Por: Esteban Ticona Alejo / Docente en la carrera de
Antropología-Arqueología de la UMSA y en los posgrados de AGRUCO-UMSS de
Cochabamba y la Universidad de la Cordillera de La Paz.
Bolivia. eticona@caoba.entelnet.bo / Extracto de www.ugr.es
Las movilizaciones indígenas en la región andina, en abril y
septiembre de 2000 y las de junio-julio de 2001, nuevamente agudizan las
conflictivas relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado boliviano. En
este breve recuento intentamos aproximarnos al problema desde una perspectiva
política e histórica. Nuestro acercamiento enfatiza las experiencias de los
pueblos aimara y quechua, porque creemos conocerlas mejor.
1. Breve experiencia indígena en la política
Recordemos sintéticamente algunas de estas experiencias del
movimiento indígena en la política, que a lo largo de la vida republicana
adquirieron el tono autonomista y en otros casos de participación
política.
1.1. El movimiento de los Apoderados Generales
La Ley de Exvinculación, dictada por el gobierno de Frías en
1874, sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del aillu por la
propiedad individual. En otras palabras, se declaraba legalmente la extinción
del aillu y se pretendía parcelar su territorio, individualizando la propiedad
comunal, mediante la dotación de títulos individuales.
Para las poblaciones indígenas andinas, fue un golpe duro,
pues el Estado boliviano pretendía destruir la estructura y la organización del
aillu mediante un decreto. Como consecuencia de la aplicación de la citada Ley
de Exvinculación, se desató el más importante proceso de expropiación de
tierras comunales de la historia republicana, implementado a través de la
Revisita General de tierras, del año 1881.
Frente a esta política estatal anti-indígena, alrededor de
1880 se constituye un movimiento indígena, denominado los Apoderados Generales,
que estaba conformado por autoridades originarias como Jilacatas, Mama
jilacatas, Jilanqus, Mallkus, Mama mallkus, Curacas, etc. de los departamentos
de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Feliciano Espinosa y Diego
Cari Cari fueron sus primeros representantes. Las principales funciones de
estos Apoderados Generales fueron las de representar a las markas, aillus y
comunidades indígenas frente al Estado, debido a la prohibición de la Ley de
Exvinculación de reconocer jurídicamente a las autoridades tradicionales.
El resultado de esta masiva oposición y resistencia indígena
fueron, en primer lugar, la suspensión de la revisita general de tierras por
parte del gobierno y, en segundo lugar, la exención de las comunidades
originarias de la revisita. Por lo que las tierras de los aillus y comunidades
originarias, que habían sido compradas de la Corona de España en la época colonial
mediante títulos de composición y venta, comenzaron a tener vigencia.
Sin embargo, en la medida que continuaban en la lucha, iban
logrando las reivindicaciones más inmediatas; pero también comenzaban a rebasar
los marcos coyunturales de la lucha, pasando a otra etapa, donde se configuraba
claramente el poder de los aillus y comunidades, quienes comenzaban a plantear
el derecho a la autonomía. Dentro de este panorama de convulsión social se
ubica el desacato a las autoridades superiores y subalternos, propugnado por
los Apoderados Generales.
En sentencia dictada el 24 de septiembre de 1889, en favor
de los indígenas acusados de promover y participar en la rebelión de Charcas,
el corregidor de Achocalla declaraba haber averiguado que los Apoderados Generales
habrían indicado "que el presidente era otro". Esta afirmación no
sólo se puede interpretar como una negación al presidente de entonces, sino
también como un intento de suplantación de Arce por un presidente indígena. Si
fue así, ¿quién fue ese presidente indígena?, ¿tal vez uno de los Apoderados
Generales de entonces? (ALP/FP, 1880-1890).
Con estos antecedentes, aunque existen muy pocas
investigaciones específicas, la formación del primer gobierno indígena en Peñas
(Oruro), alrededor de 1900, encabezado por Juan Lero y sus ministros, no fue
una casualidad del momento, sino una consecuencia de una etapa de fuerte
convicción indígena de buscar su autogobierno.
