Por: Ricardo Aguilar Agramont / Publicado en el periódico La
Razón, 15 de febrero de 2016.
Casi dos meses de ocupación militar chilena de territorio
boliviano preceden a la declaratoria de guerra de Chile; sin embargo, cierta
historiografía de ese país que ha cimentado lugares comunes inexactos respecto
de la guerra, con soltura y poca vergüenza argumenta que fue Bolivia la que le
declaró primero la guerra a Chile y que, en consecuencia, Chile solo se
defendía...
Esto puede no ser un tema de discusión en Bolivia, no obstante,
a 137 años de la invasión, en Chile se sigue insistiendo sobre ello. Hoy se
cumplen 137 años de la invasión chilena del puerto de Antofagasta, sin previa
declaratoria de guerra. Aún prevalecen en Chile los mitos que construyó su
historiografía, escrita por cívicos más que por historiadores, que dice que su
país se defendía porque fue Bolivia la que declaró la guerra.
No obstante, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su
fallo sobre la objeción preliminar de competencia presentada por Chile dice
claramente que fue este país el que declaró la guerra a Bolivia y a Perú: “En
1879, Chile declaró la guerra a Perú y Bolivia, conflicto conocido como la
Guerra del Pacífico. En el curso de esta guerra, Chile ocupó el territorio
costero de Bolivia”.
El hecho es que las tropas chilenas desembarcaron y ocuparon
militarmente el puerto de Antofagasta un día como hoy (14 de febrero) en 1879,
sin previa declaratoria de guerra. Esto es un dato incontrastable, si bien el
“sentido común” de Chile continúa diciendo lo contrario, aunque cada vez menos.
La polémica proviene de un ejercicio de interpretación, pero que ha sido
saldado por el hecho histórico de la invasión militar chilena del 14 de
febrero.
Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú entre el 4 y 6 de
abril de 1879, no hay consenso en el día exacto. En cuanto a Bolivia, todo es
cuestión de exégesis: el 1 de marzo de 1879, el presidente Hilarión Daza
promulgó un decreto que obliga a los residentes chilenos en Bolivia a abandonar
el territorio nacional con un límite máximo de diez días después de haber sido
notificados. Ese mismo día hizo una proclama llamando a las reservas del
Ejército, lo que tampoco es una declaratoria formal de guerra.
La historiografía chilena interpreta este decreto como la
declaratoria de guerra, empero, formalmente está lejos de serlo, menos aún si
se lee el documento, el cual hace concesiones del todo ajenas a un tiempo de
guerra: “Las empresas mineras pertenecientes a chilenos o en las que hubiere
accionistas de esa nacionalidad, podrán continuar su giro, a cargo de un
administrador nombrado por la autoridad, o con intervención de un representante
del fisco, según creyera ella más conveniente”.
Interpretar el decreto de expulsión de chilenos residentes
más la prerrogativa de que los empresarios mineros de Chile conserven sus minas
o acciones dista mucho de una declaratoria formal de guerra; no obstante,
cierta historiografía quiere hacer ver dicho decreto como tal declaratoria. Por
lo demás, aunque en una especie de sobreinterpretación, uno pudiese conceder
que hubiese en el decreto una declaratoria de guerra (la cual no existe), la
invasión militar chilena precede al decreto en 16 días.
Antes, al día siguiente de recibir la noticia (26 de febrero
de 1879), Daza lanza dos decretos de evidente apresto bélico y de preparación
para la defensa de los territorios invadidos; pero, una vez más, éstos no
guardan la forma que en rigor suponen una declaración de guerra, y, otra vez,
son posteriores por más de una semana a la invasión chilena el 14 de febrero.
El primer decreto declara la amnistía “amplia y sin restricciones” a los presos
políticos “con la seguridad de que se colocarán al lado del Gobierno, que por
hoy no tiene otro pensamiento que levantar muy alta la bandera nacional”. El
segundo decreto declara a “la patria en peligro y estado de sitio [...]
mientras duren las actuales circunstancias de guerra promovidas por Chile”.
Aún hay más. Antes todavía, en enero, el acorazado chileno
Blanco Encalada estaba en aguas bolivianas al frente del puerto de Antofagasta,
todo en medio de la disputa por los 10 centavos de gravamen al quintal de
salitre extraído por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de
capitales ingleses aunque también de un puñado de miembros de la oligarquía
chilena. Este tema privado entre una empresa inglesa, capitales privados
chilenos y el Estado boliviano fue asumido por Chile como un conflicto
diplomático.
Eran cinco años que esta empresa explotaba el salitre
boliviano sin dejar absolutamente nada (es más, cuando el prefecto Severino
Zapata quiso que la empresa aportara a la localidad para el alumbrado público,
un año antes de la guerra, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta
se sintió insultada y también se quejó y pidió la intervención de la
Cancillería chilena). Chile usó el famoso gravamen como pretexto para
implementar la doctrina de Diego Portales (“Supremacía en el Pacífico”).
La noche del 13 de febrero y el amanecer del 14 fueron
tensos para los bolivianos de Antofagasta, ya que ese día se realizaría el
remate de las propiedades de la compañía inglesa; todo bajo la amenaza del
Blanco Encalada. “Se había comentado antes que el Cónsul de Perú iba a ser
(dar) el mejor postor. No se conocía aún el decreto de rescisión de contrato
(esta decisión no había llegado aún a Antofagasta)”, relata Roberto Querejazu
en su libro Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Pacífico.
