Por: LUPE CAJÍAS/PERIODISTA E HISTORIADORA / Publicado en el
periódico El Deber, el 22 de febrero de 2015.
Un lunes de febrero de 1970, hace casi medio siglo, un grupo
de chiquillos dejó de lado los juegos carnavaleros para esperar, sentados
alrededor de la mesa familiar, alguna noticia sobre su de-saparecido padre:
Jaime Otero Calderón.
Por sus mentes adolescentes pasaban los mayores temores pues
ya conocían las tensiones durante la Revolución Nacional de los años 50, la
violencia del régimen militar surgido en 1964, los comentarios sobre el aparato
represivo creado por los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando
Candia, los exilios.
Al poco, el noticiero del mediodía dio la peor noticia: el
periodista Jaime Otero Calderón había sido encontrado en su imprenta,
estrangulado, con señales de tortura y en medio del desorden dejado por quienes
la habían allanado.
¿Qué podía haber pasado? Otero provenía de una familia de
mucho prestigio tanto en Bolivia como en el exterior y formaba parte de los más
afamados intelectuales nacionalistas de la época. Durante años luchó contra los
poderes establecidos y como diputado y periodista denunció diferentes hechos de
corrupción.
¿Quién, quiénes, querían acallarlo?
La opinión pública, conmovida, no salía de su estupor cuando
otro crimen, con características inéditas en el historial violento boliviano,
aumentó el temor: una bomba oculta en un ramo de flores, destrozó a los esposos
Alfredo Alexander y Martha Dupleich, dueños de los periódicos Última Hora y
Hoy.
¿Existía alguna relación entre esos hechos, separados apenas
por 29 días? Poco antes, otro asesinato también había presentado señales ajenas
a los esquemas tradicionales del enfrentamiento fratricida de nuestra historia,
cuando fue encontrado el cadáver del dirigente campesino Jorge Solís
Solo un puñado de militares y políticos sabían que el telón
de fondo de esas muertes era una conjura internacional triangulada, en la cual
estaban involucrados generales bolivianos, servicios de inteligencia de
potencias internacionales, estados en guerra por el conflicto entre judíos y
árabes, cuyos planes, alcances y final son hasta ahora desconocidos en los
libros de historia. Desde la muerte de René Barrientos Ortuño en un accidente
en su helicóptero hasta la llegada de Juan José Torres al poder, sucedieron
misteriosos asuntos hasta ahora impunes.
La complejidad de los tentáculos de ese pulpo asesino sólo
se pueden comparar con otros tres momentos fatales para Bolivia: el rol de los
llamados “Novios de la Muerte” logia de fascistas bolivianos, alemanes,
italianos, argentinos, implicada en el asesinato del sacerdote y periodista
Luis Espinal, y el golpe narcomilitar de 1980; el rol de la CIA (DEA) y el cártel
de Medellín en la fábrica de cocaína de Huanchaca y sus relaciones Irán Contras
y los asesinatos de Noel Kempff, sus acompañantes y del diputado Edmundo
Salazar en 1985/6, que los investigaba; y el “caso terrorismo” en el hotel Las
Américas en el nuevo siglo, con protagonistas centroeuropeos, centroamericanos
e irlandeses.
Es muy probable que las nuevas generaciones no sepan jamás
la verdad sobre todos ellos porque involucran a enormes y vastas redes de poder
político y militar.
Un militante nacionalista
Jaime Otero Calderón nació en La Paz en enero de 1921. Salió
Bachiller del colegio católico La Salle, estudió inicialmente Ingeniería en
Santiago de Chile pero por problemas de salud regresó a Bolivia donde concluyó
la carrera de abogacía en la Universidad San Francisco Xavier, de Sucre. Le
tocó ser testigo, y más tarde protagonista y cronista, de una de las etapas más
intensas de la historia nacional, de la formación de ideas, de partidos
políticos y de mucha acción.
Adolescente, escuchó impresionado los relatos sobre la
Guerra del Chaco y la defensa de los recursos naturales en territorio patrio,
causa de las sucesivas guerras que agotaban las perspectivas del país. En 1949,
ya casado, trabajó en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, YPFB, la flamante empresa creada con la nacionalización de la
Standard Oil, como una de las consecuencias de aquella confrontación.
Después de la Revolución de 1952 volvió a ejercer
importantes funciones en YPFB y a defenderla, compartiendo los ideales de sus
amigos y admiradores Sergio Almaraz y René Zabaleta Mercado, que publicaron
ensayos sobre la dependencia boliviana y la importancia del petróleo y del gas.
Otero Calderón fue parte de los jóvenes inquietos por
encontrar nuevos caminos para la liberación nacional, sobre todo de los
trabajadores agrarios. Fue parte del movimiento “Pachakuti” en los inicios de
esa agrupación preocupada por la situación de los indígenas en un país que no
quería reconocerse como “indio”. Sin embargo, al poco tiempo se adhirió al
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y a su principal postulado:
Bolivia era un Estado pero todavía no era una nación y la generación del Chaco
tenía el compromiso de construirla.