1.2. El movimiento de los Caciques Apoderados
Después de la derrota del movimiento de los Apoderados
Generales, encabezado por Pablo Zárate Willka, Juan Lero y otros (1900),
alrededor de 1912 continúa el movimiento indígena en su lucha, ahora liderados
por la red de los Caciques Apoderados de los aillus y comunidades de los
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, quienes
emprendieron una prolongada lucha legal, hasta 1952, en demanda de la
restitución de las tierras comunales, usurpadas por las haciendas. Esta segunda
etapa de lucha fue calificada por investigadores como Silvia Rivera, de
reivindicación por la "soberanía comunal" y "por la
ciudadanía". Aparecen como figuras visibles de este movimiento Santos
Marka T'ula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro, Dionisio Phaxsi
Pati, Feliciano Condori y muchos otros.
Una de las estrategias de los Caciques Apoderados fue la
búsqueda de los títulos coloniales para lograr la aplicación de la Ley del 23
de noviembre de 1883, por la que los aillus y comunidades originarias que
habían logrado consolidar sus tierras a título oneroso, mediante
"composiciones de tierra" durante el período colonial, quedaban
excluidas de la revisita de 1881.
La recuperación de los títulos coloniales de composición y
venta otorgados por la Corona de España llevó a los Caciques Apoderados a su
real interpretación, por la que se buscó la recuperación de las demarcaciones
originales de sus aillus, lo que significó serios enfrentamientos con la casta
dominante.
El eje de los conflictos entre la sociedad indígena y la
sociedad criolla dominante era el problema del territorio: no meramente como
medio de producción, sino como el territorio del aillu y la comunidad
considerado en su conjunto. Vale decir, desde el espacio productivo y social,
hasta los espacios sagrados de los uywiris (cerros tutelares), que representan
la relación de la comunidad con sus antepasados.
En la medida que se fortalecían los gobiernos liberales y se
legitimaban los usurpadores de tierras comunales, la red de Caciques Apoderados
tuvo que diseñar otras estrategias, en una lucha desigual en la que estaban
empeñados con la convicción de ser propietarios primigenios del territorio
desde los antepasados.
1.3. La búsqueda de autonomía regional en Jesús de Machaca
El año 1920, en el contexto de una rebelión indígena
generalizada, tanto en zonas de hacienda (el caso de Taraqu), como en los
aillus y comunidades originarias, se gestó la constitución del gobierno comunal
de Jesús de Machaca.
Las intenciones comunales de la retoma de la instancia
político-administrativa del "pueblo" parecen claras y se presumía que
sería por la vía violenta, donde el Cabildo de los 12 aillus, sería la
instancia máxima del poder político. La tarea de insubordinación para la retoma
del poder comunal había empezado, y los trabajos para la prestación vial ya no
se cumplían desde el año 1919.
La aceptación por la Prefectura del departamento de La Paz
de la legalidad del Título General de Tierras Comunarias de la marka de Jesús
de Machaca, fue el sustento jurídico para la constitución del Gobierno comunal.
El movimiento de los Caciques Apoderados pretendió ampliar
el reconocimiento de los títulos coloniales a los departamentos de La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, lo que en la práctica fue muy difícil
de lograr.
En síntesis, la sublevación de Jesús de Machaca, no fue sólo
un estallido de furia irracional e incontenible, fue más bien el resultado de
un largo proceso de acumulación ideológica, que se había cristalizado como
parte del movimiento de los Caciques Apoderados y particularmente en la
constitución del Gobierno comunal machaqueño, el que a través de una labor de
difusión y permanentes reclamos legales, había agilizado una rápida
reproducción de esta ideología anticolonial, cuyo rasgo más sobresaliente
constituía la autonomía y gobierno de las markas aimaras.
1.4. La participación política de Manuel Chachawayna
El 12 de julio de 1920, mediante un golpe de Estado, se
apoderaba del poder político del país el Partido Republicano, que pretendía
colmar las ambiciones políticas de otros sectores criollos y mestizos, como ser
políticos jóvenes y algunos viejos desplazados del Partido Liberal.
