Por: Ricardo C. Asebey Claure y Roger L. Mamani Siñani.
En la historia de Bolivia la violencia, en sus diferentes manifestaciones, ha sido continua. Así, por ejemplo, se puede ver la violencia ritual-interétnica presente en el mundo prehispánico; el sistema unas veces de explotación, otras de coacción y castigó durante el periodo colonial; la parábola progresiva de atrocidad y sadismo del proceso de independencia, y la venganza política tras instaurada la República. Formas de violencia que marcaron el proceso histórico y que en más de una ocasión cambiaron el rumbó del mismo. Y que están presentes en cada uno de los tomos de la colección Bolivia, su historia del cual se desprende este trabajó.
SIGLO XX
En este periodo histórico irrumpen nuevas formas de violencia: de la simple venganza se pasó a los campos de concentración. En el vocabulario político se introduce la palabra genocidio. Con cada incidente las formas de violencia y tortura se fueron refinando incluso en sentido tecnológico; el enemigo "es excluido de la comunidad humana y calificado como peligroso, y entonces pasa a ser lícito el liquidarle" (Bilder, 2011: 3-4).
Del concepto de matar en acción guerra, se pasó al de suprimir indiscriminadamente al "enemigo" sin importar si es combatiente o no. Así, durante el siglo XX los Estados latinoamericanos pasaron a tener el pleno monopolio de la coacción (violencia, dominio territorial, justicia y tributación) como forma de mantener el orden y la estabilidad nacional (Trejós, 2013), además de haber servido -en el caso de Bolivia- para impulsar el proceso hacia la inclusión e institucionalización democrática (Cajías, 2015a: 21).
Si bien el republicanismo encarnado en Bautista Saavedra buscó incorporar a sectores populares a la vida política, esto no impidió que en 1923 la protesta de mineros de Uncía, por cuestiones de reivindicación salarial y de trabajó, fuera violentamente reprimida. En 1927 el gobierno de Hernando Siles Reyes tuvo que enfrentar un levantamiento indígena en Chayanta (norte de Potosi), en el cual convergieron una serie de motivaciones como la lucha legal por parte de las comunidades en contra del avance de las haciendas y el juego político entre la naciente izquierda y la vieja política conservadora que se aplicaba en el país. Al final, el levantamiento de Chayanta fue duramente reprimido por el ejército (Platt, 1982), aunque luego el gobierno de Siles Reyes indultó a todos los implicados en la revuelta.
En la Guerra del Chaco (1932-1935), los actos de violencia criminal se justificaron a partir de la "venganza patriótica" y el honor. El cerco de Boquerón (septiembre de 1932) significó el inicio de la guerra. Durante 29 días un contingente de 500 soldados bolivianos combatieron en contra de 9.000 paraguayos. Este suceso mostró la crueldad y los extremos de la resistencia de los combatientes: la sed, el hambre y el cansancio marcaron cada una de las jornadas de combate. Para el 10 de septiembre: "hay por lo menos unos mil quinientos cadáveres [paraguayos] que cubren [...] las proximidades de las trincheras bolivianas" (Arzabe, 1961: 30). Experiencias de este tipo y otras marcaron a los combatientes, a tal punto que cuando retornaron a sus hogares, el recuerdo de lo vivido, sumado a las heridas físicas y los traumas psíquicos ocasionaron otro tipo de violencia: la familiar en contra de hijos y esposas, además de una elevada tasa de suicidios, alcoholismo y criminalidad.
En 1942, otro momento de las luchas sociales se produjo en filas mineras, cuando a consecuencia de reivindicaciones salariales, estalló una huelga general en la empresa minera Catavi-Siglo XX. De inmediato el gobierno de Enrique Peñaranda decidió militarizar las minas. El conflicto se prolongó hasta el 21 de diciembre, cuando las tropas militares dispararon contra un grupo de mujeres que buscaban abastecerse en Catavi (Seoane, 2015: 106-107), dando paso a una escalada de persecuciones contra los dirigentes mineros, dirigentes políticos disidentes como los del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quienes junto a la logia "Razón de Patria" aprovecharon las repercusiones de la masacre en Catavi para deslegitimar el gobierno de Peñaranda y tomar el poder a la cabeza de Gualberto Villarroel.
Si bien este nuevo gobierno se caracterizó por ser de corte "popular" no se libró de ejercer violencia en contra de sus adversarios políticos. Un ejemplo de esto fue la famosa masacre de Chuspipata (1944) en los Yungas de La Paz, donde luego de un fallido golpe de Estado y tras haber sido arrestados varios disidentes políticos, estos fueron conducidos hacia el camino de los Yungas, donde los fusilaron y lanzaron al barranco.
Fueron estos hechos los que sumados aprovecharon los rivales políticos del régimen, para provocar el derrocamiento y muerte de Gualberto Villarroel el 21 dejulio de 1946, quien fue ultimado a balazos en el propio Palacio de Gobierno, arrojado por una ventana a la calle donde la multitud encolerizada lo esperaba para ultrajar y vejar su cuerpo, como le había sucedido a Yañez en 1861. Acto seguido Villarroel fue arrastrado y colgado en uno de los faroles de la plaza Murillo junto a sus colaboradores Uría, Ballivián e Hinojosa (Alcázar, 1956: 190-191).
Durante el denominado sexenio (1946-1952), la persecución política, la tortura y el confinamiento en contra del enemigo político se mantuvo. A la violencia estatal, el MNR apeló a la acción armada materializada en la "guerra civil" de 1949, insurrección que tardó tres meses en ser sofocada. Un nuevo intentó, pero esta vez victorioso, fue la Revolución del 9 de abril de 1952, la cual "al derrotar al ejército abrió un momento de clara disponibilidad del poder" (Cajías, 2015b: 27), que aprovechó el MNR -entre 1952 y 1964- para gobernar el país, tiempo en el que implemento una política de violencia estatal no solo en contra de sus virtuales enemigos sino también en contra de aquellos que habían iniciado luchas internas. Entre los opositores políticos más fuertes del MNR durante estos años se encontró Falange Socialista Boliviana, cuyos miembros fueron perseguidos, apresados y enviados a campos de concentración, y sufrieron humillaciones, torturas y en algunos casos la muerte (Cajías, 2015b: 37, 75).
La espiral de violencia estatal se acentuó con la Doctrina de Seguridad Nacional practicada por los gobiernos de facto que sucedió entre 1964 y 1982, actuando contra la izquierda y el movimiento sindical radicalizado. Así, se dio origen a un periodo de dura represión que recurrió a la desaparición forzada a partir de la muerte por tortura ó porque a los detenidos en los campos de confinamiento se les aplicó la "ley de fuga", como modo de deshacerse de los "indeseables" para el gobierno.
Cómo forma de contrarrestar los regímenes de facto, durante estos años surgieron dos intentos guerrilleros en el país. El primero en el sudeste de Bolivia, en la región fronteriza entre Santa Cruz y Chuquisaca, mismo que fue comandado por Ernesto "Che" Guevara y que durante 1967 y bajó el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) combatió en contra del Ejército boliviano, siendo desactivada momentáneamente con la captura y ejecución de su comandante, en octubre de ese mismo año. Posteriormente, en 1970, durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia, el ELN reorganizado implemento un nuevo episodio guerrillero esta vez en el sector de los Yungas paceños, en la región de Teoponte, misma que careció de estrategia y fue mal concebida militar y políticamente, hecho que hizo fracasar el movimiento, siendo apresados sus integrantes y ejecutados sumariamente por el Ejército boliviano (Rodríguez, 2006).
Finalmente, durante el gobierno de Hugo Banzer Suarez, el capituló de la violencia estatal se internacionalizó con el denominado Plan Cóndor, estructurado para unir a las fuerzas represoras de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, con el objetivo de borrar la disidencia, el vestigio del poder y las simpatías que los movimientos guerrilleros sudamericanos habían alcanzado. La represión fue indiscriminada: hombres, mujeres y niños fueron torturados, exiliados, asesinados y desaparecidos sistemáticamente. Sin embargo, los niveles de violencia que se aplicaron en Bolivia no alcanzaron los del resto del continente y dejaron hondas huellas que están presentes hoy, sobre todo por la impunidad en que quedaron muchos de los crímenes cometidos por los Estados represores.
Foto: La Paz , aprox. Mediados de la segunda década del siglo XX.
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// Historias de Bolivia.
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