Foto: El “Rey” de la Cocaina, Roberto Suarez Gómez / Por:
Carlos Soria Galvarro / Extracto de su blog carlossoriag.wordpress.com /
2 de junio de 2015
A fines de abril de 1987 se difundió un video en el que tres
personeros del partido de Banzer aparecían en animada tertulia con el entonces
“Rey” de la Cocaina, Roberto Suarez Gómez. El escandalete suscitado a
continuación provocó efectos políticos colaterales totalmente inesperados, como
la clausura de RTP y la consiguiente incursión de Carlos Palenque en la arena
política. Los hechos están relatados en estas tres notas con sabor a crónica:
Introducción.- Entre octubre de 1986 y octubre de 1987, pasé
un año bravo. Todos los domingos por la noche, sin fallar una sola semana,
viajé de La Paz a Oruro para dar clases en la Carrera de Comunicación los lunes
y martes, atendía nada menos que siete cursos, cuatro de primero y tres de
segundo, en sólo 48 horas. Volvía a La Paz el martes por la noche generalmente
durmiendo en el bus, al límite del agotamiento. Los miércoles a primera hora me
incorporaba a la redacción del semanario “Aquí” bajo la dirección de Antonio
Peredo, hasta que por turno distribuíamos el periódico a los canillitas cada
sábado al amanecer. Sólo me quedaba el fin de semana para elaborar los
artículos que me encargaba el Informe “R” del Centro de Documentación e
Información (CEDOIN), dirigido entonces por Juan Cristóbal Soruco.
Me había llenado de trabajo por razones de subsistencia,
claro, pero también no sé si para eludir o sobrellevar los complicadísimos
problemas emocionales por los que atravesaba ese momento.
Confieso que el compromiso laboral que más esfuerzos me
demandaba en esa “tripleta” era el del Informe “R”. Por ser una especie de
periodismo interpretativo exigente, me obligaba a indagar, acumular datos y una
mayor concentración a la hora de redactar, además de mecanografiar una versión
final, a veces luego de varios borradores previos (ni en sueños había ya la
computadora).
De esos artículos, publicados sin firma, seleccioné para mi
libro ConTextos (2002) tres referidos al escándalo del “narcovideo”, asunto que
saturó la agenda informativa de abril a junio de 1987. Lamentablemente, por
razones de espacio los tuve que dejar fuera, no pudieron tener el privilegio de
ser recopilados y ascender al formato libro. Pero, como ya estaban en versión
digital se quedaron por ahí, navegando en la nube cibernética, hasta que casi
por casualidad los encontré y decidí ofrecerlos desde el blog a mis lectores.
Ellos dirán si valió la pena. Carlos Soria Galvarro, junio de 2015.]
NARCOVIDEO (1):
TODOS LOS HILOS LLEVAN A LA MISMA MADEJA
Sólo la inminente llegada del Papa Juan Pablo II sacó
transitoriamente de la atención ciudadana el escándalo suscitado a raíz del
conocimiento público de un video en el que aparecen un dirigente político, un
general de ejército en retiro y un empresario, en amable tertulia con el
destronado “rey” de la cocaína, Roberto Suárez Gómez.
El 25 de abril de 1987, un diputado del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), Freddy Vargas Méndez, hizo entrega del
“narco-video” al vicepresidente Julio Garrett, afirmando que durante un mes
había intentado infructuosamente una audiencia para poner el material en manos
del presidente Paz Estenssoro. Comenzó a destaparse la olla.
Interrogantes
Los medios de comunicación del país se han ocupado tan
profusamente del asunto que su verdadera sustancia podría convertirse en algo
difuso.
A esta paso, el bosque no dejará ver los árboles.
Parece pertinente, por tanto, dejar sentadas algunas
interrogantes sobre el bullado caso.
¿Quién o quienes están circunstancialmente interesados en
revelar esas conexiones, esencialmente políticas, de la mafia del narcotráfico?
¿Se trata de un intento orientado al esclarecimiento de la
protección oficial de que goza esta actividad ilícita o, por el contrario, es
una operación diversionista, de encubrimiento, para desviar la atención sobre
las conexiones y protección a bandas más poderosas que la de Roberto Suárez?.
