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Chile aceptó suscribir un tratado de límites más beneficioso
para Bolivia cuando tomó conocimiento de la existencia del tratado secreto de
1873 y de la posible adhesión de Argentina.
El segundo tratado de límites entre Bolivia y Chile fue
negociado por Mariano Baptista, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, y
Carlos Walker Martínez, Encargado de Negocios de Chile en dicho país, y firmado
por ambos funcionarios en la ciudad de Sucre, la antigua Chuquisaca, el 6
de agosto de 1874.
Recordemos brevemente que el primer tratado de límites había
sido suscrito ocho años antes, durante la dictadura del general Mariano
Melgarejo, un 10 de agosto de 1866, y que, a su caída en enero de 1871, la
Asamblea de Bolivia declaró la nulidad de todos sus actos, incluyendo por
cierto dicho tratado limítrofe.
El tratado de 1866 fue sumamente impopular en Bolivia debido a que, a pesar de
haber fijado el límite en el paralelo 24 de latitud, incluyó una cláusula
de medianería (o comunería), según la cual el producto de la explotación del
guano y los derechos de exportación de los minerales provenientes del
territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25 de latitud serían repartidos
por mitad entre ambos países, y que las normas correspondientes serían
decididas de común acuerdo. Es decir, una zona de soberanía limitada en
territorio boliviano.
A la caída de Melgarejo, el gobierno de Bolivia inició
gestiones diplomáticas con Chile a efectos de negociar un nuevo acuerdo
limítrofe, pero sin éxito, pues el gobierno de Chile parecía estar plenamente
satisfecho con dicho tratado y estar interesado sólo en asegurar su
cumplimiento pleno.
En el marco de tales intentos, representantes de ambos países suscribieron el 5
de diciembre de 1872 un tratado con el objeto de facilitar el cumplimiento del
tratado de 1866, sin perjuicio de seguir negociando con miras a «sustituirlo
con otro que consulte mejor los recíprocos intereses de ambas Naciones».
Este tratado, conocido como el Protocolo Lindsay-Corral – debido a que fue
suscrito por Santiago Lindsay, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Chile, y Casimiro Corral, Ministro de Relaciones Exteriores
de Bolivia – fue aprobado rápidamente por el Congreso chileno, el 8 de enero de
1873, pero no así por el boliviano, que prefirió aplazar su tratamiento hasta
el año siguiente. En realidad, este tratado no resolvía lo principal del
tratado de 1866 – la malhadada medianería (o comunería) – lo que explica su
rechazo virtual por Bolivia.
Carlos Walker Martínez
Lindsay regresó a su patria al concluir la negociación del
citado protocolo y el gobierno de Chile nombró Encargado de Negocios en Bolivia
a Carlos Walker Martínez, quien conocía bastante bien la realidad boliviana por
haber vivido en Bolivia en tiempos de Melgarejo, durante los cuales se
desempeñó como secretario de la Legación de Chile y se suscribió el tratado de
1866.
Walker Martínez presentó sus credenciales el 14 de junio de
1873 y de inmediato inició sus conversaciones con el canciller Baptista para
procurar despejar las desinteligencias entre ambos países sobre la cuestión
limítrofe. Para Chile la solución consistía en la aplicación del tratado de
1866 en vista del virtual rechazo al Protocolo Lindsay-Corral, mientras que
Bolivia prefería negociar un acuerdo más equitativo.
Según el historiador venezolano, Jacinto López, dichas conversaciones empezaron
«con una demanda de cumplimiento del tratado de 1866» de parte de Walker
Martínez, mediante nota de fecha 30 de junio de 1873, a lo que Baptista
respondió el 3 de julio que su gobierno estaba dispuesto a cumplir dicho
tratado pero que deseaba negociar un nuevo tratado en sustitución de aquel de
1866.
Chile cambia su política frente a Bolivia
Y sin embargo, poco tiempo después, Walker Martínez cambió radicalmente de
actitud y le propuso al canciller Baptista dejar de lado el tratado de
1866 y negociar «un nuevo arreglo franco y definitivo» sobre la base de «la
destrucción de la comunería existente».
Así lo reveló el propio Walker Martínez en una obra publicada en 1896, en
la que escribió también que «no tenía instrucciones para proceder así»
pero que «el caso no era para andar con dilaciones». ¿A qué se debía cambio tan
repentino de posición?
El mismo Walker Martínez nos da la explicación en la misma
publicación: «llegó hasta mis oídos por una curiosa casualidad que no es del
caso revelar, el rumor sordo de ciertos proyectos de alianza entre nuestros
tres vecinos en contra nuestra. Era necesario desbaratar el plan, y no había
tiempo que perder».
La referencia al Tratado de Alianza Defensiva de 1873 entre Bolivia y el Perú
es más que evidente, así como también a las negociaciones en curso para obtener
la adhesión de la Argentina.
La noticia que Walker Martínez dice que llegó a sus oídos
debió ser, por cierto, bastante más que un simple «rumor sordo» puesto que se
sintió obligado no sólo a tomar la iniciativa de cambiar de actitud frente al
gobierno boliviano, sino también a hacerlo con carácter de indudable urgencia y
sin instrucciones. Un cambio así sólo parecería justificarse ante un alto grado
de certeza de un peligro grande e inminente.