En esta coyuntura general emergió el gobierno de Hernando
Siles (1925-1930), que contó con la colaboración de jóvenes intelectuales
mestizos. Siles, tan pronto llegó al poder, buscó la manera de
"independizarse" del Partido Republicano, para ir encontrando
gradualmente la libertad suya y de sus seguidores.
En 1927, se creaba el Partido de la Unión Nacional, que fue
conocido más como Partido Nacionalista, bajo el liderazgo de Hernando Siles.
Con la voluntad de ganar las elecciones camarales, el partido oficial se lanzó
a la campaña electoral, con lo más representativo de su gente y aliados
ocasionales.
En este escenario aparece Manuel Chachawayna, indígena
oriundo de Achacachi, de la provincia Omasuyos, del departamento de La Paz.
Según algunas notas periodísticas de la época, Chachawayna fue "un
indígena inteligente que, a más de saber leer y escribir y reunir las
condiciones prescritas por la ciudadanía...". Estos antecedentes
permitieron habilitar como candidato aimara a Manuel Chachawayna.
El voto calificado vigente no permitía que toda la población
indígena pudiera votar libremente en los comicios, pues la ley electoral sólo
reconocía a los varones "letrados" el derecho a elegir. Sin embargo,
el Partido Nacionalista, para que un importante número de aimaras y quechuas
pudieran votar y apoyar al partido, encontraron el justificativo del derecho
que también tenían todos los indios de votar y tener su propia representación
camaral.
En esta coyuntura política, fue postulado Manuel Chachawayna
como candidato aimara a diputado por las provincias de Muñecas y Camacho, del
departamento de La Paz. En la primera participación del pueblo aimara en la
vida política del país, éstos pretendieron cambiar la rutina de los gobiernos
oligárquicos por la de los pueblos originarios. Esta ideología política fue
profesada por Manuel Chachawayna de la siguiente manera:
"No sólo podemos ser electores, sino elegidos, bien por
nosotros, empecemos por la diputación para después llegar a la Presidencia de
la República, puesto que somos mayoría" (La Razón, 1927).
No sólo fue el simple cuestionamiento al despotismo
pueblerino de las autoridades cantonales, religiosas y patronales, sino que se
pretendía sustituir esta barbarie oficial por el poder comunal, como aparece
claramente expresado, por ejemplo, en los documentos de los comunarios de Jesús
de Machaca, días previos a la sublevación de 1921.
Sabemos que Manuel Chachawayna no fue elegido diputado, pese
a que fue utilizado como aliado del republicanismo. Él también utilizó ese
pequeño espacio político para plantear una utopía andina: que los pueblos
originarios de este país se gobiernen a sí mismos.
Esta lucha tendría sus frutos en los años treinta con el
establecimiento del primer Corregidor indio.
1.5. La propuesta de renovación de Bolivia de Eduardo Nina
Quispe
Eduardo Leandro Nina Quispe nació en el aillu Ch'iwu de
Taraqu (hoy Taraco), provincia Ingavi, del departamento de La Paz, en 1887.
Nina Quispe vivió viajando entre Chuqiyapu Marka o ciudad de La Paz y su aillu,
convertido en hacienda de Benedicto Goitia. A principios de la década de 1920,
debido al fracaso de la sublevación de restitución de haciendas a aillus, tuvo
que huir definitivamente a la ciudad de La Paz.
Eduardo Nina Quispe fundó la Sociedad República del
Collasuyo, en 1930. Esta institución se constituyó en centro generador de
ideas, capaz de luchar contra el sistema imperante. Mientras las autoridades
educativas se esforzaban por establecer escuelas normales rurales en los Andes,
especialmente en Caquiaviri y Warisat'a. Por otra parte las iglesias católica y
evangélica pensaban en darles "algún oficio" y adoctrinamiento
religioso. Los propios indígenas, como Nina Quispe o su paralelo Centro
Educativo de Aborígenes Bartolomé de las Casas, pensaban en cómo la
"educación del indio" podía coadyuvar a la enseñanza, defensa, y
restitución de los territorios de los aillus, amenazados y/o convertidos en
haciendas.
