Foto: David Padilla.
Esta vez sería desde dentro de las Fuerzas Armadas desde donde se cambiarían
nuevamente el curso de los acontecimientos, pues un sector favorable a esa
medida dio un nuevo golpe de Estado a Pereda, el 24 de noviembre de 1978, y
colocó al general David Padilla en la Presidencia –sin haber disparado un
tiro–, con el mandato de que condujera las elecciones a ser convocadas para
julio de 1979. En estos hechos también influyó la convocatoria realizada por la
UDP a una manifestación popular exigiendo elecciones para ese año.
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Editorial del periódico Español El País del 25 de Noviembre de 1978
Bolivia ha registrado en la madrugada del viernes el golpe militar número 188
de cuantos han sacudido su vida política desde su independencia en 1825. El
golpe, incruento y consumado en menos de veinticuatro horas sin el disparo de
un solo tiro, ha llevado al poder al general David Padilla Arancibia, hasta
ayer comandante en jefe del Ejército boliviano. Ha desalojado de la cúspide
política boliviana al también general Juan Pereda Astiún, cuyo mandato
presidencial ha durado cuatro meses y tres días, desde que el pasado mes de
julio asumiera -mediante otro golpe militar- la jefatura del Estado.En las
últimas fechas la oposición boliviana, sobre todo la Unión Democrática Popular
de Hernán Siles Zuazo, había intensificado su presión sobre el debilitado
Gobierno de Pereda con el fin de lograr el adelantamiento en un año de nuevas
elecciones presidenciales. Pereda Astiún, delfín de su antecesor, el general
Hugo Banzer, en el poder desde 1971 hasta julio, pasado, pero enfrentado
abiertamente a él durante la última etapa, no demostró esta filiación al
anterior dictador, ya que había realizado declaraciones y adoptado medidas de
envergadura y calidad tan amplias como para revelar una vocación democrática.
Pese al escabroso acceso de Juan Pereda al poder en las elecciones de julio
triunfó en las urnas con más votos que votantes y, ante la impugnación interna
e internacional, dio un golpe para afirmarse en el poder suprimió la ley de
seguridad decretada por Banzer y levantó la custodia militar en las minas,
además de reformar la ley electoral y prometer elecciones, cuya fecha ya estaba
negociando con la oposición.
Sin embargo, el lastre recogido con la herencia de Banzer ha pesado más que sus
apoyos. La primera medida política del nuevo inquilino del Palacio Quemado,
residencia de los presidentes bolivianos, ha sido la de entrar en contacto con
el partido de Hernán Siles Zuazo, vencedor moral -con certeza real- de las
elecciones de julio, con un programa nacionalista y reformista que se ha ganado
los votos de la clase media de su país. Siles Zuazo saludó ayer el golpe y lo
calificó de «patriótico».
La segunda, garantizar la celebración de nuevas elecciones presidenciales en el
primer semestre de 1979 y la presencia del nuevo presidente constitucional, el
6 de agosto próximo, al frente del ejecutivo boliviano. La tercera medida, la
creación de un Gabinete donde únicamente el ministro de Asuntos Exteriores es
civil.
La incógnita a despejar es la de si el general Padilla Arancibia cumplirá o no
sus promesas de culminar el proceso de devolución del poder a los civiles, ya
que va siendo demasiado elevado el número de militares que con este propósito
como Jema llegan y acostumbran a quedarse en el poder. El test verdadero para
calibrar el signo del golpe y su dimensión política real vendrá configurado
también por la reacción de Estados Unidos, que desde su comienzo apadrinó el
proceso institucionalizador boliviano con su placet, y también Brasil, el
poderoso vecino que sigue con lupa de muchos aumentos cualquier cambio político
en La Paz.
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