Fuente: Estado y Petróleo en Bolivia (1921-2010) De: Juan
José Anaya Giorgis.
Con la Standard Oil las cosas no saldrían como se había
previsto, los planes acabarían en conatos y la esperanza y el optimismo en
frustración (Deheza, 1938: 100). Además de la discordia suscitada en torno a la
escasa producción de SOCB, y frente a las expectativas que las autoridades
habían depositado sobre la compañía para abastecer el mercado interno (Cote,
Stephen: 5); se añadió un largo diferendo inherente a las recaudaciones
impositivas por patentes que sostuvieron ambas partes.
Las patentes por hectárea en concesión aumentaban gradualmente, año tras año,
hasta cierto límite; sin embargo, la escala general del impuesto subiría en el
30%, una vez iniciado el periodo de producción. La cuestión era: ¿Cuándo
empezaba la producción? Según las autoridades bolivianas, el periodo de
producción comenzaba una vez descubiertos los primeros yacimientos comerciales,
o concluidos los dos primeros años para exploración inicial cedidos a la
compañía por contrato, existiera o no producción.(1) Por su parte, la empresa calificaba
dicha lectura oficial como elucubraciones tejidas con mala voluntad por los
gobiernos bolivianos para exprimirles tributos ilegales; para la empresa, las
cosas estaban muy claras: el periodo de producción comenzaba una vez iniciada
la explotación comercial de aceites minerales, como en cualquier parte del
mundo.
El problema fue provisionalmente zanjado en julio de 1928. El presidente
Hernando Siles promulgó un decreto supremo ordenando la vigencia del incremento
en la escala de patentes, a partir del primero de enero de 1930, exista o no
producción; la compañía no estaba de acuerdo con la decisión oficial, pero la
aceptó a regañadientes. Aun así la estabilidad duró poco. En julio de 1931,
Daniel Salamanca ordenó un nuevo decreto instruyendo la cancelación de patentes
correspondientes a la escala con producción, a partir de 1924, cuando se
hallaron los primeros pozos comerciales. La empresa se negó a obedecer la
“imposición arbitraria” y, en octubre de 1932, inició un litigio contra el
gobierno boliviano, por cobros arbitrarios, ante la Corte Suprema de Justicia
(Somers, 1941: 11-12).
Luego el gobierno boliviano, aguijoneado por el esfuerzo de guerra, ordenó a la
empresa refinar más gasolina de aviación, tan valiosa como la sangre por
aquellas circunstancias bélicas. SOCB tenía instaladas dos refinerías muy
pequeñas, una en Sanandita y la otra en Camiri, con el propósito de satisfacer
sus propias necesidades energéticas. Una vez más la compañía rechazó los
requerimientos del gobierno, arguyendo producir tanta gasolina de aviación,
como era posible refinar de acuerdo a las condiciones técnicas (Somers, 1941:
11-12). Ante la negativa, el gobierno decidió verificar in situ la dimensión de
las restricciones argüidas e intervino militarmente los campamentos de SOCB.
