Carlos Blanco Galindo, nació en Cochamba (1882-1953) y fue Presidente de
Bolivia 1930-1931
La Bolivia tuvo a lo largo del siglo XX sólo un referéndum, en 1931, luego cayó
en desuso, según datos históricos, no se consolidó como práctica para la
aprobación de decisiones estatales. En 1990, se replantea la necesidad de
incluirlo en la Constitución y en 2002 se incorporó en las reformas a la
Constitución, como un mecanismo destinado a permitir decisiones más
directas por parte de la ciudadanía sobre asuntos de gran interés.
El referendo entró en la Constitución en 2004 y unos meses después, se convocó
para julio de ese año a una consulta en torno al tema de los hidrocarburos.
Desde entonces a la fecha, los bolivianos ya respondieron a varias consultas en
diferentes oportunidades.
La consulta del 11 de enero de 1931 fue convocada por la Junta Militar,
presidida por el general Carlos Blanco Galindo (nacido en Cochabamba el 12 de
marzo de 1882) y se puso en consideración de un electorado reducido por las
características censatarias de esa época (el voto universal llegaría el 21 de
julio de 1952) nueve enmiendas constitucionales, las que fueron aprobadas por
mayoría.
Los objetivos del gobierno de Blanco Galindo fueron la convocatoria a una consulta para modificar la Constitución y la convocatoria a elecciones generales. El objetivo central de la primera era limitar al máximo la posibilidad de la reelección, concretamente el retorno del depuesto Hernando Siles.
El referendo casi coincidió con las elecciones presidenciales (4 de enero de
1931). El único candidato presidencial fue Daniel Salamanca de los genuinos,
acompañado por el liberal José Luis Tejada Sorzano.
Los cambios que se incorporaron a la Constitución –por decreto (Ley de 23 de
febrero de 1931), todos de gran relevancia política-institucional– fueron
referidos a derechos y garantías constitucionales contra transgresiones
emanadas de los órganos estatales, régimen económico, limitación del estado de
sitio, reelección sólo dos periodos presidenciales, régimen universitario,
entre otros.
Este referendo de 1931 es histórico por varias razones. Fue el primero
realizado en Bolivia y uno de los más tempranos en toda América Latina. Muchos
de los temas de las nueve preguntas fueron para su época originales y pioneros
en el contexto latinoamericano.
Las nueve propuestas fueron:
• Protección de los ciudadanos contra los arrestos, detenciones y
procedimientos ilegales (Hábeas corpus)
• Garantías para los contratos de préstamos, protecciones para los trabajadores
manuales y defender el orden social contra los delincuentes, los agitadores y
los extranjeros.
• Limitación de los poderes del estado de sitio (se limita su vigencia a 90
días) y la defensa de los derechos individuales.
• La ampliación de los poderes del Congreso, pero limitando el poder del Senado
sobre honores públicos.
• La prevención de la reelección inmediata de los presidentes y vicepresidentes
(reelección sólo una vez).
• Incorporación de la Contraloría General como órgano constitucional.
• La descentralización administrativa estatal.
• Se instituyó la autonomía universitaria.
• Autonomía judicial.
Las nueve enmiendas fueron aprobadas, los últimos fueron hechos realidad al
poco tiempo. Paulatinamente se implementaron las otras medidas, algunas en la
nueva constitución promulgada en 1938, con excepción de la descentralización
administrativa.
La propuesta de descentralización de Daniel Salamanca, que la presentó como
diputado de Cochabamba, fue
aprobada en el referendo y luego en una Ley, pero dos años después, fue vetada
por el propio Salamanca, en su condición de Presidente de la República, por
miedo al resquebrajamiento de la unidad nacional por la descentralización ante
la amenaza de conflicto bélico con Paraguay, según el historiador Gustavo
Rodríguez, establecía:
“El gobierno superior en lo político, administrativo y económico de cada
departamento, reside en un magistrado con la denominación de Prefecto, nombrado
por el presidente de la República según una lista propuesta por una Asamblea
Departamental.
La Asamblea Departamental se compondrá de procuradores elegidos por la capital
y las provincias (...) y por los senadores y diputados nacionales del
departamento (…).
Para mantener la unidad nacional se estableció:
“El departamento y su administración quedarán subordinados a los poderes
Ejecutivo y Legislativo de la nación, en todo lo que se refiere a los intereses
nacionales, la organización militar y seguridad del departamento, quedando para
ello subordinado el Prefecto y los funcionarios públicos”.
Según el Decreto Ley de 23 de febrero de 1931, la consulta no se llevó a cabo
en el departamento de Beni “por accidentes de fuerza mayor y la falta de
comunicación del escrutinio de algunos distritos, sin embargo, no afecta al
resultado total según el criterio de la Ley Electoral y, además, ese resultado
a favor de las reformas en ningún caso sería modificado por el voto de dichos
distritos electorales, teniendo en cuenta su población electoral a base de los
registros respectivos”, señala el decreto.
Autonomía universitaria
El paceño Daniel Sánchez Bustamante, una de las figuras más influyentes en su
tiempo en el ámbito político y pedagógico nacional, verdadero ideólogo del
gobierno de Blanco Galindo, en 1930, tuvo a su cargo la redacción del Estatuto
de Educación Pública, que consagró la autonomía universitaria, la que promovió
–inspirada en los postulados de la reforma universitaria de 1918 iniciada en
Córdoba (1918)– liberar a la educación universitaria de la tutela del estado y
a los docentes y estudiantes de la dependencia doctrinal.
La Reforma Universitaria en Bolivia comenzó en 1928, cuando las universidades
del país iniciaron movilizaciones estudiantiles, que se definió como una
independencia del gobierno. La insurrección popular de junio de 1930, que
derrotó al gobierno de Hernando Siles, fue el momento propicio para obtener la
autonomía.
"El departamento y su administración quedarán subordinados a los poderes
Ejecutivo y Legislativo de la nación en todo lo que se refiere a los intereses
nacionales..."
Los Tiempos de Cochabamba, 6 de Agosto de 2016.
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