Foto: Aníbal Pinto presidente de Chile.
// Por: Rodolfo Becerra / El Diario, 15 de Octubre de 2016.
Después del asalto chileno a Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, en los
momentos más dramáticos que atravesaba Bolivia, y conocidas las ocupaciones de
Mejillones y Caracoles, el Gobierno del Gral. Hilarión Daza adoptó medidas
precautorias declarando a la Patria en peligro y concediendo amnistía amplia e
irrestricta, dictando para el efecto los decretos de 26 de febrero de 1879; y
mediante el decreto de 1 de marzo siguiente, dispuso otras medidas defensivas,
como la de cortar todo comercio y comunicación con Chile, la desocupación de
chilenos, el embargo de sus bienes, excepto sus papeles privados, equipaje y
artículos y menaje particular, en tanto las empresas mineras podían continuar
su giro a cargo de un administrador, cuyos productos netos debían ser empozados
en el Tesoro Nacional. Pero ninguno de sus artículos habla de una declaratoria
de guerra, ni siquiera se menciona esta palabra. Otro decreto de la misma fecha
dispuso el descuento de sueldos de los empleados civiles y eclesiásticos para
repeler la agresión chilena.
La declaratoria de guerra solo podía disponerla el Congreso mediante una ley,
como la que dictó el 5 de junio de 1863 el Gobierno del Gral. José María de
Achá y que fue abrogada por el Gral. Mariano Melgarejo, para dar curso a las
negociaciones del Tratado de 1866. Sin embargo, la historiografía chilena, tan
hábil para tergiversar los hechos según sus conveniencias y mostrar los
acontecimientos según plazca a sus intereses, ha declamado que con el citado
decreto de 1 de marzo de 1879, Bolivia le declaró la guerra. ¡Falacia que los
historiadores bolivianos han cacareado, remedando esta falsedad del agresor!
Entonces es fundamento principal que solo el Poder Legislativo tiene facultad
para declarar o autorizar una guerra. Así lo hizo el Congreso de Chile, mediante
ley de 4 de abril de 1879 que autorizó al Presidente de Chile declarar la
guerra al Perú y a Bolivia, lo que se efectivizó mediante decreto del día
siguiente. Es tan evidente la mentira chilena que examinando el decreto de 1 de
marzo citado, en ninguna parte de su texto menciona la palabra guerra, dice:
“Que el gobierno de Chile ha invadido de hecho el territorio nacional, sin
observar las reglas del derecho de jentes, ni las prácticas de los pueblos
civilizados, espulsando violentamente a las autoridades nacionales, residentes
en el departamento de Cobija. El gobierno de Bolivia se encuentra en el deber
de dictar las medidas enérjicas que la gravedad de la situación exije, sin
apartarse, no obstante, de los principios que consagra el derecho público de
las naciones”.
La mentira chilena queda, pues, evidenciada por la expresa disposición
eminentemente defensiva del decreto; porque un país invadido a mansalva, no
podía quedarse quieto sin preparar su defensa.
Después de adoptar dichas disposiciones de defensa, el pequeño y pobremente
armado ejército boliviano acudió a Tacna, en cumplimiento del Tratado de
Alianza defensivo que suscribió con el Perú en 1873, con los resultados de
descalabro que se sucedieron por la incapacidad de los mandos militares, una
carencia de estrategia, errores logísticos y tácticos y una ausencia de
espíritu de alianza. Solo la ciega fortuna salvó a Chile de ser derrotada, sea
en Pisagua, San Francisco o el Campo de la Alianza, aun con la inferioridad de
elementos de guerra de los aliados. Todos aquellos errores graves enclaustraron
a Bolivia, humillaron al Perú y ensoberbecieron a Chile agresor.
Chile ninguna guerra ganó a Bolivia para apropiarse del departamento del
Litoral. Se apoderó de él como el ladrón que atraca en el camino a un
indefenso, porque el ejército boliviano fue abatido en defensa del aliado en
tierra peruana. La historia de la Guerra del Pacífico se ha escrito sobre la
base de mitos, falsedades y mentiras tejidas astutamente por los historiadores
chilenos, que están siendo esclarecidos.
Chile inventó el fraude de una inexistente declaratoria de guerra por parte de
Bolivia, valiéndose del decreto de 1 de marzo, como pretexto para invadir más
territorio al norte del Paralelo 23; ocupó Caracoles el 18 de marzo, Cobija el
21 y enseguida Tocopilla, asolando después Calama el día glorioso del 23.
Si en principio el Paralelo 23 fue el límite de la ambición de Chile, enseguida
se envalentonaron los chilenos para proseguir la ocupación del resto del
departamento del Litoral, manifestando en todas aquellas poblaciones que la
ocupación sería transitoria, disponiendo la permanencia de los empleados
públicos, “a fin de que continúen sirviendo a los intereses de Bolivia”.
La astucia y el fraude chilenos no tuvieron límites en esa invasión nefasta y
cobarde.
Viñeta de 1950.
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