Era un dirigente universitario que fue detenido, sin orden
legal alguna, el 23 de diciembre de 1971 en Santa Cruz. Fue conducido a la
cárcel de El Pari, donde fue torturado. Su madre lo vio hasta el día en que
habría sido asesinado.
En diciembre de 1971, cuatro meses después del golpe de
Estado que llevó a Hugo Banzer a la presidencia, el dirigente universitario
José Carlos Trujillo Oroza estaba de vacaciones en Santa Cruz de la Sierra.
El Gobierno había decretado el cierre de todas las
universidades del país y perseguía a los representantes de los estudiantes.
Trujillo Oroza fue detenido, como solía suceder en aquellos
tiempos, sin orden judicial ni cosa parecida. El 23 de diciembre cayó preso y
fue conducido a las celdas de la cárcel de El Pari.
El 15 de enero, tres semanas después de su detención, la
madre del universitario, Gladys Oroza, se entrevistó con el jefe de
Inteligencia del Ministerio del Interior, coronel Rafael Loayza, quien le
confirmó que su hijo se encontraba en El Pari.
Ernesto Morán, jefe de la Policía de Santa Cruz, autorizó a
Gladys Oroza visitar al preso.
A partir de ese día hasta el 1 de febrero, la madre del detenido
le llevaba a diario algunos alimentos y podía hablar con él. En cada entrevista
se hacía evidente que el joven, de 21 años, era sometido a torturas físicas.
El 2 de febrero, Gladys Solón vio a José Carlos a través de
la puerta entreabierta de su celda. Sería la última vez que lo vería.
Los matones le impidieron dejarle los alimentos o hablar con
el universitario. Preocupada volvió ese mismo día a las 17.00 en compañía de la
directora de la Cruz Roja, Gisela Brun.
El jefe de la Comisaría de El Pari, Elías Moreno, les
comunicó que el detenido había sido remitido a la Central de Policía, junto con
otros dos detenidos: Carlos López Adrián y Alfonso Toledo Rosales para ser
sometidos a nuevos interrogatorios.
Un día después, Gladys Oroza no encontró en El Pari a los
tres jóvenes. Junto con Beatriz de Toledo, esposa de uno de los presos, se
dirigió a la Central de Policía, donde Oscar Menacho, agente de la Dirección de
Orden Político, les informó que los tres habían sido llevados a Montero.
El subjefe de esa repartición, Percy Gonzales Monasterio, le
aseguró que todo se había solucionado y que debían esperar a su jefe, Ernesto
Morant, pero el agente Justo Sarmiento Alanis le informó que los detenidos
habían sido expulsados del país y que fueron exiliados a Paraguay.
Al llegar Morant exhibió una orden de libertad firmada por
el subsecretario del Interior, Antonio Guillermo Elío, pero luego se
comprobaría que aquel documento fue una falacia inventada para desorientar a
los familiares de los supuestos desterrados. Desde entonces, Gladys Oroza no ha
dejado de buscar los restos de su hijo, ante la oposición, primero, y la
indiferencia, después, de las autoridades gubernamentales de turno.
El caso fue denunciado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el 28 de septiembre de 1992 y Bolivia reconoció la competencia
de este tribunal el 27 de julio de 1993.
En 1994, el Estado boliviano admitió su responsabilidad por
los hechos denunciados.
En 1998, con Banzer como presidente constitucional, el
Gobierno ofreció a la familia una indemnización de 40 mil dólares, pero declaró
“ciertas dificultades para iniciar las investigaciones correspondientes por
parte de la Fiscalía y sugirió que fuera la madre de la víctima la que
iniciara” las indagaciones respectivas.
El Ejecutivo sostuvo que el caso había prescrito y que la
familia nunca había presentado una denuncia formal, ni siquiera en 1982, cuando
Bolivia retornó al sistema democrático y que sería difícil recuperar el cuerpo.
OPINIONES
“Proceso contra los autores”
Waldo AlbarracÍn, presidente de la APDHB.
“Un aspecto que le interesa a la madre, que hasta ahora
sigue reclamando, es el tema de la impunidad. Ella, en reiteradas
oportunidades, ha advertido que no estaba persiguiendo esta causa con fines
lucrativos, sino con fines de orden moral. Tantos años de lucha no tienen un
valor económico, sino fundamentalmente el propósito de saber dónde está el
cuerpo de su hijo, lograr la sanción penal a quienes lo detuvieron, lo
secuestraron y lo hicieron desaparecer. Ese es el fondo, el objetivo
fundamental que está buscando independientemente del fallo que se haya dado la
Corte Interamericana. Nunca se reclamó una indemnización sino que la Corte
sirva de instrumento para obligar al Estado a promover un juicio contra los
autores del hecho”.
“Sanción a los culpables”
TITO IBSEN, familiar de desaparecidos.
“Al igual que de José Carlos Trujillo, mi padre murió
asesinado en El Pari por los mismos ejecutores, así que no solamente debería
hablarse de él. Considero muy saludable que un colegio lleve el nombre de José
Carlos. Lo interesante aquí, fuera del contexto de la desaparición de José
Carlos, es que murió defendiendo los ideales en los que él creía. Lo correcto
sería que aparte de designar a un colegio con el nombre de José Carlos se
sancione a los verdaderos responsables, no sólo a los autores materiales, sino
también a los autores intelectuales. El proceso de reparación de los daños
parte no solamente de lo espiritual del entorno familiar que ha sido dañado,
sino también de la sanción a los responsables. No puede seguir este crimen sin
castigo”.
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