¿Y esa «curiosa casualidad que no es del caso revelar»? La clave nos la da
el historiador diplomático chileno Mario Barros van Buren, quien señaló en 1970
que «la primera información sobre el acuerdo la envió el ministro en La Paz,
don Carlos Walker Martínez» y que, «en su correspondencia, señor Walker habla
de “un alto informante”». Y que, asimismo, «tanto Bulnes como Encina creen que
se trata del propio Presidente de la República de Bolivia».
Al parecer, los dos historiadores chilenos citados – Bulnes y Encina – habrían
estado en lo cierto en relación con el referido «alto informante», ya que Pedro
Nolasco Cruz consignó en su biografía de Walker Martínez, publicada en 1904,
que éste «había conocido antes en Valparaíso a don Adolfo Ballivian, el
Presidente de Bolivia, y las familias de uno y otro mantenían relaciones
amistosas». Dicha coincidencia bien podría explicar el valor que Walker
Martínez le dio a aquel «rumor sordo»…
Y si bien Walker Martínez y Baptista se pusieron rápidamente de acuerdo en lo
esencial, es decir en la eliminación de la medianería o comunería, las
negociaciones avanzaron con cierta lentitud durante la segunda mitad de 1873,
debido a que el gobierno boliviano se trasladó de La Paz a Sucre y Walker
Martínez optó por permanecer en La Paz.
A inicios de 1874, probablemente en marzo, Walker Martínez
viajó a Santiago de Chile y se entrevistó no sólo con el canciller chileno,
Adolfo Ibáñez, sino también con el presidente de su país, Federico Errázuriz
Zañartu, y es casi obvio, por decir lo menos, que la agenda de tales
entrevistas se haya concentrado en el tratado secreto de 1873 entre el Perú y
Bolivia, y en los esfuerzos peruanos por conseguir la adhesión argentina, así
como en la estrategia a seguir para neutralizar sus eventuales efectos.
En diciembre de 1873, el representante chileno en Lima,
Joaquín Godoy, había podido copiar el texto del tratado y transmitirlo a
Santiago gracias a los buenos oficios del representante brasileño; que el
representante chileno en Buenos Aires, Guillermo Blest Gana, informó a Santiago
que el Congreso argentino estaba examinando la propuesta de adhesión presentada
por el Perú; y que, finalmente, el representante brasileño en Santiago le había
informado oficialmente al canciller Ibáñez, en marzo de 1874, sobre la
existencia de dicho tratado secreto.
Todos estos antecedentes debieron ser objeto de discusión y
análisis en las entrevistas de Walker Martínez con el canciller Ibáñez y el
presidente Errázuriz, al cabo de las cuales aquel regresó raudo a Bolivia con
la instrucción expresa de concluir cuanto antes la negociación del nuevo
tratado con Bolivia en los términos que el gobierno boliviano había venido
solicitando desde un inicio.
En efecto, la estancia de Walker Martínez en Santiago duró tan solo doce días,
al cabo de los cuales se embarcó de regreso a Bolivia y llegó a Sucre el 24 de
julio de 1874. Las negociaciones fueron retomadas rápidamente y el nuevo
tratado fue suscrito menos de un mes después de la llegada de representante
chileno a Sucre: el 6 de agosto del mismo año.
Los efectos del tratado secreto de 1873
Este brevísimo recuento de lo que parece haber sido la negociación del tratado de 1874, el segundo tratado de límites entre Bolivia y Chile, pone en evidencia los efectos que el Tratado de Alianza Defensiva de 1873 entre el Perú y Bolivia tuvo en las relaciones del país altiplánico con su vecino del Pacífico.
Sabiendo que dicho tratado estaba en vigencia y que la
adhesión de Argentina estaba en pleno proceso de negociación, el gobierno de
Chile cambió radicalmente su posición frente al tratado de 1866 y a
los derechos que la medianería (o comunería) le otorgaba, y le ofreció a
Bolivia otro que eliminaba esta última, a cambio del compromiso de no subir los
impuestos durante 25 años a las compañías chilenas que operaban en el litoral
boliviano. El límite permaneció en el paralelo 24 de latitud sur, tal como
había sido fijado en el tratado de 1866.
Esta interpretación se ve confirmada por las palabras que el mismo Adolfo
Ibáñez pronunciara, en su calidad de senador, en la sesión secreta del Senado
de Chile de fecha 2 de abril de 1879, cuando se debatió la existencia del
tratado secreto de 1873 y la declaración de guerra al Perú:
«Que en la dificultad de encontrar aliados y sin los elementos necesarios para
llevar la guerra a Bolivia, que había traído consigo las hostilidades de tres
naciones, se había creído conveniente deshacerse de la cuestión pendiente con
ella, celebrando el pacto que ahora había sido violado».
Este pacto era, naturalmente, el tratado negociado y firmado
por Carlos Walker Martínez y Mariano Baptista el 6 de agosto de 1874.
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