Publicado en El Diario (Revista Nuevos Horizontes) 10 de
Enero de 2012.
Un 10 de enero de 1879, el coronel Severino Zapata, prefecto
del Litoral boliviano, cumpliendo órdenes del gobierno del Gral. Daza, notificó
al gerente George Hunks, de la Cía de Salitres y Ferrocarriles de
Antofagasta, para que pagara el cuestionado impuesto de los diez centavos sobre
quintal de salitre explotado por esa compañía (en un total de B/.95.000,
correspondiente a 950.000 quintales de salitre exportados desde el 23 de
febrero de 1878).
El gerente se resistió a firmar la notificación, buscó asilo
en el buque chileno “Blanco Encalada”, que había fondeado en el puerto el 7 de
enero. Entonces Zapata dispuso el “embargo” de los bienes de la empresa,
señalando el 14 de febrero de 1879 para el remate público de los mismos.
De su lado el presidente Daza emitió el decreto de 1ro de
febrero que, considerando el hecho de que el representante de la Compañía de
Salitres había protestado contra la ley del 14 de febrero de 1879, declaraba
rescindida y sin efecto la convención del 27 de noviembre de 1873. . . y en su
mérito suspendidos los efectos de la ley del 14 de febrero de 1879.
A pesar del retroceso del gobierno boliviano, sin
declaratoria de guerra alguna, tropas chilenas desembarcaron en el puerto de
Antofagasta para ocuparla definitivamente, 14 de febrero de 1879, una semana
después cayó Cobija, dejando a Bolivia sin acceso soberano al Pacífico.
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