¿Se trata de un ajuste de cuentas del propio Suárez por
compromisos no cumplidos? ¿Es un operativo de la DEA en su campaña antidrogas?
¿Qué tiene que ver en todo esto la presencia en Bolivia,
pocos días antes, del procurador estadounidense Edwin Meese?
En fin, hay la sensación de que estas y otras interrogantes
quedarán sin respuesta todavía.
Iceberg
Pensando solamente en lo que ocurre en amplios niveles del
Poder Judicial y de la Policía, podría afirmarse que el caso del narcovideo es
apenas la pequeña punta visible de algo extremadamente grande cuya estructura
permanece oculta, aunque todos saben que está ahí.
Fue el mismo presidente Paz Estenssoro quien señaló que en
el futuro Bolivia podría ser un país dominado por los narcotraficantes. A su
vez, el diputado Vargas Méndez, cuya acción moralizadora (no se sabe si
solitaria o concertada con alguien) se ha hecho noticia cotidiana, afirmó que
es posible que las mafias de la droga financien las campañas de algunos
partidos para las elecciones de 1989. Por su parte, la Comisión Andina de
Juristas, en base al informe de una comisión especialmente asignada a estudiar
el problema, sostuvo que Bolivia puede ser el primer país donde tomen el poder
los narcotraficantes.
Se les olvidó decir que, en realidad, esto ya ocurrió en
1980 con García Meza por la vía del golpe de Estado. La diferencia está en que
ahora podrían acceder al gobierno por la vía electoral. Esto si no deciden
tocar nuevamente las puertas de los cuarteles.
Es perfectamente posible -y nadie puede descartarlo- que el
poder político de los tributarios del negocio de la cocaína, crezca
paralelamente con el crecimiento de su poderío económico, cada vez más
indiscutible.
Los estudios oficiales y no oficiales realizados, no
coinciden en las cifras exactas sobre el volumen de esta actividad ilícita,
pero nadie pone en duda su significación. Según el informe de una repartición
estatal, la producción de cocaína en Bolivia, genera alrededor de $us. 2.500
millones, de los cuales cuando menos $us. 200 millones se insertan en la
economía legal. Además, representa el gravísimo problema social de cerca de
100.000 familias campesinas ocupadas en la producción excedentaria de hoja de coca,
y quien sabe cuantas personas ocupadas en el amplio espectro de actividades
conexas impulsadas por el efecto multiplicador de la producción de cocaína
(comerciantes, transportistas, constructores, etc.)
Los Estados Unidos, principal mercado de la droga, entrega
para la sustitución de cultivos y para la represión una mezquina ayuda en
cuentagotas, mientras tanto el negocio crece como bola de nieve.
Concretamente, la Subsecretaría de Defensa Social, encargada
del asunto, planteó para 1987 un presupuesto de Bs cuatro millones, el mismo
que le fue rebajado en el proyecto de Ley Financial a 1.9 millones (menos de un
millón de dólares al cambio de la fecha).
Con razón varias oficinas de narcóticos no disponen para
pagar alquileres ni teléfonos. Y el asunto no cambiará con la simple reunión de
reparticiones y la creación de un ministerio, como se viene hablando.
Narco política
Las investigaciones de la Comisión de Constitución y Policía
Judicial están en curso. Si no se desvían o interrumpen, básicamente si Vargas
Méndez no es un “bluff”, podrían producirse revelaciones de sensacional
calibre, capaces incluso de producir cambios políticos significativos.
Entretanto, hay ya hechos verificados por la contundencia
documental del video.
Alfredo Arce Carpio, jefe de la bancada parlamentaria de
Acción Democrática Nacionalista (ADN) y ex ministro del Interior del general
Bánzer (en su propia casa fue asesinado Andrés Selich, su predecesor en el
cargo); Mario Vargas Salinas, general retirado, de descollante actuación en la
lucha antiguerrillera de 1967, también ex ministro de la dictadura, y Jorge
Alvéstegui, gerente propietario de una empresa publicitaria y de espectáculos
-todos ellos militantes de ADN- sostuvieron una entrevista con Roberto Suárez
Gómez en su casa de Santa Cruz y fueron subrepticiamente filmados por una
cámara indiscreta, a la cual sonríe significativamente el anfitrión. Vargas
Salinas y Alvéstegui vuelven a aparecer en una fiesta realizada en la hacienda
“El Tigre”, propiedad de Suárez Gómez.