A las 06.00, según algunos autores, o a las 07.00 según
otros, se escuchó la explosión de los blindados chilenos Cochrane, O’Higgins y
Blanco Encalada. De acuerdo con Querejazu, la población chilena, que no era
poca, recibió con agrado el inicio de la invasión y en sus viviendas comenzaron
a verse banderas chilenas.
Es sabido que la ocupación estuvo largamente planeada y
Chile comenzó a promover y facilitar el traslado de chilenos a Antofagasta para
el día de las acciones bélicas años antes del 14 de febrero. A las 08.00, desde
el Cochrane fue conducido en un bote el capitán José M. Bogoto con su escolta.
Ya en tierra, buscó al cónsul de su país para conducirse a la Prefectura
boliviana y dejar el siguiente mensaje: “Considerando el gobierno de Chile roto
por parte de Bolivia el tratado de 1874, me ordena tomar con las fuerzas a mi
mando el territorio comprendido hasta el grado 23”. (Querejazu)
El prefecto Zapata contestó: “No tengo fuerzas con qué
contrarrestar a tres vapores blindados de Chile, pero no abandonaré este
puesto, sino cuando se consuma la invasión”. (Querejazu). Media hora después
desembarcaron 200 soldados armados en medio de aplausos de la población
chilena.
Los chilenos, enfebrecidos, insultaban a los bolivianos
armados con la valentía de quien supera en número al que insulta. Los pocos
gendarmes bolivianos (34) tomaron camino hacia Cobija, mientras que las
autoridades bolivianas (incluido el prefecto Zapata) y sus familiares se
refugiaron en el Consulado peruano. El buque Amazonas de la Compañía de
Salitres y Ferrocarril de Antofagasta condujo a las autoridades bolivianas a
Arica, de donde partió la noticia de la guerra y siguió la conocida historia
del viaje de esta información hasta La Paz y el desmentido de que Daza haya
ocultado la noticia de la invasión por los carnavales —asunto irrelevante desde
el momento en que el Blanco Encalada amenazaba a Antofagasta desde enero—.
Queda claro que si Chile quiere polemizar sobre quién
declaró la guerra a quién, no tiene muchos argumentos donde escudarse, salvo
sus textos escolares escritos por cívicos del periodo pinochetista. Como se
vio, la misma CIJ dijo que Chile comenzó el conflicto y declaró la guerra;
además, los tres decretos de aprestos bélicos (más no declaración formal de
guerra) de Daza son muy posteriores al día de la invasión. Todo esto puede ser
muy obvio para los bolivianos, sin embargo, debería ser difundido ya que, sin
ir muy lejos, durante la entrevista a Carlos Mesa en Chile, el año pasado, el
entrevistador volvió a señalar como verdadera la versión de que Chile se defendía,
lo que arrancó una aserción de incredulidad al Representante Oficial de la
Causa Marítima: “No debe estar hablando en serio”.
Es interesante revisar lo que dijo una tercera potencia
absolutamente ajena al conflicto el momento de la invasión. Esta revisión
confirma que primero fue la invasión chilena y que luego siguió la declaratoria
guerra, otra vez, chilena, a Perú y Bolivia. Podemos acceder a esa
documentación gracias al libro Estados Unidos y el mar. Testimonios para la
historia de Jorge Gumucio, quien revisó cables y todo tipo de despachos de los
embajadores y diplomáticos estadounidenses en relación a distintos momentos de
la historia del diferendo marítimo, desde antes de su inicio, hasta tiempos más
o menos recientes. Es sabido que los diplomáticos estadounidenses notifican
toda situación relativa a los países en los que desempeñan su labor.
Así, el 10 de febrero de 1879 (cuatro días antes de la
invasión), el ministro (embajador) estadounidense Richard Gibbs informó a
Washington (a William Evarts) que era inminente una invasión chilena a Bolivia
y que posiblemente el conflicto incluiría al Perú (Gumucio).
El 19 de febrero de ese año, Gibbs confirmó a su gobierno la
invasión, añadiendo un análisis legal e histórico sobre los territorios disputados.
Estimaba el embajador que Chile ocuparía fácilmente el Pacífico boliviano de no
intervenir Perú.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Thomas Osborn, por
su parte, notificó a Washington el 20 de febrero de 1879 que Chile estaba otra
vez envuelto en un conflicto concerniente a sus fronteras. Pero lo más
importante es que informó sobre el descubrimiento de gigantescas reservas de
salitre en Mejillones, que la explotación de este recurso había sido
monopolizada por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta
perteneciente a “acaudalados ciudadanos chilenos” y que el descubrimiento
despertó el interés.
El 4 de abril, Osborn informó sobre el rompimiento de
relaciones entre Chile y Perú. El 10 de abril, en un despacho, informó que
Chile declaró la guerra a Perú el 5 de abril. Los embajadores estadounidenses
nunca notifican sobre ninguna declaración de guerra por parte de Bolivia.
Con todo esto, Chile ¿va a empezar a hablar “en serio” o
continuar con un falso debate que la misma CIJ ha zanjado? En última instancia,
el tema central, tanto de ese debate falso como en el juicio de La Haya, es
saber cuánto valor da Chile a su propia palabra.
Libros consultados fueron: Gumucio, Jorge: Estados Unidos y
el mar. Testimonios para la historia; Gutiérrez, Alberto: La guerra de 1879;
Querejazu, Roberto: Aclaraciones históricas sobre la Guerra del Pacífico;
Vidaurre, Enrique: El presidente Daza.
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