Extracto de: www.revistasbolivianas.org.bo
Un acontecimiento domina este último tiempo el interés de
los medios de prensa y de la opinión pública nacional e internacional. Es el
caso de los archivos militares de la dictadura de Luis García Meza. La cúpula
militar de las Fuerzas Armadas con argumentos de diversa naturaleza ha ido
esquivado sistemáticamente el alcance de dos resoluciones del Ministerio de
Defensa y una orden judicial, para desclasificar los archivos de la última
dictadura militar del general Luis García Meza Tejada.
PLANIFICACIÓN DE UN GOLPE DE ESTADO
El 17 de julio de 1980 se suscitó un cruento golpe de Estado
para impedir que asumiera el poder el Dr. Hernán Siles Suazo, vencedor de las
elecciones de 1980, con el 38% de los votos, por su clara tendencia
‘izquierdista’. Sin embargo otro de los motivos poderosos que incentivó el
golpe fue el juicio de responsabilidades que impulsaba desde el Parlamento el
líder del Partido Socialista Uno, Marcelo Quiroga Santa Cruz contra el gobierno
dictatorial de Hugo Bánzer Suárez.
El general Hugo Bánzer Suárez, había gobernado "manu
militari" entre el 21 de agosto de 1971 y el de 21 de julio de 1978. Su
gobierno participó en el Plan Cóndor, una red de represión anti-izquierdista
conformada por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Chile y Bolivia, en los años 70. Volvió al poder esta vez democráticamente en
agosto de 1997. Durante su gobierno la activista Gladis Oroza viuda de Solón,
no logró develar el sitio donde fue sepultado clandestinamente su hijo,
desaparecido durante su primer gobierno, por lo que trasladó el juicio a la
Corte Interamericana de Justicia que falló a su favor, obligándose el Estado
boliviano a resarcir económicamente. Bánzer tuvo que ordenar el cumplimiento de
esta sentencia. Murió el 5 de mayo de 2002, fulminado por un cáncer terminal,
llevándose a la tumba el destino de los restos de sus enemigos políticos, y de
aquellos que en su nombre hizo en 1980, el gobierno del dictador García Meza.
Los militares de línea dura decidieron impedir a toda costa
la entrega del poder a Siles. Meses previos al golpe, los militares ejecutaron
varias acciones.
1. 21 de marzo de 1980: el sacerdote jesuita Luis Espinal
Camps, crítico de cine y director del semanario Aquí, fue secuestrado,
torturado y asesinado.
2. Mayo de 1980: el Coronel Terrazas intentó agredir
físicamente a la Presidenta Gueiler.
3. Junio de 1980: una avioneta que trasladaba a líderes de
la Unidad Democrática y Popular (UDP) cayó a tierra, provocando la muerte de
los ocupantes, dirigentes del MNRI, a excepción de Jaime Paz Zamora quien
sufrió graves quemaduras.
4. Junio de 1980: una granada de guerra mutila e hiere a
integrantes de una marcha multitudinaria que celebraba el triunfo de la UDP en
El Prado paceño.
5. Noviembre de 1979, efectivos militares en una operación
comando, asaltaron las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Estado,
ante la impotencia del ministro del interior Jorge Selum, con el objetivo de
secuestrar los documentos del SIE que fueron traslados al Estado Mayor de
Miraflores.
LA LARGA NOCHE DE LA DICTADURA
Todavía quedan en la memoria social las imágenes del golpe
de Estado que fue planificado con asesoramiento de militares argentinos y
ejecutado por bandas paramilitares. Esa mañana invernal civiles armados tomaron
por asalto la sede de la Central Obrera Boliviana (histórico edificio de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), empleando ambulancias
de la Caja Nacional de Seguridad Social, las que en lugar de socorrer heridos,
luego de la operación militar, trasladaron los restos de asesinados y
detenidos.
Uno de los objetivos del 17 de julio de 1980 era ubicar a
Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esa jornada aciaga Marcelo Quiroga fue
identificado.
Un paramilitar disparó sobre él a quemarropa.
Fue trasladado malherido rumbo al Estado Mayor General de
Miraflores; posteriormente fue sometido a cruel tortura y asesinado.
Losparamilitares asesinaron de igual manera al joven dirigente Juan Carlos
Flores Bedregal. Su cuerpo, que yacía ensangrentado en la acera de esa céntrica
avenida paceña, fue trasladado en otro vehículo con rumbo desconocido.
Los restos de ambos nunca fueron hallados. El coronel Luis
Arce Gómez, ya en el poder, en su febril e insana cruzada contra los
subversivos, advirtió a los bolivianos “caminar con el testamento bajo el
brazo”, a tiempo de mostrar el proyecto de Ley de Seguridad del Estado.
El 15 de enero de 1981 el gobierno ordenó intervenir una
reunión clandestina del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria que analizaba la situación política que vivía el país,
masacrando a la joven dirigencia. Milagrosamente sobrevivió Gloria Ardaya,
quien fue detenida, torturada y exiliada.
La noche larga de la dictadura, que provocó 500 asesinatos y
4.000 detenidos, terminó el 10 de octubre de 1982, con la entrega del poder
constitucional al Dr. Hernán Siles Zuazo, vencedor de las elecciones de 1980.
García Meza y Arce Gómez fueron juzgados y condenados a la
pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, que purgan actualmente en la
cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño.
Como lo hizo Bánzer, ambos mantienen en secreto datos del
destino de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona Estrada y
Juan Carlos Flores Bedregal.