Los tres implicados han dado versiones justificatorias
distintas para explicar el asunto.
Arce Carpio dijo haber acudido por interés periodístico
(pero supuestamente no encontró nada digno de publicar).
Vargas Salinas reconoció ser amigo personal del “padrino” y
afirmó haber querido verificar personalmente el potencial militar que se le
atribuye (tendrá que aclarar, entre otras cosas, por qué le dice a Suárez
Gómez: “Roberto, yo le admiro, usted es un hombre valiente”).
Alvéstegui afirmó haber concurrido con la finalidad de hacer
negocios publicitarios que no alcanzó a concretar.
Vargas Salinas agregó que las revelaciones obedecían a la
finalidad de perjudicar políticamente a ADN. A la misma hora, Arce Carpio
sostenía totalmente lo contrario. El primero fue “expulsado” del partido y, el
segundo simplemente “suspendido”.
El propio Suárez Gómez, en llamada telefónica a un canal
televisivo, instó a los protagonista a que digan la verdad o, de lo contrario,
él se vería obligado a revelar los motivos de la entrevista. Afirmó también que
el video le fue sustraído por Rodolfo Antelo Garrido.
A su vez, éste se pronunció recientemente afirmando que la
cita fue concertada para pedir dinero a Suárez Gómez, para sobornar a diputados
y senadores y ratificar el triunfo relativo del general Bánzer en las
elecciones de 1985.
Quien entregó el video al diputado Vargas Méndez, el capitán
de la Armada Jaime Paredes Sempértegui, utilizó la ocasión para poner de
relieve sus viejas denuncias sobre corrupción en la institución castrense, las
mismas que no merecieron la debida atención de la justicia militar a pesar de
que se relacionan también con la protección al narcotráfico.
El ovillo tiene muchas puntas, pero todas conducen a la
misma madeja: los productores de cocaína han penetrado en diversos mecanismos
políticos e institucionales, donde “compran” protección para sus actividades.
El ex presidente Siles Zuazo fue defenestrado y, en última
instancia, obligado a acortar su mandato en un año, a raíz de un problemático
encuentro del funcionario Rafael Otazo, en ese entonces presidente de la
Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, con el inefable Roberto Suárez Gómez.
¿Qué derivaciones tendrá el escándalo actual?
El caso no está cerrado todavía, ni mucho menos.
NARCOVIDEO (2):
EL APRENDIZ DE BRUJO
En 1985, el año de los encuentros que registra el
narcovideo, Roberto Suárez Gómez ya había traspuesto las fronteras de la
leyenda y era, para cualquier ciudadano mínimamente informado en este país, el
jefe de una “familia” cuyo imperio estaba construido sobre la elaboración y el
tráfico de drogas. Alfredo Arce Carpio, Mario Vargas Salinas y Jorge Avéstegui
Alexander no estaban obligados a saber que uno de los hombres que acompañaba a
su anfitrión, era Pedro Saavedra, narcotraficante colombiano. Pero,
evidentemente, sabían quién era Roberto Suárez Gómez.
El político, el militar y el empresario no pueden alegar
ignorancia. Frente a este tipo de hechos sólo caben dos opciones: o se denuncia
al presunto delincuente o se lo encubre.
En realidad, Arce Carpio, Vargas Salinas y Avéstegui no son
casos aislados. Son solamente el ejemplo de la creciente aceptación real que
tiene el narcotráfico en determinados sectores de la sociedad boliviana.
Aceptación real aunque de “dientes para afuera” se lo condene.
Además, el narcotráfico no es solamente un indicador
económico ausente oficialmente de las estadísticas oficiales. Como hecho económico,
el comercio de la cocaína tiene sin lugar a dudas, sus expresiones sociales y
políticas. Sería bueno admitirlo.
