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| Revolución de 1952 en Bolivia. |
Por: JULIO PEÑALOZA BRETEL / Publicado en La Razón
el 27 de septiembre de 2020.
En tiempos de posverdad y redes sociales queda mejor
evidenciado que la historiografía oficial de Bolivia se ha encargado de
soterrar pasajes fundamentales e indicativos de momentos históricos cúspide de
la construcción nacional republicana y uno de ellos está específicamente
relacionado con la violencia política, entendida esta como mecanismo de control
para la preservación de proyectos de poder concebidos y aplicados con el
propósito de consolidar hegemonía y dominio, tal como sucedió con el hecho más
relevante para la transformación del Estado boliviano en el siglo XX, la
Revolución de 1952, encabezada y luego consolidada por el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) que, de manera paralela en unos momentos, y
conjunta en otros, con las Fuerzas Armadas de la Nación, dominaría el espectro
de la vida nacional durante medio siglo, aplicando simultáneamente medidas que
generarían transformaciones sociales y económicas, y otras relacionadas con el
autoritarismo y la represión contra el adversario, focalizadas en quienes
aparecían como amenaza desestabilizadora a lo largo de los 12 años de gobierno
que les tocó presidir a Victor Paz Estenssoro (1952-1956, 1960-1964) y Hernán
Siles Zuazo (1956-1960).
Por toda la información que hemos sabido recolectar y editar,
Paz Estenssoro y Siles Zuazo son conocidos por las generaciones actuales,
gracias a sus últimos gobiernos correspondientes a la nueva era democrática
inaugurada en 1982, y prácticamente piezas de museo sin desempolvar de los 50 y
60, de las que poco se ha dicho acerca de responsabilidades relacionadas con la
instauración de un tenebroso Control Político que logró mantener a raya a sus
principales opositores, en principio aliados, pertenecientes a la Falange
Socialista Boliviana (FSB) jefaturizada por Óscar Unzaga de la Vega, pero
fundamentalmente, desde la perspectiva de la consolidación de la dependencia de
los Estados Unidos, a mineros como preclaro sector representante de la clase
obrera (Irineo Pimentel, Federico Escóbar, de la Federación Sindical de
Trabajadores de Bolivia —FSTMB —), campesinos sin militancia, universitarios y
a algunas otras facciones minoritarias e irrelevantes en la vida política de
entonces.
Es sugestivo que la mejor producción bibliográfica acerca de
la Revolución del 52, así como de sus antecedentes y sus posteriores
consecuencias histórico políticas, haya sido investigada y escrita por
académicos e investigadores estadounidenses, digamos que la contracara pensante
desligada de los mecanismos que hacen funcionar al sistema imperial. Así
tenemos La revolución inconclusa (1970) de James Malloy (Tesis de
doctorado, Universidad de Nueva York); La revolución antes de la
Revolución– Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia (2011) de
Laura Gotkowitz (Universidad de Chicago),“Minas, balas y gringos – Bolivia y la
Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2016) de Thomas C. Field
Jr. (Embry-Riddle College of Security and Intelligence) y Victor Paz
Estenssoro – Una biografía política (2015) de Joseph Holtey (Rutgers
University). Incluso podría citarse San Román – biografía de un verdugo (autor
anónimo, sin más datos), publicada en inglés por la Universidad de Texas en 44
páginas, breve biografía del represor de confianza de Paz Estenssoro, que
dirigió campos de concentración e infligió torturas a quienes osaban
contradecir los preceptos revolucionarios enarbolados por el MNR, finalmente
fagocitados por la agenda impuesta por la Embajada de los Estados Unidos de
América a partir de la puesta en vigencia del Plan Triangular. Esos fueron
presos políticos en el verdadero sentido de la palabra y se pueden recoger
hasta ahora, testimonios de situaciones desgarradoras, de parte de los
herederos de esos falangistas a los que el movimientismo acusaba de estar
coludido con los terratenientes de la época y por supuesto que desde la
profunda perspectiva ideológica de clase, lo sucedido con los trabajadores
mineros, bastión obrero de Bolivia que en su momento constituyó el ala
izquierdista del proceso revolucionario organizada en sindicatos de tendencias
comunista y trotskista.
La Revolución del 52 y su instrumento político, el MNR,
tuvieron una estrecha y sistemática relación con los Estados Unidos de América
que incidieron con recursos económicos, siempre condicionados a intereses
relacionados con el acaparamiento y el saqueo de nuestros recursos naturales,
así como también en las tareas represivas violatorias de los derechos humanos,
con el muy distintivo estilo de actuar a la sombra, con una especie de mano
invisible, que solventaba recursos para mantener el sistema de vigilancia y
sofocación de conatos subversivos. La “ayuda” norteamericana estuvo siempre
condicionada, inconfundible manera de consolidar la dependencia de los países
periféricos, especialmente en América Latina en los años 60, a la agenda
dictada desde Washington para todo el planeta en su lucha contra el polo
soviético y en el objetivo de que Bolivia, por su estratégica condición
geopolítica, no llegara a convertirse en una segunda Cuba, país que le quitaba
el sueño a la Casa Blanca, hecho evidenciado con la invasión a la Bahía de
Cochinos también conocida como invasión de Playa Girón y que se constituyó una
operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados
Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961, para intentar crear una cabecera de
playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento de la comunidad internacional.