El Centro Educativo Collasuyo, era una institución
comunitaria de aillus y markas, y su dinámica se había extendido a varios
departamentos de la república, como Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca y,
en la época de la guerra del Chaco, a Santa Cruz, Beni y Tarija. Lo más
llamativo de este centro fue su constitución, conformada por todas las
autoridades originarias (jilacatas) y representantes de los distintos aillus.
Por ejemplo, en el departamento de La Paz, la conformaban las provincias de
Murillo, Omasuyo, Larecaja, Muñecas, Camacho, Caupolicán, Loayza, Sicasica,
Pacajes, Nor Yungas, Sur Yungas e Inquisivi.
Eduardo Nina Quispe, en uno de sus documentos más
importantes, titulado De los títulos de composición de la corona de España,
plantea la propuesta de la renovación de Bolivia. Aquí queda claro que los
territorios de los aillus, legalizados mediante títulos coloniales, por haber
sido adquiridos en oro y compensados con trabajos de mita en Potosí, otorgaban
pleno derecho propietario a los aillus y markas de la época. Este era el
argumento central del movimiento indígena de la época para exigir al gobierno
la inmediata posesión (en algunos documentos aparece como deslinde)
administrativa en favor de los aillus, a pesar de que muchas de estas tierras estaban
en poder de los expropiadores a partir de la revisita de 1882.
En el documento citado, Eduardo Nina Quispe añade el
conocimiento del país en la década de los 30, su territorio y división
administrativa. Para él y el movimiento indígena, el interés y el cuidado del
patrimonio territorial e histórico no involucraba sólo lo referente al aillu y
a la marka andina, sino la totalidad del territorio nacional.
Equiparado con los mandatarios del mundo y reconocido en su
trabajo educativo por la grandeza de los pueblos indígenas, no cabe duda de que
Nina Quispe, a partir de su labor educativa y defensa del territorio de los
aillus y markas, avanzó en la idea de la refundación de Bolivia, sobre el
propio territorio. Por eso decía que:
"Todos los bolivianos obedecemos para conservar la
libertad. Los idiomas aimara y quechua habla la raza indígena, el castellano,
lo hablan las razas blanca y mestiza. Todos son nuestros hermanos" (Nina
Quispe 1932).
Queda claro que estaba pensando que Bolivia tendría un mejor
destino, si parte del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también de
los no indígenas. Esto es lo que hoy se denomina la búsqueda de la convivencia
intercultural.
En 1934, Eduardo Nina Quispe, como presidente de la Sociedad
Centro Educativo Collasuyo, incorpora en su solicitud del deslinde general de
territorios andinos a los pueblos indígenas guaraní, mojeño y chiquitano, de
los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni. Entre los nombres que acompañan
estas solicitudes están Casiano Barrientos, capitán grande del Izozog, Saipurú
y Parapetí de la provincia Cordillera de Santa Cruz, Guardino Candeyo, Tiburcio
Zapadengo y Manuel Taco de Tarija, y José Felipe Nava, Sixto Salazar de Rocha
del Beni.
Lo más interesante en el pensamiento de Eduardo Nina Quispe,
es el reencuentro de los pueblos andinos y los amazónicos. Aquí queda pendiente
de investigar cuáles fueron las bases de esa alianza.
2. Los indígenas después de la Revolución de 1952
Resaltamos las evoluciones ocurridas desde la consolidación
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en el poder después de la
revolución del 9 de abril de 1952. El ascenso del MNR, como se sabe, ha traído
consigo la Reforma Agraria de 1953, el derecho universal al voto para todo habitante
del país con mayoría de edad, incluidos los analfabetos, y el acceso masivo a
la educación.
Toda esta política obedecía a un programa de modernización
capitalista estatal, que se denominó el "Plan de Gobierno de la Revolución
Nacional". Hubo reformas de importancia y cambios profundos, aun cuando
fueron distintos de las pretensiones de los sectores obreros, indígenas,
campesinos y populares urbanos, que habían sido el soporte social de la
revolución y habían encumbrado en el poder político al MNR.