El proceso para abrir los archivos de la dictadura
En mayo de 2009, casi 29 años más tarde, tres mujeres
iniciaron una huelga de hambre exigiendo al Alto Mando militar abrir los
archivos de las dictaduras militares, a fin de dar con el paradero de sus
familiares y más de un centenar de desaparecidos políticos desde la década de
los 60’s. Esas valientes mujeres son:
Martha Montiel, hija del rebelde Sergio Pablo Tirso Montiel,
de la guerrilla de Teoponte, asesinado en 1970. Olga Flores, hermana de Juan
Carlos Flores
Bedregal, asesinado junto con el líder socialista Marcelo
Quiroga Santa Cruz durante el golpe de Estado del general Luis García Meza en
julio de 1980. Hortensia Gutiérrez, esposa de Rodolfo Flores Sanmillán,
desaparecido en 1968, durante el Gobierno del Gral. René Barrientos Ortuño.
En mayo de 2009 logran que el Ministerio de Defensa
Nacional, resolución mediante, instruya a las Fuerzas Armadas abrir sus
archivos. De esa manera se inició un largo proceso, para lograr la apertura de
los archivos militares de la dictadura.
En febrero el Doctor Roger Valverde Peres, Juez Octavo de
Instrucción en lo Penal, ordena por medio de la Resolución 59/2010, el acceso a
los archivos de la dictadura. El Fiscal Milton Mendoza exige dar cumplimiento a
la orden judicial. Sale al paso el Gral. Ramiro de la Fuente, Comandante de las
FF.AA, anunciando que “ordenarán y entregarán los documentos sobre el escalafón
de enero de diciembre de 1980, el 26
de febrero próximo”. Sin embargo ese día fracasa el primer
intento de acceder a esos registros, debido a que el Alto Mando, pidió tiempo
para ‘ordenar’ los documentos.
Ante esa situación Olga Flores interpone una demanda ante la
Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la misma que es aceptada, exigiendo que el
Estado de Bolivia investigue e identifique a los autores del hecho, los procese
penalmente y les aplique las sanciones que corresponden por ley. La CIDH hace
conocer la lista de 110 desaparecidos en cuatro dictaduras:
1. Gobierno de René Barrientos Ortuño: nueve opositores
desaparecidos.
2. Régimen de Alfredo Ovando Candia: un desaparecido: Emilio
Quiroga.
3. Dictadura de Hugo Banzer Suárez: 75 personas no halladas.
4. Tiranía de Luis García Meza: 25 detenidos desaparecidos.
El 1 de marzo, el Cnl. Roberto Siles entrega tres sobres,
uno por cada Fuerza, el escalafón, documentos y radiogramas de 1980, al juez
Róger Valverde. Los fiscales califican de insuficiente dicha información.
El 3 de marzo de 2010, el Juez Valverde en una histórica
decisión ordena levantar el secreto militar en el caso de desaparecidos. “El
juez 8º de Instrucción en lo Penal, Roger Valverde, instruyó al Comando en Jefe
de las Fuerzas Armadas levantar el secreto militar para facilitar a la Fiscalía
la investigación sobre los desaparecidos en dictadura”. “A pedido del fiscal
(Milton Mendoza) se ha emitido una resolución en estricto apego a la Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas para levantar el secreto militar”, afirmó y
explicó que esta decisión tiene como antecedente similar decisión de la Corte
Suprema en el caso octubre-2003”.
Con esta determinación, las FF.AA. tienen la obligación de
permitir el “acceso a todos los documentos y archivos castrenses y posibilita
la citación de testigos para conocer el paradero de los restos de Marcelo
Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores, Renato Ticona y otros desaparecidos”.
Protagonistas de un hecho histórico Un puñado de activistas
ha protagonizado una
nueva hazaña archivística. Olga Flores, Sara Montiel y
Hortensia de Flores, aguerridas mujeres que reclaman por los restos de sus
familiares desaparecidos en las dictaduras que castigaron a Bolivia.
El Fiscal Milton Mendoza y el Juez Roger Valverde, han
escuchado el clamor de esas mujeres y han apoyado sus acciones, basándose en la
legislación vigente, sobre todo la Constitución Política del Estado promulgada
en febrero de 2009.
Con sus acciones este grupo de ciudadanos y ciudadanas que
intentan hasta hoy de forma infructuosa la apertura total de los archivos más
reservados de la sociedad (pues los militares forman parte de ella), ha
ingresado con mérito propio a la historia de la archivística boliviana.
Por primera vez en nuestra historia, se desclasificaron
parte de los archivos militares, aunque la medida fue calificada por la
comisión de fiscales como insuficiente. Por esa razón el Juez Valverde ordenó
la apertura de los archivos generales de las Fuerzas Armadas.
Sin duda es un capítulo de este largo proceso de lograr la
apertura de los archivos del terror. En general sectores de la alta burocracia
que observan con desdén los papeles viejos que atesoran sus oficinas y colman
sus depósitos.
Esos individuos esconden en lo profundo de su ser un deseo
irrefrenable de venderlos a las empresas recicladoras de papel, para convertir
la memoria de las instituciones en papel higiénico.
Para muchos, los papeles viejos sólo ocupan espacio y creen,
equivocadamente, que no sirven para nada más que para tirarlos a la basura.
Nada más alejado de la verdad, pues como nos demuestra este
caso, los documentos de archivo, sin importar su antiguedad sirven para
posibilitar a la ciudadanía el goce pleno de sus derechos fundamentales, como
son los Derechos Humanos.
Fuentes:
Juez levanta secreto militar en el caso de desaparecidos.
Fiscalía podrá revisar archivos y citar a militares para indagar sobre este
caso. http://www.la-razon.com/versiones/20100304_007021/nota_247_962638.htm
La CIDH admitió la demanda por la Desaparición de Juan
Carlos Flores. http://derechoshumanosbolivia.blogspot.com. Consultado
el 5.02.10
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