Jorge Muños Reyes, uno de los pocos ingenieros bolivianos (graduado en la
Universidad de Berkeley) que había trabajado en SOCB, y jefe de logística en
abastecimiento de combustibles para el ejército en campaña, tomó el control de
las refinerías:
Viajaron a Camiri varios técnicos bolivianos realizando estudios de laboratorio
tan acertados que tuvieron por consecuencias COMPROBAR PLENAMENTE, que el crudo
de Camiri era un excelente hidrocarburo para producir nafta de avión, con sólo
agregarle etilo en el proceso de la refinería […] Esto es la prueba más
fehaciente y auténtica de la animosidad obstruccionista y adversa que la
poderosa compañía demostró hacia nuestro país en el transcurso de la contienda
(Deheza, 1938: 64-65). (2)
Frente al curso de la guerra cada vez más escabroso para Bolivia, el gobierno
procuró aliviar los problemas del esfuerzo bélico con auxilio de SOCB. Al fin y
al cabo, las grandes compañías lucraban en Bolivia. Salamanca había logrado
involucrar a los barones del estaño en la guerra obteniendo créditos blandos,
particularmente de Patiño, destinados a cubrir parte de sus costos (Querejazu,
2013: 146-147). Se solicitó a la Standard Oil colaborar en labores logísticas,
introduciendo vituallas desde Argentina con sus medios de transporte, una
misión que la compañía volvió a rechazar. La necesidad tiene rostro hereje. Al
finalizar 1934 el presidente José Luis Tejada Sorzano golpeó las puertas de
SOCB, solicitando un adelanto de regalías por 5 millones de dólares, pero
cosechó otra negación humillante (Foianini, 1991: 149)(3). La Standard Oil
evitó a toda costa participar en una guerra que no era suya, en sus propias
palabras: “Es Obvio que habría sido inapropiado para una compañía de origen
estadounidense, con negocios alrededor del mundo, tomar partido en un asunto
como ese” (Somers, 1941: 15) (4).
Finalmente, la Standard se apresuró a desmantelar la mayor parte de sus
instalaciones en el lado boliviano ante la inminencia de las hostilidades,
llevando todo lo que pudo al norte argentino; sólo su campamento de Camiri
siguió funcionando regularmente y, según la opinión de Jorge Lavadenz, los
materiales trasladados hubiesen sido de gran ayuda durante la emergencia bélica
(Lavadenz, 1989: 159, 180). Estas experiencias amargas suscitaron la animadversión
generalizada del pueblo hacia SOCB, creando un clima de suspicacia instintiva
por cualquier incursión de capitales extranjeros en Bolivia (Foianini, 1991:
101, 161).
Como fruto del estancamiento del combate a los pies de los contrafuertes subandinos,
ambos países acordaron cesar las hostilidades mutuas firmando el armisticio de
junio de 1935; para entonces los numerosos desastres cosechados por Bolivia
durante la guerra(5) habían tenido efectos corrosivos muy hondos sobre la
legitimidad política de la dominación patricia. De regreso a casa, muchos
soldados, especialmente de la clase media, buscaban conducirse a sí mismos,
dando expresión a sus intereses y frustraciones en un partido político de su
propia estructura (Klein, 1987: 241); también algunos sectores indígenas(6)
volvieron dispuestos a no reasumir su lugar como último eslabón de aquella
sociedad de castas, los colonos o “pongos” que habían luchado en el Chaco
tuvieron un rol muy importante sobre la organización de los primeros sindicatos
agrarios (Peón, 1995: 32).
Mientras la política nacional se hallaba como aterida en la confusión post
bélica y el ejército todavía sumido en alerta militar estalló un escándalo
inesperado. Hacia octubre de 1935, los argentinos y diputados nacionales, José María
Saravia y Rafael Lencinas, denunciaron, en franco gesto de disidencia contra su
gobierno, la importación de petróleo boliviano, a través de un oleoducto
clandestino instalado en 1925 por SOCB (Deheza, 1938: 1; Klein, 1987: 249). La
denuncia se propagó “como electricidad en Bolivia”, capturando la titularidad
unánime de la prensa, que hasta el desenlace final del asunto, dejó caer un
diluvio de reportajes sobre la Standard Oil (Deheza, 1938: 83).