Si bien la gestación del sindicalismo rural en algunas zonas
de hacienda venía desde poco después de la guerra del Chaco (1932-1935) y contó
inicialmente con el apoyo de otros partidos y fuerzas sociales, correspondió al
MNR y al nuevo gobierno su masificación en el agro. Bajo su dirección, en pocos
años, el "sindicato campesino" se impuso sobre cualquier otra forma
de organización rural.
2.1. La República aimara de Laureano Machaca
A mediados de 1956, en Waychu o Puerto Acosta, capital de la
provincia Camacho, del departamento de La Paz, un movimiento aimara regional, a
la cabeza de Laureano Machaca, fundó la República Aimara. Machaca, oriundo de
Waychu, pretendió -en un primer momento- expandir la fuerza rebelde. Bastante
más tarde, se hizo el Manifiesto de Tiwanaku, suscrito en 1973, al pie de las
grandiosas ruinas preincaicas de Tiwanaku, posteriormente difundido,
clandestinamente, en castellano, quechua y aimara. El documento citado viene a
ser la primera plataforma de "clase y nación" porque subraya que la
opresión del indígena andino no sólo es económica y política sino que tiene
fundamentalmente raíces culturales e ideológicas.
Esta perspectiva permitió superar tanto la posición clasista
(que prevalecía en los sindicatos y en los partidos de izquierda) como el
radicalismo de algunas grupos indianistas. Se daba así una doble lectura de la
problemática aimara y boliviana, en la que se combinaban los elementos
identitarios y de clase social.
Pero, en este cruce permanente entre las dos dimensiones, se
fue viendo que la contradicción principal, en muchos casos, no es sólo de clase
ni de simple etnicidad, sino más bien el carácter colonialista que ambas
adquieren en Bolivia. De ahí la propuesta del replanteo de la estructura misma
del Estado.
Con los años se fue desarrollando más la evaluación inicial,
esbozada líneas arriba. Otro hito importante fue la tesis política de la CSUTCB
de 1983, que por primera vez propone temas como la construcción de un Estado
plurinacional, la educación intercultural y bilingüe, entre otros temas.
2.3. La reafirmación de la identidad: el movimiento
katarista e indianista
El movimiento katarista e indianista fue de los primeros en
reintroducir de manera muy explícita la problemática del reconocimiento de los
pueblos indígenas del país.
Haciendo una rápida historia, hay que recordar que las
primeras manifestaciones de una nueva conciencia étnica aparecen a fines de la
década de los años 1960. Una nueva generación de aimaras que estudiaban en La
Paz empieza a organizarse, fundando el Centro Cultural 15 de Noviembre.
Bajo la influencia de indianistas como Fausto Reinaga, redescubren
la figura histórica de Tupaj Katari y Bartolina Sisa (ejecutados en 1781) y
empiezan a percibir sus problemas desde otra óptica. Son los primeros que
empiezan a declarar sentirse "extranjeros en su propia tierra".
A pesar de que la revolución de 1952 les había incorporado
formalmente como ciudadanos "campesinos", en la práctica continuaban
sintiéndose objeto de discriminación étnica y manipulación política.
En este sentido, el movimiento katarista e indianista viene
a ser un fruto no previsto de la revolución de 1952, desde dos vertientes: es
producto de sus conquistas parciales (educación, participación política del
"campesinado") y producto también del carácter inconcluso de estas
conquistas. Las primeras abrieron horizontes y despertaron nuevas expectativas;
su carácter de inconclusas generó una frustración que hizo resurgir la memoria
larga, de un plurisecular enfrentamiento con el Estado.
2.4. Los últimos años
Después del retorno a la época democrática, en 1982, ocurrió
un nuevo fenómeno: se fueron debilitando las movilizaciones indígenas andinas;
aunque las ideas más importantes penetraron paulatinamente por todo el campo
político.
