Por: Yuri Aguilar Dávalos (Bolpress.com) 1 de Noviembre de
2002.
A las dos y media de la madrugada del jueves 1 de noviembre
de 1979 los carros blindados de los regimientos Tarapacá e Ingavi ocupan puntos
estratégicos de La Paz. Inmediatamente el Cnl. Alberto Natusch Busch, jefe de
los golpista, se instala en el Palacio de Gobierno donde permanece enclaustrado
los 17 días de su delirante régimen.
El 31 de octubre de 1979 la Organización de Estados
Americanos (OEA) reunida en La Paz, da la razón a Bolivia sobre el derecho de
recuperar sus costas en el Pacífico, territorio despojado injustamente por
Chile hace 100 años. Esa misma asamblea de países declara que América es un
“continente en lucha por la vigencia de la democracia”, aludiendo así a las
dictaduras de Pinochet en Chile y de Videla en la Argentina.
Bolivia está gobernada por Walter Guevara Arce desde hace
dos meses, el primer gobierno constitucional después de siete años de dictadura
con Banzer y de un año más con los regímenes de los militares Pereda y Padilla.
Sin embargo, el gobierno de Guevara no es legítimo, porque el ganador de las
elecciones convocadas por Padilla, Hernán Siles Zuazo de la UDP(*), no puede
lograr la mayoría parlamentaria sobre su segundo, Víctor Paz Estensoro,
propiciando el partido de éste último, un “empatanamiento” para luego ofrecer
como solución transaccional al Presidente del Senado, Walter Guevara, quien es
posesionado como Presidente Constitucional interino. Pese a esa maniobra parlamentaria, Bolivia vive nuevos aires
democráticos que permiten pedir cuentas a los responsables del saqueo al erario
nacional y de la represión desatada por la dictadura banzerista derrotada el
año anterior.
Así, el “Juicio de Responsabilidades” iniciado por el diputado
Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Banzer y sus colaboradores no es bien
recibido por algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Entre los acusados en el
juicio aparecen el Cnl. Alberto Natush Busch y el Cnl. Carlos Mena, quienes
serán principales protagonistas en los sucesos de noviembre.
El primer aviso golpista se da el 12 de octubre. Ese día
Trinidad, Beni, amanece ocupada por tropas militares, quienes desconocen al
presidente Walter Guevara Arce y piden que un militar se haga cargo del
Gobierno. Los golpistas mantienen su posición durante doce horas y luego se
retiran, mientras el Gobierno y el Alto Mando Militar ni intentan sancionarlos.
En menos de un mes los golpistas afina su puntería.
Desde las primeras horas del jueves 1 de noviembre, Día de Difuntos,
los carros blindados de los regimientos Ingavi y Tarapacá ocupan puntos
estratégicos de La Paz y el jefe golpista, Cnl. Alberto Natusch Busch, se
instala en el Palacio de Gobierno. Natush Busch.
Pero Natusch no está solo; lo acompañan parlamentarios del
MNR (Guillermo Bedregal, Fellman Velarde, Miguel Trigo, Agapito Monzón, Carlos
Arancibia), del MNRI (Edil Sandóval Morón, Willy Sandóval Morón y Abel Ayoroa)
y otros políticos de los Partidos Comunistas Chino y Moscovita, además de
banzeristas y barrientistas.
La resistencia obrera y popular empieza: la Huelga General
de la COB paraliza el país, el campo también rechaza el golpe con bloqueos
campesinos, con excepción de un grupo de “campesinos” que apoyan a la
dictadura.
Natusch desesperado y sin poder convencer a la mayoría,
decreta la “Ley Marcial” y el toque de queda, iniciándose la masacre contra el
pueblo, barbarie que se prolonga durante una semana.
Los militares represores, entre otros, son Luis García Meza,
Arturo Doria Medina, Edén Castillo, Mario Oxa Bustos, Waldo Bernal, Ramiro
Terrazas, Mario Vargas Salinas.
Ni la “ñatitas” (calaveras) se libran de la represión, las
que son arrebatadas de sus dueños y enterradas en una fosa común del
Cementerio.
El saldo de esa violencia estatal es de casi 100 asesinados,
140 desaparecidos y 204 heridos.
Las responsables de esa semana de barbarie militar y
paramilitar hoy siguen impunes y algunos gozaron de inmunidad parlamentaria
(Bedregal, Sandoval), además de los beneficios económicos que conlleva ese privilegio.
No debemos olvidar que la impunidad va de la mano de la
corrupción, lo cual nos permite preguntanos: ¿por qué en otros países se juzgan
a los acusados de haber cometido de delitos de lesa humanidad y en Bolivia la
gran mayoría de ellos son impunes? Recordemos que hace algunos meses se
activaron investigaciones sobre la matanza de Tlatelolco (México) sucesos que
datan de 1968; en Guatemala sucede lo propio contra los militares responsables
de miles de ejecuciones extrajudiciales iniciadas hace más de 40 años; en
Chile, Argentina y Uruguay ya conocemos los procesos que se siguen contra los
responsables de las dictaduras que se iniciaron en los años 70; recientemente
en el Perú se abrieron causas contra los responsables de las ejecuciones
extralegales en la llamada ?guerra sucia?contra Sendero Luminosos y el MRTA.
Podremos acabar la impunidad
————————.
(“La masacre de Todos Santos” de la APDHB y “Las heroicas
jornadas de noviembre” en la revista De Frente)
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