LA NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS, EXPRESIÓN DEL PODER DUAL EN BOLIVIA

Por: Luis Oporto Ordóñez - REVISTA DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL / Diciembre 2012. // Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v6n23/v6n23_a10.pdf

En 1950, el territorio nacional estaba poblado por 2.704.165 habitantes, de los cuales el 74% trabajaba en el agro, donde hombres, mujeres y niños, se hallaban reatados a la tierra bajo el dominio latifundista que había extendido el pongueje feudal hasta la mitad del siglo XX. Un mínimo porcentaje poblacional habitaba las tierras bajas en condición de “salvajes”, como los calificaban las estadísticas oficiales. Soló un 26% residía en centros urbanos, donde vivían a expensas del comercio, el contrabando, el trabajo artesanal, una industria insignificante y el empleo público. Era un país dominado por una oligarquía de raíz feudal que sobrevivía de la exportación de materias primas, con un aparato productivo incipiente, una agroindustria inexistente, con indígenas campesinos sometidos al régimen servil y sin derechos civiles, con marcada dependencia internacional.

En las minas se había introducido exitosamente el capitalismo de enclave, que tuvo la capacidad de retener mano de obra calificada para la explotación minera. De las entrañas de la tierra mineralizada de la Cordillera de los Andes, surgieron los emporios mineros de los “Barones del Estaño”: Simón I. Patiño, Carlos V. Aramayo y Mauricio Hochschild, herederos de los “Patriarcas de la Plata”, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y Avelino Aramayo, que facilitaron el ingreso del capital extranjero, sobre todo chileno y británico, con el que “la minería alcanzó estándares internacionales de capitalización, tecnología y eficiencia”, como afirma H. Klein, pero incapaz de transformar la estructura feudal imperante en el país.

Un hecho social, en abril de 1952, cambió el curso de la historia de Bolivia.

Un clásico golpe de Estado, perfectamente planeado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, se trastocó en insurrección popular que sepultó los resabios del orden feudal implantado en Bolivia en 1825, mediante la participación de la clase obrera popular politizada que aplastó al aparato represivo del Estado al derrotar al ejército de la oligarquía dominante en las jornadas del 9 de abril de 1952. Aquella revolución social, obra colectiva de masas sociales insurrectas vanguardizadas por los mineros, impuso la Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria, implantando por la fuerza social, el capitalismo de Estado que tuvo vigencia hasta 1985, cuando el mismo mandatario -Dr. Víctor Paz Estenssoro- que suscribió el Decreto 3223 del 31 de octubre de 1952, introdujo a Bolivia la economía de libre mercado al suscribir el DS 21060, el 29 de agosto de 1985, cerrando así el ciclo que circunstancialmente inauguró 33 años antes.

Fue la clase minera altamente politizada la que marcó la impronta de la revolución de abril de 1952, que -con la fuerza social de masas insurrectas- forzó a asumir medidas estructurales, logrando la “ruptura de la unidad de poder natural del Estado moderno”, parafraseando a Zavaleta Mercado, “capaz de romper la estructura de poder completa” (vg. estructura de dominación institucional, social y cultural). Los mineros fuerzan al Movimiento Nacionalista Revolucionario aplicar medidas revolucionarias, expresando en todo su alcance “el contrapoder de la burguesía”, llegando a conformar una especie de “gobierno paralelo”, es decir, un “segundo poder”.

¿Cómo se logró generar ese ‘gobierno paralelo’, al que hace referencia Zavaleta? La expresión del poder dual en la Bolivia del 52 viene fundamentalmente con la conquista del control obrero con derecho a veto, imperante de facto en las minas estatizadas, que tuvo que reconocer el DS de 31 de octubre de 1952, en su artículo 17. Es, por tanto, la expresión más clara de la influencia de la participación obrera que transforma un golpe de Estado en una revolución social. Fue la temprana conciencia de clase de los mineros bolivianos, sometidos históricamente a un régimen de explotación salvaje, que afloró en métodos de lucha como la protesta social que devino luego en la huelga general indefinida, capaz de detener la economía estatal, poner en jaque al gobierno y destruir la precaria estructura de la oligarquía dominante.

El gobierno del MNR reglamentó la organización y funcionamiento del Control Obrero con derecho a veto mediante el DS 3586 de 15 de diciembre de 1953, dirigida a regular “los aspectos administrativo, económico y financiero de las mismas; con vistas a salvaguardar los intereses del país, racionalizar la producción y elevar el nivel de vida de los trabajadores”. Esta conquista le facultó a la poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia imponer delegados sindicales en todos los niveles de decisión de la minería estatizada, desde la empresa minera que operaba en los yacimientos, hasta la oficina central de la Corporación Minera de Bolivia.

No obstante el sesgo técnico que quizo darle el DS 3586, surge con fuerza el cariz político- revolucionario de la medida. Siendo el país dependiente de las divisas ‘duras’ generadas por la exportación de minerales, se impuso el centralismo económico de la minería nacional y por consecuencia generó el poder dual en la administración del Estado, es decir aquel “contrapoder de la burguesía”. Era claro para la clase proletaria minera que el enemigo era el gobierno tanto en cuanto defendiera los intereses de la clase dominante que representaba. Los métodos de lucha de los mineros radicalizados (vg. la huelga general indefinida), fueron las represas que contuvieron por 12 años los intentos de desestatización del país, de re-encausar la revolución a los moldes que buscaba con afán la pequeña burguesía nativa, contando para ello con el apoyo militante del capital extranjero. Quizá eso explique la saña con la que los centros mineros fueron sometidos a dura represión por el gobierno del Gral. René Barrientos Ortuño, desde que derrocó al gobierno de Paz, el 4 de noviembre de 1964. Un año más tarde no dudó en firmar el decreto supremo de rebaja de salarios en los centros mineros (parte estructural del ‘sistema de mayo’), para ahogar por hambre a esos mineros que en su lucidez ideológica antepusieron a sus intereses de clase, dejando de lado el salarialismo, para favorecer a las grandes mayorías, mirando al horizonte para alcanzar “mejores niveles de vida de los trabajadores”, como reza el histórico decreto 3586.

Otra vertiente de aquella lucha popular vino por parte de los intelectuales comprometidos con la liberación nacional. Fue la postguerra del Chaco la que propició una acción sistemática que socavó los cimientos de la feudal burguesía. El experimento del ‘socialismo militar’ eclosionó en la convocatoria de la Convención nacional de 1938, que a tiempo de legitimar en el mando presidencial al joven teniente coronel Germán Busch, redactó la constitución que sepultó a la vieja carta emanada del liberalismo decimonónico boliviano (1880). Se puede afirmar que al imponer los mineros de abril de 1952 la nacionalización de las minas, pusieron en práctica el régimen social de la constitución de 1938 que declara del “dominio originario del Estado, todas las sustancias del reino mineral” (Art. 107). Posteriormente las masas campesinas, igualmente insurrectas, al imponer la reforma agraria, extinguieron en los hechos el pongueaje, concordante con la misma constitución, que declara: “La esclavitud no existe en Bolivia. No se reconoce ningún género de servidumbre” (Art. 5). Finalmente, con la Revolución del 52 (más no como concesión del MNR), entró en vigencia, la educación fiscal gratuita, que aquella carta de 1938, había declarado (Art. 154) “como la más alta función del Estado”, por lo que la enseñanza pública era obligatoria desde los 7 hasta los 14 años, en otras palabras “la instrucción primaria y secundaria del Estado es gratuita”.