Desde esa militancia cumplió diferentes tareas como
funcionario de alto nivel, inclusive en Palacio de Gobierno, en el flamante
Ministerio de Minas y Petróleo y también fue diputado y alcalde de La Paz.
Representó a Bolivia en funciones diplomáticas, incluso como embajador en Argentina.
Durante años también ejerció la docencia en la UMSA.
Como muchos movimientistas, fue hostigado por la dictadura
militar desde 1964, más aún cuando se dedicó a amplificar las denuncias que ya
había hecho como parlamentario contra la corrupción, en una pequeña pero
impactante publicación que editaba como Servicio de Información Confidencial
(SIC).
Otero era miembro de la Asociación de Periodistas, entidad
que conoció en más de una ocasión las presiones y amenazas contra su socio por
difundir los delitos que investigaba. Como abogado, se cuidaba de publicar solo
hechos con pruebas y los denunciados no podían desmentirlo, pero el poder
militar no disimulaba su enojo.
El contrabando de armas
Eduardo Arce Quiroga, alto dirigente del MNR, denuncia en
uno de sus libros sobre la historia del país, que el asesinato de Jaime Otero
Calderón en 1970 estaba relacionado con el contrabando de armas a Israel.
Muchos otros autores aluden a ese dato, aunque siempre faltan los detalles y
los nombres de los implicados directamente.
Le tocó a la familia seguir las pistas aisladas para llegar
a la conclusión de que, en esa muerte, similar a lo sucedido con los esposos
Alexander, estaban involucrados militares bolivianos entrenados en la Escuela
de Las Américas del Ejército de los EEUU en la zona ocupada del Canal de
Panamá, la CIA, y algún gobierno en Oriente Medio.
Por lo que se conoce, Otero recibió copia del original de la
póliza de embarque de un lote de armas que habría facilitado el régimen
boliviano como fachada de otro país. Un funcionario de la embajada de Bolivia
en España, quien había conocido los hechos en 1967 y temía por su vida, le
habría entregado esa prueba a Otero para su difusión. Desconocemos si ese
funcionario se identificó alguna vez y dio su propio testimonio, que tanto
ayudaría a aclarar la muerte de Otero.
El periodista imprimía la hoja SIC en la Imprenta Artística
de su propiedad que quedaba en pleno centro paceño. El sábado 14 de febrero de
1970 estaba trabajando en la última edición y, se supone, iba a incluir la
copia de esa póliza.
Durante dos días, hasta la una de la tarde del lunes, la
familia no sabía dónde estaba y temía que la temida policía política, la DIC,
lo tuviese en sus celdas o que el Gobierno lo hubiese “residenciado” en alguna
de las zonas inhóspitas, donde se acostumbraba sacar a los presos políticos.
El noticiero del mediodía difundió la muerte; “Nos enteramos
de esa forma cruel”, recuerda uno de sus hijos. “Mientras los amigos y
familiares esperaban en la puerta”, sin que nadie se atreviese a avisarles que
el terrible rumor estaba ya confirmado.
La familia conocía desde años las amenazas de la DIC, del
propio ministro de Gobierno de la época y de los mandatarios para obligar a
Otero a silenciar sus investigaciones periodísticas. Algunos de su propio
partido lo visitaban para “sugerirle” que deje de incomodar. Otero, como parte
de la comisión para reformar la administración pública boliviana, ya había
detectado que ningún plan de desarrollo funcionaría sin un control sistémico y
sincero de las fugas de capital por hechos de corrupción.
Según recuerda la familia, en 1989, el propio Víctor Paz
Estenssoro les confirmó oralmente que los asesinos de Otero buscaban la póliza
de embarque de las armas contrabandeadas en un barco “fantasma” desde España a
Oriente Medio.
El matutino Presencia en sus ediciones de esas fechas mostró
cómo los culpables ingresaron a revolver toda la imprenta. La policía se limitó
a dar generalidades de la causa de la muerte por estrangulamiento.
Al parecer, Alfredo Alexander, director de Hoy, tenía otras
pistas que relacionaban a los más altos jefes castrenses con ese contrabando.
Una bomba, recibida ingenuamente por su empleada doméstica a la hora del
desayuno, estalló mientras él y su esposa aún estaban en cama.
A pesar de la indignación pública, los organismos encargados
de la seguridad nacional, no investigaron los hechos más allá de típicos
formalismos.
Era presidente de la República el general Alfredo Candia, a
quien los textos escolares lo muestran como nacionalizador del petróleo, pero
silencian estos episodios. El espíritu represor de esos militares surgidos en
la etapa de la Doctrina de Seguridad Nacional, culminaría pocos meses después
con la represión a los jóvenes en Teoponte.
Han pasado 45 años, ¿se animará algún testigo a contar
quiénes y qué gobiernos participaron en el contrabando de armas para una guerra
ajena a nosotros, usando la bandera boliviana? ¿Quién compró metrallas y
fusiles? ¿Quién pagó? ¿Quién organizó el complot?
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