Foto: El Presidente del Perú, Augusto Leguía.
Para muchos entendidos en el tema marítimo boliviano, la negociación de Charaña
de 1975, en la que Chile aceptó ceder a Bolivia un territorio soberano sobre
las costas del Pacífico a cambio de un terreno equivalente (por tierra y mar),
fue la ocasión que más cerca estuvieron ambos gobiernos de alcanzar una
solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Para algunos
otros, el intercambio de notas de 1950, en el que Chile accedió a ingresar en
una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir
por ello compensaciones territoriales, fue el intento más próximo y realista
para terminar definitivamente con el encierro geográfico boliviano. Por otra
parte, también hay quienes sostienen que los Tratados de 1895 definen el compromiso
más serio que existe sobre esta materia, pues en aquella oportunidad, Chile se
obligó a ceder Tacna y Arica a Bolivia si dichas provincias quedaban en su
dominio después del plebiscito que debía definir su nacionalidad. No obstante,
en opinión de quien escribe, la vez que más cerca estuvimos los bolivianos de
recuperar un acceso soberano al mar fue en 1926, porque en ese año, no sólo
Chile ofreció a Bolivia un territorio con soberanía sobre las costas del
Pacífico, sino también Perú.
Para comprender lo ocurrido en aquel tiempo es bueno recordar que los gobiernos
de Lima y Santiago se encontraban en una dura disputa por las provincias de
Tacna y Arica cuya pertenencia aún no había sido definida a pesar de que en
1883, ambos países se habían comprometido a realizar un plebiscito que, al cabo
de diez años, debía definir su nacionalidad definitiva. Pero como no se pudo
acordar las condiciones para realizar dicha consulta, Chile extendió su dominio
sobre esos territorios mucho más allá del plazo acordado originalmente, lo
cual, sumado a su controvertido plan de chilenización de la zona en disputa,
que incluía prácticas de amedrentamiento e intimidación contra los habitantes
peruanos del lugar; provocó no sólo la ruptura de las relaciones diplomáticas y
consulares entre Chile y Perú, sino que también propició una inconducente etapa
de acusaciones y recriminaciones del uno contra el otro.
En ese tenso ambiente en que la solución al problema de Tacna y Arica parecía
inalcanzable, el gobierno de Estados Unidos decidió ofrecer sus buenos oficios
a Chile y Perú para evitar que la controversia ponga en peligro la paz mundial
que, en ese momento, era sin duda uno de los máximos ideales de la política
internacional de las grandes potencias, junto con la libre determinación de los
pueblos.
Fue así que el 4 de marzo de 1925, el Presidente de Estados Unidos, Calvín
Cooldige, después de haber sido designado por las partes como árbitro de la
controversia; resolvió que el plebiscito debía realizarse y dispuso la
conformación de una Comisión tripartita que estaría encargada de llevar a cabo
la consulta. No obstante, al poco tiempo, dicha Comisión evidenció que no
existían las garantías necesarias para realizar un proceso plebiscitario libre
y correcto, por lo cual, el Secretario de Estado, Frank Kellogg, intentó
propiciar un acuerdo entre las partes que sin realizar el plebiscito, resuelva
todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico. Les propuso
básicamente tres tipos de soluciones: 1) la neutralización del territorio para
que sea administrado por un ente autónomo; 2) la división del territorio en
disputa, con un corredor boliviano que pase por el centro; o 3) la cesión de
todo el territorio en disputa a Bolivia. Ninguna de esas propuestas llegó a ser
aceptada simultáneamente por las partes, pero en el proceso de negociación,
ambos países aceptaron darle a Bolivia una salida soberana al mar.
El Presidente del Perú, Augusto Leguía, propuso entregar un territorio al sur
de Arica a Bolivia; insistía en que la ciudad ariqueña y su Morro debían quedar
en el Perú, pero que los bolivianos podrían acceder al mar por un terreno entre
las lomadas de Azapa y la caleta Vitor. Ese planteamiento fue ratificado por
escrito en una nota enviada al gobierno boliviano el 8 de septiembre de 1925 y
en un memorándum dirigido a Kellogg en mayo de 1926 (Gumucio, Jorge: Estados
Unidos y el mar boliviano. 2005. Pág. 302 y Basadre, Jorge: La vida y la
historia. 2007. Pág. 366).
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la consulta, el representante del
árbitro ante la Comisión Plebiscitaria, General William Lassiter, propuso a los
delegados de Perú y Chile someter a votación la posibilidad de cancelar el
plebiscito debido a que no existía una atmosfera apropiada para celebrarlo. Según
explicó, la pasividad y permisividad de las autoridades chilenas ante los
atropellos que sufrían los ciudadanos peruanos en la zona, habían hecho
impracticable el plebiscito (Ulloa, Alberto: Para la historia internacional y
diplomática del Perú. 1987. Pág. 362).
Mientras tanto en Washington, Chile ofreció una solución que incluía un
corredor para Bolivia al norte de Arica mediante dos telegramas que fueron
entregados a Kellogg por el Embajador chileno, Miguel Cruchaga, el 21 de mayo y
el 9 de junio de 1926. En el primero, Chile proponía conceder a Bolivia un
corredor que tendría a la frontera norte de Arica como eje y, en el segundo,
aceptaba entregarle una faja de territorio desde la frontera boliviana hasta el
Villoro de Palos en el océano Pacífico (Alessandri, Arturo: “Recuerdos de un
Gobierno”. 1967. Pág. 182 y Gumucio: op. cit. Pág. 308).