Nolasco López en su opúsculo de 1936, intitulado Producción y Exportación
Clandestina de Petróleo por la Standard Oil Company, calculó que la compañía
contrabandeó de 1925 a 1935, 10 millones de barriles como mínimo; añadiendo
luego: “sobre la base de la producción clandestina de petróleo boliviano, la
Standard construyó 4 oleoductos en Salta de 3 y 5 pulgadas”, la red comenzaba
en Aguas Blancas, Argentina, alcanzando una longitud total de 233 km. (citado
en, Deheza, 1938: 71, 76-77). Los principales diarios de la época reportaron
las cifras citadas (Klein, 1987: 249), y en 1958, Sergio Almaraz vuelve a
reproducir los mencionados cálculos de Nolasco López en su célebre Petróleo en
Bolivia (1969: 121). Traficar la producción clandestina vía norte argentino
rumbo al Paraguay en tiempos beligerantes, fue otra denuncia muy sonada; según
José Deheza, el oficial aduanero afincado en Fortín Campero, Pompilio Guerrero,
protestó en la prensa: “Si nuestro petróleo sirvió a los paraguayos, como arma
contra nosotros mismos, se debe calificar a la Standard Oil como a criminales y
traidores de guerra, y debían ser juzgados por un tribunal militar” (1938: 24).
Pero el proceder “bandidezco” de la Standard en Bolivia no acababa con el
tráfico de aceites minerales:
El afán de lucro desmedido que aguijoneaba todas las operaciones de la Standard
Oil, no podía detenerse en la nimiedad de un contrabando de cigarrillos, ya que
obraba en el mismo doloso sistema al tratarse del petróleo […] Cierto día el
oficial P. Guerrero, cumpliendo sus obligaciones, ordenó detener un carruaje de
la Standard y su correspondiente revisión […] practicada la verificación, se
notó la existencia de un bulto excedente con la inscripción en letras de molde
rojo “CIGARRILLOS CHESTERFIELD” (1938: 86-87).
El presidente Tejada Sorzano, en la coyuntura difícil que atravesaba aprovechó
el inusitado escándalo del oleducto clandestino para captar simpatías
populares. La Legión de Ex Combatientes (LEC) (7) ejercía presión creciente
sobre su gobierno, exigiendo beneficios sociales. A fines de octubre de 1935,
Tejada Sorzano inició acciones judiciales por defraudación fiscal contra la
Standard Oil, en una maniobra política que buscó apaciguar los ánimos caldeados
de la LEC (Klein, 1987: 248). Ante las acusaciones abrumadoras, el cartel
petrolero rompió el silencio:
La Standard Oil Company of Bolivia ha evitado siempre intervenir en discusiones
periodísticas distintas a las relacionadas con sus actividades industriales,
dejando invariablemente la solución de todas las cuestiones a los tribunales
competentes. Sin embargo actualmente se ve en el deber formular una explicación
relacionada con la resolución dictada por el ministerio de Industria el 23 de
octubre pasado y los comentarios a que ella ha dado lugar basados en su mayor
parte en la más pura fantasía […] Entre julio de 1925 y marzo de 1926, SOCB
proporcionó 704 toneladas de petróleo de sus campos en la margen boliviana del
río Bermejo, a sus pozos de Agua Blanca en la margen argentina del mismo río,
para combustible destinado a perforar pozos, del mismo modo que los campamentos
de Agua Blanca proporcionaron a los de Bermejo, maquinarias, útiles y enseres,
como acto de “buena vecindad” (citado en, Deheza, 1938: 35-36). (8)
Más tarde la compañía declaró que, para realizar sus transferencias de buen
vecino, había instalado una cañería temporal de 2½ pulgadas y 100 metros de
longitud entre ambas riberas del Bermejo (Somers, 1941: 13, 18). Según el
testimonio ocular de Pompilio Guerrero, el caño clandestino tenía 5 centímetros
de diámetro, por 250 metros de longitud, y atravesaba el río enterrado bajo su
lecho (Deheza, 1938: 13, 18). Sobre los volúmenes transferidos sin autorización
del gobierno boliviano, sólo pudo comprobarse un contrabando por 5000 barriles,
que la aduana argentina contabilizó en sus registros correspondientes a 1925 y
1926, tal como admitía la compañía (Deheza, 1938: 8).