El narcovideo es apenas una muestra de que hay aceptación al
narcotráfico en algunos círculos, y de que se convive con él aunque sin admitirlo
públicamente. Es más, el narcotráfico, atenido a su poder económico, a las
posiciones conquistadas en niveles del aparato estatal, judicial, policial y
otros, está buscando su legalidad, pretendiendo alcanzar mayor aceptación
social todavía.
El narcovideo no se descubrió por casualidad ni por
descuido. Alguien lo puso en circulación con un deliberado propósito y hay
interrogantes que aún no pueden despejarse.
El “affaire” llegó a su clímax cuando algunos de los
involucrados aparecieron en un canal televisivo, donde los protagonistas
principales fueron, nuevamente, Roberto Suárez Gómez (vía teléfono) y Roberto
Suárez Levi, su hijo, ante la presencia silenciosa del presidente a.i. de la
Comisión de Constitución, diputado Óscar Montaño, quien tuvo que escuchar las
lecciones de moral y las acusaciones a su gobierno lanzadas por padre e hijo.
Consecuencias de este “affaire”, iniciado el 25 de abril de
1987, ya las hay y seguramente habrán más en el futuro, salvo que, a título de
evitar riesgos para el proceso democrático y para no enlodar más a la
dirigencia política del país, se opte por cerrar el caso.
Al otro lado, está la mayoría de los bolivianos que no
tienen nada que ocultar y, menos, que perder y que quisieran despejar
interrogantes y aclarar de una vez este tema.
En todo caso, quien armó deliberadamente el lío estará
temiendo ahora quedar como aprendiz de brujo: desató fuerzas que ya no puede
controlar y que pueden volverse contra él.
NARCOVIDEO (3):
EPÍLOGO, ENTRE BOMBEROS NO SE PISARON LA MANGUERA
El escándalo del narcovideo concluyó en un final
insospechado. Dada la magnitud que asumió el problema, se esperaba una
investigación más o menos acuciosa que permitiese establecer responsabilidades
y restaurar la confianza en los partidos políticos del sistema, por la vía de
hacer rodar unas cuantas cabezas.
Ocurrió lo inverso. El sesgo que tomaron los acontecimientos
a partir de la noche en que el asunto llegó a su clímax, cuando acusados y
acusadores protagonizaron un peculiar debate en Canal 4 y Radio Metropolitana,
le permitió al gobierno adoptar una jugada política tendiente a poner punto
final al problema con “borrón y cuenta nueva”.
REPRESALIAS
La indignación que produjo el desparpajo de los narcos,
convertidos de pronto en astros moralizantes de la pantalla chica, brindó al
gobierno el resquicio para zafarse del problema, comenzando por desviar la
atención hacia el exabrupto de los conductores de Radio Televisión Popular
(RTP).
La clausura de ambos medios de comunicación vino implacable
el 15 de junio de 1987, rodeada del tácito consentimiento de los organismos
gremiales de la prensa y el aval de una resolución camaral, en la que
coincidieron los partidos oficialistas MNR y ADN, además del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria Nueva Mayoría (MIR-NM) y la pertinaz insistencia del
diputado Mario Rueda Peña, de Izquierda Democrática (ID).
El gobierno no esperó la tramitación de un proceso judicial
ordinario que había iniciado el mismo día de la clausura, ni menos la aplicación
de la antigua Ley de Imprenta como lo pidieron algunos sectores de opinión,
particularmente la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB).
Apeló a una decisión administrativa de la Dirección General de
Telecomunicaciones y la licencia de operaciones para Radio Metropolitana y
Canal 4, quedó suspendida por un año.
Paralelamente, el capitán Jaime Paredes Sempértegui, quien
hizo entrega de los narcovideos, fue detenido y entregado a la justicia
ordinaria por un procedimiento judicial burdamente manipulado. Fue alojado en
“prisión preventiva” en el penal de San Pedro desde el 15 de junio pasado y ni
con Hábeas Corpus sus abogados lograron ponerlo en libertad. De acusador se
convirtió en acusado.
