Fuente: Aclaraciones Históricas Sobre la
Guerra del Pacífico - Roberto Querejazu Calvo. // Foto: Antofagasta bajo
control chileno, principios de siglo XX.
Lo que pidió concretamente el abogado argentino (muy vinculado en las altas
esferas de la sociedad y el gobierno bolivianos), Belisario Peró, como
representante de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de
Antofagasta", fue lo siguiente: "Derecho de explotar libremente los
depósitos de salitre del Salar del Carmen y de 50 estacas de Las Salinas, por
el término de 15 años, computables desde el 1° de enero de 1874, y exportar el
producto por el puerto de Antofagasta, libre de todo impuesto por exportación y
de cualquier otro gravamen municipal y fiscal y, además, derecho de construir
un ferrocarril desde Antofagasta hasta Las Salinas".
El Presidente de la República, señor Adolfo Ballivián, y sus ministros Mariano
Baptista, Daniel Calvo, Mariano Ballivián y Pantaleón Dalence, en respuesta a
tal petitorio, firmaron una resolución suprema en fecha 27 de noviembre de
1873, que decía: "Artículo único. — Se aceptan, por vía de transacción y
en uso de la autorización que la ley de 22 de noviembre de 1872 confiere al Poder
Ejecutivo, las bases contenidas en la anterior proposición".
La ley de 22 de noviembre de 1872 fue dictada para salvar los derechos de
quienes habían obtenido concesiones durante el gobierno de Mariano Melgarejo y
quedaron en situación indefinida cuando a la caída del tirano el Poder
Legislativo anuló todos los actos de su administración. Rezaba así: "Se
autoriza al Ejecutivo para transar sobre indemnización y otros reclamos
pendientes en la actualidad y para acordar con las partes interesadas la forma
más conveniente en que habrán de llenarse sus obligaciones respectivas;
defiriéndose estos asuntos, sólo en caso de no avenimiento, a la decisión de la
Corte Suprema, con cargo de dar cuenta a la próxima legislatura".
Asegurada la posesión de los campos salitrosos, la empresa, que ya cuando era
"Melbourne Clark y Compañía" llegó a Antofagasta con técnicos
ingleses proporcionados por la casa Gibbs y con empleados, mecánicos,
carpinteros, albañiles y peones chilenos, asentó sus reales y amplió sus
actividades como si fuera la legítima dueña del puerto.
Una máquina purificadora de agua que convertía el agua de mar en agua potable
solucionó el problema de la carencia de este indispensable elemento. Se
habilitó un muelle privado. A su lado se levantaron depósitos para el nitrato
de sodio listo para la exportación. Se construyeron nueve casas para oficinas y
domicilio de los empleados principales. Se pidió a Inglaterra maquinarias,
locomotoras de ferrocarril y carros de carga y pasajeros. La línea férrea llegó
al Salar del Carmen en 1873 y a Las Salinas en 1876.
En el Salar del Carmen se instaló una planta beneficiadora de caliche para una
producción de 600 quintales de nitrato por día. En Las Salinas se organizó un
campamento para 700 empleados y obreros encargados de extraer el caliche de la
zona y despacharlo por tren a la principal planta beneficiadora montada en la
propia Antofagasta. El ferrocarril disminuyó los costos de producción de un
peso y setenta centavos a 1.10. Esto permitió que la compañía tuviese una
utilidad líquida de 90 centavos por unidad en una producción total de 3.000
quintales diarios.
De las actividades de la compañía dependían, casi totalmente, la vida del
puerto, la de sus dos mil trabajadores y la de los familiares y dependientes de
éstos. El total, de alrededor de 6.000 personas, constituía el 90 por ciento de
la población. En el distrito minero de Caracoles, situado un poco más adentro
de punta de rieles del ferrocarril a Las Salinas, la proporción de la población
chilena era igualmente abrumadora.
La soberanía boliviana estaba muy débilmente representada en uno y otro lugar.