La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue aplastada por las Milicias
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas. Más de un centenar de
soldados invasores murieron, y los cubanos capturaron a otros 1.200, junto con
importante material bélico.
Dos versiones periodísticas acerca de los Campos de Concentración,
los perfiles de los principales esbirros del régimen revolucionario, Claudio
San Román y Luis Gayán Contador, y un informe de Falange Socialista Boliviana
(FSB) de 2001 (de próxima publicación), son los documentos que nos sirven para
graficar lo que significó la injerencia y la represión política atentatorias
contra los Derechos Humanos en pleno proceso revolucionario movimientista.
Más adelante, en la parte final de este informe
correspondiente a la etapa revolucionaria del 52 encabezada por el MNR (también
de próxima publicación), incluimos un análisis de cómo los intereses de dominio
económico de parte del gobierno de John Fitzgerald Kennedy (1960 – 1963) que
penetró la revolución movimientista, utilizó para sus fines injerencistas, el
asesoramiento para el control y la represión políticos contra todos quienes
fueran adversarios o impugnadores del proyecto hegemónico del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), procurando, desde el principio, incorporar a
las Fuerzas Armadas en su lógica de poder.
Con fortalezas y debilidades, este material ayuda a contar
con un panorama escondido por nuestra historia e invisibilizado en el debate
nacional que cuando genera discusiones sobre persecución y represión políticas,
y sus variantes autoritarias, se circunscribe a las dictaduras militares
inauguradas en 1964, considerando que el antecedente de la violencia política
en la Bolivia contemporánea se encuentra en el escenario del primer gran cambio
social producido en nuestro país con la ciudadanización que implicó la puesta
en vigencia del Voto Universal, la Reforma Educativa, la Nacionalización de las
Minas y la Reforma Agraria. He aquí la agenda oculta –y oscura— de un proceso
revolucionario y hegemónico plagado de atropellos y conculcación de libertades
ciudadanas, que para conseguir sus objetivos, instaló un muy bien pensado
aparato represivo, útil para la defensa de un ejercicio pragmático de la
hegemonía política, capaz de espantar amenazas internas como el sindicalismo
“comunista” que hiciera trastabillar la llamada Revolución de Abril.
Campos de concentración, un hecho desconocido para las
nuevas generaciones (*)
Bolivia tuvo campos de concentración en el primer gobierno
del MNR muy parecidos a los instalados por los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial.
El MNR fue fundado oficialmente el 2 de junio de 1942. A
partir de ese momento estuvo presente en cada decisión política para influir en
la vida pública del país según sus propios intereses y su propia visión de
país. Como claro ejemplo de sus primeras actuaciones políticas, figura su
participación en el golpe de estado de 1943, cuando junto a la logia Razón de
Patria (RADEPA) de Gualberto Villarroel, expulsó del Palacio de Gobierno a
Enrique Peñaranda.
El MNR también fue artífice de la caída de Villarroel, al
que apoyó hasta días antes de su derrocamiento. Desde ese momento fue
perfilándose como artífice de la Revolución del 9 de abril de 1952, con el
objetivo de tomar el poder, pero previamente, los movimientistas fueron activos
protagonistas políticos del país al conspirar en el gobierno de Enrique Hertzog
en 1947, promoviendo un enfrentamiento entre mineros y obreros que logró su
renuncia para que asumiera Mamerto Urriolagoitia, que durante su interinato, el
27 de agosto de 1949, sufrió un levantamiento liderado por el partido rosado.
Más adelante llegaría el “mamertazo” con el que Urriolagoitia decidiera
provocar un autogolpe y entregar el poder a una junta militar encabezada por el
Gral. Hugo Ballivián.
Según registros de la época, el MNR fue un partido muy bien
organizado en cuadros, casi al estilo militar. Advirtió con vehemencia que
tomaría el poder, pese al anuncio de la junta militar de convocar a elecciones
en 1952, comicios que jamás se concretaron, porque la presión social azuzada
por el movimientismo, puso contra las cuerdas a Ballivián. Fue uno de sus
ministros, Antonio Seleme, quien conspiró contra su propio gobierno al
convertirse en informante del MNR para propiciar la Revolución del 9 de abril
de 1952. Dicha conspiración tenía originalmente prevista la participación de la
Falange Socialista Boliviana (FSB), que por disputas en planes de gobierno y
repartija de cargos terminó desmarcándose de la Revolución que dejó 490 muertos
y más de mil heridos. Los aliados del MNR fueron los mineros que ayudaron a
consolidar la toma del poder.