PREÁMBULO
EL DÍA 16 EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A TRAVÉS DE UN VIRTUAL
CONSENSO, SE APROBÓ UN SOLEMNE DOCUMENTO QUE HIZO RENACER EN ALGUNOS LA
ESPERANZA EN QUE EL PARLAMENTO PROSEGUIRÍA CON MANO ENÉRGICA EL ESCLARECIMIENTO
DEL PROBLEMA. PERO, EN REALIDAD, FUE EL PREÁMBULO PARA LA DECISIÓN DE “PUNTO
FINAL” ADOPTADA UNA SEMANA MÁS TARDE.
El documento suscrito por las cabezas visibles de la mayoría
de las bancadas –a excepción de Roger Cortéz de Patria Socialista (PS), Wálter
Vásquez Michel del Eje de Convergencia Patriótica (ECP) y alguno que otro-
denuncia que Bolivia es víctima de una nueva agresión de la delincuencia
internacional que pretende tomar el poder político, utilizando el canallezco
sistema de manchar la honra de las instituciones y poderes del Estado. Añade
que esta conspiración se origina en un poder que puede superar peligrosamente
la capacidad de defensa nacional y pone en riesgo el sistema democrático.
Concluye en que no se pretende disculpar o encubrir supuestas transgresiones y
que, por tanto, se investiga las denuncias en forma rápida, eficiente,
responsable y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país.
Se reorganizó la Comisión de Constitución, Justicia y
Policía Judicial, sustituyendo al poco avisado Óscar Montaño, por el
experimentado Álvaro Pérez del Castillo, pero desoyendo el pedido del
Movimiento Bolivia Libre (MBL) y otros partidos de izquierda, que planteaban
una participación multipartidaria en las investigaciones.
Que la investigación fue rápida, no cabe duda, pero
responsable y eficiente es ya otro cantar.
NARCOVIDEO = HUANCHACA
El 22 de junio, la indicada Comisión expidió su sorprendente
informe: se resuelve dar por terminada la investigación; se declara que el
encuentro de Santa Cruz entre los narcotraficantes Roberto Suárez Gómez, Pedro
Saavedra (colombiano) y Alfredo Arce Carpio, general Mario Vargas Salinas y los
hermanos Alvéstegui Alexander, no constituye una “figura punible” pues estaba
motivada por los descubrimientos arqueológicos de la familia Suárez. Por lo
tanto, se absuelve de toda culpa al jefe de la bancada parlamentaria de ADN,
levantando la licencia que se le otorgó con fines de investigación, se declara
“poco estable” al capitán Paredes Sermpértegui y se lo acusa de haber incurrido
en contradicciones, falsos testimonios, desacato al primer mandatario y
apología del delito. A Rodolfo Antelo Garrido se lo considera igualmente un
consumado mentiroso, difamador y calumniador.
La resolución aprobada en la Cámara de Diputados, por la
mayoría oficialista (MNR-ADN) ante el reclamo enérgico de toda la oposición,
además de dar por terminada la investigación dispone la remisión de obrados a
la justicia ordinaria para los “fines que fueran de ley”. Lo que significa que
el narcovideo tomará el mismo camino que el caso Huanchaca. Los jueces se
encargarán de archivar el asunto o, en su caso, absolver a todos los
implicados.
En relación a las “narcofotografías”, que involucran a la
alta cúpula del MIR y personalmente a Jaime Paz Zamora, la respectiva
resolución rechaza el anónimo que canalizó la denuncia, dispone archivo de
obrados por no existir una denuncia en forma legal y recomienda al Ministerio
Público recurra a lo establecido por ley “si hubiere lugar y fuera procedente”,
en el caso del capitán retirado Isaac Chavarría Diez de Medina. Este último,
protestando inocencia, publicó en los pasados días una solicitada en los
periódicos en los que brinda sus señas y la dirección de su domicilio en Santa
Cruz.
Es caso está cerrado virtualmente. Así protesten los
partidos de oposición y muchos, sino la mayoría, de los medios de difusión.
Formalmente ya no hay nada más que hacer. Pero las secuelas
que dejó el narcovideo, difícil de apreciarlas todavía, especialmente en el
plano político, no dejarán de hacerse sentir en el futuro. Pareciera que el
cuadro para las elecciones de 1989, ya no es el mismo desde el 25 de abril, día
que se destapó la olla que presurosamente se ha tratado de tapar el 22 de
junio.
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