujeto y huyeron
del lugar tomando la ruta nacional número ocho.
El peón se acercó al lugar y corroboró que el hombre baleado
estaba de bruces contra el suelo y tenía los ojos vendados”. Ese hombre fue
hasta una comisaría donde denunció los hechos. Otros parroquianos del lugar,
reunidos en un bar, declararon que el cadáver era del mismo hombre cuya foto
circulaba como desaparecido.
Inmediatamente, el Gobierno boliviano condenó el asesinato.
“Es un acto de barbarie”, declaró Banzer, asegurando que era su amigo pese a
sus diferentes ideas. Declaró duelo nacional y anunció un entierro con honores.
El Gobierno envió condolencias oficiales a la viuda y reiteró la urgencia de
investigar el hecho.
Banzer, en una de sus famosas frases, dijo: “El Gobierno
abre las puertas para el retorno de los connacionales que viven en el exterior
y están amenazados por el extremismo. Aquí encontrarán paz, estabilidad y un
camino abierto al bienestar”.
El mismo día programado para el entierro, 6 de junio, Banzer
recibía al secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, y declaraba que “el
Gobierno evitará cualquier brote subversivo en el país”. Kissinger, ya se sabía
y se comprobó después, era la figura clave para la organización criminal contra
estudiantes, intelectuales, obreros, campesinos, en todo el continente.
Pese a que un comunicado oficial destacaba el espíritu
cristiano de Banzer para recibir el féretro, el régimen no aceptó que los
mineros y los sectores populares participen en las exequias como quería la
viuda en consideración al pueblo que lo había defendido en las trágicas
jornadas de agosto. Al final, la familia optó por llevar el cadáver hasta
México, donde descansó hasta que las luchas sociales quebraron a los militares
fascistas y se inició una larga etapa de respeto constitucional en Bolivia.
Años después, muchas de las sospechas que entonces se
pronunciaban a soto voce, fueron confirmadas, aunque no se llegó a establecer
si el asesinato de Torres fue, además de parte del Plan Cóndor, episodio de una
vendetta por el asesinato. un mes antes en París, del general Joaquín Zenteno
Anaya, relacionado con la represión a los guerrilleros guevaristas.
Una investigación que conocí de cerca sobre el secuestro de
Graciela Rutilo (argentina residente en Bolivia), de su hija Carlita (nacida en
Perú), el asesinato de su compañero Lucas (uruguayo refugiado en Bolivia),
entregada desde Villazón a las fuerzas represoras argentinas en mayo de 1976 y
luego desaparecida en automotores Orletti, muestra que el Plan Cóndor ya estaba
activo en Bolivia a los pocos meses de la subida de Jorge Videla. Carlita fue
entregada en ‘adopción’ a la familia del represor de su madre.
En 1993, el excorresponsal del Washington Post y de
Newsweek, Martin Edwin Andersen, publicó Dossier Secreto, donde asegura que
Torres fue asesinado con tres tiros en la cabeza por militares bolivianos del
regimiento de élite Rangers, con apoyo de la Policía Federal Argentina y con
conocimiento del ministro Harguindeguy.
Andersen explicó que entrevistó a decenas de espías,
diplomáticos y actores de la época y que consultó muchísimos documentos del
servicio secreto estadounidense. En el mismo libro asegura que Galtieri, la
mafia narcotraficante, la ultraderecha europea (italianos y alemanes)
participaron directamente en el golpe del 17 de julio de 1980. El plan se gestó
en Argentina y 200 militares de ese país comandaron a los bolivianos, además de
darles apoyo logístico y financiero.
Lo evidente es que el asesinato de Torres precipitó el
desgaste de Banzer. El 8 de junio una marcha de estudiantes de secundaria en
Oruro terminó con muertos y heridos. Hubo otra oleada de arrestos y exilios. En
las minas, el paro por el duelo se convirtió en creciente protesta. A fines de
ese mes, hace 40 años, ante la falta de garantías, un grupo de mujeres junto a
sus hijos se echaron en los rieles de la bocamina para evitar el ingreso de los
rompehuelgas. Domitila Chungara perdió a su bebé. El Gobierno nacional dijo que
eran comunistas, subversivos, y acentuó la represión. Dos años después, esas
mismas mujeres arrancaron la amnistía general y cambiaron el curso de la
historia.
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