La primera participación del MNR en 1952, se produjo en
co-gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) fundada el 17 de abril del
mismo año, por Juan Lechín Oquendo. Sin perder de vista
transformaciones como la nacionalización de las minas, la reforma
agraria, la reforma educativa, el voto universal, quedaron en el olvido una
serie de negocios «turbios» emprendidos con gobiernos extranjeros. Una muestra
de ello, es el tan problemático código petrolero Davenport, que parceló el país
en tres partes, para la explotación petrolera y comprometió nuestros recursos
hidrocarburíferos por décadas.
Los campos
Volviendo al tema central, el MNR hizo un gobierno de fuerte
acento represivo y producto de ello, fue que para sacar del camino a sus
opositores, instaló campos de concentración en distintas localidades del país
para encarcelar a los denominados presos políticos. Las prácticas
autoritarias del partido rosado se caracterizaron por la aplicación de métodos
violentos de control político. El 23 de octubre de 1952, a través del Decreto
Supremo 02221, Víctor Paz Estenssoro estableció prisiones bajo administración
militar en Corocoro, La Paz; Uncía y Catavi, Potosí; y Curahuara de Carangas en
Oruro. Tres de los cuatro campos de concentración se encontraban en centros
mineros. Eran controlados por mineros y militares a los que se trasladaban
presos políticos, opositores al gobierno, principalmente pertenecientes a la
Falange Socialista Boliviana (FSB), que eran vejados y torturados sin piedad.
Según testimonios de algunos presos políticos como Gad Lemús, la prisión de
Corocoro era el purgatorio, mientras que Curahuara de Carangas, se
asemejaba al averno. En Catavi, en 1953, se encontraba un contingente de 131
presos; mientras que en Curahuara, entre 1953 y 1954, 254 presos.
“Carne de presidio”
En Curahuara de Carangas, el Teniente Bacarreza mandó una
formación y ordenó que los prisioneros alojados en la celda del lado oeste del
cuartel fueran trasladados a las barracas del frente, quien a modo de
explicación dijo que “eso les conviene porque entre ustedes ya se conocen”. Las
confusas palabras de Bacarreza dieron a entender que otra “carne de presidio”
ocuparía las celdas más frías, oscuras y destartaladas del campamento. Pronto
fue una triste constatación cuando el Teniente, respondiendo a las
interrogantes de Lemús, le confió que estaban por llegar presos de Uncía y
marchaban a Curahuara los del clausurado campo de Catavi. Los prisioneros
supieron entonces del establecimiento de un nuevo campo de concentración, que
hasta el mes de diciembre carecía de posibilidades concretas de apertura.
Curahuara de Carangas era algo así como la Siberia del altiplano boliviano,
escenario ideal, incrustado en la infinitud de la pampa para que los detenidos
y confinados fueran presas del terror, el hambre y la soledad.
Otro relato está relacionado con lo que le sucedió a Jaime
Villarreal, quien fue prisionero sin ser político, por el simple hecho de
trabajar en la fábrica de catres del falangista Víctor Kellemberger. Las
privaciones, preocupaciones, castigos materiales y el trabajo forzado, habían
desembocado en la tuberculosis pulmonar que sobrellevaba pacientemente,
perdiendo peso a ojos vista. Su rostro naturalmente blanco, se cubrió de intensa
palidez, y sus mejillas, a los 25 años, comenzaron a hundirse. Ninguna
consideración impidió, no obstante, que el responsable del campo, René
Gallardo, dispusiera su inhumano flagelamiento. El centenar de latigazos que su
enflaquecida carne soportó heroicamente, terminó por sumirlo en cama acelerando
las secuelas de su tremenda enfermedad.
Presos
Es interminable la lista de presos que llegaron a esos
campos de concentración que eran dirigidos por el entonces ministro de
Gobierno, Federico Fortún, mientras Claudio San Román, Luis Gayán Contador,
Emilio Arze Zapata, Alberto Bloomfield, René Gallardo, Juan Peppla y Adhemar
Menacho, se encargaban de las torturas y vejámenes, que para muchos presos
políticos se convirtieron en una triste memoria por el sufrimiento
generado por el llamado «Control político». De los mencionados, unos estaban a
la cabeza del sistema represivo, otros dirigían los campos, y otros
directamente eran los torturadores de los detenidos.
Se intentaron justificar esos excesos con el argumento de
que se ejercía una violencia revolucionaria y antioligárquica para sostener la
estabilidad de la Revolución. La intransigencia y los abusos se convirtieron en
el pan de cada día.
*Texto original de Dehymar Antezana, periodista, La Patria
de Oruro, 31 de julio de 2011, debidamente editado para los objetivos de esta
investigación. Antezana consultó la ‘Historia de Bolivia’, José de Mesa,
Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa, y ‘Campos de Concentración en Bolivia’ de
Fernando Loayza Beltrán.
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