Los pocos bolivianos destacados por el gobierno (prefecto, subprefecto, jefe de
puerto, jueces, fiscales y no más de 60 gendarmes para los dos puntos), y los
aún más pocos que fueron a ganarse la vida en esa frontera de su patria por su
propia iniciativa, vivían en un ambiente que les era hostil. En un principio
los chilenos y los otros extranjeros aceptaron a los bolivianos como amables
dueños del territorio que en nada impedían sus actividades. Pero cuando los
gobiernos que sucedieron al de Melgarejo trataron de tomar medidas para dejar
constancia de que aquel suelo era boliviano, surgieron dificultades. Los
inmigrantes tomaron esas medidas como interferencia a su amplia libertad de
acción.
Los chilenos fueron convenciéndose a sí mismos de que si aquel desierto
producía algo, si daba oportunidades de trabajo y generaba riquezas, era
gracias a su esfuerzo, que todo aquello les pertenecía moral y materialmente y
debía pertenecerles política y administrativamente. Lo pensaban así no sólo los
chilenos que trabajaban en Atacama, sino también los influyentes capitalistas
que desde Santiago y Valparaíso usufructuaban del guano, la plata y el salitre.
El representante diplomático inglés, en la capital del Mapocho, en nota a su
gobierno, comentó en enero de 1877: "Se están haciendo esfuerzos para
inducir a Chile a adueñarse de Antofagasta y la costa adyacente. Hace tiempo
que se sospecha que Chile está dirigiendo ojos codiciosos a ese puerto de
Bolivia y los residentes chilenos allí son de opinión que la impopularidad del
Presidente Hilarión Daza y de su gobierno, la penuria económica del Tesoro y el
deplorable estado general de todo el país, ofrecen la oportunidad de proceder a
la anexión".
Los roces de nacionales y extranjeros se producían principalmente entre las
autoridades subalternas bolivianas y la población chilena de Caracoles. Era muy
difícil para aquellas mantener el orden en un campamento minero donde se
producían frecuentes riñas, robos y crímenes. Los jueces no siempre poseían la
ecuanimidad requerida para su delicada investidura y dictaban sentencias que
los reos consideraban excesivas, haciendo intervenir al cónsul de su país en su
defensa. Algunos chilenos pensaron que en vez de estar sometidos a la justicia
boliviana, sería mejor que los conflictos de toda clase entre gentes de su
nacionalidad se resolviesen con intervención de amigos y por acuerdo de partes,
agrupándose todos en una asociación dentro de la cual adquirirían tal
compromiso. La entidad serviría además a sus miembros en cuestiones de
beneficencia, ayudando a los menesterosos y a las viudas y huérfanos. Se formó
así la sociedad "Patria", en 1876.
La revista "La Verdad", publicación mensual de la masonería de Chile,
en su número 4, de 15 de agosto de 1918, relató de este modo su fundación:
"Una obra masónica y patriótica. La suerte de los trabajadores chilenos en
el litoral boliviano era por demás ingrata. En 1876 reunió Juan Agustín
Palazuelos, en su casa, a muchos prestigiosos vecinos de Caracoles, con los que
trató de la situación lamentable creada a los peones, operarios y empresarios
chilenos por la hostilidad de las autoridades bolivianas subalternas de aquella
localidad... Se acordó la formación de una sociedad de socorros mutuos con el
nombre de "Patria". El primer directorio lo integraron Enrique
Villegas (Cónsul de Chile), Juan Agustín Palazuelos Benjamín Navarrete, Luis
Lichtenstein, José María Walker y Francisco N. de Oliveira. El señor Palazuelos,
independientemente de los demás miembros, alimentaba la idea de renovar un
movimiento revolucionario que había abortado poco antes y que ahora tenderle a
la anexión de Atacama a la soberanía chilena. Reveló su plan e algunos
amigos... La sociedad se convirtió en un centro muy poderoso".
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