Referencias
1) “No resulta, por tanto admisible sino para el criterio de un juez sobornado,
el inaudito embuste de que el período de producción carecía de fecha fijada
para comenzar. Esa fecha está indicada en la cláusula sexta, que señala el
plazo impostergable de dos años para el periodo de exploración; y está indicada
también en la cláusula trigésima que puntualiza el monto de las patentes para
el periodo de exploración, y las que corresponden al período de producción que,
lógicamente, es el periodo que sigue, sin intervalo alguno de tiempo al de
exploración, limitado a dos años improrrogables y fatales. Sostener la tesis de
la Standard Oil y tenerla por justa, como la tuvo más de un alto funcionario
público en tristes épocas de servilismo burocrático y venalidad administrativa,
equivale, además a denunciarse uno mismo como traidor a la patria, o como
estúpido de solemnidad” (Montenegro, 1938: 28).
2) Para solucionar el problema con éxito, fue crucial la
colaboración de Guillermo J. Elder Bell, quien era el técnico de refinación
empleado por SOCB en Bolivia. Luego de la guerra, Elder Bell decidió trabajar
para el gobierno boliviano por el resto de su vida, sus aportes a la industria
hidrocarburífera nacional han sido notables (Foianini, 1991: 143; Lavadenz,
1989: 194).
3) Ulises Pelaez señala que Daniel Salamanca inició las
gestiones por el adelanto, escribiendo personalmente a los ejecutivos de SOCB
con ese propósito, en vísperas del “corralito de Villamontes”. Durante su
inspección a las defensas de Villamontes a fines de noviembre de 1934,
Salamanca fue apresado por el Estado Mayor General del ejército, encabezado por
el general Enrique Peñaranda, condicionando su liberación a dos objetivos: delegar
al Estado Mayor General del ejército, la dirección de la guerra, sin ningún
tipo de injerencia civil, y la dimisión de Salamanca como presidente
constitucional (1958: 215). Sin otro remedio, el presidente acató la voluntad
del ejército, “es el único corralito que les ha funcionado”, dijo, en alusión a
esta maniobra de cerco militar que los paraguayos desplegaban con mucha
eficiencia sobre las tropas bolivianas. Por voluntad del Estado Mayor, el
vicepresidente Tejada Sorzano, asumiría la investidura presidencial con
potestades circunscriptas a los asuntos civiles (Klein: 1987: 209).
4) Traducción propia.
5) A modo de ejemplo cabe mencionar los casos de Campo Vía y
Picuiba. En diciembre de 1933 dos tercios del ejército boliviano en campaña
cayeron prisioneros en Campo Vía, a causa de la negligencia del alto mando
boliviano, y el infranqueable cerco tendido por las tropas paraguayas a cargo
del coronel Franco; la bolsa de Campo Vía contuvo a 7500 efectivos bolivianos,
6500 de la novena división y 1000 de la cuarta, con 37 grados centígrados a la
sombra y sin agua, para los sitiados la disyuntiva es clara: rendición o muerte
(Querejazu, 1978: 216). Casi un año después, 5300 soldados bolivianos abandonan
Picuiba, una posición próxima a las fronteras actuales, frente a la sorpresiva
ofensiva paraguaya que amenaza cercarlos; forzados a recorrer 57 kilómetros sin
agua, 1300 hombres caen abatidos por la sed durante la retirada en desorden
(Querejazu, 1978: 338).
6) Precisamente fueron los pueblos originarios quienes
solían tomar los puestos de mayor riesgo y los trabajos más pesados en las
frentes de batalla (Klein, 1987: 213).
7) Fue creada por grupos locales de veteranos que comenzaron
a organizarse con el propósito de impulsar leyes en beneficio de los combatientes,
inválidos y mutilados de guerra, o las familias de quienes habían caído en
campaña; obtuvo el reconocimiento oficial del gobierno en septiembre de 1935
(Klein: 1987: 239-240).
8) Tomado de una “solicitada” que la empresa hizo publicar
en El Diario el 8 de noviembre de 1935. Las 704 toneladas equivalen a 5000
barriles de petróleo.
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