Por: Mónica V. Aramayo Quinteros - Este artículo apareció
publicado en el periódico La Patria el 15 de enero de 2012.
Cuando el ambiente navideño probablemente motivaba un
contexto de tranquilidad en Bolivia, un grupo de mujeres valerosas, el 18 de
diciembre de 1977, decidió declarar una huelga de hambre, en el Arzobispado de
La Paz, en pleno proceso dictatorial al mando del Gral. Hugo Banzer Suárez,
pidiendo una amnistía irrestricta, el retorno a Bolivia de todos los exiliados
por la dictadura, restitución de todos los trabajadores despedidos de sus
fuentes de empleo, vigencia de las entidades sindicales y el retiro de las
Fuerzas Armadas de los centros mineros.
Eran seis mujeres del distrito minero de Siglo XX, entre
ellas Aurora de Lora, Nelly de Paniagua, Angélica de Flores, Luzmila de
Pimentel y Domitila Chungara, junto a 18 niños que decidieron instalar su
extrema medida en el Arzobispado de La Paz, ellas según reportó LA PATRIA, el
29 de diciembre de 1977, no dieron a conocer sus nombres, pero sí muy firmes
expresaron su decisión de ayunar "hasta las últimas consecuencias",
porque preferían morir de hambre, que morir lentamente con los falsos
ofrecimientos de la Corporación Minera de Bolivia y el Gobierno, pues la
situación en sus hogares se ponía cada vez peor, donde la carencia de alimentos
era latente debido a que sus esposos estaban desocupados y otros fueron
deportados.
APOYO
El ayuno de las amas de casa y por sus connotaciones
posteriores determinó la agenda, incluso en el trabajo de los periodistas en el
contexto internacional, pues su ejemplo fue imitado en varias regiones del país
y hasta en el exterior donde los bolivianos, como en el caso de México, se
declararon en huelga de hambre en apoyo a las valerosas mujeres.
"La mezquindad en la amnistía le va acarrear al
Gobierno más desprestigio y conflictos, porque nada sólido se puede construir
sobre la discriminación y la injusticia", advirtió entonces la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos.
Las mujeres se plantaron firmes en su decisión y no
aceptaban alimento alguno de los religiosos que les ofrecían leche y galletas.
Su ayuno estuvo acompañado de una especie de encierro, pues no se les permitía
comunicación con el mundo exterior. Los sacerdotes afirmaban que no tenían
autorización para permitir el ingreso de extraños, incluida la prensa.
Como caracteriza a los gobiernos dictatoriales y
totalitarios, desde el Palacio se conocían versiones de que la medida iniciada
por las mujeres tenía el único objetivo de alentar desmanes en el país y que el
Gobierno realizaría sus mayores esfuerzos para mantener el orden y no mostrar
debilidad.
En Oruro, el 6 de enero se instaló similar piquete de
ayunadores en una entidad religiosa de la zona Sur, a la par brotaban
posiciones similares en el resto del país. Sin embargo, el prefecto de entonces
Gral. Gastón Gámbule, desprestigiaba la tensa situación y decía que se trataba
de pequeños grupos de agitadores que desde su visión, no tenían el respaldo
ciudadano, fortaleciendo así el discurso del Gral. Banzer que consideraba que
las huelgas de hambre instaladas en diferentes puntos del país, tenían un fondo
muy negro.
Periodistas también pedían la amnistía al Gobierno de
Banzer, que a pesar de que la situación del país cada día, a ojos vista, se
tornaba más conflictiva y la gente cansada de los abusos de la dictadura se
movilizaba, la tozudez hacía que se hable de total tranquilidad, paz y orden.
Ellos pedían el ejercicio de las libertades irrestrictas así
como el retorno de aquellos hombres y mujeres periodistas que por cumplir su
misión de informar y defender la verdad, fueron exiliados.
Ese periodo de un imperante totalitarismo, los despidos de
trabajadores en las empresas estatales eran masivos, dejando a miles de
personas sin una fuente laboral y a sus familias sin un sustento económico.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos jugó un papel
importante en demandar el respeto las libertades ciudadanas, a través de una
infinidad de pronunciamientos públicos y documentos enviados al Gobierno
comandado por el dictador.
"Aunque todos los que integran la lista (de exiliados),
están tipificados como extremistas, la opinión pública sabe muy bien que la
mayoría de ellos tienen la única culpa de no simpatizar con el actual
régimen", destacaba uno de sus pronunciamientos.
No funcionaba la Corte Nacional Electoral, era un periodo en
el que los generales gobernaban el país, eran ministros, prefectos, alcaldes y
se situaron en otros cargos jerárquicos, desde donde desacreditaban y
minimizaban las acciones ciudadanas. Los represores no respetaban nada incluso
allanaban las iglesias, en algunos casos se forzó la suspensión de las
celebraciones religiosas.
Pero también estaban los uniformados revolucionarios
aquellos a los que se los denominaba subversivos y que "tenían por objeto
perjudicar el proceso de constitucionalización iniciado por las Fuerzas
Armadas", según afirmó entonces el ministro del Interior, Gral. Guillermo
Jiménez Gallo.
Ese ministro calificaba a los exiliados políticos como
"delincuentes" a quienes los perseguían por no comulgar sus mismas
ideas, hasta obligar su exilio. "Los delincuentes que tienen cuentas con
la justicia no podrán retornar al país".
En sus declaraciones públicas minimizaba los datos sobre
exiliados políticos, pues mientras por un lado se indicaba que eran al menos
19.000 las personas forzadas a salir de Bolivia y 15.000 presos políticos, el
Gral. Jiménez decía que no eran más de 500 los exiliados y 600 detenidos.
Cuando se habló de la convocatoria a elecciones
presidenciales para julio de 1978 corrió la voz de que el país
"necesitaba" que el Gral. Hugo Banzer se postule y él en encendidos
discursos, hacía conocer su decisión de declinar su postulación, pero decía a
sus simpatizantes que si lo hacía, con seguridad que tendría el respaldo
mayoritario de los bolivianos.
Fue el mismo año que se consolidó el Pacto Militar-Campesino
y por decisión del II Congreso de los Trabajadores Campesinos de Bolivia, en
cuya clausura el discurso principal estuvo a cargo del presidente Gral. Hugo
Banzer Suárez, el Gral. Juan Pereda Asbún fue proclamado como candidato a la
Presidencia de Bolivia.
"El Gral. Pereda, es un hombre a quien conozco mucho.
Sé que está en el mismo surco que yo estoy labrando y velaré porque la semilla
del progreso germine definitivamente en nuestra patria", sostuvo el Gral.
Banzer a la conclusión del citado congreso campesino.
Mientras este era el ambiente que rodeaba a los gobernantes,
las mujeres mantenían su ayuno, su salud se deterioraba y llegó la madrugada
del 18 de enero de 1978, cuando el Gral. Banzer no tuvo otra alternativa que
declarar la amnistía demandada por miles de bolivianos.
Luego se instruyó el retorno de los exiliados, la
reincorporación de los trabajadores a sus fuentes de trabajo y así los
bolivianos recuperaron el ejercicio de sus libertades, hasta luego concretarse
el retorno a una vida en total democracia.
Esta fase oscura, triste, abusiva, totalitaria, dictatorial,
incertidumbre y arbitrariedad, confusión, tortura y mentiras, queda en la
historia del país y Dios quiera jamás se vuelva a repetir.
Fuente: Archivo Histórico LA PATRIA.
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