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JOSÉ CARLOS TRUJILLO OROZA, EL UNIVERSITARIO DETENIDO, TORTURADO Y ASESINADO POR LA DICTADURA DE HUGO BANZER SUAREZ


Este artículo fue originalmente publicado en el matutino paceño La Razón de La Paz en septiembre de 2002.  // Foto: Por ironías de la vida, años más tarde, el ex dictador, Hugo Banzer llegaría al poder nuevamente esta vez democráticamente.


Era un dirigente universitario que fue detenido, sin orden legal alguna, el 23 de diciembre de 1971 en Santa Cruz. Fue conducido a la cárcel de El Pari, donde fue torturado. Su madre lo vio hasta el día en que habría sido asesinado.
En diciembre de 1971, cuatro meses después del golpe de Estado que llevó a Hugo Banzer a la presidencia, el dirigente universitario José Carlos Trujillo Oroza estaba de vacaciones en Santa Cruz de la Sierra.
El Gobierno había decretado el cierre de todas las universidades del país y perseguía a los representantes de los estudiantes.
Trujillo Oroza fue detenido, como solía suceder en aquellos tiempos, sin orden judicial ni cosa parecida. El 23 de diciembre cayó preso y fue conducido a las celdas de la cárcel de El Pari.
El 15 de enero, tres semanas después de su detención, la madre del universitario, Gladys Oroza, se entrevistó con el jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior, coronel Rafael Loayza, quien le confirmó que su hijo se encontraba en El Pari.
Ernesto Morán, jefe de la Policía de Santa Cruz, autorizó a Gladys Oroza visitar al preso.
A partir de ese día hasta el 1 de febrero, la madre del detenido le llevaba a diario algunos alimentos y podía hablar con él. En cada entrevista se hacía evidente que el joven, de 21 años, era sometido a torturas físicas.
El 2 de febrero, Gladys Solón vio a José Carlos a través de la puerta entreabierta de su celda. Sería la última vez que lo vería.
Los matones le impidieron dejarle los alimentos o hablar con el universitario. Preocupada volvió ese mismo día a las 17.00 en compañía de la directora de la Cruz Roja, Gisela Brun.
El jefe de la Comisaría de El Pari, Elías Moreno, les comunicó que el detenido había sido remitido a la Central de Policía, junto con otros dos detenidos: Carlos López Adrián y Alfonso Toledo Rosales para ser sometidos a nuevos interrogatorios.
Un día después, Gladys Oroza no encontró en El Pari a los tres jóvenes. Junto con Beatriz de Toledo, esposa de uno de los presos, se dirigió a la Central de Policía, donde Oscar Menacho, agente de la Dirección de Orden Político, les informó que los tres habían sido llevados a Montero.
El subjefe de esa repartición, Percy Gonzales Monasterio, le aseguró que todo se había solucionado y que debían esperar a su jefe, Ernesto Morant, pero el agente Justo Sarmiento Alanis le informó que los detenidos habían sido expulsados del país y que fueron exiliados a Paraguay.
Al llegar Morant exhibió una orden de libertad firmada por el subsecretario del Interior, Antonio Guillermo Elío, pero luego se comprobaría que aquel documento fue una falacia inventada para desorientar a los familiares de los supuestos desterrados. Desde entonces, Gladys Oroza no ha dejado de buscar los restos de su hijo, ante la oposición, primero, y la indiferencia, después, de las autoridades gubernamentales de turno.
El caso fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de septiembre de 1992 y Bolivia reconoció la competencia de este tribunal el 27 de julio de 1993.
En 1994, el Estado boliviano admitió su responsabilidad por los hechos denunciados.
En 1998, con Banzer como presidente constitucional, el Gobierno ofreció a la familia una indemnización de 40 mil dólares, pero declaró “ciertas dificultades para iniciar las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía y sugirió que fuera la madre de la víctima la que iniciara” las indagaciones respectivas.
El Ejecutivo sostuvo que el caso había prescrito y que la familia nunca había presentado una denuncia formal, ni siquiera en 1982, cuando Bolivia retornó al sistema democrático y que sería difícil recuperar el cuerpo.

OPINIONES

“Proceso contra los autores”
Waldo AlbarracÍn, presidente de la APDHB.
“Un aspecto que le interesa a la madre, que hasta ahora sigue reclamando, es el tema de la impunidad. Ella, en reiteradas oportunidades, ha advertido que no estaba persiguiendo esta causa con fines lucrativos, sino con fines de orden moral. Tantos años de lucha no tienen un valor económico, sino fundamentalmente el propósito de saber dónde está el cuerpo de su hijo, lograr la sanción penal a quienes lo detuvieron, lo secuestraron y lo hicieron desaparecer. Ese es el fondo, el objetivo fundamental que está buscando independientemente del fallo que se haya dado la Corte Interamericana. Nunca se reclamó una indemnización sino que la Corte sirva de instrumento para obligar al Estado a promover un juicio contra los autores del hecho”.

“Sanción a los culpables”
TITO IBSEN, familiar de desaparecidos.
“Al igual que de José Carlos Trujillo, mi padre murió asesinado en El Pari por los mismos ejecutores, así que no solamente debería hablarse de él. Considero muy saludable que un colegio lleve el nombre de José Carlos. Lo interesante aquí, fuera del contexto de la desaparición de José Carlos, es que murió defendiendo los ideales en los que él creía. Lo correcto sería que aparte de designar a un colegio con el nombre de José Carlos se sancione a los verdaderos responsables, no sólo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales. El proceso de reparación de los daños parte no solamente de lo espiritual del entorno familiar que ha sido dañado, sino también de la sanción a los responsables. No puede seguir este crimen sin castigo”.
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