A pesar de los esfuerzos de Chile por evitar la cancelación del plebiscito, el
14 de junio, la Comisión Plebiscitaria aprobó la moción de Lassiter con el voto
favorable de los delegados de Perú y Estados Unidos, y se publicó un documento
titulado “Esquema de razones para requerir una terminación definitiva de los
procedimientos plebiscitarios contemplados por el laudo” que señalaba a Chile
como el principal culpable de la impractibilidad del plebiscito (Ulloa: op.
cit. Pág. 363).
Ante los duros cargos en su contra, el gobierno de La Moneda, mediante una
comunicación enviada el 23 de junio de 1926 a todas sus representaciones en el
extranjero y que se conoce como la Circular Mathieu, en alusión al Canciller
chileno que la firmó; explicó su posición frente a lo ocurrido en Tacna y Arica
y en las negociaciones realizadas en Washington. En estas últimas – señala el
documento –, Chile expresó su aceptación a tres fórmulas transaccionales, todas
ellas sujetas al plebiscito: 1) la división de los territorios en disputa, 2)
la creación de un estado independiente en esa zona o 3) “el traspaso del
territorio a Bolivia”. Más adelante – añade la circular chilena – “en el ánimo de
evitar el fracaso que parecía inminente de la gestión de Buenos Oficios,
aceptamos sacrificar, en interés de Bolivia, una parte del departamento de
Arica. Ninguna de estas fórmulas mereció ser acogida. Las exigencias del Perú
crecían a medida que avanzaban nuestras concesiones” (Revista chilena 1926.
Pág. 87 y Carrasco, Sergio: “Historia de las relaciones chileno-bolivianas.
1991. Pág. 229).
Después de evaluar la posición de las partes y hacer las consultas
correspondientes, Kellogg presentó una propuesta formal y definitiva a Chile y
Perú el 30 de noviembre de 1926, en la que básicamente proponía que ambos
países cedan a Bolivia los territorios de Tacna y Arica a cambio de
compensaciones adecuadas que serían negociadas por las partes.
Con esa propuesta, Kellogg intentaba que peruanos y chilenos renuncien a sus
derechos sobre Tacna y Arica para alcanzar una solución definitiva que no
dañaba su dignidad nacional pues ninguno tenía que hacer una concesión al otro;
tomaba en cuenta el interés continental de asegurar la paz en la región;
suprimía la frontera común que, según se decía en aquella época, era la causa
de permanentes fricciones e incidentes peligrosos; permitía resolver el
problema marítimo de Bolivia y; no comprometía a los Estados Unidos en la definición
de este asunto, pues se dejaba en manos de Perú y Chile la decisión final.
Detrás de esta propuesta, también hubo quienes denunciaron un plan malévolo de
Washington por querer ampliar su dominio sobre Bolivia y sobre sus riquezas,
pues a las enormes deudas que ya tenía la hacienda boliviana con las entidades
financieras de Nueva York (empréstito Nicolaus y otros), se sumaría otra muy
importante que sería adquirida para pagar las compensaciones a Chile y
Perú.
De acuerdo a las predicciones del Departamento de Estado, el gobierno chileno
respondió el 4 de diciembre aceptando en principio la Propuesta Kellogg y
aclarando que “Chile no ha rechazado la idea de conceder una faja de territorio
y un puerto a la Nación Boliviana”. No obstante, para sorpresa de muchos, el 12
de enero de 1927, el Perú contestó rechazando la sugestión estadounidense
porque, entre otras cosas, no podía convertir sus derechos sobre Tacna y Arica
“en mercancía sujeta a precio, por grande que ésta sea”. Aun así, aclaraba
también que su gobierno “ha estado dispuesto a ceder parte del territorio, con
el objeto ya de dar un puerto a Bolivia, y a poner término a la controversia
con Chile”.
Con el rechazo peruano se desechó una de las oportunidades más claras de la
historia para dar fin al problema marítimo de Bolivia y se desperdició también
el momento más propicio para resolver de una vez y para siempre todos los
problemas derivados de la guerra del Pacífico. ¿Por qué Kellogg no insistió en
un corredor para Bolivia cuando Chile y Perú habían manifestado su disposición
a un arreglo de ese tipo? Es la pregunta que queda sin responder en este
análisis…
Como es sabido, después del fracaso de la Propuesta Kellogg, los gobiernos de
Lima y Santiago, siempre bajo el auspicio de Estados Unidos, firmaron un
Tratado el 3 de junio de 1929 que no sólo dejó de lado los intereses de
Bolivia, sino que a través de un Protocolo Complementario, que se mantuvo en
secreto inicialmente; Chile cerró el candado del encierro geográfico boliviano
y le entregó las llaves al Perú.
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- KLAUS BARBIE Y LA MUERTE DE MÓNIKA ERTL, MILITANTE DEL ELN Y PRESUNTA ASESINA DE ROBERTO ‘TOTO’ QUINTANILLA
- PERSONAJES QUE COINCIDIERON EN EL PRINCIPIO DE LIBERTAD
- HISTORIAS DE BOLIVIA
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