El debilitamiento de las movilizaciones se debió a muchas
razones, por ejemplo, la fuerte crisis económica, que dejó algunas conquistas
sólo en el papel y, por tanto, esto ha ido quitando fuerza a las
reivindicaciones. También la crisis organizativa de todo el movimiento
indígena-campesino por la implantación del modelo neoliberal, o los propios
conflictos internos de liderazgo dentro del movimiento indígena y campesino.
Finalmente, entre 1993 y 1997, la presencia de Victor Hugo
Cárdenas, como Vicepresidente de la República, abrió la esperanza de una mejor
cristalización en el reconocimiento y participación de los pueblos indígenas en
la vida política del país. Pero en los hechos, la presencia de Cárdenas sólo
llegó a ser un reconocimiento meramente simbólico. El Estado, a través de
varias reformas jurídicas, incorporó en la política pública el tema indígena,
pero con resultados poco alentadores. La idea de generar una forma de
revolución social de carácter legal, por ejemplo los artículos 1º y 171 de la
Constitución Política del Estado, el Convenio Nº 169 de la OIT y las Tierras
Comunitarias de Origen de la Ley del INRA, en su aplicación se convirtieron más
en "buenas intenciones" que en avances reales.
Conclusión
Las consideraciones históricas anotadas nos muestran que la
idea de participación política, sea mediante ideas autonomistas y/o de participación
política de los pueblos aimara y quechua, es de larga data y no es ninguna
novedad que los movimientos indígenas contemporáneos la vuelvan a plantear.
Por tanto, el gran reto de la democracia boliviana es
resolver en el país (ahora o mañana) el reconocimiento real a los pueblos
indígenas, sea mediante formas de autonomía o mediante una nueva forma de pacto
social en la vida política del país. Un verdadero reconocimiento a los pueblos
indígenas, significa partir de un diálogo intercultural, que podría reencauzar
la crisis del país por una vía pacífica. Este es el reto de la democracia
boliviana de hoy. Cualquier parche -como aquéllos a los que nos tiene
acostumbrados la clase política del país- no es la verdadera solución. Sólo una
profunda "democratización" que tenga el sentido de refundación del
país podría conducirnos a una real convivencia intercultural en el país.
Referencias citadas
Archivo de La Paz
Fondo de la Prefectura. 1880-1890. La Paz, Universidad Mayor
de San Andrés.
Condarco Morales, Ramiro
1986 Zárate el "Temible Willka". La Paz, Imprenta
Renovación.
Choque Canqui, R. (y E. Ticona Alejo)
1996 Jesús de Machaqa la marka rebelde. 2. Sublevación y
masacre de 1921. La Paz, CIPCA y CEDOIN.Hurtado, Javier
1986 El katarismo. La Paz, Hisbol. Mamani, Carlos
1991 Taraqu 1886-1935: Masacre, guerra y
"Renovación" en la biografía de Eduardo L. Nina Qhispi. La Paz, Edit.
Aruwiyiri.
Nina Quispe, Eduardo Leandro
1932 De los títulos de composición de la corona de España.
Composición a título de usufructo como se entiende la exención revisitaria.
Venta y composición de tierras de origen con la corona de España. Títulos de
las comunidades de la República. Renovación de Bolivia. Años 1536, 1617,1777,
1825 y 1925. s.p.i. La Paz
Paredes, Alfonsina
1977 El indio Laureano Machaca: esbozo biográfico de un
líder. La Paz, Ediciones Isla. THOA
1984 El indio Santos Marka T'ula, cacique principal de los
ayllus de Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República.
La Paz, THOA-UMSA.
Ticona Alejo, Esteban
1991 "Manuel Chachawayna, el primer candidato aimara a
diputado", Revista Historia y Cultura, Nº 19: 95-102. La Paz, Sociedad
Boliviana de Historia, Edit. Don Bosco.
Ticona Alejo, E. (y X. Albó)
1997 La lucha por el poder comunal.Vol. 3. Serie Jesús de
Machaca: la marka rebelde. La Paz, Cedoin/Cipca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario