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CUANDO CHILE Y PERÚ ACEPTARON CEDER A BOLIVIA UNA SALIDA SOBERANA AL MAR

Foto: El Presidente del Perú, Augusto Leguía.

Por: Andrés Guzmán Escobari / Publicado en LaTercera.com / Septiembre de 2013.

Para muchos entendidos en el tema marítimo boliviano, la negociación de Charaña de 1975, en la que Chile aceptó ceder a Bolivia un territorio soberano sobre las costas del Pacífico a cambio de un terreno equivalente (por tierra y mar), fue la ocasión que más cerca estuvieron ambos gobiernos de alcanzar una solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Para algunos otros, el intercambio de notas de 1950, en el que Chile accedió a ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales, fue el intento más próximo y realista para terminar definitivamente con el encierro geográfico boliviano. Por otra parte, también hay quienes sostienen que los Tratados de 1895 definen el compromiso más serio que existe sobre esta materia, pues en aquella oportunidad, Chile se obligó a ceder Tacna y Arica a Bolivia si dichas provincias quedaban en su dominio después del plebiscito que debía definir su nacionalidad. No obstante, en opinión de quien escribe, la vez que más cerca estuvimos los bolivianos de recuperar un acceso soberano al mar fue en 1926, porque en ese año, no sólo Chile ofreció a Bolivia un territorio con soberanía sobre las costas del Pacífico, sino también Perú.
Para comprender lo ocurrido en aquel tiempo es bueno recordar que los gobiernos de Lima y Santiago se encontraban en una dura disputa por las provincias de Tacna y Arica cuya pertenencia aún no había sido definida a pesar de que en 1883, ambos países se habían comprometido a realizar un plebiscito que, al cabo de diez años, debía definir su nacionalidad definitiva. Pero como no se pudo acordar las condiciones para realizar dicha consulta, Chile extendió su dominio sobre esos territorios mucho más allá del plazo acordado originalmente, lo cual, sumado a su controvertido plan de chilenización de la zona en disputa, que incluía prácticas de amedrentamiento e intimidación contra los habitantes peruanos del lugar; provocó no sólo la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares entre Chile y Perú, sino que también propició una inconducente etapa de acusaciones y recriminaciones del uno contra el otro.
En ese tenso ambiente en que la solución al problema de Tacna y Arica parecía inalcanzable, el gobierno de Estados Unidos decidió ofrecer sus buenos oficios a Chile y Perú para evitar que la controversia ponga en peligro la paz mundial que, en ese momento, era sin duda uno de los máximos ideales de la política internacional de las grandes potencias, junto con la libre determinación de los pueblos.
Fue así que el 4 de marzo de 1925, el Presidente de Estados Unidos, Calvín Cooldige, después de haber sido designado por las partes como árbitro de la controversia; resolvió que el plebiscito debía realizarse y dispuso la conformación de una Comisión tripartita que estaría encargada de llevar a cabo la consulta. No obstante, al poco tiempo, dicha Comisión evidenció que no existían las garantías necesarias para realizar un proceso plebiscitario libre y correcto, por lo cual, el Secretario de Estado, Frank Kellogg, intentó propiciar un acuerdo entre las partes que sin realizar el plebiscito, resuelva todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico. Les propuso básicamente tres tipos de soluciones: 1) la neutralización del territorio para que sea administrado por un ente autónomo; 2) la división del territorio en disputa, con un corredor boliviano que pase por el centro; o 3) la cesión de todo el territorio en disputa a Bolivia. Ninguna de esas propuestas llegó a ser aceptada simultáneamente por las partes, pero en el proceso de negociación, ambos países aceptaron darle a Bolivia una salida soberana al mar.
El Presidente del Perú, Augusto Leguía, propuso entregar un territorio al sur de Arica a Bolivia; insistía en que la ciudad ariqueña y su Morro debían quedar en el Perú, pero que los bolivianos podrían acceder al mar por un terreno entre las lomadas de Azapa y la caleta Vitor. Ese planteamiento fue ratificado por escrito en una nota enviada al gobierno boliviano el 8 de septiembre de 1925 y en un memorándum dirigido a Kellogg en mayo de 1926 (Gumucio, Jorge: Estados Unidos y el mar boliviano. 2005. Pág. 302 y Basadre, Jorge: La vida y la historia. 2007. Pág. 366).
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la consulta, el representante del árbitro ante la Comisión Plebiscitaria, General William Lassiter, propuso a los delegados de Perú y Chile someter a votación la posibilidad de cancelar el plebiscito debido a que no existía una atmosfera apropiada para celebrarlo. Según explicó, la pasividad y permisividad de las autoridades chilenas ante los atropellos que sufrían los ciudadanos peruanos en la zona, habían hecho impracticable el plebiscito (Ulloa, Alberto: Para la historia internacional y diplomática del Perú. 1987. Pág. 362).
Mientras tanto en Washington, Chile ofreció una solución que incluía un corredor para Bolivia al norte de Arica mediante dos telegramas que fueron entregados a Kellogg por el Embajador chileno, Miguel Cruchaga, el 21 de mayo y el 9 de junio de 1926. En el primero, Chile proponía conceder a Bolivia un corredor que tendría a la frontera norte de Arica como eje y, en el segundo, aceptaba entregarle una faja de territorio desde la frontera boliviana hasta el Villoro de Palos en el océano Pacífico (Alessandri, Arturo: “Recuerdos de un Gobierno”. 1967. Pág. 182 y Gumucio: op. cit. Pág. 308).
A pesar de los esfuerzos de Chile por evitar la cancelación del plebiscito, el 14 de junio, la Comisión Plebiscitaria aprobó la moción de Lassiter con el voto favorable de los delegados de Perú y Estados Unidos, y se publicó un documento titulado “Esquema de razones para requerir una terminación definitiva de los procedimientos plebiscitarios contemplados por el laudo” que señalaba a Chile como el principal culpable de la impractibilidad del plebiscito (Ulloa: op. cit. Pág. 363).
Ante los duros cargos en su contra, el gobierno de La Moneda, mediante una comunicación enviada el 23 de junio de 1926 a todas sus representaciones en el extranjero y que se conoce como la Circular Mathieu, en alusión al Canciller chileno que la firmó; explicó su posición frente a lo ocurrido en Tacna y Arica y en las negociaciones realizadas en Washington. En estas últimas – señala el documento –, Chile expresó su aceptación a tres fórmulas transaccionales, todas ellas sujetas al plebiscito: 1) la división de los territorios en disputa, 2) la creación de un estado independiente en esa zona o 3) “el traspaso del territorio a Bolivia”. Más adelante – añade la circular chilena – “en el ánimo de evitar el fracaso que parecía inminente de la gestión de Buenos Oficios, aceptamos sacrificar, en interés de Bolivia, una parte del departamento de Arica. Ninguna de estas fórmulas mereció ser acogida. Las exigencias del Perú crecían a medida que avanzaban nuestras concesiones” (Revista chilena 1926. Pág. 87 y Carrasco, Sergio: “Historia de las relaciones chileno-bolivianas. 1991. Pág. 229).
Después de evaluar la posición de las partes y hacer las consultas correspondientes, Kellogg presentó una propuesta formal y definitiva a Chile y Perú el 30 de noviembre de 1926, en la que básicamente proponía que ambos países cedan a Bolivia los territorios de Tacna y Arica a cambio de compensaciones adecuadas que serían negociadas por las partes.
Con esa propuesta, Kellogg intentaba que peruanos y chilenos renuncien a sus derechos sobre Tacna y Arica para alcanzar una solución definitiva que no dañaba su dignidad nacional pues ninguno tenía que hacer una concesión al otro; tomaba en cuenta el interés continental de asegurar la paz en la región; suprimía la frontera común que, según se decía en aquella época, era la causa de permanentes fricciones e incidentes peligrosos; permitía resolver el problema marítimo de Bolivia y; no comprometía a los Estados Unidos en la definición de este asunto, pues se dejaba en manos de Perú y Chile la decisión final. Detrás de esta propuesta, también hubo quienes denunciaron un plan malévolo de Washington por querer ampliar su dominio sobre Bolivia y sobre sus riquezas, pues a las enormes deudas que ya tenía la hacienda boliviana con las entidades financieras de Nueva York (empréstito Nicolaus y otros), se sumaría otra muy importante que sería adquirida para pagar las compensaciones a Chile y Perú. 
De acuerdo a las predicciones del Departamento de Estado, el gobierno chileno respondió el 4 de diciembre aceptando en principio la Propuesta Kellogg y aclarando que “Chile no ha rechazado la idea de conceder una faja de territorio y un puerto a la Nación Boliviana”. No obstante, para sorpresa de muchos, el 12 de enero de 1927, el Perú contestó rechazando la sugestión estadounidense porque, entre otras cosas, no podía convertir sus derechos sobre Tacna y Arica “en mercancía sujeta a precio, por grande que ésta sea”. Aun así, aclaraba también que su gobierno “ha estado dispuesto a ceder parte del territorio, con el objeto ya de dar un puerto a Bolivia, y a poner término a la controversia con Chile”.
Con el rechazo peruano se desechó una de las oportunidades más claras de la historia para dar fin al problema marítimo de Bolivia y se desperdició también el momento más propicio para resolver de una vez y para siempre todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico. ¿Por qué Kellogg no insistió en un corredor para Bolivia cuando Chile y Perú habían manifestado su disposición a un arreglo de ese tipo? Es la pregunta que queda sin responder en este análisis…
Como es sabido, después del fracaso de la Propuesta Kellogg, los gobiernos de Lima y Santiago, siempre bajo el auspicio de Estados Unidos, firmaron un Tratado el 3 de junio de 1929 que no sólo dejó de lado los intereses de Bolivia, sino que a través de un Protocolo Complementario, que se mantuvo en secreto inicialmente; Chile cerró el candado del encierro geográfico boliviano y le entregó las llaves al Perú. 

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